Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá). Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente. En Chile, el tema de la desigualdad es de larga knowledge y se ve reflejado en la vida cotidiana de sus habitantes en diversas áreas. Esto ha traído consigo un aumento del descontento social, lo que se ha visto reflejado en una variedad de movilizaciones sociales, las cuales detonaron el año 2019 con el “Estallido Social”, lo que demostró, entre otras cosas, la urgencia que requiere enfrentar este problema en el país. Así, la reducción de esta debe responder a ambas dimensiones si estas se quieren disminuir efectivamente. En el año 2015, Chile adoptó la Agenda 2030, la cual busca guiar a los países en la implementación del desarrollo sostenible.
Esta desigualdad no es una novedad, es un problema que ha afectado al país incluso desde la época de la Colonia (PNUD, 2017). No obstante, desde la década del 2000, se ha podido observar un incremento generalizado de movi-mientos sociales que, entre otras causas, dan cuenta del malestar que existe en la población chilena, exigiendo mayor igualdad ( Grez, 2011 ; Segovia & Gamboa, 2012). Estas demostraciones de descontento social detonaron en octubre de 2019 con el “Estallido Social”, donde millones de chilenos y chilenas marcharon y protestaron, entre otras razones, debido a la desigualdad que existe en Chile ( Güell, 2019 ; Jiménez-Yañez, 2020 ). El objetivo de la presente investigación es identificar la relación que existe entre la desigualdad en la distribución de los ingresos y el crecimiento económico de Chile entre los años 1996 y 2017. Para ello se utilizó el Ratio de Palma y una modificación a las tradicionales mediciones del fenómeno, basándonos en las remuneraciones que perciben los trabajadores.
La suma del total de carencias que registra el hogar entre estos 15 indicadores permite establecer si el hogar junto a todos sus integrantes se encuentran o no en situación de pobreza multidimensional. La Canasta Básica de Alimentos (CBA) refiere a un conjunto de bienes alimentarios que se utiliza como base para definir el valor de la línea de pobreza y línea de pobreza extrema por ingresos. La medición de la pobreza de acuerdo a estas dos metodologías es realizada de manera simultánea con información estadística levantada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), instrumento con cobertura nacional cuya realización está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La Encuesta Casen es un instrumento aplicado a una muestra aleatoria y anónima de hogares seleccionada sobre la base del marco muestral de secciones y manzanas del Instituto Nacional de Estadísticas. La información estadística entregada por la encuesta Casen permite aproximarse al valor de distintos indicadores a partir de la estimación de los mismos en una muestra aleatoria del complete de hogares residentes en viviendas particulares. Por lo tanto, debe tenerse presente que las estimaciones obtenidas para cualquier indicador a partir de datos de la Encuesta Casen están sujetas a error muestral.
Con la nueva corriente que relaciona negativamente a las variables surgen estudios como el de Persson y Tabellini (1994), quienes realizan dos modelos de regresión con muestras históricas y actuales, evidenciando un signo negativo de la desigualdad sobre el crecimiento. Dado lo anterior, estos investigadores concluyen que la desigualdad es dañina para el crecimiento, puesto que conduce a políticas que no protegen los derechos de propiedad y no permiten la apropiación privada total de los rendimientos de la inversión. A partir de lo anterior se obtiene como resultado que para cada modelo existía una relación negativa entre la desigualdad y el crecimiento.
Por su parte, Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos, fue enfática en señalar que “los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza. En ese sentido, el desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo”. Usando como caso de estudio la zona de Puchuncaví, se abordó con un enfoque multidisciplinario para entender cómo los procesos socioeconómicos y de gobernanza globales, nacionales y locales han interactuado en la perpetuación de las desigualdades socioambientales en estos territorios. “En efecto, el costo de la carga de la contaminación se ha exacerbado sostenidamente en el tiempo, reduciendo las capacidades para mantener las economías tradicionales, una vida saludable y habitar un territorio ambientalmente seguro. Así, la polución por elementos traza se ha convertido en un riesgo patente que obstaculiza el proceso de desarrollo humano native, lo que amplifica la injusticia ambiental en la zona de sacrificio de Puchuncaví”, enfatiza una investigadora. El Ministerio de Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN) tiene una responsabilidad esencial en el seguimiento de condiciones socioeconómicas de la población, y su eventual repercusión en deterioro de condiciones de vida de grupos de la población.
Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. Hasta marzo de 2024, el Banco Mundial tenía una cartera activa compuesta por dos operaciones de préstamo por un monto complete de USD 350 millones, destinadas a apoyar un mecanismo de financiamiento de hidrógeno verde y mejorar la atención primaria universal de la salud. También existe un programa de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+) por valor de USD 26 millones y una donación de USD 5 millones para la implementación de los mercados de carbono. Se han suscrito seis acuerdos de servicios de asesoría reembolsables por un whole de USD 8,76 millones que abarcan temas como género, salud, protección social, estadísticas nacionales y digitalización del transporte. Cabe destacar, entonces, que en Chile la burocracia del Estado es hoy enorme y es además ineficiente y anticuada (CEP, 2017).
