La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Un primer mérito de esta investigación, es que se trata de un estudio apoyado en una definición metodológica robusta y moderna, con una importante discusión de fuentes, datos, estrategias y teorías alternativas.
Los ciudadanos deben “dejar” su poder en otro sitio, es decir, prescindir de pronunciarse y ceder su acción a las instituciones y su funcionamiento. En vez de alimentar y construir instituciones cada día, debemos asumir que ellas son eternas e inmutables, siempre perfectas y por tanto los ciudadanos pueden prescindir de su libre albedrío gracias a un marco institucional que les trasciende y que guarda una sabiduría esencial. El ciudadano imperfecto retrocede (es decir, debe retroceder) ante la evidencia de un orden superior.
Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. La primera e históricamente más fuerte es la matriz cultural hacendal (que fue derrotada políticamente con la Reforma Agraria, pero que subsiste culturalmente en diversos aspectos en Chile). Aunque Chile se ha construido siempre como un país minero en su economía, el fundamento cultural del país se articuló en el valle central y específicamente en la cultura hacendal de ese valle.
La ciudadanía ha sido vista como fuente de caos, animalidad, instintos, frente a la sabia razón que inspiraría a los grupos dominantes. A partir de investigaciones previas y en curso4 basadas en una aproximación metodológica cualitativa (relatos de vida, entrevistas semi-estructuradas a informantes clave y revisión documental), analizamos la relación entre migraciones y economía extractivista en el caso de la gran minería del cobre en la región de Antofagasta, al norte de Chile. Las mujeres fueron incorporadas en cuanto trabajadoras, pero la cantidad de obreras y empleadas era pequeña, en contraste con la gran mayoría que se ocupaba en actividades económicas informales y temporales.
El proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.eight por ciento en 2022. También aumentó la cantidad de proyectos de investigación adjudicados por estas universidades y la cantidad de profesores con doctorado.
La crisis planteada por los movimientos sociales en contra de diversas formas de injusticia marca una herida con todo un continuo histórico de concentración de poder que parece estar en una condición de cuestionamiento severo. Uno de los factores decisivos a la hora de comprender la desigualdad en Chile es la permanente justificación cultural de la importancia de conservar ciertas concentraciones de poder (político o económico) en ciertos grupos específicos, siempre pensando en el bien del país. Desde el poder militar para conservar el orden, el poder eclesial para conservar la ethical, hasta el poder de la clase política para preservar la estabilidad; Chile ha estado atravesado por hipótesis que justifican la acumulación de recursos como condición para la civilización.
El estudio examinó exhaustivamente los contenidos de los textos escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales empleados en la Enseñanza Básica y Media en Chile, conforme a los estándares del Ministerio de Educación. Los resultados, basados en datos cuantitativos recopilados durante el año 2023, revelan una inclinación hacia la predominancia masculina en los relatos históricos. El conocimiento que hemos obtenido trabajando en conjunto con Chile, ha sido compartido con diversos países del mundo que enfrentan desafíos de desarrollo similares. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena.
Las múltiples actividades de reminiscencias colectivas promovieron la reflexividad y la memoria sobre lo que somos y lo que fuimos, lo que hemos hecho y lo que hicimos como país. Estos elementos estimularon la movilización de actores críticos del orden político y económico existente. Por consiguiente, la pregunta sobre cuál tipo de Estado y cuánto debiera intervenir para garantizar unos derechos sociales, que también están desigualdad en pandemia redefiniéndose, es una cuestión central en nuestra democracia, tanto en la que hemos construido como en la que deseamos. Y esta doble dimensión del Estado de Bienestar, como proceso a la vez que proyecto sociopolítico, es la que exige abordar el actual debate sobre las posibles respuestas a dicha pregunta, ubicando los alcances o límites del Estado en la conclusión de la discusión pública y no en su punto de partida.
Esta debilidad de la Casen refuerza la opción tomada por el grupo de Alvaredo y otros de usar datos tributarios históricos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos. En specific, consideran el Impuesto global complementario (que se aplica a las personas naturales por el complete de sus rentas, ya sea que provengan de Chile o el extranjero). Los autores de este estudio son Facundo Alvaredo, Jorge Atria, Ignacio Flores, Ricardo Mayer y Claudia Sanhueza, todos economistas, salvo Atria, que es sociólogo. A medida que buscamos formas nuevas y sostenibles de organizar nuestro mundo, necesitamos comprender el repertorio completo de las maneras en que nuestros antepasados pensaron y vivieron. Y ciertamente debemos cuestionar las versiones convencionales de nuestra historia que hemos aceptado, sin examinar, durante demasiado tiempo.
En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional.
El tema que ocupa a Javier Rodríguez es nada menos que la evolución de la distribución del ingreso en Chile, ¡desde 1850! Pese a lo ambicioso del desafío, dados los resultados obtenidos es de agradecer que el autor no se haya desalentado ni desfallecido para dar cumplimiento a una empresa que, sin duda, marca desigualdad en la pobreza un hito en la investigación en historia económica chilena. El “estallido social” de 2019 mostró la existencia de una sociedad chilena fuertemente dividida por las desigualdades, tanto por las diferencias materiales, como aquellas referidas al universo cultural de las diferentes clases y actores sociales.
Cualquier stability del bienestar de un país en perspectiva histórica debe considerar el mayor abanico posible de indicadores, y sobre todo ir más allá del PIB per cápita. Es por ello que indicadores alternativos, tales como violencia interpersonal, estatura, habilidades numéricas y estado nutricional han ganado aceptación en cuanto estándares no solo en la academia sino también en organismos internacionales y gobiernos centrales. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
