Más que una mera tipología edificatoria o un sector del mercado, la vivienda es un acto arquitectónico primario. Comienza cuando se dibuja una línea que separa el interior del exterior y, en última instancia, una casa de otra. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Es más, un análisis interseccional de los resultados de estas encuestas sugiere que a medida que la vulnerabilidad se “concentra” (que se crucen o se interesecten factores como discapacidad, baja escolaridad o bajos ingresos, por mencionar algunos), la probabilidad de experimentar un problema legal aumenta (McDonald y Wei, 2013). Es decir, que a medida que intersectan más factores de desventaja, mayor es la vulnerabilidad a experimentar una necesidad jurídica.
Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se define como regresiva. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables.
Los comportamientos alejados de la ética, revelados en los últimos años, indican la necesidad de reformas profundas que se requieren en las superintendencias regulatorias, la normativa jurídica y la acción de los tribunales, aparte de un cambio profundo en las entidades gremiales empresariales. En los comienzos de la apertura al exterior, se justificó en la necesidad de tener algunas grandes empresas para competir internacionalmente. Sin embargo, se mantuvo la ausencia de una política regulatoria de la competencia y hasta hace muy poco imperaba la ley del más fuerte, con el desplazamiento de los con menor tamaño. De esa manera, una de las manifestaciones de la desigualdad socioeconómica es que muchas veces las personas se sienten menoscabadas, “miradas en menos” o “pasadas a llevar” debido a ese issue. En efecto, la investigación del Pnud, revela que el 41% de los chilenos experimentó “malos tratos” en el último año, lo que afecta mucho más a las personas de clase baja. “Las personas entienden que no tenemos todos que ganar lo mismo, y eso no genera un problema, pero una demanda mucho más potente de parte de la sociedad es el buen trato” en el comentario de una de las investigadoras.
La encuesta tiene cobertura a nivel nacional, entregando información representativa de hogares y población residente en viviendas particulares, tanto en zona urbana como en zona rural. Algo que usted también tiene presente en el caso chileno es la “promesa de la movilidad”, y cuando se pregunta si es posible lograr una alta movilidad intergeneracional con altos niveles de desigualdad, la respuesta parece ser que no. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva.
Expertos provenientes de diversos países de América Latina, convocados por las universidades Academia de Humanismo Cristiano y Alberto Hurtado, debaten sobre la real dimensión de la desigualdad social en nuestro país y el continente. Aseverando que la desigualdad va más allá de los ingresos y sigue sin resolverse desde octubre del 2019 hasta ahora. “En términos de las desigualdades estructurales y decir que parte de la tarea del gobierno precise es intentar resolver algunos de esos temas más estructurales o empezar a resolverlos”.
Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile” de reciente lanzamiento en la Biblioteca Nacional, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual.
Chile enfrenta una grave crisis social estos días, a pesar de tener el ingreso per cápita más alto de la región. Ha habido distintas explicaciones para esto, y en todas ellas la desigualdad ocupa un lugar principal. Los bajos niveles de remuneraciones, los exiguos montos de las jubilaciones, el acceso incierto a atención de salud, el agobio del trabajo y los tiempos de traslado, el peso de las deudas y la inseguridad permanente, son parte de la vida diaria de alrededor del 60% de la población. En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro «Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile», el que dio a conocer las enormes brechas que existen en nuestro país. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas.
Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so on.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos. La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Sus conclusiones acerca de la distribución del ingreso hacen referencia a que “el núcleo del modelo de desarrollo chileno es el crecimiento económico; el crecimiento económico iba a distribuir esa riqueza en la población, lo que se conoce como chorreo o derrame.
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Junto con esa mirada histórica, dice la investigadora, es importante entender la definición conceptual. «Uno podría decir que las desigualdades son diferencias que se consideran injustas, porque vulneran una norma de equidad entre los seres humanos», explica. Esa ha sido la petición que han planteado desde redes sociales a opiniones de diversos actores, frente a la actual situación social que atraviesa Chile.
De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa es una organización entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma.
Todo lo anterior ha sido confirmado por el análisis histórico de Javier Rodríguez (2017), quien ha construido una base de datos importante respecto a la evolución de la distribución del ingreso en Chile desde 1850 hasta el 2009, ofreciéndonos la más larga y detallada visión respecto al fenómeno. Rodríguez destaca que, aunque con fluctuaciones y ciclos distintos, la desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, desde 1850 hasta ahora, siempre ha sido alta. De hecho, el coeficiente de Gini estimado por Rodríguez siempre supera el valor de 0,forty five, lo que corresponde a una alta desigualdad según los criterios internacionales. En este sentido, una política que hace la educación gratuita o más accesible económicamente para sectores de menos ingresos es beneficiosa. También requiere políticas de información, apoyo y acompañamiento a jóvenes más vulnerables, y políticas de regulación del sistema de educación superior para asegurarse de que todas las instituciones entreguen una educación de calidad. El trabajo del PNUD destaca que un punto de partida en esta desigualdad, en cierta forma fue la asignación de tierras realizada en la colonia a españoles y sus descendientes blancos, el inicio de la clase alta chilena.
Es interesante ver como a partir del año 2001 la tasa de mortalidad comienza nuevamente a ascender. Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los en la pobreza y en la riqueza adultos. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos.
