Pero, a pesar de sus interesadas opiniones, los índices demuestran que este problema se prolonga ya por décadas. Sean épocas de bonanza o sean épocas de crisis, la desigualdad siempre aumenta, casi de modo comparable a la cifra de crecimiento de que tanto se habla. La pobreza tiende a disminuir en épocas de bonanza, principalmente producto de un incremento del gasto social de los gobiernos; pero indefectiblemente vuelve a aumentar en épocas de crisis. Los trabajadores, la fuerza laboral en su conjunto, siendo los artífices de la producción y el desarrollo, no se benefician del crecimiento económico del país; los únicos beneficiados son la casta empresarial dominante y dueña del modelo, los ricos y poderosos, para ellos el escenario siempre ha sido «favorable», como lo señala el dirigente de los empresarios fabriles. Se añadió que “una enorme concentración de poder empresarial y monopolístico está exacerbando la desigualdad en la economía mundial.
La primera buena noticia es la caída en el porcentaje de población que se ubica bajo la línea de pobreza monetaria extrema y no extrema, así como bajo el punto de corte de pobreza multidimensional, alcanzando cifras inéditas (6,5% para monetaria y 16,9% para multidimensional). Desde el punto de vista regional, en Latinoamérica el 10% más rico consigue el 55% de las rentas, solo superada por Medio Oriente y Norte de África, región en la que el 10% más rico concentra el 58% de las rentas. En 2018, esta tendencia se vio reflejada en los movimientos feministas que surgieron en diferentes países. Iniciativas como el #MeToo o el #NiUnaMenos, en América Latina, han establecido el debate internacional.
Finalmente, contiene un apéndice por países que resumen la situación de cada nación en materia de desigualdad de riqueza e ingresos. La edición 2022 del «Informe sobre la desigualdad global» apunta que el 50% más pobre en Chile gana solo el 10% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico equivale a casi el 60%. A pesar del tremendo avance de las tecnologías de la información, de la
Dada la naturaleza mercantilista de los programas, las restricciones en términos de ingresos y costos (elementos de la percepción de ‘asequibilidad’) no son permanentes. Su caducidad puede llegar tan pronto como 15 años después de completada (el mínimo estipulado por lihtc) o tan tarde como 50 años después desigualdad social en america latina (el objetivo fijado por el estado de Oregon). Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores.
MSc en Crítica, Curatoría y Prácticas Conceptuales de la Arquitectura, GSAPP, Columbia University (EE.UU., 2012). El trabajo de Moore ha sido expuesto a nivel internacional y publicado en diversas revistas y periódicos, incluyendo Artforum, Future Anterior, y Avery Review (averyreview.com), donde también es editor adjunto. Moore es Director Adjunto del Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture (Columbia University, EE.UU.). 5Para más información sobre los factores causales de la desigualdad en Chile revisar López & Miller (2008); Castillo (2012); PNUD (2017). CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Recomendamos al lector las siguientes columnas que explican con mayor detalle algunos elementos del impuesto al ingreso del sistema chileno, en explicit, cómo funciona la integración, y cómo funciona la base tributaria y cuáles son los detalles del diseño que facilitan la evasión y elusión a través de los ingresos empresariales (ver aquí y aquí). [6] Esto no significa que el gobierno no pueda intervenir la distribución de ingresos de mercado. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución. Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación.
Chile adoptó esta agenda y, actualmente, se encuentra implementando sus 17 objetivos en sus diferentes partidas públicas, con el fin de alcanzar las metas que ahí se establecen (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2017a). La Araucanía, la segunda región más desigual del país, sigue en la lista como la séptima región con mayores niveles de conflicto, según al informe de COES (Figura 1). Un dato elocuente en relación a la importancia de la desigualdad nacional es el porcentaje del whole de los ingresos que perciben las personas que se encuentran al tope de la distribución. La relevancia viene dada porque son precisamente estas personas que concentran altos niveles de ingresos, quienes adicionalmente ejercen una influencia importante en las decisiones y en el diseño de políticas que finalmente los terminan favoreciendo a ellos mismos.
Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Gabriel Zucman, reconocido economista y académico de la Universidad de California, Berkeley, ha defendido firmemente la necesidad de instaurar un impuesto global a las grandes fortunas, con el objetivo de contrarrestar los niveles de desigualdad económica que, según él, amenazan la estabilidad social y la legitimidad de los sistemas democráticos. Su propuesta, detallada en una entrevista concedida a El Mostrador y articulada por Iván Weissman S, editor del semanario, plantea un impuesto anual mínimo del 2% sobre la riqueza de los super ricos, lo que podría afectar a aproximadamente three,000 individuos alrededor del mundo, recaudando así unos 250 mil millones de dólares anuales para las arcas públicas globales. Además, la temporalidad de las acciones públicas examinadas, al ser la mayoría de estas previas a la Agenda 2030, indica que aún queda trabajo por realizar para incorporar estos objetivos a las diversas partidas públicas del país.
“Finlandia tiene la distribución del ingreso idéntica a la chilena, la misma, antes de que sucedan los impuestos y antes de la transferencia monetaria es idéntica. ”, expresó Valenzuela, quien concluyó que “los que ganan más dinero de la sociedad, pagan muchos más recursos”. El investigador resaltó que estos aspectos de diseño muestran que, “si bien debemos tratar de aprender de los fracasos de los impuestos sobre el patrimonio europeos, no está claro que las propuestas modernas de impuestos sobre el patrimonio en otros países también fracasen. Y a pesar de algunos de los mismos problemas, Suiza ha podido recaudar cantidades significativas de ingresos de manera consistente con su impuesto sobre el patrimonio y ha mantenido el apoyo in style con regularidad”. Scheuer, quien es experto en gravámenes a la riqueza, afirmó que, en el caso de nuestro país, “aplicar impuestos a los ingresos personales y a las ganancias de capital es fundamental si el propósito es lograr una redistribución de ingresos más equitativa y recaudar recursos fiscales”.
Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto.
Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha.
No obstante, desde la década del 2000, se ha podido observar un incremento generalizado de movi-mientos sociales que, entre otras causas, dan cuenta del malestar que existe en la población chilena, exigiendo mayor igualdad ( Grez, 2011 ; Segovia & Gamboa, 2012). Estas demostraciones de descontento social detonaron en octubre de 2019 con el “Estallido Social”, donde millones de chilenos y chilenas marcharon desigualdad social politica y economica y protestaron, entre otras razones, debido a la desigualdad que existe en Chile ( Güell, 2019 ; Jiménez-Yañez, 2020 ). En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos se encuentra presente, como también la dimensión ex-ante, que hace referencia al punto de partida sobre el cual los individuos podrán alcanzar los objetivos o calidad de vida que desean.
En 2016 el 37% del gasto en instituciones de educación provino de fuentes privadas, cifra que representa más del doble del promedio de los países de la OCDE (16%). La misma OCDE también destaca que en educación superior Chile tiene las universidades con los segundos aranceles más altos después de Estados Unidos. Además, Chile es el único país donde el arancel de las instituciones públicas es más alto que el de las instituciones privadas. Junto con lo anterior, tenemos el triste récord de ser uno de los países con la educación escolar más segregada socioeconómicamente, lo cual genera una fuerte inequidad educativa.