El concepto pobreza proveyó la categoría adecuada para hacer legible la informalidad (Scott, 1998), y para establecer una relación de poder y autoridad con esta población (Dean, 2010). Ariztía destacó la importancia de la producción teórica de Ramos para la disciplina, según el sociólogo “Los libros de Claudio son referentes obligados en la enseñanza de la sociología en nuestro país“, destacando su capacidad lúdica y la gran variedad bibliográfica que aportan, siendo documentos eje para la docencia sociológica. Durante el retorno a la democracia, la pobreza se instala como un problema central de gobierno y “los pobres” se constituyen en una población “objeto de gobierno”. El proceso de identificación de los “sujetos pobres” que comienza durante los años setenta en el marco de las políticas de orientación neoliberal, se consolida durante las administraciones democráticas entre 1990 y 1999.
En su participación, Alberto Mayol, Sociólogo de la Universidad de Chile, nos señala la siguiente distinción teórica y práctica. La pobreza tiene que ver con carencias de tipo económicas, por tanto la vía de cómo solucionar esta problemáticas podría ser paliando esas carencias. Respecto a la reinserción mediante el trabajo, según la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile, durante 2010 sólo un 40% de la población penal participó en actividades laborales. Sumado a ello, el pago que reciben por los trabajos que efectúan es escaso, junto a las pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de continuar con sus estudios tanto en la cárcel como al recuperar su libertad. Es decir, mayores impuestos a los grupos de mayores ingresos, para una redistribución en áreas sensibles como salud, educación y pensiones, que mejoran las condiciones de vida de la población, especialmente de los grupos pobres, junto con permitirles una base desde la cual desplegar autónomamente sus proyectos vitales. Sobre esa base, la promoción de mercados laborales dinámicos y con condiciones de trabajo dignas es la otra parte elementary.
En comparación con la noción genérica de pobres urbanos, la categoría de poblador refiere a un grupo social que se constituye a través de sus acciones como “productor de espacio urbano”, especialmente de vivienda (Espinoza, 1988, p. 9). La pobreza y su medición ocupa la atención de las investigadoras Ortiz, Hernández y Luevano. Se preocupan de la genealogía de la medición de la pobreza y su tránsito a indicadores multidimensionales como el desarrollo humano. Entre los expositores, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Castro, participó en el panel de desigualdad, quien enfatizó el gran aporte del profesor Torche en cuanto a conocimiento de temas como la movilidad social, las oportunidades, el acceso al empleo o el salario mínimo, entre otros.
Las políticas públicas para una zona minera deben ser muy delicadas respecto a los temas de desigualdad, y esos temas significan fundamentalmente en cómo tú estableces una capacidad para que los recursos de la sociedad, no sólo económicos, políticos y sociales, y que esos recursos se distribuyan lo más homogéneamente posible. Junto con ello, la finalidad tácita fue entregar a las internas capacitación y herramientas agronómicas que les permitieran iniciar un pequeño negocio o insertarse de mejor manera en la vida laboral una vez completada su condena. La segunda buena noticia es que la política pública demuestra eficacia, pues la acción del Estado (principalmente subsidios y transferencias) logra impactar de modo significativo en el marco de procesos de redistribución social de los ingresos. Es decir, no es una hipotética mano invisible del mercado la que logra estos resultados, sino que una mano visible y trazable de recursos públicos que operan redistributivamente. Y una tercera buena noticia es que, si bien no se acentúa, al menos sigue la tendencia de reducción de brechas entre las zonas urbanas y rurales. A la identificación de los asentamientos informales como “las manifestaciones más agudas del problema de la pobreza”, se sumó que sus residentes fueron visualizados y enunciados como “los pobres”.
Adicionalmente, la “superación de la pobreza” se constituye en una tarea central del gobierno. Este objetivo es impulsado por el principio neoliberal de focalización de recursos, así como por el interés del gobierno de reducir los altos niveles de empobrecimiento que el régimen autoritario dejó como resultado. Adicionalmente, los asentamientos informales se consolidan como territorios de concentración de pobreza, y se constituyen en un objeto privilegiado de la intervención gubernamental para su superación. Un nuevo giro en la representación de los asentamientos informales toma forma durante el régimen autoritario.
