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Covid-19: Una Recuperación Económica Resiliente

En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el management de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro. Maneja la empresa a través de un esquema de «cascadas», obteniendo una utilidad fraudulenta de US$128 millones (juicio en curso). Por lo que se puede copiar y redistribuir en cualquier medio o formato, debiendo reconocer el nombre de los autores y el de la revista. Se permite citar, adaptar, transformar, autoarchivar, republicar y crear a partir del materials, para cualquier finalidad (excepto comercial), siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, se proporcione un enlace a la obra authentic y se indique si se han realizado cambios. Para ingresar a la cotidianeidad de este contexto, fuimos en búsqueda de testimonios de porteños y porteñas que están viendo afectadas sus movilidades cotidianas. Nos encontramos con habitantes de asentamientos informales y uno de los temas que salen a la luz, es la imposibilidad que tiene la mayoría de trabajar desde sus casas y la obligación de moverse a diario para trabajar, ya sea en el mundo formal o el casual.

Gracias a la ayuda desplegada, fue posible respetar las medidas sanitarias por parte de los hogares, mitigando con ellas la pérdida de ingresos de los hogares. En este ámbito, es basic recalcar la importancia de contar con transferencias expeditas en tiempos de disaster, pero al mismo tiempo mejorar los sistemas de información y focalización. La pandemia exhibió determinadas falencias en este ámbito, pero en el futuro se debe seguir apuntando a focalizar de mejor manera las ayudas en los hogares más vulnerables.

Las definiciones neoclásicas desde las cuales se han estudiado los fenómenos laborales traen ocultamientos e invisibilización bajo figuras estigmatizantes, tales como «población inactiva», «NiNis», dejando sin efecto la nominación en las tareas de cuidados de personas adultas mayores y menores que efectúan las mujeres (Salvia y Miranda, 1999; Millenaar, 2017). Así, la designación de tareas de cuidados a partir de patrones de género tradicionales performa sesgos en el ingreso al mercado laboral, el cual retroalimenta desigualdad social america latina las condiciones de desigualdad y asienta los modelos sociales patriarcales (Miranda y Arancibia, 2017). De manera de aproximar el impacto de las medidas antes descritas, se estima la tasa de pobreza y pobreza extrema, junto a distintos indicadores de distribución de ingresos, comparando con un escenario donde los apoyos relacionados a la pandemia no están presentes. El hallazgo de que las personas con NALE no perciban mayor necesidad de apoyo podría reflejar, en cierta medida, este hábito a la condición de pobreza.

Los resultados mostraron la sustentabilidad en la zona de estudio, la intervención antrópica y el escenario ante la actual pandemia de COVID–19. Se obtuvo la alteración del espacio natural de la zona de estudio, a manos de las actividades antropogénicas. Si bien la disaster está afectando a toda la población, la actual situación agudiza factores de riesgo ya existentes, que afectan mayoritariamente a la población más vulnerables del país. Resulta especialmente preocupante la situación que enfrentan las familias de menores ingresos con niños, niñas y adolescentes, considerando que previo a la disaster, la pobreza infantil en Chile prácticamente duplicaba a la pobreza en otros tramos de edad. De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, los hogares con niños presentan mayores carencias que aquellos que no los tienen, situación que se agudiza en la población indígena, inmigrante y que se vive en zonas rurales. La amenaza de la carencia económica desestabiliza a las familias, generando condiciones de estrés e incertidumbre que aumenta la probabilidad de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás. En un nuevo informe anual, la CEPAL estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. El cierre de actividades económicas, la destrucción de empleo y la reducción del comercio, la inversión y las remesas, tienen su reflejo en el incremento de la desigualdad y la pobreza. El resultado de la disminución de los ingresos públicos y el incremento de los gastos ha sido un incremento del déficit público y de la deuda pública. Brasil y Argentina son los países con mayor nivel de deuda (en torno al 100% del PIB) y de déficit público (superando el 10% del PIB) en 2020. El teletrabajo ha sido un elemento diferencial y muy importante para poder mantener la producción y la actividad laboral.

