La reforma tributaria, susceptible de simplificaciones y mejoras, apuntó a reducir las brechas de ingreso y riqueza y fue inspirada por estos trabajos. Idealmente, el esfuerzo por impulsar la movilidad requiere una batería de políticas que incluye estrategias universales y focalizadas. La reducción de la desigualdad es una tarea compleja y de largo plazo, que incluye políticas que afectan los ingresos autónomos de los hogares -laborales, educacionales-, así como políticas redistributivas que permiten que el Estado recaude y use recursos para promover el bienestar económico de la población. Estas políticas generales deben ser complementadas con estrategias más focalizadas y específicas que atiendan las necesidades de sectores pobres, marginados o discriminados. Eso puede contribuir a que, ya adultos, esos niños estén menos determinados por sus “accidentes de la cuna”. El impacto de una distribución mas igualitaria no será inmediato, porque requiere que esos niños y jóvenes que crecen en un contexto mas igualitario sean adultos y reciban los retornos económicos a las inversiones en capital humano de las que se beneficiaron cuando niños.
Sin embargo, ni las desigualdades ni los estallidos sociales son nuevos en la historia de la humanidad. Este trabajo, luego de dar cuenta de algunos estudios sociales recientes en torno a las desigualdades que dañan a las personas y a las sociedades, realiza una aproximación teológica y magisterial a este drama, se hace cargo nuevamente de los valores evangélicos como la justicia y equidad. Termina ofreciendo algunas conclusiones o reflexiones finales que contribuyan al debate y al curso de la acción transformadora que demanda el presente.
La crisis planteada por los movimientos sociales en contra de diversas formas de injusticia marca una herida con todo un continuo histórico de concentración de poder que parece estar en una condición de cuestionamiento severo. Además de la desigualdad, que por si sola ya es grave, otro problema que afecta al crecimiento es la falta de oportunidades de empleos de calidad, principalmente para los más jóvenes, lo que se ve reflejado en las disaster que ha habido en Europa (Grecia y España por ejemplo), donde los jóvenes fueron los más afectados con la cesantía que se provocó. Las medidas que cada país pueda adoptar para combatir la desigualdad dependerán de los efectos políticos que puedan soportar cuando el crecimiento económico va acompañado de una elevada desigualdad. 10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones.
Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar total que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, one hundred mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes. El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Para complementar el análisis basado en el Gini, una forma menos abstracta y más intuitiva de medir la desigualdad consiste en calcular la porción del ingreso total del país que concentran diferentes grupos de la población.
En consecuencia, el estudio y análisis de la desigualdad económica debe considerar la mayor cantidad de factores posibles, para buscar soluciones que abarquen el problema en su conjunto y que realmente respondan a las dificultades que enfrentan las personas y países en el día a día. En este sentido, si bien ha habido políticas públicas importantes a nivel mundial para resolver temas significativos relacionados a la desigualdad, como la reducción de la pobreza, éstas, por ejemplo, no han tenido grandes consecuencias en términos de desigualdad de ingresos para el resto de la población (Alfonso et al., 2015 ). El historiador económico y social Walter Scheidel, en un estudio de largo aliento publicado en español hace un par de años (2018), inicia su monumental obra mostrando como la brecha entre ricos y pobres se torna cada vez mayor y más peligrosa. Como ejemplo preliminar, señala que en el año 2015 las setenta y dos familias más ricas del planeta eran propietarias de tanta riqueza private neta como la mitad más pobre de la humanidad; es decir, 3.500 millones de seres humanos. Los desequilibrios que se dan a nivel mundial, se replican también al inside de las sociedades o países. Pero lo más perturbador de su documentado análisis, que considera miles de años y distintas sociedades y continentes, consiste en que la violencia y algunas desgracias han sido el gran factor que ha contribuido a nivelar las desigualdades emergentes a lo largo de la historia.