Con el segundo, se intenta analizar un intervalo temporal que contenga diferentes matices políticos, por lo que se toma los años entre 2010 y 2017 debido a la transición política evidenciada en este período. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En explicit, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma.
En este sentido, una política que hace la educación gratuita o más accesible económicamente para sectores de menos ingresos es beneficiosa. También requiere políticas de información, apoyo y acompañamiento a jóvenes más vulnerables, y políticas de regulación del sistema de educación superior para asegurarse de que todas las instituciones entreguen una educación de calidad. Eso la desigualdad social puede contribuir a que, ya adultos, esos niños estén menos determinados por sus “accidentes de la cuna”. El impacto de una distribución mas igualitaria no será inmediato, porque requiere que esos niños y jóvenes que crecen en un contexto mas igualitario sean adultos y reciban los retornos económicos a las inversiones en capital humano de las que se beneficiaron cuando niños.
Hemos evidenciado en este mismo medio ciertos aspectos de nuestra desigualdad económica que resultan fundamentales para tener un debate razonable dentro de la futura Convención Constitucional que se nos avecina. Sin duda la desigualdad en nuestro país es uno de los temas más mencionados en el debate nacional, por lo que debemos tomárnosla muy en serio y con altura de miras, para así avanzar con acuerdos en vez de con polarización. En síntesis, ni muy mal ni muy bien en materias de desigualdad económica dentro de nuestra desigual región. Asimismo, la Presidenta hizo un diagnóstico de los problemas más graves que enfrentan las sociedades y afirmó que “Creemos que la desigualdad -de ingresos, de acceso a servicios básicos, de oportunidades y resultados- es una de las mayores amenazas para el desarrollo de nuestros países, para la democracia y para la paz.
A través de una “ventanilla única”, los funcionarios disponen de los distintos programas y subsidios con que cuenta y puede acceder un beneficiario, permitiendo entregar una mejor atención social, además de aumentar la eficiencia del gasto público. El proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.eight por ciento en 2022. También aumentó la cantidad de proyectos de investigación adjudicados por estas universidades y la cantidad de profesores con doctorado. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena.
Aquí, es importante destacar que el análisis no incluye un estudio sobre el impacto que estas acciones públicas han tenido, o bien tendrán, sobre el tema en cuestión, sino que busca determinar si estas mismas responden o no al concepto multidimensional de las disparidades. Igualmente, se determinó a qué meta o metas del ODS 10 respondían particularmente y se indicó si estas acciones públicas eran anteriores o posteriores a la Agenda 2030. Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país.
De esta forma, como se explicó en el primer apartado de este artículo, ambas dimensiones de las disparidades, ex-ante y ex-post, presentan una relación recíproca entre sí, afectándose mutuamente. Es decir, que los resultados de una generación afectarán directamente el punto de partida de la siguiente y, además, aun habiendo logrado la igualdad en una de estas dimensiones, esto no resolvería las disparidades en la otra dimensión. En general, las condiciones socioeconómicas de los diversos grupos de la población continúan con un desarrollo histórico positivo, en línea con el progreso socioeconómico del país. En general la desigualdad en américa latina, el ingreso mensual promedio en hogares ha seguido aumentando, el desempleo sigue disminuyendo hasta niveles cercanos al empleo whole, especialmente en algunas Regiones, la pobreza e indigencia también siguen disminuyendo y se ha propuesto erradicar la pobreza extrema. Algunas políticas públicas incluyen el enfoque de género y hay esfuerzos intersectoriales que promueven mejores condiciones y derechos de las mujeres. El desarrollo logrado en algunos grupos y comunas del país ha llegado a un nivel related al de países de muy alto desarrollo.
C) Un sistema tributario que permitió en forma tradicional que los sectores de más altas rentas evadieran o eludieran el pago de impuestos progresivos, bajo el pretexto que había que fomentar el ahorro y la inversión empresarial. Sus símbolos fueron el FUT, el tratamiento a las sociedades financieras, las ganancias de capital y a las grandes empresas mineras. La Reforma Tributaria, a pesar de todas sus fallas, marca el inicio de una tributación más equitativa. El valor de generar evidencia en esta línea es un paso importante para desarrollar planes de intervención socioeconómicamente situados, lo cual podría aumentar la efectividad de aquellos, tal como dice Sol, “necesitamos desarrollar conocimientos en torno a este tema para generar prácticas de promoción de la salud cerebral efectivas, relevantes y adecuadas para nuestro contexto”. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el BM se encuentra entregando asistencia técnica al proyecto Gestión Social Local (GSL) Esta nueva metodología para la entrega integrada de servicios y beneficios sociales en los municipios, ya se encuentra disponible en casi el 70% de las municipalidades del país.
