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Es la medición de las carencias en aspectos que las personas valoran en relación con su vida y que afectan sus procesos de desarrollo y esa necesidad impacta en la libertad que tienen los ciudadanos de elegir la vida que se quiere, ya que no tienen las capacidades para hacerlo. “La inspiración de los derechos a garantizar propuestos, se recoge de distintos instrumentos de derecho internacional, tales como pactos, convenios y declaraciones dictados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Organización de Estados Americanos. Entre otros, cabe señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración de los Derechos del Niño (1959), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Instrumentos que permiten traducir sus preceptos en normas jurídicas concretas, adaptados a las distintas situaciones en que su posible vulneración debe enfrentarse. A diferencia de la primera, esta segunda opción entiende la libertad private como capacidad de autodeterminarse en relación con un bien que promueven las instituciones como el Gobierno para controlar la pandemia.

La pobreza de ingresos limita la capacidad de la familia de satisfacer necesidades como la alimentación, la salud o la buena nutrición. La pobreza de tiempo recorta la frecuencia y calidad de las oportunidades de juego y de interacción entre adulto y niño, esenciales para el aprendizaje en la primera infancia. Desde mi perspectiva, el estallido social ha sido una oportunidad para que los pobladores puedan expresar su descontento a un público más amplio, superando el carácter native que muchas veces adoptan sus reivindicaciones. Tal como en la década de los ochenta, parte importante de la clase política interpreta su participación en el conflicto como violencia delictual que no contribuye a la construcción de una salida democrática.

Así mismo, vale la pena cuestionarse acerca del alcance del contenido de las leyes y de las políticas públicas bajo el enfoque de los derechos humanos, es decir, se debe verificar si su alcance se limita al asistencialismo puro o si, por el contrario, se pro mueve la democratización en la elaboración de soluciones conjuntas y coordinadas para la satisfacción de las necesidades de los distintos grupos sociales en situación de pobreza. En este sentido, la posición adoptada en la presente investigación, entiende que no basta sólo en estos casos la adecuación de la ley al texto constitucional, sino la eficacia práctica de la misma y de las políticas públicas en ella contenidas. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades.

Para la realización de las clases la compañía dispone de recursos que complementan los aportes que el MINEDUC otorga por alumno de manera anual, para ello dispone de los recursos, colaciones, instalaciones, administrativos y otros aportes pedagógicos que el programa necesite. El Programa Voluntarios de Acero consiguió comprometer a los colaboradores de todas las empresas del Grupo AZA con la sostenibilidad social, incentivándolos a generar valor con acciones concretas, contando a la fecha con cerca de 50 colaboradores pertenecientes a todas las empresas del grupo. Una de las metas propuestas el año pasado fue la de ampliar las operaciones de Voluntarios de Acero a todas aquellas comunas donde están presentes algunas de las empresas relacionadas, ya que inicialmente solo se realizaron campañas en las comunas de Colina y Renca.

Las principales compañías toman medidas para controlar los impactos de la pobreza en sus operaciones integrales, encuentran y comparten nuevas formas de hacerlo, e inspiran a sus colegas y proveedores a replicar sus acciones. Identificar y abordar estas interconexiones ayudará a las empresas a crear soluciones holísticas y sistémicas que Incrementen el progreso, y reduzcan los impactos negativos. Las acciones para reducir la pobreza deben ser consistentes en todas las funciones de la organización.

(i) El análisis realizado muestra la importancia capital de la participación ciudadana, en el sentido de que el ciudadano común tiene la posibilidad de acu dir directamente al Tribunal Constitucional -en sede de revisión de tutela- para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Una vez revisado el marco conceptual de este estudio, el principal objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis de la jurisprudencia proferi da por la Corte Constitucional desde 1991 a 2015 en materia de pobreza. Para tal fin, se analizó una muestra representativa de 56 sentencias (incluye autos de seguimiento), en donde el proceso de selección consistió en (a) la observancia de un criterio formal (la titulación de las providencias) y (b) un criterio sustancial (la búsqueda de contenidos referidos a la dignidad humana como condiciones materiales mínimas de existencia) para filtrar las providencias a examinar.

Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.

Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Teniendo en consideración lo anterior, el punto se encuentra en determinar cómo la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha logrado que se materialicen por otras autoridades auténticas políticas en materia de pobreza.

La consistencia requiere que las empresas adopten prácticas responsables en todas las funciones, incluidas las prácticas legales y responsables del pago de impuestos. Las comunicaciones externas sobre el alivio de la pobreza deben estar alineadas con los esfuerzos internos. 1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no generadoras de deuda dedicadas directamente aprogramas de reducción de la pobreza en proporción al PIB. 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad. La comisión de expertos que convocó el Presidente Sebastián Piñera para actualizar la medición de la línea de la pobreza y pobreza extrema no sólo modificó el patrón de consumo, que data de 1987. También dio un paso más allá en la valoración de su carácter multidimensional y sumó un nuevo grupo dentro de los más «frágiles», denominados vulnerables.

3“La pobreza, en todas las variantes que se postule, no es el único problema social sino una de las formas en que se expresan los problemas sociales. La pobreza suele presentarse conjuntamente —y muchas veces confundirse— con otras formas de privación de elementos esenciales para que las personas puedan desarrollarse de forma “normal” en la sociedad”. Sin embargo, a pesar de los resultados, es menester preguntarse si ha actuado de manera suficiente y eficaz para garantizar la equidad, el bienestar social y la efectividad de los derechos de aquellas personas que se encuentran en situaciones de desposeimiento y vulnerabilidad. “Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”10. Por consiguiente, la observación que será realizada a partir del contexto del constitucionalismo de la pobreza deberá entenderse como “la influencia decisiva que el contexto social de la pobreza ejerce sobre el texto constitucional y de este sobre aquella”7, obteniendo así las pautas conformadoras y modeladoras de los programas sociales a implementar.