Entre los determinantes sociales que influyen en este fenómeno se identifican condiciones de vivienda, hacinamiento y alta densidad poblacional; esto sumado a la precariedad laboral, la cesantía y el trabajo informal, características que cruzan también a estos territorios y que les impide llevar adelante una cuarentena efectiva (Escuela de Salud Pública UCH, 2020). Hace un par de años Chile fue aceptado como parte de la OCDE (Organización por la Cooperación para el Desarrollo Económico). Gracias a las cifras de comparación entre los diferentes países, en Chile ya podemos ver cómo estamos con respecto de los demás miembros. Especialistas UdeC observan desde las políticas públicas, el desarrollo social y el sistema sanitario la crisis desatada por el Covid-19 y las cuentas pendientes de nuestro sistema acusadas tras el estallido de 2019. Pero al observar esa realidad en escalas más pequeñas, y no sólo en un contexto nacional, la desigualdad es más notoria. No sólo porque hay un porcentaje que no puede realizar cuarentena, por ser parte de las actividades de primera necesidad o no cuenta con empleo formal, sino porque las realidades territoriales y sociales son dispares.
Estos resultados apuntan a una acumulación de vulnerabilidades, ya que los roles tradicionalmente asociados a cada género y la fragilidad económica se combinaron creando mayores desafíos para las mujeres durante la pandemia en 2020. Al cierre el Superintendente de salud indicó además que «los planes de salud deben crearse para un grupo de personas, no para grupos de hombres o grupos de mujeres. La realidad que enfrenta la salud en regiones manifiesta una situación de precariedad e implica que una parte de la población del país enfrente dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad.
«Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil -incluyendo la fábrica Triangle- en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos», cita la OIT. Lo que comenzó hace más de 160 años como una demanda native de mejoras salariales y derecho a voto, se convirtió en una conmemoración internacional que reivindica el rol de la mujer en todos sus ámbitos. De hecho, al analizar las cifras de nuevos pensionados, se observó que las proporciones de mujeres fueron mayores en los tramos de menos años cotizados (menos de 15 años), en tanto que en los hombres se concentraron en los tramos mayores de años cotizados (entre 25 y forty años). Lo anterior se vio reflejado en uno de los factores determinantes del nivel de pensiones como son las lagunas previsionales, ya que mientras la densidad promedio de cotización para el total de los hombres afiliados fue de 56,3%, en las mujeres alcanzó un 45,9,1%. Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Este tipo de violencia, también denominada «maltrato en el hogar o violencia de pareja», es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el management sobre una pareja íntima.
En el caso de Los Ríos es una región que estaba en rango bajo durante el informe 2006 de IDHR, pero mejoró su rango y posición en la información del 2017 de IDHR (ver Apéndice I, gráfico del 2006 – 2017 PNUD, 2018). Por otro lado, en el caso de Magallanes se puede establecer que la llegada del mismo virus vía turistas extranjeros por cruceros, produciendo un golpe a una zona aislada no preparada a esta situación (Chernin A., 2020). La metodología que se utilizó en el estudio fue comparar la recaudación estatal (Recaudación Estatal del impuesto global complementario IGC), IDHR y fallecimiento por COVID-19 por región (entre el período comprendido entre el 05 al 25 de mayo, utilizando los datos acumulativos). El IDHR, es un índice que contiene como variable de salud los años de vida potencial perdidos (AVPP), en este análisis buscamos si esto se reflejara en la pandemia del COVID-19. Al estudiar las políticas impositivas, en muchas ocasiones solo ponemos atención al cálculo de los tributos.
Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar en la primera década de este siglo, marcando el inicio de la judicialización motivada por el aumento de precios en los planes de salud.three Esta tendencia ha experimentado un marcado crecimiento en los últimos 10 años, llegando a más de 840 mil recursos presentados ante las Cortes de Apelaciones en el año 2022. Si bien hubo una judicialización asociada a las regulaciones de salud, producida por la presentación de recursos de protección que invocaban otros derechos con el objetivo de obtener acciones o prestaciones relacionadas con la salud, esta fue relativamente limitada. Entre 1990 y 2001, por ejemplo, se presentaron tan solo eighty desigualdad mundial 2022 five recursos de protección contra las ISAPREs, de los cuales fueron acogidos un 65% (Soto 2008). Junto con lo anterior, es necesario cerrar el vacío que generó la sentencia del TC del 2010 en nuestra legislación. Gran parte de esta problemática deriva de una regulación insuficiente en el ámbito de los aseguradores privados que ha restringido la competencia y dificultado el management del gasto. En la práctica, esto ha permitido que el sistema actual seleccione preferentemente a usuarios de menor riesgo, limitando la competencia en términos de calidad, precio y prevención (Daniel 2023).
Cuando pensamos en la circulación y probabilidad de contagio de un virus, el hacinamiento se percibe como un factor de riesgo frente a las escasas posibilidades que existen para guardar distancia y así evitar contagiar al resto del grupo familiar. Por otro lado, guardar cuarentena se transforma en un gran desafío cuando una o más personas deben compartir el dormitorio y podría generar problemas serios en la convivencia al interior de las familias. Asimismo, es preocupante que en el caso de mujeres que sufren violencia intrafamiliar al inside de sus hogares el confinamiento se convierte en un obstáculo adicional para huir de sus agresores y acceder a servicios que puedan salvarlas de esta amenaza (ONU Mujeres, 2020).
