Su proyecto de ley para reformar las pensiones, uno de los grandes programas de su ambiciosa campaña, fue aprobado por el Congreso colombiano el pasado 14 de junio. A semanas de cumplirse la mitad de su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, obtuvo uno de sus mayores triunfos desde que llegó a la presidencia en agosto de 2022. Además, el relevamiento reflejó que el sixty two,2% de la población whole percibió algún tipo de ingreso, cuando hace un año ese porcentaje era del 62,6%.
Canales (2021) recupera, de una manera muy original, al sociólogo Göran Therborn (2016), quien abona a la discusión sobre la marginación y la exclusión que experimentan las personas y los grupos en ámbitos importantes de la vida. Therborn elabora tres manifestaciones y fuentes de diferentes formas de desigualdad entre los individuos. La primera es la desigualdad very important, que se refiere a las diferencias socialmente condicionadas en indicadores de bienestar como la mortalidad, la esperanza de vida, la morbilidad y la salud infantil y en la niñez.
Existe la posibilidad de recuperar parte de la progresividad fiscal perdida sin frenar el crecimiento económico (FMI, 2017b). Una progresividad más alta no pasa necesariamente por aumentar los tipos impositivos marginales de un modo drástico. Sería más eficiente reformar el abanico de gastos tributarios regresivos y distorsionadores que caracterizan la mayoría de los sistemas tributarios y frenar la evasión fiscal. La acumulación de datos de titularidad exclusiva, como en las plataformas digitales, es una fuente cada vez mayor de ventaja competitiva.
Las personas que más compran el mito meritocrático, se enfrentan a fuerzas estructurales y ven que no pueden llegar, sufren frustraciones enormes, problemas de salud mental y al final eso les deja una cicatriz para el resto de su vida. J.S. La evolución de la movilidad social se puede medir de muchas maneras, pero si miramos cuál es el porcentaje de niños de una generación que supera el ingreso de sus padres ajustado por la inflación, tenemos mucha evidencia académica para el resto de países de que ese porcentaje está decreciendo. En EEUU, el 90% de los niños nacidos en la década de 1940 pasaron a ganar más que sus padres al hacerse mayores -ajustado por la inflación- pero solo el 50% de los nacidos en 1980 lo han conseguido. Según este estudio, al ser preguntados por su grado de conformidad, un 52% de los españoles dicen estar “muy de acuerdo” con que las personas ricas paguen más impuestos y el el 18,7% dijo estar “bastante de acuerdo”, mientras que el 13,7 % respondió estar “poco de acuerdo” y el 14%, nada. El 92,6% piensa que las diferencias de ingresos entre las personas ricas y pobres son demasiado grandes y la gran mayoría (95,2%) considera la pobreza infantil como un problema que necesita una acción “urgente y decidida” por parte del Gobierno. Mucho más modernamente el fenómeno sociológico de la brecha digital de ciertas comunidades dificulta su acceso a la tecnologías informáticas convencionales, que es fuente de desventajas en el acceso a empleos bien remunerados por parte de miembros de ciertas comunidades.
Francesca ha trabajado en la OCDE en París, en el Banco Mundial en Washington DC y la UNCTAD en Ginebra, Suiza. Es economista de la Universidad Bocconi de Milán con una maestría y un doctorado en economía del Graduate institute de Ginebra, Suiza. Este trabajo está disponible bajo los términos de una licencia Creative Commons IGO three.0 Reconocimiento-No comercial-Sin Obras Derivadas.
Se requiere un posicionamiento profesional que problematice las lógicas institucionales, para incorporar demandas sociales históricas y emergentes, una ampliación del cambio más allá de la defensa de los derechos sociales tradicionales, incorporando nuevos derechos y estrategias de intervención de mayor incidencia sociopolítica. Los resultados dan cuenta de insatisfacción respecto de la acción gubernamental ante una crisis que sobrepasa las posibilidades de las familias y las instituciones, y que viene a profundizar los obstáculos ya existentes en el acceso a derechos sociales. En esta misma dirección, Ochman señala que “Ni las decisiones públicas ni las privadas pueden escapar del riesgo. Las decisiones públicas atienden sobre todo a riesgos producidos socialmente, por ende, imposibles de solucionar con recursos individuales” (Ochman, 2020, p.24). De allí que se tengan mayores expectativas de respuestas oportunas y eficientes desde el aparato público, ya que es este, en un Estado moderno, el que debe asumir la protección de la población. Para la autora “Aunque la teoría de riesgo plantea que no hay forma científica de calcular los daños futuros, la sociedad espera que las decisiones de su gobierno no sean ocurrencias” (Ochman, 2020, p.27).