Probablemente, Chile no es el único, pero en el contexto chileno tenemos una forma de inmovilidad en que la persistencia de la riqueza es mucho más fuerte que la persistencia de la pobreza, y eso difiere de lo que encontramos en otros contextos. Se buscó determinar si para el análisis de desigualdades territoriales a nivel intra-regional resulta ventajoso utilizar una concepción teórico-metodológica del territorio según mercados laborales locales en vez de delimitaciones político-administrativas, analizando concretamente el caso de la región de Los Lagos, del sur de Chile. Se fundamenta una tipología territorial en base a mercados laborales locales que posteriormente se utiliza para analizar desigualdades territoriales de ingreso económico, nivel educativo, clase social y asociadas a adscripción étnica. En todas las variables consideradas la tipología propuesta permite evidenciar desigualdades que permanecen subsumidas en los análisis que utilizan las delimitaciones de acuerdo a criterios político-administrativos.
Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad. La Araucanía, la segunda región más desigual del país, sigue en la lista como la séptima región con mayores niveles de conflicto, según al informe de COES (Figura 1). Según un estudio del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional. Según el cálculo exploratorio propuesto por los autores, y considerando el carácter multidimensional de los orígenes del conflicto social, “reducir la desigualdad de Chile de 0,forty nine a 0,forty three (GINI) podría significar una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional”. “La desigualdad de ingresos ha caído en forma importante, pero aún es alta y se caracteriza por un patrón de alta concentración y gran cantidad de bajos salarios”, explicó Larrañaga. Destacó que “Chile ha hecho mucho progreso”, de hecho, la desigualdad por ingreso ha disminuido de 55% desde el año 2000 a 47% en 2015.
Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Relacionado con el rol del Estado en disminuir la desigualdad, en Chile existe el mito de que hemos priorizado la billetera fiscal y la responsabilidad del gasto público por sobre la ayuda social y por sobre las necesidades de la gente. De hecho, en los últimos treinta años el gasto social en el país ha crecido de forma acelerada, con una tasa actual de expansión anual promedio de un 8,3%, mientras que nuestro PIB ha crecido a la mitad de dicha velocidad (4,6% promedio). Hemos evidenciado en este mismo medio ciertos aspectos de nuestra desigualdad económica que resultan fundamentales para tener un debate razonable dentro de la futura Convención Constitucional que se nos avecina. Sin duda la desigualdad en nuestro país es uno de los temas más mencionados en el debate nacional, por lo que debemos tomárnosla muy en serio y con altura de miras, para así avanzar con acuerdos en vez de con polarización.
Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los 11 indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.three. Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four desigualdad pdf, una a la 10.5 y una a la 10.7.
La inmensa mayoría responde que en el primero, porque en ese país los “ricos” tienen el doble de ingreso que los “pobres”, a diferencia del segundo, donde la diferencia entre ricos y pobres es de solo un 10%. La teoría económica confirma la intuición anterior, todas las medidas de desigualdad tradicionales consideran diferencias porcentuales de los ingresos. En Chile, los ingresos públicos y el gasto público son relativamente reducidos si se les compara con países de la OCDE.
Las EFS son espacios de aprendizaje e información para dirigentes sociales, quienes luego de participar en ellas, son capaces de difundir en su territorio o aplicar en su gestión, los conocimientos adquiridos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más informada respecto de las prestaciones sociales del Estado. Es un programa que busca orientar y guiar a las mujeres en el desarrollo de sus negocios, entregándoles información personalizada y adecuada a cada etapa de su emprendimiento. La plataforma contempla acceso gratuito a tutoriales, capacitaciones, talleres, materials informativo en distintas temáticas como modelos de negocios, marketing desigualdad social en el mundo digital, temas legales y tributarios, empoderamiento y liderazgo etc. También conocido como Subsidio Único Familiar (SUF), está destinado a personas de escasos recursos que pertenezcan al 60% de la población nacional socioeconómicamente más susceptible, según el Registro Social de Hogares (RSH). Con la implementación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género continúa el proceso de construcción de más y mejores políticas públicas para enfrentar las diversas realidades de las mujeres.
Los gobiernos confunden la lucha contra la desigualdad con la eliminación de la extrema pobreza, si bien pueden parecer similares, no necesariamente disminuir la extrema pobreza traerá mayor igualdad. Las empresas socias de Pacto Global Chile pueden contribuir a uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible suscribiendo sus iniciativas en Conecta, plataforma que visibiliza y sistematiza información relativa a los proyectos o iniciativas del sector privado que generan un impacto positivo en las metas establecidas en los 17 ODS. 10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en explicit los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la red de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial.