Analizo cómo el concepto de pobreza adquiere relevancia a partir de la dictadura militar, y se consolida como marco interpretativo para entender los asentamientos recién durante los años 1990. Este marco, que denomino la “política de la pobreza”, contribuye a transformar los asentamientos en territorios gobernables. Los asentamientos informales en Chile son entendidos como Í€œterritorios de pobrezaÍ€, representación que ha sido basic en el diseño de la política habitacional. Este marco, que denomino la «política de la pobreza», contribuye a transformar los asentamientos en territorios gobernables. Las autoridades asumieron que una transición política exitosa requería prevenir las manifestaciones que pudieran desestabilizar el escenario político, profundizando el proceso de despolitización de las organizaciones de pobladores. Esta estrategia resultó exitosa en la medida en que los asentamientos reemergen —pese a contadas excepciones— como demandas despolitizadas y “pasivas” en vez de organizaciones articuladas políticamente y orientadas a la negociación con el Estado.
Este giro en la forma de representar los asentamientos responde a la experiencia emblemática conocida como “la Toma de La Victoria”, ocurrida en 1957. Las fuentes oficiales de gobierno indican que este episodio “inauguró una nueva etapa en la historia de los pobladores, al establecerse un precedente de ocupación de terreno a través de las movilización social que —con ayuda de partidos políticos y de la Iglesia— lograron una negociación con el Estado” (Minvu, 2004, p. 136). Lo anterior no significa que la categoría de pobres urbanos no fuese utilizada por académicos y por el Estado entre 1940 y 1970. De hecho, las referencias a “los pobres de la ciudad” son una forma recurrente de nombrar a aquellos que se encuentran en los estratos socioeconómicos bajos. Sin embargo, la mayoría de las veces, la categoría de “pobre urbano” era utilizada como una noción basic, para referirse a un sector urbano marginalizado, en oposición a los sectores privilegiados (Ramos, 2016). Por su parte, la categoría de “poblador” constituyó un concepto más preciso para hablar sobre los residentes de poblaciones pobres.
La narrativa estatal señala que las callampas “se distinguen de los que posteriormente se conocen como campamentos al ser una ocupación espontánea, que se va conformando de a poco, como un lugar de transición, sin intención de quedarse allí” (Minvu, 2013, p. 12). Las representaciones de los asentamientos como “espontáneos” versus “organizados”, y “pasivos” versus “políticos”, van a ser nociones binarias recurrentes para referirse a la naturaleza de las acciones de los pobladores por parte de autoridades políticas y de la academia. Estos pares binarios, que se irán reproduciendo y reeditando a través del tiempo a partir de nuevos conceptos, hablan de la agencia que se les atribuye a los residentes y definen una relación de autoridad entre las instituciones y los sujetos. Sin embargo, la interpretación de los campamentos como territorios de pobreza sigue estructurando el régimen de gobierno de los asentamientos informales hasta el presente.
Las ocupaciones de terrenos más exitosas ocurrieron en 1983, en el contexto de las protestas sociales contra la dictadura. Durante el ciclo de protestas desencadenado entre 1983 y 1986, el movimiento de pobladores se reactivó y adquirió fuerza (Dubet et al., 2016; Schneider, 1995). Los ciclos de protestas y la reemergencia de las tomas de terreno durante este periodo instalaron la concept de que, pese a la represión militar, el movimiento de pobladores aún tenía capacidad de rearticulación. Durante los primeros años de dictadura, el trabajo de las autoridades se focalizó en “reducir las ocupaciones ilegales, lo que llevó a disminuir el número de campamentos” y el de familias habitantes en ellos (Minvu, 2013, p. 14). La represión de los campamentos buscaba desarticular las organizaciones políticas y sociales ya existentes, a la vez que prevenir la toma de terrenos como estrategia política de acceso a vivienda. Asimismo, los residentes de campamentos fueron relocalizados desde los distritos centrales y más adinerados hacia las periferias, o radicados en los mismos terrenos a través de la provisión de infraestructura sanitaria (Minvu, 2004, 2013).
La primera buena noticia es la caída en el porcentaje de población que se ubica bajo la línea de pobreza monetaria extrema y no extrema, así como bajo el punto de corte de pobreza multidimensional, alcanzando cifras inéditas (6,5% para monetaria y 16,9% para multidimensional). En 1990, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un estudio que estimaba que, para el año 1987, la magnitud y características de la pobreza en Chile se habrían agravado. El estudio era parte de una investigación más amplia sobre pobreza en la región latinoamericana. El capítulo chileno comparaba las mediciones realizadas por Cepal en 1970 y 1987 e indicaba que la proporción de familias que se encontraba bajo la línea de la pobreza5 había aumentado desde un 17% en 1970 a 38,1% en 1987, equivalente a un forty four,4% de la población del país (Cepal, 1990). Pese a que la vivienda informal es tan antigua como la ciudad misma, y data desde al menos el siglo xvii (De Ramón, 2007), los asentamientos informales aumentan en la década de los cuarenta a partir del proceso de urbanización (De Ramón, 1990; 2007; Espinoza, 1988).
