Esta debilidad de la Casen refuerza la opción tomada por el grupo de Alvaredo y otros de usar datos tributarios históricos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos. En particular, consideran el Impuesto global complementario (que se aplica a las personas naturales por el total de sus rentas, ya sea que provengan de Chile o el extranjero). La investigación también muestra que desde 2010 hasta 2014 la desigualdad ha vuelto a crecer en Chile, lo que contradice lo afirmado a partir de la encuesta Casen 2015, donde los datos sugirieron que la desigualdad estaba bajando levemente. 20Lo no informado corresponde a especialistas que se desempeñan exclusivamente en el sector privado y son un 19% del total.
6El índice de Gini se obtiene hasta 2015, pero de otras variables, como PIB per cápita, se obtienen observaciones hasta 2016. Dado que las cifras iniciales de desigualdad en Chile son muy altas, los avances son lentos y se necesitaría de un mayor esfuerzo por parte del gobierno y mayor inversión en capital humano, en el sentido amplio. Esta inversión en capital humano, a su vez, implicaría un mayor nivel de PIB futuro, lo que repercutiría indirectamente también en la reducción de la desigualdad. La (Tabla 1) presenta los mejores resultados obtenidos para distintas combinaciones de las variables regresoras (ver Anexo A con la estadística descriptiva de las principales variables utilizadas, el Anexo B con el detalle de los índices de Gini por región y año, y el Anexo E con las definiciones de las variables). Esa limitación de datos impidió también realizar estimaciones sobre los ingresos que posee el zero,1% de la población y el 0,01% y solo se pudo trabajar el 1% más rico. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.
Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es possible que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Las Encuestas de Necesidades Jurídicas indagan acerca de los problemas justiciables -aquellos para los cuales existe algún tipo de remedio authorized (Genn, 1999)-, y lo hacen desde la perspectiva de quienes los experimentan (“bottom-up perspective”). En términos generales, y a pesar de los diversos enfoques metodológicos empleados, estas encuestas arrojan datos consistentes no solo sobre la ubicuidad de los problemas legales, sino también sobre la alta prevalencia que estos tienen en los grupos más vulnerables de la población.
En Chile, la redistribución, a través del gasto social, forma parte importante del ingreso de las familias más vulnerables9, por tanto, es esencial para la reducción de la pobreza, sin embargo, no han sido suficientemente efectivas ante la alta inequidad. Para reducir la resistente desigualdad de la globalización desigualdad del ingreso en el país, son necesarias más políticas distributivas que se preocupen a priori de la generación del ingreso (Sunkel e Infante, 2009). A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza.
En 2016 el 37% del gasto en instituciones de educación provino de fuentes privadas, cifra que representa más del doble del promedio de los países de la OCDE (16%). La misma OCDE también destaca que en educación superior Chile desigualdad de ingresos ejemplos tiene las universidades con los segundos aranceles más altos después de Estados Unidos. Además, Chile es el único país donde el arancel de las instituciones públicas es más alto que el de las instituciones privadas.
Como ejemplo, el estudio resalta que en 2009, de acuerdo a las cifras tributarias, las 77 personas más ricas declararon un ingreso mensual de $100 millones, mientras que de acuerdo a la Casen de ese año los seventy seven más ricos registraron ingresos sólo por $10 millones. En palabras de los autores, la Casen puede decir con mucha precisión qué es lo que pasa en la mitad de la distribución de ingresos, pero cube poco sobre lo que ocurre entre los más ricos. Segundo, mientras que la elite económica parece ser totalmente dogmática, ya que se niega a que el Estado se haga cargo en cualquiera de los ámbitos consultados; la ciudadanía, en cambio, tiene un juicio más reflexivo y pragmático, apoyando mayoritariamente la acción del Estado en algunos ámbitos y minoritariamente en otros.
Desde 2004 en adelante los 34 barrios que conforman Cite Soleil han sido el escenario de los “Chimè” una nueva forma de poder y trabajo de los jóvenes bajo la influencia de la política y la corrupción. Este nombre dio luz en el segundo mando del Presidente Jean Bertrand Aristide, al verse amenazada la continuidad de su gobierno por la sociedad civil y el mundo empresarial, armó a jóvenes en las poblaciones con el fin de proteger su mandato, sobre todo en la Cité Soleil. “En el corto plazo, si bien la situación es horrible y ha introducido una desigualdad brutal, vemos que por lo menos estas medidas de contención y transferencia de ingresos pueden estar siendo mitigadoras”, apuntó Lustig. La desigualdad absoluta ha seguido creciendo, y si crece en un contexto de desigualdad relativa y pobreza que cae, y la población en basic siente que el bienestar está aumentando, es probable que no importe. Pero si sigue creciendo cuando hay gente de la parte baja o media que está perdiendo, probablemente se crea gran resentimiento”, aseveró. “En los últimos treinta años, la desigualdad en América Latina se redujo, cuando la medimos con el instrumento que más se utiliza para esto, que son las encuestas de hogares”, dijo la académica para iniciar.
