Sin embargo, cuentan con Estados que usan instrumentos que reduzcan estas inequidades de manera mucho más efectiva. Como consecuencia, el nivel de desigualdad en estos países se scale back sustancialmente después de la aplicación de los impuestos y transferencias aplicados por los Estados. Por esta razón, puedes observar que el nivel de desigualdad después de impuestos y transferencias, representado por la línea en la gráfica, se cut back sustancialmente después de la aplicación de estos instrumentos. El reconocimiento de la salud como un derecho debe venir acompañado con el reconocimiento de que es un bien o servicio público, lo cual implica una asignación prioritaria de recursos públicos. Sin embargo, a excepción de Argentina y Uruguay, los países que analizamos, y que han firmado el PIDESC, gastan menos del 6% de su PIB (Producto Interno Bruto) en salud pública.
Debido a los prolongados cierres de las escuelas y a los resultados de aprendizaje deficientes, el aumento de la pobreza de aprendizajes —el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico— podría llegar al 70 % en los países de ingreso bajo y mediano, de acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial. La desigualdad pone en peligro la consecución de los objetivos económicos generales propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la erradicación de la pobreza extrema, la promoción del trabajo decente y la transformación de las estructuras económicas. La desigualdad no es una cuestión de suerte u oportunidad y puede corregirse mediante políticas y reformas, argumento expuesto recientemente en la innovadora investigación de Thomas Piketty.
Los criterios de elección de los documentos radican en que fueron firmados por los organismos mencionados5 y son significativos para pensar la definición de desigualdad que proponen. Se considera el Informe sobre la equidad del Banco Mundial publicado en 2006, en el que se producen algunos saltos conceptuales que pretenden avanzar más allá de las definiciones de la lucha contra la pobreza y, en el modo en que se establece la relación entre un diagnóstico global y el rol de los Estados frente al problema de la desigualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir (2010), considerando que, ya hacia el año 2000, CEPAL mostraba su preocupación por el vínculo entre equidad, igualdad de oportunidades e integración social, a través de un interrogante orientado a las condiciones de posibilidad del crecimiento económico de mediano plazo. Finalmente, el Informe de Desarrollo Humano 2010, titulado La verdadera riqueza de las naciones.
También puede ocurrir que gobiernos y empresas controlen el suministro de agua de manera que la población no tiene un acceso adecuado a ella. Los defensores y defensoras de los derechos humanos incluso han recibido amenazas de muerte por defender este derecho. Por otro lado, en los países de América Latina y el Caribe (representados por las barras amarillas en la gráfica) la desigualdad antes de impuestos es casi igual a la desigualdad después de que el gobierno recauda impuestos y ejerce el gasto público. Por esto, el espacio entre las barras y la línea en esa parte de la gráfica es mucho más angosto en comparación con el resto de la gráfica con los datos de los demás países del mundo. Las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos han sido insuficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos.
La pandemia también provocó el mayor aumento de la desigualdad entre países en tres décadas. En ese contexto, es perfectamente posible incluir a millones de personas bajo la cobertura de la política social y, al mismo tiempo, conferirles un estatus de ciudadanía que las ubica en un lugar inferior en relación con otros grupos sociales. Este artículo propuso comprender cómo las mutaciones que ha atravesado la definición de la cuestión social argentina en las últimas tres décadas se vincula a los lineamentos que los organismos internacionales han ido construyendo para orientar la política social en América Latina.
El informe se propone realizar un análisis actual y retrospectivo, a partir del año 2000, con la intención explícita de enriquecer el debate público y contribuir a las plataformas de los candidatos en las elecciones presidenciales de 2018. Este punto podría replantearse, subrayando que en estos momentos su utilidad desigualdad en la distribución de ingresos puede ser central para el nuevo gobierno, para la elaboración de políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades sociales por vía de la interacción entre sociedad, gobierno y academia. No es posible reducir brechas sociales si no conocemos cuáles son y si no diseñamos políticas encaminadas a disminuirlas.
Por ejemplo, es más probable que las mujeres trabajen en sus hogares o en los negocios de sus familiares, muchas veces sin remuneración, que en sus propios negocios. Las nuevas estimaciones desvelan nuevas perspectivas sobre la magnitud de las disparidades de género en los mercados de trabajo, subrayando lo importante que es mejorar el acceso de las mujeres al empleo y cambiar las diferencias de calidad de los puestos. En los países de renta alta y media-alta, los ingresos laborales relativos de las mujeres alcanzan los fifty desigualdad en la globalizacion eight y fifty six céntimos respectivamente. Esta disparidad en los ingresos se debe tanto a los menores niveles de empleo de las mujeres como a sus menores ingresos medios cuando tienen un trabajo.
Sin embargo, actualmente, este proceso se ha detenido a partir de la crisis hegemónica que vive el mundo y el avance de fuerzas regresivas, autoritarias y de extrema derecha que han crecido en diversos países de la región. Observando índices que nos permitan conocer el acceso a la educación, sanidad, justicia, and so on. También, viendo las tasas de agresiones contra inmigrantes y extranjeros; si ciertas religiones están prohibidas o perseguidas en algunos países; el trato que reciben las mujeres, and so on. Por ejemplo, cuando se habla de desigualdad entre los países latinoamericanos, la unidad a comparar es el país, unificando el resto de subunidades internas.
