Se identificó una casi nula vinculación social o ayudas mutuas para resolver problemas urgentes, situación que alcanza mayor gravedad en la periferia rural y el suburbio interior. En este contexto, las posibilidades de solicitud de créditos y/o préstamos son casi inexistentes y, más bien, el empobrecimiento se agrava cuando se recurre a esos mecanismos para pagar otras deudas; de hecho, el dinero así obtenido en la mayoría de los casos no mejora sustancialmente la condición actual. En el caso de las colonias encuestadas, se identificaron cuatro tipos de contrataciones (cuadro 9). En orden de importancia, la primera se refiere a la contratación de base, planta o de tiempo indefinido, la cual representó el 44% de la población ocupada; estos son los trabajadores que cuentan con la mayor seguridad laboral.
Toda la evidencia nos cube que la disaster climática irá acelerándose y que, por ejemplo, están las condiciones dadas para que este verano ocurran megaincendios en las ciudades del país con un alto porcentaje de monocultivo forestal. Si la evidencia nos cube que los megaincendios son inminentes, ¿qué decisiones se están tomando hoy para evitar una catástrofe en el futuro? El artículo analiza la dinámica del proceso en función del cual se genera la barrera psicosociocultural y se le da soporte de sostenibilidad en el ámbito de las relaciones entre médicos/médicas pediatras y madres consultantes residentes en contextos pobres estructurales (CCPE).
No es lo mismo levantar casas cuando se tenían US$ 2.000 de ingreso promedio por habitante, que hacerlo ahora que se cuenta con US$ 5.000 y con perspectivas de seguir incrementándolo. Claramente, en esta materia se requiere de un remezón que cambie los énfasis hacia una mayor calidad de las construcciones y de su entorno. Aún hoy, con las posibilidades ofrecidas por las tecnologías para optimizar la entrega de servicios de toda clase, vemos que esas tecnologías son usadas para mantener esa estructura social desigual. Por su parte, Chile inició en 2019 la implantación piloto de una herramienta que busca detectar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alerta Niñez es un instrumento preventivo que “identifica el conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares de los niños y niñas y adolescentes, que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Entre estos, que aunque los trabajadores de base o de planta representan el 44% de la población ocupada, en la encuesta se identificó que, de ese total, solo 24% tenía seguro médico; solo 21% tenía seguro de retiro para la jubilación; y solo el 17% tenía vacaciones con goce de sueldo. En el mismo cuadro se aprecia que estos trabajadores son mayoría en las ocupaciones de profesionistas y en servicios de vigilancia. Los trabajadores que no tienen contrato son mayoría entre los comerciantes y en operadores de maquinaria y choferes. Y los temporales o por obra son mayoría en trabajadores artesanales y en actividades de apoyo y empleados de muy bajo nivel. En los últimos treinta años, el Estado ha tomado dos principales medidas respecto a la disaster pobreza amartya sen salarial.
A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto materials como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. Cabe señalar que Salta fue la última provincia pepsi fundación argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político.
6 El costo de la CBI para el año 2013 fue de 2.415,45 pesos mensuales per cápita para zonas urbanas; el salario mínimo para el año 2013 fue de 1.942,eighty pesos mensuales y de 64,seventy six pesos diarios. Lo anterior es particularmente más notorio en las colonias de Milpa Alta, donde la contratación de base no rebasa el 20%. Segundo, las votaciones y la discusión sugieren que el sistema previsional basado únicamente en el ahorro individual es claramente insuficiente. Es necesario incorporar un nuevo pilar que permita que haya solidaridad entre los trabajadores, sin mediar decisiones presupuestarias. Sin embargo, aquellas personas entre el percentil 60 y eighty no están en condiciones extraordinariamente mejores que aquellas entre el 40 y 60.
Por un lado, los y las habitantes perciben que las políticas espaciales ejercidas hasta hoy los siguen persiguiendo y violentando. En continuidad con esto, los fragmentos expuesto más arriba, así como muchas otras entrevistas y conversaciones, plantean que los habitantes de La Caro no sienten que esto haya cambiado particularmente, para mejor, en los años de democracia. Desde los procesos de planificación urbana racional de los años sesenta, pasando por las reestructuraciones neoliberales de las décadas de 1970 y 1980, e incluso en la democracia submit 1990, los y las habitantes leen diferentes etapas y caras del mismo sistema tratando de derrotarlos. Mucha de la desconfianza a agentes externos y las diferentes escalas de administración del estado ilustran este punto.