A su turno, el senador Pizarro recalcó que la región enfrenta «altísimos desafíos» con la migración porque hay gran cantidad de ciudadanos que quieren volver a sus países y no pueden porque las fronteras están cerradas por la pandemia de COVID-19. Por otro lado, expresó su preocupación para “poder implementar condiciones seguras en las medidas de reactivación una vez que se controle la pandemia, puesto que el tránsito de mercaderías entre muchos de nuestros países es relevante”. Es decir, consideró, es un impacto muy fuerte en los hogares, en las personas, en las pequeñas y medianas empresas y en quienes trabajan por cuenta propia. De hecho, también se estima que con esta caída del Producto Interno Bruto y este aumento del desempleo, el número de personas que viven en pobreza se incrementaría de 186 millones a 219,1 millones. Aquellas políticas que en la zona cementaron la cultura del privilegio para unos pocos, por encima de la satisfacción de las necesidades más básicas para millones de personas, encuentra ahora terreno fértil para que la epidemia resulte una verdadera tragedia.

desigualdad social en tiempos de pandemia

Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. En este punto, el estudio de los procesos de autonomía y emancipación como expresión de los patrones de reproducción social demanda atender las estrategias familiares a la hora de comprender las oportunidades de generación de ingresos. Al tiempo que estos procesos son fruto de marcos de acción diferenciados entre el «Primer» y «Tercer» mundo, a raíz de los desarrollos históricos particulares de industrialización, urbanización y políticas sociales universales (Roberts, 1996; Mazzeo y Ariño, 2013; Miranda, 2019).

En la cita más de una docena de presidentes de los Parlamentos Latinoamericanos abordaron acciones conjuntas que permitan a la región hacer frente a la pandemia por el COVID-19 entre otros temas. Reveló, además, que se debe reflexionar acerca de la pertinencia de mantener el modelo económico imperante, cuyas ineficiencias han sido puestas de relieve como nunca antes por la actual pandemia. Por ejemplo, dijo, dentro de los más pobres, tan solo el 34 por ciento tiene alguna cobertura de salud. La directiva reconoció que prima en la región una débil infraestructura en materia sanitaria incapaz de hacer frente a la situación. Así, se calcula que para América Latina el retroceso económico de la región sería de un 1,eight por ciento, aunque no se descarte que pueda llegar a caer aún más, quizás hasta un tres por ciento. Hemos calculado, sostuvo en declaraciones de hace pocas horas, que si la economía cayera un 1,eight por ciento, esto tendría una repercusión de una subida del desempleo de 10 puntos porcentuales.

La primera declaración sobre los derechos del niño data de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno legal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas.

Pero medir el verdadero panorama de la desigualdad en la segunda economía más grande del mundo no es fácil. La brecha urbano-rural también es profunda, ya que los habitantes de las ciudades ganan 2,5 veces más que sus contrapartes en el campo. Según un estudio del año pasado, la desigualdad en el país, sin la intervención del gobierno, habría aumentado casi un 30% en un solo mes de pandemia. Entre 2000 y 2019, los ingresos medios en las naciones más pobres aumentaron más rápido que en las ricas y el número de personas que vivían en la pobreza extremacayó de más de uno de cada cuatro a menos de uno de cada 10. Por ejemplo, la morbilidad y la discapacidad en la población son importantes, ya que inciden en la capacidad para trabajar. Idealmente, un sistema de seguridad social debería dar cuenta de las desigualdades en esas características, lo que requiere una fuerte integración con el sistema de salud.