Por lo tanto, los países tendrán que establecer el tipo de infraestructura y capacidad productiva que propicie una economía más diversificada basada en la política industrial, superar gradualmente la dependencia de los productos básicos y alcanzar cierto grado de éxito en actividades industriales más complejas. De esta manera, se sostiene, los documentos desplazaron la mirada de la pobreza como definición de la cuestión social que había orientado las políticas sociales desde principios de los ochenta (Merklen, 2005), para instalar la desigualdad como categoría experta para su diagnóstico. En este sentido, si bien anteriormente la desigualdad era identificada como el resultado que generaba la focalización de las políticas en los grupos considerados más vulnerables, la cuestión por ser resuelta era la pobreza y, no la propia desigualdad (Minteguiaga, 2009, p. 51). Se habla de desigualdades ante el cambio climático como producto de la intersección entre diferencias en la exposición a riesgos ambientales crecientes por las desventajas sociales, económicas e institucionales de algunos grupos. Por otra parte, tanto en el informe, como en su resumen ejecutivo, se utilizan viñetas para contrastar el caso de dos mujeres y dos hombres que tienen condiciones de vida muy diferentes, que repercuten de manera profunda en sus oportunidades y en los resultados que pueden alcanzar a lo largo de sus vidas. Para tales efectos en este trabajo, se utiliza un enfoque de minería de datos,1 en donde se consideran variables que bajo algún argumento teórico tienen relación con la globalización.
La denominada brecha de empleo es un nuevo indicador que desvela cómo la desigualdad en el acceso al trabajo, las condiciones laborales y las diferencias salariales es mayor de lo que se creía hasta el momento. El objetivo de poner fin a la pobreza extrema va de la mano con el objetivo del Grupo Banco Mundial de promover la prosperidad compartida. En general, impulsar la prosperidad compartida se traduce en mejorar el bienestar de los segmentos menos favorecidos de cada país, e incluye un fuerte énfasis en combatir las persistentes desigualdades que mantienen a las personas sumidas en la pobreza generación tras generación. El impacto se multiplica aún más en las comunidades y a través de las generaciones al empoderar a las mujeres, las niñas y los jóvenes. El coeficiente se distribuye en el intervalo comprendido entre 0 y 1, siendo 0 equivalente a “máxima igualdad” y 1 a “máxima desigualdad”, ambos referidos a ingresos salariales.
Muchos de estos países, que ya se encuentran en situación de sobreendeudamiento, deben enfrentar una escasez de recursos aún mayor. El trabajo esporádico en línea es un aspecto esencial del mercado laboral y una fuente de ingresos, pero solo para aquellos que pueden acceder a él. Las políticas migratorias mejoradas no solo pueden ayudar a aliviar la crisis; también pueden impulsar el crecimiento económico y la prosperidad.
Entre países, debemos garantizar que los países en desarrollo estén mejor representados en el proceso de toma de decisiones sobre los problemas mundiales, a fin de que las soluciones sean más eficaces, más dignas de crédito y más responsables. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico. Asimismo, afianzan la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y el Gobierno, aumentan la discordia y las tensiones sociales, y desencadenan actos violentos y conflictos.
La iniciativa privada y el sector público han buscado defender sus intereses, ahora deben buscar un equilibrio entre ambas. La variabilidad de los resultados en el método De Oña sugiere que dependiendo de las circunstancias de cada país será el efecto de la globalización sobre la desigualdad, siguiendo esta línea de investigaciones futuras enfocadas en la combinación de los factores, para encontrar generalizaciones más estables. Con respecto a la globalización tecnológica no hay duda de que los créditos a las tecnologías de información y el gasto en investigación y desarrollo son importantes para reducir la desigualdad mientras que la exportación de alta tecnología la aumenta. El intercambio de mercancías es el issue más estable de la globalización comercial e indica una relación negativa con el coeficiente de Gini, es decir, su incremento disminuye la desigualdad, al igual que los términos de intercambio aunque con menor magnitud. Son la exportación e importación de servicios y productos intermedios lo que aumenta la desigualdad.
Como resultado de la disaster, los sistemas de protección social y de salud no tienen los recursos necesarios y generalmente no pueden mantener el nivel de atención que la población demandada. Esto exacerba las desigualdades de género e interseccionales preexistentes, impactando desproporcionadamente a aquellos que ya están luchando para acceder a recursos como es el caso de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Reconocer estas diferencias es fundamental para comprender el verdadero impacto de las emergencias de salud y para el diseño de respuestas adecuadas, efectivas y equitativas. En cambio, consideramos que los modos de intervención de los estados y la naturaleza y alcance de las definiciones e instituciones ligadas al bienestar han variado en estrecha vinculación con los lineamientos que los organismos internacionales promovieron –en tanto que discursos expertos– para la política social de América Latina. La corrupción es un problema histórico en casi todos los países de la región y en varios ámbitos de nuestro día a día. Al reducir la calidad del gasto público, obstruir la rendición de cuentas y erosionar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, la corrupción debilita la capacidad de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