Cada vez que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Encuesta CASEN) entrega sus resultados, se reabre el debate sobre los niveles y cambios en la pobreza y desigualdad del ingreso en Chile. Existe siempre mucha expectativa por definir si ha habido una caída (o no) en estos indicadores, tanto que en algunas ocasiones, el debate público frente a estos resultados se ha tornado ácido con culpas que van desde un sector político a otro. Inclusive, durante la administración pasada, aparecieron acusaciones de manipulación de estadísticas debido a que se había cambiado la metodología de ajuste de los ingresos. En la ciudad hay tremendas consecuencias, ya que mucha gente mapuche –también lo muestra la última encuesta Casen– vive en situación de pobreza. Muchos emigraron del campo a la ciudad, perdiendo su vinculación territorial; otros la mantienen, pero esta cuarentena ha hecho emerger los problemas socioeconómicos que derivan también en violencia o alcoholismo sobre todo en el contexto urbano. Por tanto, esas consecuencias socioeconómicas aumentan en contexto de pandemia en la población mapuche que es la población más empobrecida de la región de la Araucanía.
En 1895 funcionaba como un dispensario de salud, pero debido a la demanda, en 1927 fue fundadado como hospital por los misioneros de la Iglesia Anglicana y recibe desde el año 1962 una subvención del Ministerio de Salud. En conversación con INTERFERENCIA, Andrés Cuyul, quien además es colaborador en el Hospital Intercultural de Maquehue, analiza desde su experiencia cómo afecta a la sociedad indígena la pandemia. “Desde las autoridades sanitarias no ha existido ningún mensaje hacia los territorios”, afirma Cuyul, quien además es integrante de la Comunidad de Historia Mapuche.
El (Gráfico 4) deja ver cómo incorporar una nueva dimensión acrecienta el porcentaje de población en situación de pobreza en 1,eight puntos porcentuales. Si bien no es comparable con años anteriores, entrega un resultado más cercano a la realidad, ya que esta es una variable de gran impacto en la calidad de vida de la población chilena. La pobreza multidimensional en 2015 se vio afectada principalmente de las dimensiones trabajo y seguridad social y educación (31,1 y 25,8% respectivamente). Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
Hoy en día, Chile es uno de los pocos países de la región en el que sigue vigente un Código de Procedimiento Civil de principios del siglo XX. A pesar que han existido modificaciones, éstas no han sido significativas ni estructurales, lo que implica que seguimos gestionando la conflictividad civil a través de un proceso civil obsoleto y que gran parte de la población ni siquiera tiene la posibilidad de acceder al sistema para resolver sus conflictos y proteger sus derechos. Como diría un viejo filósofo, “un nuevo fantasma recorre Chile, es el fantasma del regionalismo”. En efecto, la llegada de autoridades regionales electas y las prioridades que marca la Convención Constitucional anticipan que muchas inequidades territoriales debieran enfrentarse. Y en ese propósito la experiencia, conocimientos y aportes de las comunidades universitarias regionales serán fundamentales. Así avanzaremos en cumplir el mandato constitucional proveyendo a todas las personas los mismos deberes y derechos, con independencia del lugar donde vivan.
En 2014 el promedio fue de 9,8 años, por debajo de la educación obligatoria en el país (12 años) y de los años de escolaridad esperada de acuerdo con el PNUD (15,2 años para 2014). El país busca facilitar cada vez más el acceso a estudios superiores, de hecho la política pública pretende que a través de becas y créditos la educación esté al alcance de la población económicamente más susceptible. Mientras que a nivel nacional no hay un gran cambio en la desigualdad en el último período, Tarapacá incrementó su desigualdad en más de un 6%, y por su parte Los Lagos la redujo en casi un 11% (metodología nueva). Estas diferencias son de gran relevancia para la política pública y de acuerdo con Contreras (1999), también para el proceso de descentralización.