Este hallazgo debe ser resaltado por tres motivos, pues los sujetos con NALE (1) convivían en mayor medida con una persona que fue diagnosticada con COVID-19, (2) exhibieron mayores niveles en la mayoría de los síntomas analizados y (3) mostraron menores niveles con relación al apoyo social percibido y realmente recibido. Aparentemente, las personas con NALE tenían menor sensibilidad ante una posible amenaza que podría poner en peligro su propia vida o la vida de las personas cercanas. De esta manera, se intuye que la aumentada emergencia para cubrir las necesidades básicas disminuía la percepción de peligro y se advirtió que, aparentemente, los más elevados niveles en los síntomas no se deben al efecto del COVID-19, sino a otros factores, entre los cuales se encuentra la conciencia y situación de pobreza. La complejización en las oportunidades laborales y condiciones heterogéneas a la hora de la continuidad educativa pone de relieve la necesidad de reflexionar en torno a las estrategias de generación de autonomía y emancipación para los y las jóvenes. Sea por la dinámica de subsistencia del grupo acquainted desigualdad por regiones -para los sectores de bajos ingresos-, o bien el impulso a los procesos de independización familiar -dentro de los sectores de ingresos medios y/o altos-, la necesidad de ingresos resulta ser uno de los requisitos sine qua non para la posibilidad de autonomía relativa. En esta línea, las estrategias familiares de supervivencia (sea por la obtención del ingreso, sea por la reproducción y movilidad social) vuelven a tomar una centralidad superlativa a la hora de encarar los procesos de autonomía de los miles de jóvenes que se enfrentan a mercados de trabajo en cierre.

Apoyos directos realizados por el Gobierno Central durante los años 2020 y 2021, a raíz del Covid-19. Así también, la empresa a ampliado la cuota de datos de navegación para usuarios y usuarias  del plan Universal Hogares y Universal Pymes. Ambos servicios proveen acceso gratuito con un tope de navegación de 1 gigabyte mensual, que durante la pandemia ha sido ampliado a 50 gigabytes sin costo.

Teniendo en cuenta el concepto de la exclusión social, es importante considerar el contexto del COVID-19. En diciembre 2019, estalló en Wuhan (China) el brote del COVID-19 y, hasta el día de hoy, está afectando a numerosas naciones mundiales. Debido a su gravedad y la rapidez de contagio, el Ministerio de Salud de la Nación (2020) decretó en Argentina el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el cual comenzó el 19 de marzo de 2020. La cuarentena obligó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y, de esta manera, restringió el tránsito por vías públicas y la posibilidad de acudir al lugar de trabajo (Macías, 2020).

Revista nuestrAmérica adhiere a la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, DORA y a la Declaración de México a favor del Ecosistema latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial. El año 2019, que ahora parece una realidad lejana y de otro mundo, nos mostró toda la severidad de la crisis climática que el mundo está viviendo en la actualidad y que no ha desaparecido. En esta instancia, se pudo conocer los testimonios de las profesoras Gabriela Albornoz e Isabel Valenzuela y del profesor Jorge Molina, quienes detallaron las situaciones, los desafíos, las estrategias y canales que utilizaron en el proceso de enseñanza durante la pandemia. El libro, de ediciones UCM abordó las complejidades de lo que fue ejercer la docencia en tiempos de emergencia sanitaria, a causa del Covid-19, a través del registro testimonial de académicos de la UCM, profesores del sistema escolar y de profesoras en formación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UCM. Si alguien no resuelve sus problemas de salud con la biomedicina, se le ofrece llevarlo a una especialista mapuche, pero el gran plus que tiene el hospital es que la gente de comunidades puede acceder al sistema de salud biomédico en el mismo territorio y eventualmente mapuche si es que lo necesitara. El Hospital Makewe-Pelale desde marzo de 1999 está bajo la administración de una asociación indígena native, que implementó un modelo de salud intercultural que cuenta con funcionarios de medicina occidental, machis (sanadoras), gütamchefe (personas que tratan problemas de huesos y articulaciones) y personas que sanan con yerbas medicinales.

Alimentación Resiliente En Disaster Del Covid, Equidad De Género Y Cambio Climático

UU., el país más rico del mundo, casi el 2% de la población, o más de 5 millones de personas, no pueden pagar una dieta saludable (una que proteja contra todas las formas de desnutrición). Más de three millones de estadounidenses no pueden permitirse ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas de energía. En India, el 78% de las personas no pueden pagar una dieta saludable, es decir, más de 1.000 millones de personas. “En América Latina y el Caribe, la malnutrición infantil es una problemática que, en sus distintas formas, sigue impactando a la niñez y adolescencia. La desnutrición y el sobrepeso infantil son dos caras de la misma moneda y exigen abordarles de forma integral. El sobrepeso infantil ha incrementado de manera alarmante en las últimas dos décadas, amenazando la salud y el bienestar de la niñez.