En ese sentido, es necesario considerar la dimensión territorial y profundizar en las desigualdades espaciales en salud desde el modelo de determinación social que propone la corriente de salud colectiva (Morales-Borrero et al., 2013). Con todo, el modelo económico chileno configurado en la Dictadura de Pinochet y profundizado en los gobiernos de transición, ha entendido a la salud como un bien de consumo por sobre su acceso universal, lo que ha generado fragmentación del modelo sanitario (Goyenechea & Sinclaire, 2013). Por tanto, los procesos de salud-enfermedad no se distribuyen de forma ecuánime entre la población; siendo una dimensión relevante de las desigualdades sociales. La actual pandemia por Covid-19 ha traído al debate la estrecha relación entre las desigualdades sanitarias y la configuración del espacio urbano neoliberal.
YañezYáñez (2012) indica “cuando se desea conocer el impacto de la acción del Estado en la distribución es necesario analizar ambas partes de la distribución en forma conjunta”. Es decir, un impuesto puede ser regresivo (efecto directo), pero si se costea el gasto social del mismo contribuye y mejora el bienestar social, el efecto distributivo total del impuesto es positivo. Las curvas de Lorenz de los años 2008 y 2012 mostraron un leve aumento en la desigualdad en EA comunal en ambas mediciones. Particularmente, el coeficiente de Gini aumentó un 17,3% en la proporción de EA entre 2008 (0,17) y 2012 (0,20), y 12% en la tasa de FA (0,20 y 0,22, respectivamente). Se incluyeron como variables de management, la natalidad y la proporción de población femenina comunal. En relación al porcentaje de EA, hasta el 2008 se observó una tendencia al alza, alcanzando un sixteen,6% del whole de NV, reduciéndose posteriormente a 14,4% el 2012.
El estudio, cuyas cifras están actualizadas a junio 2019, concluye que del whole de afiliados activos del sistema de pensiones las mujeres representan el forty six,7%, mientras que explican un forty two,4% del total de cotizantes en el país. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa, a inicios del siglo XX reclamaban derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad. Sus reportes indican que en 1910, en Copenhague, Dinamarca, cientos de mujeres provenientes de 17 países llevaron a cabo la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (la primera fue en 1907) y ahí deciden organizar anualmente una jornada para reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino common. Los datos muestran que a junio de 2021 las mujeres representaron el forty six,8% del whole de personas afiliadas al sistema de pensiones y el forty two,1% del whole de cotizantes, mostrando en el segundo indicador un avance de 7,1% en 12 meses. Este desempeño, sin embargo, se explicó principalmente por la baja base de comparación, ya que a junio de 2020 las mujeres cotizantes retrocedieron 6,2%.
El senador Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), afirmó que “para mitigar la desigualdad social, se debe aplicar los parámetros que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas públicas de los Estados”. Sin embargo, y esto también hay que reconocerlo, en sus efectos y en la forma como esta enfermedad se enfrenta, es más grave e invasiva, respecto de los grupos con altos índices de vulnerabilidad social, económica y distanciamiento geográfico y territoriales de los centros urbanos del país. No se experimenta igual, una pandemia de este tipo en el sector Oriente de la Región Metropolitana, que en la Comuna de la Pintana, Mejillones o María Elena, Taltal o Alto Hospicio en nuestro norte. En temas de género, las cifras respecto al desempleo se agudizaron porque las mujeres disminuyeron su participación laboral a sólo un 47,3%, su nivel más bajo en 10 años en nuestro país, según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La mayor densidad de cotizaciones para mujeres y hombres en el sistema de pensioned chileno se ubica en los tramos de edad de años, de años y años. Además, mientras las mujeres se concentran en los tramos de más bajas densidades de cotización, una mayor cantidad de hombres se concentra en los tramos de densidad de cotizaciones más altos.
Entre los principales temas abordados destacan la distribución por género de los cotizantes tanto en el sistema actual como en el antiguo; y un detallado análisis sobre los años de cotizaciones de mujeres y hombres, así como los montos recibidos por concepto de pensiones de vejez y de seguro de cesantía. El pasado miércoles 31 de agosto se promulgó la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como Ley de Pensiones de Alimentos. Esta iniciativa se suma a la Ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado.
Aunque Chile y México son los únicos miembros de la OCDE, y tienen una de las tasas de mortalidad materna e infantil más bajas de la región, tienen la tasa de desarrollo más baja por la igualdad en los países de la OCDE, asociadas con las grandes inequidades mismas Municipios. Richard Wilkinson es experto en historia de la economía y epidemiólogo social, profesor emérito de Epidemiología Social de la Universidad de Nottingham, profesor honorario de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad College de Londres y profesor visitante en la Universidad de York. Ha sido por décadas un referente mundial en el modelo de determinantes sociales de la salud, en particular desigualdad social en el mundo en lo relativo a extensos estudios en desigualdad en ingreso, desarrollo y progreso humano y salud poblacional.
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
