Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número eleven del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público. Además, si bien Chile ha demostrado un carácter propositivo en materias migratorias, por ejemplo, a través del Instructivo Presidencial “Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria” (Gobierno de Chile, 2015), en este mismo se recalca la necesidad de una política pública y cuáles factores debiese considerar. Así, por la falta de un documento disponible que establezca una política pública en materia migratoria internacional ( De las Heras, 2016 ), y considerando que los documentos propuestos en el informe son de carácter privado, no es posible evaluarlos y, por lo tanto, no serán incluidos en esta investigación. No obstante, del total de las veintiocho acciones públicas incluidas en el informe, esta es la única cuyos documentos no son de acceso público. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha.
Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10. Es decir, que incorporar la Agenda 2030 a las diferentes reparticiones públicas del país es un proceso que no es inmediato y necesita un trabajo previo como el diagnóstico y planes de implementación. Por otro lado, las acciones públicas incorporadas que son muy anteriores a la Agenda 2030, en términos de temporalidad, son acciones que además de perdurar en el tiempo, son de largo alcance. Por ejemplo, la Reforma Previsional ya mencionada, requiere de un largo período de tiempo para ver resultados, ya que hace referencia un segmento de la población que verá los resultados de esta ley en varios años más, cuando sea momento de jubilarse, como también quienes año a año se retiran de sus actividades laborales.
Un segundo grupo de políticas busca promover y coartar la conducta de los usuarios de recursos. Los mecanismos son aranceles, multas a quienes contaminan, premios (menos impuestos) a quienes logren eficiencia ambiental y aumento del valor impositivo de los combustibles fósiles (naftas, gasoline, carbón), entre otras. También se promueve que los estados cuenten con instrumentos legales punitivos frente a hechos de contaminación. En este caso, la violación de la ley ambiental motiva la acción de los poderes judiciales, lo que puede derivar en la judicialización ambiental (ver Merlinsky, desigualdad autores 2013). Los fenómenos hidro-meteorológicos extremos (sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor, pérdida de glaciares) son cada vez más frecuentes e intensos para los sistemas sociales y los ecosistemas del planeta (IPCC, 2007). Finalmente, la entidad sentencia que «la inflación impacta en las proyecciones de PIB y por ende en los ingresos de las personas, pero también influyen otros factores. En estas proyecciones de pobreza no es posible desagregar el efecto directo del aumento de la inflación en pobreza, sino que se trata de un aumento que combina diferentes factores».
el 23 de febrero de 2020). En su respuesta, la organización nos referenció dos rating del Banco Mundial que utilizan el coeficiente de Gini como método de medición, que es «una de las estadísticas de desigualdad más utilizadas», según aclaran. Cabe aclarar que algunos de estos países, sobre todo de África, se encuentran entre los más afectados por el proceso de acaparamiento de tierras (GRAIN, 2015). Ojeda (2014) menciona que, en países como Colombia, las plantaciones de agrocombustibles, que reciben los beneficios de los bonos de carbono, en muchos casos están relacionados con estos procesos (ver Ojeda, 2014).
El modelo IV adiciona una variable social, la esperanza de vida al nacer, mejorando el R2 en un 9% respecto al modelo anterior, sin embargo, tanto el LN (PIB per cápita) como el LN (PIBpc)2 dejan de ser significativos, al igual que el Gini inicial. Esto puede ser debido a que la esperanza de vida al nacer es una variable muy correlacionada con el PIB per cápita (correlación positiva y significativa al 99%) y con otras variables omitidas, también correlacionadas con el PIB per cápita y la desigualdad, por ejemplo la atención sanitaria. Se aprecia que aquellas regiones con mejor nivel de salud, expuesto a través de la esperanza de vida, tienden a reducir las desigualdades. Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los 11 indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.3.
En los últimos años el conflicto político y violento ha borrado de un plumazo el progreso alcanzado en el pasado en algunos países. Por el contrario, en Brasil, que tiene un exitoso programa de transferencia monetaria, la pobreza disminuyó del 21,6% en 1990 al 2,8% en 2014. En menos de una generación, más de 1.a hundred millones de personas fueron «sacadas de la pobreza», según el Banco Mundial.
