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Estos desarrollos y despliegues tecnológicos no deberían resultar en una nueva forma de discriminación que profundice otras desigualdades como un daño colateral que debemos asumir en favor de un supuesto bien mayoritario. Aunque se argumente que los datos utilizados para la proyección son entregados voluntariamente, es cuestionable la concept de que las niñas y adolescentes afectadas por estas medidas –o sus responsables–  puedan prestar un consentimiento activo y realmente consciente sobre las implicaciones de entregar información específica sobre sus hábitos sexuales y potencial embarazo. Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político. Es decir, disponer, acceder y usar a una conectividad digital tiene un impacto objetivo en mejorar la vida de los ciudadanos.

En una entrevista cen Madrid, con motivo de la presentación de su obra, Kai-Fu Lee (Taipei, 1961) afirma que su objetivo es dar a conocer la Inteligencia Artificial (IA) a todo el mundo y esclarecer las dudas sobre esta herramienta «que produce una especie de miedo». En el marco del proyecto ‘’Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE) de la Provincia de Palena y la Comuna…

Todos hablamos de esta vergüenza, las autoridades sectoriales y locales, los ejecutivos en los foros, debates, balances, investigaciones, en los matinales, todos sin excepción encogen de hombros y mirando el piso, y con voz baja, confirman que «hay que hacer algo». Los equipos técnicos de los candidatos y candidatas a alcaldes, gobernadores regionales y presidenciales, algunos con más énfasis que otros, instalan como prioridad contar con un «plan maestro» para el desarrollo digital y para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones habilitante para el bienestar digital digno. Entre los compromisos asumidos por los países está aumentar significativamente el acceso a la tecnología y proporcionar acceso common y asequible a Internet entre los ciudadanos que lo necesitan.

La investigación plantea que la revolución digital ha gatillado cambios en la estructura laboral, apuntando a que gracias a ella, personas con una mayor educación pueden aumentar sus horas trabajadas y por ende, sus salarios. En los primeros días de la pandemia, según el sitio es.statista.com, Chile ocupó el primer lugar en uso de redes sociales en América Latina. La iniciativa se enmarca en el proyecto multidisciplinario del Fondo Valentín Letelier “Faro agroecológico Kintu Rayen”, que busca promover el bienestar integral y la cohesión entre la educación y la salud intercultural mapuche. La iniciativa implicó la co-creación de un espacio de cultivo de lawen –hierbas medicinales y alimentos-, fortaleciendo y vinculando el trabajo que realiza la Asociación Mapuche Taiñ Adkimn con las unidades académicas de la Universidad de Chile en Campus Sur y la comunidad de La Pintana.

Mientras se avanza, paralelamente, se sigue acuñando la expresión «zonas rojas», calificativo proveniente del mundo de los operativos de las fuerzas del orden y seguridad pública, para referirse a aquellos lugares donde se fue haciendo común el vandalismo y el robo de cables de cobre de las redes de telecomunicaciones desplegadas en los territorios urbanos y populares. El objetivo de esta iniciativa es comprender los desafíos que enfrentan las familias en las capitales de cuatro regiones (Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana y Biobío) para el cumplimiento de las medidas de management de la pandemia, además de sus experiencias frente al riesgo sociosanitario y el carácter situado de sus respuestas en contextos de diversidad cultural y desigualdad social. Benítez repara en lo peligroso en la aceptación discursiva del ‘mérito educativo’ y todo lo que eso conlleva y que acrecienta aún más el individualismo del cual es prisionera nuestra sociedad.

No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas. En el mediano plazo, probablemente habrá que discutir elementos más estructurales del sistema de seguridad social, discusión que le corresponde a las instituciones políticas”. Los dos estudiantes presentaron su tesis titulada “La producción de algoritmos según expertos, sus efectos diferenciadores y la dispar distribución de recursos entre grupos socioeconómicos”. Según ellos, eligieron este tema porque “los algoritmos y sistemas automatizados con sus impactos en la sociedad están en pleno auge en Chile.” Además, destacaron que este tema ha recibido una atención limitada desde el campo de la sociología, lo que los motivó a explorar la intersección de la tecnología y la desigualdad social.

Además de aprovechar la oportunidad de la incorporación del 5G, se requiere también avanzar en políticas públicas de largo plazo que garanticen el acceso a Internet gratuito para estudiantes que más lo necesitan y sus familias a través de redes públicas, entrega de dispositivos como tabletas o computadores, así como apoyos especiales para la cobertura en zonas rurales. En zonas urbanas, solamente seventy six por ciento de la población ha utilizado Internet y 50 por ciento en zonas rurales. Esto implica que los estudiantes de escuelas rurales tienen menos probabilidades de acceder a la educación a distancia desde sus hogares. En tercer lugar, las desigualdades en capital cultural se asocian también a las disparidades en acceso a Internet. Así, solamente forty one por ciento de la población sin educación formal tiene acceso a la web, lo que contrasta con el ninety eight por ciento de los profesionales con postgrado. Esa promesa debería ser transversal a toda la sociedad y no estar reservada para aquellas personas que puedan costear las mejoras, o que puedan pagar el precio de no tener que someterse a aplicaciones abusivas de la tecnología.

