No obstante, muchas estaciones del metro y la mayoría de los autobuses siguieron siendo inaccesibles para las personas con discapacidades físicas. La violencia contra mujeres y niñas, que comprende la violación y el femicidio, fue un problema appreciable. Las denuncias policiales y a la Fiscalía por violencia doméstica fueron menos que en años anteriores, presuntamente por las dificultades que presentaron para las víctimas las medidas de salud pública que restringían los desplazamientos para impedir la propagación de la COVID-19. Entre marzo y abril, las llamadas a la línea de atención para casos de violencia de género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género aumentaron en un 80%. La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público investigan si las muertes a manos de las fuerzas de seguridad estaban justificadas e inician procesos penales.
Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es related. No se puede negar que Chile ha experimentado un desarrollo sin precedentes desde el retorno a la democracia (1990). Se ha logrado en un escenario de estabilidad política y social, preservando equilibrios macroeconómicos a pesar de los shocks internacionales (Sunkel e Infante, 2009). Asimismo, las políticas sociales, enfocadas a la población de menores ingresos han obtenido buenos resultados disminuyendo la pobreza del país y en cada una de sus regiones. Chile fue el primer país Latinoamericano invitado a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Las tres regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, efectivamente fueron las regiones que iniciaron con los índices de Gini más bajos, logrando menores reducciones de desigualdad en el tiempo. En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un 3,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un three,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un 4,9% de los hombres.
Los casos de maltrato ordinary tanto físico como psicológico se procesan en el sistema de justicia penal. En el Código Penal, el homicidio cometido en el contexto de la violencia doméstica se denomina femicidio, y las penas de reclusión oscilan entre 15 años y cadena perpetua. La ley establece el derecho a contar con un abogado, y las defensorías públicas de todo el país brindaron un abogado a quien lo solicitó. En los casos en que las organizaciones de derechos humanos o los familiares de los detenidos solicitaron asistencia, la organización no gubernamental (ONG) Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo y otros abogados que trabajan ad honorem asistieron a los detenidos durante los interrogatorios y el juicio. Los acusados pueden confrontar o interrogar a los testigos en su contra y presentar testigos y pruebas a su favor, aunque la ley prevé que los testigos protegidos declaren en secreto en determinadas circunstancias.
El segundo tipo de desafíos es expresión de los problemas del primer tipo en sociedades complejas. Se trata de situaciones sociales (p. ej., pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, acceso a servicios públicos de educación y salud, resguardo del medio ambiente y otros semejantes) que son tratados por el derecho y por el conjunto de políticas sociales impulsadas por el Estado. Por un lado, el derecho establece cargas y beneficios a los diferentes actores sociales siguiendo criterios de justicia e igualdad (p. ej., impuestos, cargas, sanciones, and so forth.) y, por otro, el Estado usa los recursos públicos configurando un sistema de variadas prestaciones que pretenden corregir o atenuar la situación empírica en que se encuentran los actores sociales. En este conjunto de procesos públicos la justicia social está presente como criterio de toma de decisiones y como concepto que tensiona los mecanismos distributivos existentes. Así, por ejemplo, la presencia de sesgos y prejuicios (de clase, género, etnia o de cualquier otro tipo) en las normas que permiten acceder a prestaciones públicas o que promueven ciertos comportamientos (normas del tipo nudge) solo pueden ser controladas mediante un concepto robusto de justicia social que sirva como baremo de control desigualdad en pandemia de las decisiones públicas. Es elementary reconsiderar las políticas basándose en los derechos humanos para evitar futuras calamidades en una región que, según muchos indicadores, es la más desigual del mundo.
La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Con los datos regionales obtenidos, se realiza un análisis de convergencia para comparar si los territorios más pobres, crecen más rápido que los más ricos. De acuerdo con Barro y Sala-i-Martin (2009), una de las formas de encontrar la velocidad de convergencia Β, es trabajar con un conjunto de datos de territorios que converjan hacia un estado estacionario similar, lo cual es posible encontrar en datos regionales.
Además, verás el rol de las políticas de igualdad y no discriminación, para mujeres, disidencias, personas racializadas, entre otros. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas.
A nivel de desarrollo económico, la Región Metropolitana logra los mejores resultados, mientras las regiones del sur del país, los peores, destacando nuevamente La Araucanía, única región catalogada con un bajo nivel de desarrollo, de acuerdo al IDERE. A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza. Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén. Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más susceptible, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo. Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá).
Actualmente, Chile es el segundo país más desigual de la OCDE (índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del quintil más pobre (OCDE, 2018), siendo sorprendentemente mayor que el promedio de los países de la OCDE. En lo desigualdad en la infancia que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se encarga de velar por los derechos legales de la mujer y tiene el mandato específico de combatir la discriminación de la mujer. Hubo informes aislados de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. El 18 de octubre, durante una protesta en Santiago en conmemoración del aniversario de las protestas sociales de 2019, Aníbal Villarroel murió de un disparo que presuntamente recibió de Carabineros.
Espacio web gratuito que permite capacitar a miles de mujeres para fomentar emprendimientos femeninos. Busca entregar herramientas y perfeccionar los conocimientos en materia digital de las mujeres emprendedoras y de las que quieren comenzar a hacerlo. Programa dirigido a micro, pequeñas o medianas empresa lideradas por mujeres que necesitan reactivar su actividad, recuperar y/o mejorar su potencial productivo y de gestión. El apoyo se entrega mediante el financiamiento de planes de trabajo de inversión y/o capital de trabajo. Hay evidencias desde distintas fuentes y perspectivas de cómo tecnologías desarrolladas bajo lógicas comerciales basadas en la vigilancia no solo no contribuyen con la superación de brechas de género, sino que las profundizan. Cambiar esta lógica implica adoptar medidas concretas y proactivas para la promoción de una innovación no solo responsable, pero comprometida con la justicia de género.
El gobierno que habló de condenar la violencia “venga de donde venga”, no condena con la misma fuerza la violencia que es ejercida por el propio Estado. Incluso, el actuar policial es visiblemente diferente tratándose de manifestaciones, dependiendo de quiénes se manifiestan y el motivo por el cual se manifiestan. Para responder su consulta, forzosamente debe determinarse previamente qué se entiende por discriminación, para luego dar cuenta si, el hecho de no ser seleccionada en un empleo determinado exclusivamente por ser madre de un hijo de un año constituye de aquellas discriminaciones que reprocha nuestro ordenamiento jurídico. Permite a las mujeres obtener atención odontológica integral como exámenes dentales, diagnóstico de salud bucal, higiene, entrega de kits de aseo y obtener tratamientos rehabilitadores y complejos como tapaduras y extracciones dentales.
Las contribuciones abordan cuestiones de desigualdad en el ámbito de los sujetos de derecho, el derecho de familia, los agravios y el derecho comercial. “En Chile, en el ámbito educacional, las oportunidades que se tienen en la infancia parecen tener profundos efectos, casi determinantes, sobre las oportunidades futuras de una misma persona” (Senado de la Nación, 2012, pp. 74). Esta frase refleja una wise conclusión a la que llega el estudio Retrato de la desigualdad en Chile y es que, en todo nivel educativo, las desventajas de origen socioeconómico de los chilenos, marcan el acceso, la trayectoria y los resultados de su educación. Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios. Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras.