El enfoque predominante de seguridad alimentaria en el mundo y en la Región supone la generación automática de una demanda efectiva («Ley de Say»), despreocupándose totalmente de este tema. Pero en la realidad no todos los consumidores tienen poder adquisitivo suficiente para participar del mercado alimentario. Hay una serie de factores que influyen en la constitución o destrucción del poder de compra de cada individuo. Por ejemplo, nadie puede desconocer, excepto los neoliberales, que hay una estrecha vinculación entre demanda efectiva y pobreza, y entre ésta y seguridad (o inseguridad) alimentaria. Hacia 1999, el 35% de los hogares latinoamericanos carecía de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y el 14% no contaba con un ingreso suficiente que les permitiera adquirir al menos la canasta básica de alimentos(9). Por otra parte, también hubo considerables diferencias de comportamiento productivo dentro de cada país.

desigualdad alimentaria en el mundo

Más de 26 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, siendo las mujeres, las personas trabajadoras de los sectores informales y las migrantes las más afectadas. También se ve bastante lejana la realización plena del derecho a la alimentación, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 21 de abril del año pasado. Este derecho es entendido desde entonces como uno de los Derechos fundamentales del ser humano, y considera al hambre como un «ultraje y una violación de la dignidad humana»14. Sin embargo, «la capacidad desigualdad de salud de alimentarse no es sólo un problema de derechos sobre los alimentos, sino que depende también de otros bienes y servicios como los sanitarios, médicos y educativos»(17). No sólo eso, la ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhibe el desarrollo de las capacidades y conduce a una inserción precaria de importantes sectores de la población urbana y rural. Al carecer de las dotaciones iniciales mínimas, la pobreza priva a los individuos de la posibilidad de acceder a una alimentación sana y suficiente.

El sistema alimentario industrial globalizado ha disparado en más del 90% el consumo de alimentos empacados, con todo el problema de impactos por residuos que eso genera. Además, hoy lidiamos con el triple peso de la malnutrición; sub-alimentación, deficiencias de micro nutrientes y sobrepeso. Alimentos que no nutren, con un fuerte componente en desigualdad social por inequidad en el acceso a una alimentación saludable, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los ya saturados sistemas de salud.

De allí que con las importaciones de productos extranjeros tampoco se resuelva la situación de alrededor de un tercio de la población que no dispone de alimentos suficientes o de los más de 60 millones que sufren desnutrición. Tampoco se puede decir que el flagelo del hambre se encuentra focalizado en ciertas zonas (rurales) al interior de los países. En realidad, la pobreza en nuestro continente -como luego veremos con más detalle- ha crecido muchos más en las zonas urbanas que en las rurales durante los últimos 20 años. La pobreza y el hambre no se definen en términos de exclusión, sino más bien son resultado de una inserción precaria de las personas en la actividad económica, social y política. Los pobres hambrientos, privados de los beneficios del crecimiento de la producción de alimentos, sobreviven en situación de precariedad. El hambre es un fenómeno social y comprehensivo, no puede reducirse a la escasez de alimentos o a la insuficiencia de ingresos.

La escasez de recursos y la falta de acceso a alimentos básicos resultaron en un aumento alarmante de la desnutrición en la población chilena. Los informes de la época describen escenas desgarradoras de niños desnutridos, familias que subsisten con dietas extremadamente pobres y comunidades enteras luchando por conseguir alimentos básicos. Según la revista médica Nutrición Hospitalaria “En el caso de Chile, su población mostraba un déficit de alimentos protectores y un déficit de un 20% en calorías”.

