El proceso de emancipación, a instancias de las ideas ilustradas, llegadas también desde España, impulsa la fundación de un Estado Nacional Republicano, en cuyo desarrollo tiene gran influencia la educación, concebida como un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común (Chile 1833 Constitución Política de la República de Chile). Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder. Por ejemplo, la concentración de las decisiones de inversión en una pequeña elite le entrega a esta última una capacidad de veto sobre la política económica, sobrerrepresentando sus intereses en el debate público. Por ello es esperable que Chile, con su forma de capitalismo extremo, tenga también una concentración extrema del poder, a pesar de que su democracia cumple con los estándares mínimos para considerarla como tal. En síntesis, en Chile tenemos una desigualdad alarmante en cuanto a la seguridad con que ciertos grupos sociales pueden enfrentar los riesgos propios de la vida y del mercado laboral.
Estas desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). Este punto es de máxima importancia y se transforma en uno de los la desigualdad social y la concentración de la riqueza principales desafíos de la democracia, a propósito de la actual discusión sobre una nueva Constitución. Se trata de evitar las diferencias abismales que se establecen entre los ciudadanos, respecto de su capacidad de influir, de ser escuchados y representados en las decisiones públicas.
Abordar el tema de la corrupción requiere de un trabajo teórico, análisis político, evaluación ética y un compromiso práctico. Un segundo obstáculo para la integración de la democracia y el desarrollo, es la tendencia de varias instituciones financieras internacionales y gobiernos nacionales de enfrentar los problemas mencionados anteriormente con una solución de sondeo neutral, una «buena gobernanza», en vez de una forma de democracia inclusiva y profunda. Y esa gobernanza, basada en el cumplimiento de la ley y la competencia electoral es compatible con una «democracia dirigida» o un «autoritarismo competitivo» (Levitsky & Way, 2010).
¿Acaso no es cierto que cobrar impuestos a los ricos y ayudar a los pobres reduce el incentivo de ganar dinero? Bueno, sí, pero los incentivos no son lo único que importa para el crecimiento económico. Y la desigualdad extrema priva a muchas personas de tener la oportunidad para alcanzar su potencial. ¿Tienen los niños norteamericanos que son talentosos pero de familias con bajos ingresos, las mismas oportunidades de utilizar su talento ―para tener una educación adecuada, para continuar con una carrera profesional adecuada― que tienen los niños que nacen más arriba en la escalera?
Sin pretender hacer una reflexión académica, los hechos demuestran que esos grupos privilegiados nunca han pretendido ceder un milímetro de esas ventajas de las que gozan y se han esforzado siempre en preservarlas de generación en generación. Esta “monarquía hereditaria” de facto, ha operado con rigurosa sistematicidad, pero guardando las formas y nunca confesando sus verdaderas intenciones y sus métodos subyacentes. Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta internet, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad. Aun cuando caracterizar y cuantificar la desigualdad de poder es una tarea más compleja, tal desigualdad puede tener expresiones muy concretas en el funcionamiento de las democracias. Los orígenes, cambios y desafíos de las brechas sociales en Chile se analizan en el libro “Desiguales”, publicación que coordinó Osvaldo Larrañaga cuando estaba a cargo del área de equidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que ahora lidera la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo.
El debate profundo ha sido reemplazado por la descalificación ruda e irracional. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.
“La intolerancia respecto a desigualdades en salud y educación ha aumentado”, señaló el director de la Escuela de Gobierno. Entre las razones más mencionadas por las que se recibe mal trato está la clase social, ser mujer y el lugar en el que vive. A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda. Había algarabía en los miles de rostros y la esperanza de que se daban los primeros pasos en un camino por construir.
Sin embargo, la democracia y la disminución de la desigualdad coinciden con una mayor politización de la persistente naturaleza desigual de las sociedades latinoamericanas. Dicha politización podría tardar en aparecer en nuestras evaluaciones objetivas respecto a las características de la gobernanza democrática y podría no aparecer en absoluto. Sin embargo, creemos que las evaluaciones subjetivas de cómo la promesa democrática se traduce native e individualmente en las experiencias cotidianas de los derechos básicos de la ciudadanía son cruciales para dar sentido al debate contemporáneo sobre la crisis democrática.
La democracia, en todos los niveles, requiere un desarrollo equitativo; y un desarrollo sturdy y centrado en el ser humano, una democracia amplia y profunda que haga una diferencia. Pero, sin embargo, es cada vez más evidente no solo que los agentes pueden ejercer su agencia en maneras que reducen e incluso acaban con su propio bienestar, sino que además, en maneras que agreden o terminan con el bienestar de otros. Una manera de entender el perfect de empoderamiento, entonces, es que individuos y grupos empoderados son agentes que tienen el poder en cuanto agentes, tienen la capacidad de trabajar en pos de su bienestar y el de otros, y hacerlo luchando y superando las desigualdades de poder que limitan su agencia y bienestar (Drydyk, 2013).
La historiografía muestra diferentes interpretaciones sobre la resolución del conflicto mientras, por ejemplo, para Amanda Labarca (1939) el Partido Conservador logró, en los años 1872 y 1873, quebrantar al Estado Docente; para Sol Serrano (1993) ello representa un triunfo liberal, pues el Estado permanece en su fiscalización a la enseñanza particular. Con todo, los conservadores logran algunas prerrogativas para la enseñanza explicit, como la autorización de algunos colegios particulares a dar exámenes en sus mismos establecimientos. La campaña del plebiscito cobra voltaje y la miseria sigue mostrando la fractura. La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y four,3% en extrema pobreza). La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).
El estudio de Flores, Sanhueza, Atria y Mayer encuentra una concentración en torno al 24% usando datos tabulados. Fairfield y Jorrat usan microdatos administrativos de 2005 al 2010 y, ajustando por evasión y elusión, encuentran cifras en torno al la desigualdad y pobreza 33%. El estudio del Banco Mundial que citamos previamente calcula un 33% para el 2013. Todos los estudios son relativamente consistentes y sugieren que los individuos en el 1% más rico reciben entre un cuarto y un tercio del ingreso nacional.
En cualquier análisis sobre Chile es necesario considerar su condición colonial, impronta de su historia; para el caso de la política educativa, parece válida la pregunta respecto de si esta condición constituye una estela o, más bien, se trata de un estigma para su posterior desenvolvimiento. Invasión, Encuentro, Descubrimiento, constituyen tres conceptos que desde diferentes ideologías han caracterizado el vínculo que entre dominadores y dominados se establece en Chile, tras la llegada de los españoles. Entre las desigualdades que más molestan a los chilenos está que algunos accedan a mejor salud que otras, que algunos accedan a mejor educación y que algunos reciban un mejor trato.
