En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable desigualdad entre clases sociales nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
Pero también tenemos muchos lastres heredados que nos impiden muchas veces avanzar más rápido y también nuevos desafíos que enfrentar. Estamos abocados a encontrar los medios que nos permitan superar los obstáculos y a crear las condiciones que nos permitan ponernos a la altura de las nuevas oportunidades y retos. La desigualdad, dicen académicos, tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales. Avanzar en desigualdad entre clases sociales una equitativa distribución de la corresponsabilidad en el cuidado y trabajo doméstico, terminar con los estereotipos en torno a roles de género, apoyar los emprendimientos liderados por mujeres, denunciar los casos de violencia doméstica, son algunas acciones cotidianas que podemos realizar para facilitar este proceso. En el aspecto económico, la vacunación evita la atención y cuidados en enfermedades prevenibles por ellas, mejora la salud y produce un aumento de la productividad, reduciendo la mortalidad y morbilidad.
Esa promesa debería ser transversal a toda la sociedad y no estar reservada para aquellas personas que puedan costear las mejoras, o que puedan pagar el precio de no tener que someterse a aplicaciones abusivas de la tecnología. Estos desarrollos y despliegues tecnológicos no deberían resultar en una nueva forma de discriminación que profundice otras desigualdades como un daño colateral que debemos asumir en favor de un supuesto bien mayoritario. Aunque en este caso el sistema haya sido desarrollado por una universidad privada local, nuevamente se trata de una iniciativa invasiva de recolección de datos sensibles de menores de edad que conlleva gran riesgo de profundizar situaciones de prejuicio y estigmatización hacia grupos históricamente vulnerables. Además, estos procesos implican la transferencia de datos personales a terceros y la posibilidad de que esos datos sean usados para fines distintos a los que permitieron su recolección; sin bases legales ni garantías de que la información generada no será utilizada a futuro con otros propósitos, como iniciativas de policiamiento predictivo por ejemplo. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus.
Estas actividades impiden que las mujeres busquen empleo de forma eficaz o que puedan estar disponibles rápidamente. Uno de sus integrantes de 15 años o más que se encuentra ocupado no cotiza en el sistema previsional y no es trabajador independiente con educación superior completa. Uno de sus integrantes de 4 a 18 años de edad no está asistiendo a un establecimiento educacional y no ha egresado de cuarto medio, o al menos un integrante de 6 a 26 años tiene una condición permanente y/o de larga duración y no asiste a un establecimiento educacional. La diferencia entre el valor de la línea de pobreza y la CBA, es actualizada de acuerdo a la variación de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los alimentos consumidos fuera del hogar.
Paula Pacheco destaca que los niños y niñas que nacen y crecen en pobreza no están condenados a vivir en esta situación y que el Estado tiene el deber de protegerlos y entregarles las condiciones para que puedan tener una vida digna. En informe de PNUD, establece Dante Contreras, Director COES y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, detallaba además la falta de dignidad social y maltrato, como parte de la desigualdad. «Otro elemento que es bien relevante y que nosotros en COES también hemos recogido en las encuestas, es que la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública, que también tiene que ver en cómo nos organizamos como sociedad». Finalmente, el académico advirtió sobre las inequidades persistentes y la necesidad de mejorar la efectividad de la cobertura universal, especialmente en términos de acceso a tecnologías y tratamientos de alto costo.
Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. La conferencia que convoca la ESP tiene como objeto reflexionar sobre las desigualdades de género y su impacto en la salud, como se vinculan, dejan huellas en los cuerpos y cuáles son los daños, los dolores sociales e individuales que se producen, que se reproducen, afectando su entorno. “Los sistemas de salud deben aliviar los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, no aumentarlos», asegura el director general de la agencia de la ONU, el physician Tedros Adhanom Ghebreyesus, que añadió que «el informe pone de manifiesto las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad al intentar acceder a la atención que necesitan».
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia publica regularmente estimaciones del porcentaje de hogares y de personas en situación de pobreza en base a datos de la Encuesta Casen. No obstante, el indicador que usualmente se toma como referencia a nivel nacional, regional y comunal es la tasa o porcentaje de personas en situación de pobreza. Este tipo de desigualdad es especialmente excluyente y marginalizador, ya que se caracteriza por acumular y hacer coincidir, en algunas zonas, desventajas en variadas dimensiones. Así, carencias habitacionales, educativas, económicas, laborales, sanitarias, de transporte, de seguridad, de espacios públicos y de bienes culturales se reúnen dejando a quienes habitan estos espacios fuera de la satisfacción efectiva de una parte o la totalidad de sus derechos.
En el contexto de la guerra fría, en la década del año 1980, el país se convirtió en una importante zona estratégico-militar para los EEUU, generando serios conflictos internos. Declara no conocer a alguna persona fuera del hogar que pueda prestar apoyo en distintas situaciones relevantes. Además, ningún miembro de 14 ó más años ha participado, en los últimos 12 meses, en alguna organización social o grupo organizado y ningún miembro de 18 ó más años que se encuentre ocupado pertenece a alguna organización relacionada con su trabajo.
El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la pink de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial. El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha respaldado el proceso de desarrollo de Chile durante más de seventy five años, con una variedad de instrumentos que incluyen préstamos, seguros, donaciones, asistencia técnica e intercambio de conocimiento. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos.
«Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil -incluyendo la fábrica Triangle- en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos», cita la OIT. Por rama de actividad económica, se constató que las mujeres tienen una participación mayor en sectores de bajas remuneraciones o en sectores asociados principalmente a servicios, lo cual refleja la existencia de una segregación ocupacional por sexo de carácter estructural. Bioquímica de profesión, Devés llega al cargo que en a hundred and eighty años sólo han ocupado hombres, y lo hace luego de obtener el fifty one,6% de los votos en las elecciones del pasado 12 de mayo para elegir a quien ejercería el puesto más alto de la casa de estudios y por el que compitieron también la profesora Kemy Oyarzún, y los profesores Sergio Lavandero y Pablo Oyarzún. Tras obtener el fifty one,6% de los votos en las elecciones del pasado 12 de mayo, la bioquímica se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo más alto de la casa de estudios en a hundred and eighty años.
Sí, porque este 2022 el reconocimiento lo obtuvo la neuróloga infantil Marta Colombo, quien tiene una vasta carrera en docencia, investigación y asistencia en hospitales públicos. Marta Colombo es médica cirujana titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la especialidad la obtuvo en la Universidad de Chile. Posee casi 55 años de trayectoria en la salud pública y cuenta con más de un centenar de trabajos científicos publicados en revistas chilenas e internacionales. Según expresaron los siete integrantes del jurado del Premio Nacional de Medicina, la médica resultó merecedora del galardón, entre otros aspectos, «por la diversidad de sus aportes en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, así como también por su calidad humana, con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y alumnos».
Esta iniciativa se suma a la Ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado. De acuerdo con datos de 2020 del Poder Judicial, el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, lo que significa que 70 mil niñas y niños no reciben la pensión. Por lo mismo, con estas normativas legales se busca establecer un mecanismo eficiente y eficaz de pago de las deudas de alimentos.
