Chile fue el primer país Latinoamericano invitado a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente, Chile es el segundo país más desigual de la OCDE (índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del quintil más pobre (OCDE, 2018), siendo sorprendentemente mayor que el promedio de los países de la OCDE. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros.
Si bien podemos afirmar que desde el derecho internacional han habido avances en comprender que las normas de derechos humanos y su aplicación tienen que acompañar la transformación tecnológica, en la práctica vemos escasos compromisos por implementar tales consensos. Los cuatro cursos que conforman este diplomado se orientan a la construcción de aprendizajes para que las y los participantes dispongan de las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas necesarias para diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos en derechos humanos en diferentes contextos, incluyendo el ámbito escolar y comunitario. De esta manera, las y los participantes estarán preparados para enfrentar los desafíos actuales y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los Derechos Humanos en Chile. El acceso a la educación es uno de los factores más importantes para determinar el futuro de las personas. La justicia social define una visión integral del ser humano que no sólo resguarda sus derechos fundamentales, sino que promueve su desarrollo integral. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece obligaciones que los Estados deben respetar en materia de derechos humanos.
El éxito de esta misión, sin embargo, exige dejar atrás los estereotipos que por décadas vienen reduciendo la experiencia y la agencia de las mujeres y niñas en Chile, tales como la ‘señora Juanita’. A eso apunta este conjunto de elementos que presentamos hoy que se han elaborado sobre la base de las demandas de varias organizaciones y movimientos feministas nacionales”, comenta la directora ejecutiva de GI-ESCR y ex relatora especial sobre extrema pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Magdalena Sepúlveda. Políticas públicas desequilibradas en este sentido, pueden tener graves consecuencias en la garantía de los derechos de mujeres y personas LGBTQIA+ y la lucha por la equidad de género. Las tecnologías digitales han contribuido a contrarrestar la exclusión histórica de mujeres y personas LGBTQIA+ dentro del espacio público. Han sido ampliamente utilizadas por mujeres y activistas por los derechos LGBTQIA+ para incidir en el debate público y visibilizar demandas sociales.
Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad. La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Corresponde a cualquier actitud, creencia o comportamiento que presuponga visiones estereotípicas o sobre la existencia de roles naturales basadas en el sexo o género. El sexismo puede dirigirse tanto a hombres como a mujeres, pudiendo llegar a ser una práctica discriminatoria, al generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el sexo, que tiene como resultado la anulación o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas en distintos ámbitos. El sistema de justicia debe propender hacia la igualdad y no discriminación que debe existir entre todos sus integrantes, cualquiera sea el escalafón al que pertenezcan. En el caso de las mujeres, la perspectiva o enfoque de género permite ver y entender la situación de desventaja en que han vivido y continúan viviendo, y que es aceptada como natural desigualdad de recursos.
Los resultados han sido significativos en el reconocimiento de derechos y el desarrollo de políticas públicas. Brechas digitales también se basa en el trabajo previo de Amnistía para ayudar a mostrar cómo las violaciones de derechos humanos tienen una naturaleza cada vez más interseccional, y cómo factores de marginación como el género, la sexualidad, la situación económica, la raza y la discapacidad están esencialmente entrelazados. El PNUD, cada año, desde 1990, presenta un informe sobre desarrollo humano, donde se analizan importantes temas, tendencias y políticas sobre desarrollo. No se puede negar que durante el último cuarto de siglo a nivel mundial ha habido un importante progreso en muchos ámbitos del desarrollo humano. La esperanza de vida es mayor; hay más personas que se escapan de la línea de la pobreza y la pobreza extrema; menos personas afectadas por la malnutrition, entre otros. Si bien es claro que estos avances han mejorado la calidad de vida de las personas, se debe asumir que no en la misma proporción e incluso ha dejado mucha gente marginada de este gran avance (PNUD, 2016).