El acceso common a la tecnología de la información y las comunicaciones es clave para superar pobreza, disminuir desigualdades, mejorar la calidad de la educación y la salud, mejorar el desarrollo económico, facilitar la inclusión social y permitir una mejor protección del medio ambiente. De manera que no basta poner todos los servicios empresariales de manera digital; se requiere también la capacitación de las mujeres para el uso de las tecnologías y la infraestructura de telecomunicaciones para llevar estos servicios hasta los territorios rurales más remotos. Por otro lado, la expansión de los teléfonos celulares en América Latina ha sido amplia, ya que para muchas personas proveen más que una forma fácil de comunicarse y obtener información. Una conexión a internet constituye también una herramienta de acceso a servicios esenciales, vinculados a la educación, la salud o al desarrollo económico.

Este tipo de medida puede impactar en el acceso de personas no registradas –como personas sin techo e inmigrantes– al servicio. En una ciudad de las dimensiones de São Paulo, las tarjetas que permiten la integración con descuento a distintos tipos de transporte son fundamentales para la locomoción de gran parte de la población al trabajo, escuela y actividades culturales. El bloqueo o imposibilidad de acceso a medios de transporte puede tener un gran impacto en la vida y el desarrollo de las personas.

Pues bien, con este mismo énfasis la actividad legislativa ha sido clave, desde leyes como la velocidad mínima de web, el roaming automático, las contraprestaciones en la asignación de espectro, la portabilidad total de servicios fijos y móviles y la discusión sobre el acceso a Internet como un derecho y como un servicio público de telecomunicaciones. “Lo que hemos visto en todo el mundo, sobre todo a raíz de la pandemia, es un aumento drástico de las formas en que las personas y los gobiernos dependen de diversas formas de tecnología emergente. Se ha demostrado que muchas de estas tecnologías, especialmente las basadas en un modelo de negocio de extracción de datos, perjudican a los grupos marginados de formas que a menudo perpetúan o exacerban desigualdades estructurales”, ha declarado Eliza Aspen, investigadora sobre tecnología y desigualdad en Amnistía Internacional. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia”, se encuentra que la población rural de Latinoamérica y el Caribe enfrenta una profunda brecha digital. El estudio señala que Guatemala se encuentra entre los nueve países con con menor conectividad rural y el Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018, no muestran una mejoría.

En primer lugar, de acuerdo a los datos de País Digital, el porcentaje de usuarios de Internet en Chile es cercano a seventy five por ciento, pero la distribución de este porcentaje no es homogénea entre distintos grupos sociales. Esto, no sólo incrementa la brecha formativa, como evidencian estudios internacionales al respecto, sino que genera una desigualdad social que se expende al acceso, uso y manejo de las nuevas tecnologías, y ahora en el dominio de lo que se puede enseñar a hacer o no con la IA. Por su parte, Chile inició en 2019 la implantación piloto de una herramienta que busca detectar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

En quinto lugar, cerca de 20 por ciento de los hogares de Chile son monoparentales, lo que implica que los niños y niñas de esos hogares es probable que tengan escasas opciones de apoyo y acompañamiento en casa durante el periodo de educación en línea. El año 2016 el Instituto de Estadísticas de la Unesco elaboró un informe en el que señalaba que a nivel mundial faltarían alrededor de forty four,4 millones de docentes, indicando que en determinadas áreas esta escasez tendría porcentajes muy, pero muy altos. En Chile, este problema ha sido relevado por Elige Educar, que, en su informe de 2021, proyectó un déficit de 33 mil docentes al 2030. El profesor de la PUC detalló que dentro de este enfoque alternativo, uno de los principales hallazgos es la fuerte disminución de los ingresos reales de los trabajadores que cuentan sólo con enseñanza media o inferior, frente al gran aumento en los salarios reales de los trabajadores con pregrados universitarios y postgrado, además del aumento en las horas trabajadas por estos últimos.

“El contexto en el que se desarrollan y despliegan estas tecnologías es crucial porque, especialmente como vemos desde 2020, los resultados sanitarios y económicos están cada vez más ligados a desigualdades raciales, económicas y sociales previamente existentes. Brechas digitales examina cómo una serie de nuevas tecnologías son cada vez más fundamentales para el acceso de las personas al trabajo y a servicios esenciales en todo el mundo, y pueden afectar a la capacidad de las personas para acceder a la atención sanitaria, la vivienda, la educación, la protección social y otros servicios esenciales que son centrales para los derechos humanos. Los derechos laborales y la tecnología son un área de especial atención en Brechas digitales, ya que gobiernos de todo el mundo han lidiado con la explotación laboral humanaque a menudo se encuentra en el centro de muchas herramientas de IA generativa.