En Estados Unidos, la productividad laboral neta aumentó el 72% entre 1973 y 2014, mientras que el incremento de la remuneración actual por hora del trabajador medio fue únicamente del 9% (Bivens y Mishel, 2015). «La riqueza del continente proviene de las rentas asociadas con los recursos naturales», explica. «Y en la sociedad hay una pelea sobre quién recibe las rentas, en comparación con las sociedades donde hay que trabajar para ganarse la vida y luego hay más igualdad».
Además, posiblemente aumentará el estrés hídrico y disminuirá el rendimiento de los cultivos, especialmente en las regiones con mayor inseguridad alimentaria. Ampliar las energías renovables y aumentar la eficiencia energética, e invertir en electrificación a gran escala, al mismo tiempo que se evita la construcción de nuevas centrales de carbón y se da de baja a las antiguas, son medidas críticas para suministrar energía limpia a los hogares, escuelas, hospitales y empresas. Hoy en día, las tecnologías digitales, como el agrupamiento de datos y la inteligencia synthetic, se utilizan para rastrear y diagnosticar problemas en la agricultura, la salud y el medio ambiente, o para realizar tareas cotidianas como el desplazamiento en automóvil o el pago de una factura. Pueden usarse para defender y ejercer los derechos humanos, pero también para infringirlos, por ejemplo, controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con fines financieros y de otro tipo.
Un punto de vista que ha ganado credibilidad acerca de esta contradicción, es que puede ser ilusoria. Según este enfoque, se subestima la productividad porque las estadísticas no logran captar plenamente las ganancias de las nuevas tecnologías en cuanto a mejoras de la calidad, variedad de los productos y la oferta de de bienes y servicios que aportan valor a los consumidores, pero que no tienen un precio de mercado (como las búsquedas en Google). Las investigaciones muestran que los beneficios de las nuevas tecnologías están siendo, sin duda, subestimados, pero que estos errores de medición pueden explicar solo una pequeña parte de la ralentización de los beneficios económicos.4 En su mayor parte, la ralentización de la productividad y la paradoja que supone son reales. Va de cambios estructurales, como los que la región logró hacer en sus sistemas de estabilización y políticas económicas y financieras.
El avance la encuesta de Desigualdades y tendencias sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que un 86,4% de la población está “muy o bastante” preocupado por las desigualdades sociales y un forty seven,9% cube que ahora hay más desigualdades que hace diez años. En la actualidad existen aún grupos marginados principalmente rurales y de desigualdad natural los alrededores de ciudades principales, donde el nivel de vida es precario y por consecuencia el acceso a la educación superior y hasta media superior es muy bajo. Los jóvenes de esas áreas optan por trabajar y buscar oportunidades de trabajo, antes que buscar ingresar a una escuela, debido a que las necesidades que tienen les exigen cubrir otras necesidades básicas.
Hoy, en un contexto nacional con puntos de contacto con la crisis que marcó su camino en el 2001, Folguera habla de las consecuencias de la Ley de Bases sobre los bienes ambientales, las problemáticas que atraviesan las comunidades en distintos rincones de la Argentina, e invita a pensar cómo seguir adelante. «La reforma actual no resuelve que Colombia gasta muy poco en pensiones, solo un 4,5% del PIB. En Uruguay, un país visto como modelo por su poca desigualdad, se gasta alrededor del 9%», dice el experto. Desde los 80, una decena de países de la región incorporaron elementos de «privatización» en sus sistemas de pensiones.
La eficacia de este enfoque depende del nivel de desarrollo económico del país y de su estructura económica. En la práctica, los países en desarrollo deberían centrarse en objetivos de políticas que reflejen mejor su base de producción instalada y la madurez de las tecnologías que utilizan. Por ejemplo, los países menos diversificados deberían centrarse más en la diversificación de su economía, en el aprendizaje tecnológico y en el dominio de las tecnologías utilizadas en los sectores industriales que el país pretende promover en términos desigualdad onu de creación de empleo y de valor añadido. Otros países en desarrollo tendrán que realizar un acto de equilibrio, continuando con la diversificación de su economía y abordando al mismo tiempo los impactos potencialmente negativos sobre el empleo que probablemente tenga la implementación de las nuevas tecnologías que se promueven para la estructura de producción del país. Aunque no emplea las palabras pobreza y riqueza, la neurocientífica deja claro que la desigualdad tecnológica favorece el desarrollo de diferentes tipos cerebros.