En tales condiciones, muchos de esos grupos fueron expulsados de sus barrios originales a las periferias lejanas, donde crearon barrios populares de autoconstrucción (Ziccardi, 2008, p. eighty two; Duhau, 1998, p. 120). El propósito del estudio en esta fase fue colectar información de la población asentada en estas colonias para identificar la acumulación de desventajas que agravan la intensidad de pobreza en la que viven, y establecer diferencias según su localización periférica o de suburbio inside. La segunda perspectiva engloba las características laborales, como tipo de ocupación y contratación, así como niveles de ingreso que permiten o no la adquisición o mejoramiento de sus NBI. Y la tercera se relaciona con las estrategias de sobrevivencia que desarrollan los pobres para atenuar de forma parcial o temporal su condición. La disaster de la sociedad salarial, con la desregulación laboral y el debilitamiento de los esquemas de protección social, son evidentes en los resultados del análisis, que acusan falta de trabajo asalariado, precariedad laboral y bajos ingresos. En su mayoría (un 60%), la población trabajadora gana por debajo de dos salarios mínimos; existe así alta homogeneidad social, con una muy baja proporción de habitantes que obtiene ingresos medianamente altos.
El otrora gran municipio de La Cisterna fue dividido en cinco, y La Caro fue repartida en tres de ellos. Los habitantes leyeron este proceso, no como una estrategia de mejoramiento de la gestión, sino que especialmente como una forma de división y fragmentación de los municipios más populosos, los que a la vez eran los más opositores en términos políticos. La comunidad de estudio, la Población José María Caro, es un sector estigmatizado por sus niveles de exclusión y de violencia en Santiago de Chile (Flock, 2005).
Utilizar este enfoque fue particularmente útil para distinguir los discursos de las personas de las prácticas reales, ya que solo a través de la observación participante, y la interacción cotidiana es posible aprender sobre los mundos ocultos más allá de los discursos oficiales. Como afirma Goffman (1961), una buena manera de aprender sobre cualquier mundo social es someterse a la ronda diaria de pequeñas contingencias a la que están sujetos, en compañía de sus testigos más cercanos. En consecuencia, la mayor parte de mi trabajo de campo se dedicó a la clásica observación participante, es decir, caminar, hablar y mirar lo que estaba pasando allí. Aunque la observación participante es el método predominante de investigación, también fue complementado con entrevistas etnográficas ampliaron y profundizaron algunos elementos de las observaciones, para aclarar lo que no es posible observar (Burgess, 1984). “Como algunas empresas sienten que están construyendo tan al límite y corren riesgos, las constructoras a las que les ha ido bien prefieren ir a construir a otro mercado, más caro, porque dicen que no quieren construir viviendas con especificaciones muy al justo y que después se las responsabilice a ellas. Estas prefieren cuando tienen un capital suficiente irse a hacer negocios inmobiliarios tradicionales.
Con el fin de escudriñar los significados de estas violencias ha sido crucial situar este barrio en su contexto histórico, desde su edificación y poblamiento en 1959, hasta el momento del desarrollo del trabajo de campo (2012). Los temas planteados se trabajaron a través de una investigación etnográfica ya que ella se considera una de las metodologías más adecuadas para obtener un conocimiento confiable sobre el comportamiento transgresor como la violencia (Adler, 1993; Hobbs, 2001). Entre 2011 y 2012 entrevisté personas, estuve viviendo, salí de La Caro, pero siempre fui parte de su comunidad y cotidianeidad. Por lo tanto este texto enfatiza en el análisis las experiencias de vida de los pobladores y pobladoras así como la manera en que viven, describen y analizan las violencias. Este es un proceso de cartografía la complejidad social y, por otro lado, da voz a los sujetos para que se refieran a su propia realidad como objetivo válido de la investigación social.
Las violencias estructurales funcionan como un proceso no intencional de dañar a las personas a lo largo de las actividades diarias asentadas dentro de la estructura social. Por ejemplo, la tarea habitual de un urbanista que diseña un nuevo asentamiento para habitantes pobres sin las condiciones mínimas de habitabilidad y conexión podría implicar gran parte de este tipo de violencia estructural incluso desde su escritorio de trabajo. Por un lado este trabajo discute con las llamadas fuerzas del capitalismo tardío que imponen diversas violencias estructurales sobre las comunidades populares urbanas (Wacquant, 2007; Wilson, 1987; Sassen, 2006). A su vez, también problematiza las capacidades locales de hacer frente a los contextos de exclusión y violencia desde los espacios micro-sociales (Anderson, 2002; Bourgois, 2003; Hobbs, 1988; Caldeira; 2000).
