En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro «Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile», el que dio a conocer las enormes brechas que existen en nuestro país. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas. En el mediano plazo, probablemente habrá que discutir elementos más estructurales del sistema de seguridad social, discusión que le corresponde a las instituciones políticas”. De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de seventy nine años en promedio, siendo de 77 para los hombres y 81 en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y seventy four para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11).
Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país. Una realidad que no se condice con la del 10% más afluente, cuyo nivel de vida es propio de un país desarrollado.
En efecto, en Chile las personas que toman decisiones tienden a escogerse desde un subconjunto bastante reducido de la sociedad. Los mecanismos de reproducción de los segmentos de altos ingresos, particularmente mediante la educación, tienen mucho que ver con esto”. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso.
La situación económica de Chile se caracteriza por la mediocridad; no está en crisis, pero tampoco avanza, situación que no proviene solo del bajo precio del cobre. A continuación, el informe indica que del subcomponente del gasto que se canaliza en los fondos de seguros de salud -que suma el 6,9% del PIB- un 2,4% del PIB está constituido por cotizaciones a fondos privados y gasto de bolsillo de afiliados a los seguros privados. Por otra parte, el financiamiento de los beneficiarios de FONASA concentra el four,5% del PIB, que incluye las cotizaciones, los gastos de bolsillo y el aporte fiscal. La suma de estos financiamientos representa aproximadamente el 7% del PIB de Chile, y el informe concluye que la principal fuente de financiamiento de la salud proviene del gasto de las familias. El informe explica que en Chile el gasto en salud se financia por medio de las cotizaciones legales y obligatorias de los trabajadores, equivalente al 7% del sueldo; estas cotizaciones se colocan en fondos de seguros de salud que se diferencian entre uno público (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y otros privados (ISAPRE). Salud Un Derecho señala que los afiliados a los seguros privados de salud aportan montos adicionales de su sueldo para cubrir los planes de salud privados que son más caros.
Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de forty four,four el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de 165 países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo 0,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c). Asimismo, en términos del Coeficiente de Palma, Chile comparte el puesto 23 de los países más desiguales junto con Nicaragua y las Islas Seychelles, dentro de un grupo de 152 países ( Human Development Reports, 2019). De todos modos, el Banco Mundial ( 2016 ) indica que las cifras chilenas pue-den estar subvaloradas, por cuanto hay poca representatividad de los hogares con mayores ingresos en las encuestas que proporcionan la información necesaria para calcular estos índices. Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015).
Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Así, estas movilizaciones continuaron hasta el Estallido Social del año 2019, don-de los/as chilenos/as se tomaron las calles debido a un malestar generalizado, entre otras causas, por la desigualdad del país, demandando un cambio profundo en este, el cual logró un acuerdo para cambiar la constitución que rige a Chile ( Güell, 2019 ). Las causas de estas inequidades son múltiples, con factores que van desde la gran brecha de oportunidades que existe en el país, a su estructura productiva e incluso el rol del Estado (PNUD, 2017). No obstante, el objetivo de este artículo no es el de determinar los orígenes y fundamentos de la desigualdad en Chile 5 , sino que examinar qué concepto de desigualdad está justificando el plan de acción del país respecto del ODS 10 sobre desigualdad en el país y entre los países. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016).
La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.
Para exponer la situación de Chile en el mundo, la (Tabla 1) muestra una comparación con los países de mayor y menor PIB per cápita. En los últimos puestos se encuentran países del continente africano, donde el PIB por persona más bajo corresponde a la República Centroafricana, siendo tan solo zero,03 veces el de Chile. Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, el país tiene una población de más de 17,5 millones de personas3, de las cuales un 87% vive en zonas urbanas.
Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más susceptible, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo. Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá). Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente.
