En explicit, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. La segunda buena noticia es que la política pública demuestra eficacia, pues la acción del Estado (principalmente subsidios y transferencias) logra impactar de modo significativo en el marco de procesos de redistribución social de los ingresos. Es decir, no es una hipotética mano invisible del mercado la que logra estos resultados, sino que una mano visible y trazable de recursos públicos que operan redistributivamente. Y una tercera buena noticia es que, si bien no se acentúa, al menos sigue la tendencia de reducción de brechas entre las zonas urbanas y rurales.
“En Chile no hay persona ni grupos privilegiados.” Sin embargo, en muchos ámbitos el mercado y la acción del Estado generan un trato desigual, como ocurre con lo vinculado a la salud. Agrega que, si bien este es un proceso progresivo y que necesita un importante compromiso del Gobierno Central para lograr que la política tenga el efecto esperado, la contingencia parece poner en evidencia la pronta regulación y ordenamiento del espacio a escala regional y comunal. Por ejemplo, un 27,2% de las y los trabajadores declara que su empleo no le permite tener estabilidad financiera y un 33,4% considera que su educación no les ha entregado la oportunidad de aumentar sus ingresos o de ascender en el trabajo. 10.four Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Tanto la concentración de población indígena como el aporte del sector secundario y la oferta de educación superior siguen siendo relevantes y el PIB per cápita vuelve a ser significativo. En este caso ni el ingreso del 20% más pobre de la población ni el ingreso del 20% más rico son variables significativas en el modelo. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, sin embargo, no suficiente. En el libro de March (2013) se cita a Sunkel & Paz (1986), quienes definen desarrollo como un proceso de cambio social, cuyo objetivo es igualar las oportunidades sociales, económicas y políticas, refiriéndose a un nivel nacional y a las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar.
Siguiendo la tendencia de los años anteriores, La Araucanía y la Región Metropolitana ocupan el primer y segundo lugar, con un índice de Gini de zero,444 y 0,434 respectivamente en 2015 y de 0,453 y zero,452 en 2013. Las regiones con menor desigualdad por ingreso en ambos períodos son Arica y Parinacota y Atacama (intercambiando de lugar entre un período y otro). Sin embargo, las regiones que han logrado reducir más sus niveles de desigualdad en el último período son las regiones de Los Lagos y Valparaíso, y en tercer lugar la Región Metropolitana, con un menor four desigualdad de la riqueza en el mundo,01%. Utilizando esta metodología de cálculo de datos agrupados, el índice de Gini para el país es de zero,445 en 2013 y 0,432 en 2015. Bajo este concepto, solo las dos regiones más desiguales estarían sobre el promedio nacional en ambos años. Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini.
La encuesta Casen es un instrumento muy relevante que nos permite obtener información clave para el diseño, evaluación de las políticas públicas y también para reflexionar sobre los avances en la calidad de vida de la población. Ello nos lleva inevitablemente a reivindicar la important importancia del crecimiento económico para mejorar el bienestar de la población. Entre 1990 y 2017 Chile fue reconocido a nivel mundial tras avanzar significativamente en la reducción de la pobreza, desde un 68,5% de la población a un 8,6%.
Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras. Mejorar sustancialmente la oportunidad educacional en todas las regiones juega un rol esencial para disminuir las brechas que separan a los chilenos. Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población. Para ello, la (Tabla 2) presenta el promedio del ingreso autónomo del hogar (ver definición en Anexo E) por deciles, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2015.
La reflexión respecto a las especificidades de los territorios es fundamental para comprender la profundidad de la centralización en Chile, y asimismo para explorar la relación existente entre conflicto social y concentración de la riqueza. Es más, un análisis interseccional de los resultados de estas encuestas sugiere que a medida que la vulnerabilidad se “concentra” (que se crucen o se interesecten factores como discapacidad, baja escolaridad o bajos ingresos, por mencionar algunos), la probabilidad de experimentar un problema authorized aumenta (McDonald y Wei, 2013). Es decir, que a medida que intersectan más factores de desventaja, mayor es la vulnerabilidad a experimentar una necesidad jurídica. La constitución de la República de Chile, Artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley.
Asimismo, hay sectores como los grupos indígenas que mantienen tasas de fecundidad mucho mayores al promedio de la población chilena, asociadas a altos índices de pobreza y marginalidad. El análisis en base a distribuciones condicionales del ingreso por tramo de edad, permite observar que los indicadores de distribución del ingreso convencionales esconden una alta heterogeneidad en la posición relativa de los hogares de acuerdo al ciclo de vida. En particular la inequidad de ingresos es mayor para hogares con jefes hombres de avanzada edad y para hogares de mujeres jóvenes. En la última década, la distribución de ingresos antes de subsidios ha mejorado levemente para los hogares con cabeza mujer (independientemente de su edad), y para los hombres jóvenes, pero no así para hogares con jefes hombres mayores de 60 años. Ahora bien, cuando consideramos subsidios, claramente la política pública (sin considerar un criterio de costo-beneficio) ha mejorado de manera importante la distribución del ingreso para todo tipo de hogar.
Esa conceptualización, cube Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado». E) El desequilibrio existente entre el poder de los empresarios y de los trabajadores al inside de las empresas, a lo cual se agrega las desigualdad de los recursos de los grandes vendedores frente a los consumidores, fuente de muchos abusos, que cada vez aparecen con más fuerza. A) El pensamiento neoliberal constituye la ideología imperante (“el modelo”) en la sociedad, lo cual refuerza, sin contrapesos, el individualismo y el egoísmo, fundamentos para la motivación personal y empresarial, donde los mercados guían las decisiones de los individuos y el Estado solo podría distorsionarlas.
Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las desigualdad alimentaria grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud.
Deininger y Squire (1998), en una investigación que buscaba confirmar o refutar la hipótesis de Kuznets, realizaron un análisis con datos longitudinales de 49 países del mundo. En la mayoría de los casos no encontraron una relación significativa entre ingreso per cápita y desigualdad. En cinco de los países encontraron una relación que confirma la hipótesis de la U invertida (Brasil, México, Hungría, Trinidad y Filipinas), mientras que en cuatro de ellos (Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica e India), encontraron evidencia que la contradice. Los autores interpretan sus resultados como una indicación de que no hay una ley universal inamovible, sino que más bien, los cambios en los ingresos y la desigualdad, son afectados por las condiciones iniciales de los países y posiblemente por las políticas (Deininger y Squire, 1998, pp. 261).
Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables.