Las empresas de tecnología deben cumplir con la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos y los Estados deben adoptar medidas proactivas para promover marcos de transparencia y rendición de cuentas a tales empresas. La equidad de género jamás puede ser utilizada como argumento para la implementación de sistemas digitales sin criterios de atención a los derechos humanos, como observamos nuevamente en el caso latinoamericano. Este año, la Comisión tiene como tema prioritario “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era desigualdad de social digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. El tema ofrece muchas posibilidades de avanzar en acuerdos urgentes y necesarios sobre como las tecnologías digitales pueden efectivamente favorecer la equidad de género. Además, en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, con lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza.
En primer lugar, es importante destacar la necesidad de incorporar siempre la voz de niños, niñas y adolescentes en este tipo de estudios. Desde un enfoque de derecho, y tomando uno de los principios de la CDN, la participación de niños, niñas y adolescentes es fundamental, y el derecho de ser oídos es asimismo un derecho catalizador de otros derechos. Junto con establecer un estado de situación de los derechos humanos en el país, en el informe se señalan recomendaciones al Estado para dar solución a las problemáticas que el documento consigna en la materia.
La vigilancia masiva o dirigida hacia periodistas, defensoras de derechos humanos y grupos feministas, evidencian cómo prácticas autoritarias de persecución, criminalización y silenciamiento de mujeres se refinan con apoyo de nuevas tecnologías de vigilancia. Para efectos de la Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, se entenderá por identidad de género la convicción private e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento. Corresponde al proceso mediante el cual una persona, grupo, organización o fenómeno adquiere rasgos, características y valores tradicionalmente atribuidos al hombre o bien se explica a través de éstos. Aunque la masculinización posee generalmente un sentido negativo, en algunas oportunidades podría llegar a poseer una connotación positiva si quien emite el juicio respalda una visión tradicional del sistema sexo-género. Estas expresiones o juicios pueden adquirir también un sentido explicativo si tiene por objeto dar a conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa. La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.
Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos humanos. La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo jurídico y la elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. El sexo es también un estatus, ya que implica una posición social preexistente (ser hombre o mujer) a la que se le asocia un rol o expectativa de rol a quienes ocupan alguno de estos dos puestos en la visión binaria.
A pesar de los avances realizados en las últimas décadas, aún persisten numerosos casos de violaciones a sus preceptos, incluyendo la discriminación, la violencia de género, el racismo, la exclusión social, entre otras. En este contexto, la educación en Derechos Humanos se vuelve esencial para construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva, donde se respeten y promuevan los derechos de todas las personas, sin excepción. Las formas interseccionales de discriminación tienen efectos especialmente negativos en la atención a personas usuarias y en las dinámicas internas de funcionamiento de la institución.
El informe además advierte, que los beneficios de los proyectos de adaptación y mitigación y el financiamiento para combatir el cambio climático pueden acumularse para algunos y no para otros, reforzando las desigualdades. El Observatorio de Derechos Humanos se ocupa de la defensa y promoción de los derechos humanos de todas/os, pero particularmente hacia las mujeres, pueblos indígenas, infancia, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes y quienes buscan justicia y verdad. En materia de género y diversidades sexuales estos atributos asumidos moldean la forma de ver la realidad y favorecen los roles, esto es, los comportamientos socialmente esperados para quien ocupa un determinado puesto o posición social. Por ejemplo, se espera que el hombre sea el proveedor económico en el hogar y que la mujer cumpla labores domésticas y de crianza. En el ámbito de las labores funcionarias a su vez, puede resultar esperable que las mujeres asuman ciertas tareas domésticas de funcionamiento interno que no aparecen exigibles a hombres.
Es lamentable ver que a nivel de desigualdad del ingreso, medido a través del índice de Gini, índice 10/10 o índice 20/20, las regiones del sur suelen encontrarse en una posición desfavorecida versus las regiones nortinas. Por su parte, la Región Metropolitana, tiene el segundo mayor índice de Gini del país, posición casi invariante a lo largo del período estudiado. Se observa que las regiones más desiguales, son igualmente aquellas con menor PIB per cápita y menores índices de desarrollo. Desde el enfoque de derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia, debiendo asegurar que todos los niños, niñas y sus familias cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna y desarrollar sus potencialidades. Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años.