La experiencia internacional ha demostrado la necesidad de un esfuerzo colectivo para alcanzar este desafío. El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la red de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial. También, se ha trabajado extensamente para abordar los desafíos del país en materia de agua como un elemento de desarrollo y resiliencia.
Además, que este indicador permite analizar el impacto de las políticas fiscales, evidenciando que Chile es uno de los países de la OCDE con menor impacto, pues para el año 2003, el valor del Índice de Gini para los ingresos autónomos fue de 0,5 y al incluir transferencias y subsidios solo cae a zero,49. Si bien los valores actuales serían estarían dentro de los mejores resultados alcanzados por el país (Le Fort, 2017), del análisis histórico de Durán (2018) es posible apreciar un comportamiento cíclico de este indicador, por lo que no necesariamente existe evidencia que permita sostener que la actual reducción sea permanente en el tiempo 4 desigualdad derechos humanos . Se observa en la (Tabla 2), que la variable tiempo mejora el ajuste del modelo en todos los casos, destacan los modelos X, XI y XII. De la segunda columna se extrae que el efecto del año 2000 sobre la desigualdad del ingreso fue zero,038 puntos superior, en promedio, al del período base (1994). En los últimos dos períodos, el efecto sobre el Gini fue significativamente menor que el del período base. Se comprueba la robustez de la variable concentración de población indígena, la cual continua siendo positiva y significativa en cada una de las ecuaciones estimadas.
«Esta pandemia dio lugar a un proceso de destrucción creativa que puede resultar en un crecimiento más acelerado, pero que también puede agrandar la desigualdad dentro y entre países de la región», afirmó Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Finalmente, pero no menos importante, Sen (2000) establece que la familia es la unidad básica a considerar para estudiar los resultados que se podrían alcanzar. El autor afirma que la libertad de los individuos para lograr un tipo de calidad de vida deseada depende, en parte, de cómo se distribuyen los recursos dentro de una familia. En otras palabras, la administración de los recursos dentro de la familia, de acuerdo a los diversos intereses y objetivos que haya dentro de ella, condicionarán el resultado ultimate de cada individuo.
Las bicicletas eléctricas pueden transformar la movilidad urbana, mejorando la calidad del aire y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. La llegada de las bicicletas eléctricas ha transformado la movilidad urbana de manera significativa. De esta manera, las bicicletas eléctricas se posicionan como una opción de movilidad cada vez más in style, especialmente en las ciudades. Su fácil manejo, su versatilidad y sus beneficios para la salud y el medio ambiente las convierten en una alternativa atractiva para el transporte urbano. El motor de las e-bikes funciona como un auxiliar inteligente, se activa cuando el ciclista lo necesita, ya sea al subir una cuesta, enfrentar un viento fuerte o simplemente para disfrutar de un impulso extra de velocidad. Permite recorrer distancias más largas sin esfuerzo, facilita el acceso a zonas con desniveles pronunciados y ayuda a mantener una velocidad constante, incluso en condiciones adversas.
De acuerdo con la CASEN, en 2015, el ingreso promedio de los hogares cuyo jefe de hogar pertenecía a alguna etnia fue un 43% más bajo que el de un hogar cuyo jefe de hogar se declara no indígena. Cada año existe una diferencia significativa entre la tasa de desempleo de la población indígena y no indígena, siendo en 2015 de un eight,3% para los primeros y un menor 7,4% para los segundos. A nivel educacional, la población indígena también se encuentra más susceptible, principalmente las personas mayores. El 16,8% de los mayores de 60 años se declaran analfabetos y un forty six,6% de los mayores de 19 años no han alcanzado la enseñanza media completa (38% de la población no indígena)11.
Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha apoyado activamente al sector privado de Chile para aumentar la productividad, promover la inclusión y lograr avances en materia de sostenibilidad. En el país se están llevando a cabo algunos de los proyectos más innovadores de IFC, que incluyen autobuses eléctricos, productos especiales diseñados para promover la inclusión financiera, e hidrógeno verde.