En whole, se calcula que entre 720 y 811 millones de personas en todo el mundo sufrieron hambre en 2020, unas 161 millones más que el año anterior, en lo que el documento considera un “empeoramiento espectacular” de la situación alimentaria a nivel global. Por lo tanto, el poder constituyente chileno tiene el deber, no sólo conforme al derecho internacional sino también según lo establecido en su propio ordenamiento interno, de respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Chile es Parte. Resulta basic desigualdad de los ingresos entonces destacar los tratados que consagran el derecho humano a la alimentación adecuada ya reseñados, en specific lo establecido en el PIDESC y la Observación General Nº 12.

El informe propone acciones coordinadas desde la producción, comercialización y apoyo al consumo de los alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. También resulta importante poder fortalecer la información de productos y precios de mercados y el comercio, para aumentar la oferta de alimentos nutritivos y potenciar su comercialización. FAO seguirá trabajando de la mano con los distintos países para lograr la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación justa, suficiente y de buena calidad para todas las personas. América Latina y el Caribe enfrenta importantes desafíos para la seguridad alimentaria de la población. La desaceleración económica, la disaster climática, la pandemia por COVID-19, y el reciente conflicto en Ucrania, han producido efectos profundos en los sistemas agroalimentarios y la alimentación de las personas.

Un sistema alimentario sostenible genera relaciones entre los actores involucrados que son inclusivas y equitativas en términos de ingresos y distribución, reconociendo la contribución de cada uno de los actores. Sin embargo, las cadenas de suministro al interior del sistema alimentario están en la actualidad sujetas a relaciones desequilibradas y de desigualdad, dejando a muchos de sus actores sumidos en la pobreza [2]. Además, el ministro se ha mostrado a favor de «transformar los procedimientos y la lógica de las grandes industrias alimentarias» y que llevar a cabo una alimentación saludable y la formación de hábitos nutricionales saludables, sobre todo en la infancia, «no dependa de elecciones individuales sino que los poderes públicos lo garanticen». Esto no hace más que confirmar la tendencia al deterioro de largo plazo de los precios reales de la agricultura. El proyecto de globalización o de totalización del mercado ha entrado abiertamente en conflicto con el bien común, como concepto ético que expresa la necesidad de asegurar las condiciones de posibilidad de la vida humana. Es la ética que falta para fundar la seguridad alimentaria y el derecho efectivo a la alimentación.

Sabemos que [las empresas] empujan a que las consuman, pero la gente no sabe cuántas calorías tienen. En muchos países, supongo que Chile es uno de ellos, el consumo de comida chatarra se cruza con la desigualdad, al igual que sobrepeso y obesidad”, precisó. En el 2020 el IPC basic, según el informe del INE, creció un 3% mientras que los precios de los alimentos y bebidas llegaron a un 7,6% en el año. De acuerdo al Panorama 2023, el costo promedio de una dieta saludable a nivel mundial es de three,sixty six dólares por persona al día.

Este trabajo presenta una reflexión sobre las consecuencias de la alimentación y nutrición, con tres casos ilustrativos del complejo panorama de salud y las soluciones de política pública. Cada uno de esos casos, constituyen elementos de argumentación desde la perspectiva de la salud colectiva para trascender el debate centrado en solo algún aspecto. Con ello se pretende mostrar la complejidad del problema y las implicaciones en distintos niveles de la realidad para su comprensión.

La pandemia está volcando las cadenas de suministro de alimentos, paralizando las economías y erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. Algunas proyecciones muestran que para fin de año, el Covid-19 causará que más personas mueran cada día por hambre que por infecciones de virus. La publicación detalló que 131,three millones de personas en la región no pudieron costear este tipo de alimentación en 2020, lo que representa un aumento de eight millones con respecto al 2019. Entre 2020 y 2022, en el contexto de la pandemia, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años aumentó ligeramente del 8,3 % al eight,6 % con un incremento mayor en Sudamérica, un aumento más leve en Mesoamérica y manteniéndose estable en el Caribe. En el año 2022, la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años fue del 9,7 % en Sudamérica, 6,7 % en Mesoamérica y 6,6 % en el Caribe. Por su parte, en Mesoamérica, 9,1 millones de personas padecieron hambre en 2022, lo que significa una prevalencia del 5,1 %.