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Se trata de las normas imperativas de derecho internacional general, esto es, aquellas normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional basic que tenga el mismo carácter. Son aquellas de más alta jerarquía en el derecho internacional y deben ser aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, indicando que existe un consentimiento amplio y basic, como lo mandata la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Como derecho, la igualdad constituye una herramienta subjetiva para acceder a la justicia; es decir, otorga la titularidad a las personas para reclamar, por diversas vías, la realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los derechos. Como principio, la igualdad implica una obligación a cargo del Estado, derivada de un mandato constitucional y convencional que condiciona y sustenta todo su quehacer. En el contexto de este Protocolo se concibe como el conjunto de normas jurídicas a través de la cual se estructura y se regula el funcionamiento de los diferentes órganos e instituciones judiciales, encargados de intervenir en la resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento en materias tales como familia, laboral, penal, tributarias, civiles, entre otras. En otras palabras, la efectividad de los derechos y de la perspectiva de género y diversidad sexual también depende del tipo de institución que los gestiona, de su densidad y coherencia interna.

Estudiantes de las carreras de Derecho, Trabajo social y Psicología, junto a sus respectivos equipos académicos,  aportarán con sus conocimientos de cara a la necesidades de las personas en dichas materias; acortando la brecha al acceso a estas garantías fundamentales . El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es desde el 28 de junio de 1991 un organismo defensor de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales. Trans e intersexuales (LGBTI), cuyas intervenciones son de alcance nacional y abarcan los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos,  jurídicos y legislativos. Consejo encargado de prestar asesoría a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en materias de igualdad de derechos y de equidad de género. El Consejo está integrado por diez personas de reconocida experiencia en el ámbito de las materias antes mencionadas, y serán designadas por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Estos problemas, entre otros, deberán ser objeto de nuevas investigaciones, pero evidentemente implican un quiebre con la forma en que tradicionalmente se ha comprendido la obligatoriedad del precedente en la familia jurídica Europeo Continental. Para mostrar que la igualdad en la aplicación de la ley es un derecho basic implícito, esto es, conferido por una norma iusfundamental adscrita a la norma iusfundamental directamente estatuida mencionada en la letra b) es necesario ofrecer una argumentación jurídica que justifique dicha adscripción. Al efecto es pertinente interpretar las expresiones autoridad y diferencias arbitrarias, entendiendo que la primera es el destinatario de la prohibición (a quién se prohíbe) y la segunda el contenido de la prohibición (qué se prohíbe). En fin, y sin ánimo de ser exhaustivos, Nogueira afirma que el bloque constitucional de derechos fundamentales no sólo está integrado por los derechos expresados en la Constitución o en el Derecho Internacional convencional de los Derechos Humanos, sino también, y esto es lo relevante, por aquellos estatuidos por el Derecho internacional consuetudinario, por los principios de ius cogens y por los derechos implícitos. Un ejemplo de esta última categoría se encuentra, según explica el autor, en el derecho a la propia imagen. Al respecto reconoce que no se expresa directamente en el texto de la Constitución, aunque «se encuentra implícito en nuestro ordenamiento constitucional»ninety five.

A través de videoconferencias accederás a distintos contenidos sobre género, sexualidad, maternidad, autocuidado, toma de decisiones, corresponsabilidad, autoestima, proyecto de vida, and so on según el ciclo de vida en el cual te encuentres. Si nos detenemos por un momento en estos enfoques igualitaristas u horizontales, observaremos que ambos obedecen a visiones sesgadas de la relación jurídica público-privada, pues promueven la igualdad o desigualdad entre el Estado y la persona según conveniencias específicas. En la práctica, el carácter unitario de la relación público-privada se manifiesta en los principios de exclusividad potestativa de los órganos, coordinación entre instituciones políticas, non bis in ídem, hecho del príncipe, prejudicialidad administrativa y no afectación tributaria, entre otros. El Tribunal Constitucional no parece haber adoptado la noción de igualdad como no discriminación en razón de factores asociados a la pertenencia a ciertos grupos.

Iguales fue una de las primeras organizaciones en exponer sobre la importancia de que Chile cuente con matrimonio igualitario. Durante 2016 los/as representantes de Fundación Iguales crearon el primer proyecto de matrimonio igualitario en Chile que contempla filiación. Esto lo hicieron en convenio con la escuela de Derecho de la Universidad de Chile y se lo entregaron a la presidenta Michelle Bachelet, quién se comprometió a «adelantar el debate» sobre esta materia en el país.

A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad. La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa desigualdad social politica y economica de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Diplomada en atención de justicia con Enfoque de género y diversidad sexual de la Universidad de Concepción. El Tribunal Constitucional adopta sólo ocasionalmente una noción de igualdad como distribución o protección de derechos fundamentales. Ello ha ocurrido tanto a nivel abstracto, cuando teoriza acerca de la igualdad constitucional como igualdad de derechos, como a nivel más concreto, cuando analiza la inconstitucionalidad de una norma legal que vulnerara simultáneamente la igualdad y otros derechos fundamentales.

El consenso doctrinario de los autores nacionales que se han pronunciado sobre el tema permite concluir que la igualdad en la aplicación de la ley es un derecho basic implícito en el ordenamiento constitucional chileno, es decir, un derecho elementary conferido por una norma iusfundamental adscrita. Ahora bien, la adscripción de esta norma se hace respecto de la norma directamente expresada en el artículo 19, número 2, de la Constitución según algunos autores, y respecto de la norma estatuida en el artículo 19, número three, según otros. Ahora bien, y según se apuntó, la existencia de derechos fundamentales implícitos, esto es, conferidos por normas iusfundamentales que no se encuentran directamente expresadas en la Constitución o en los tratados, no sólo constituye una afirmación doctrinaria.

La Ley N°19.611, que “Establece igualdad jurídica entre hombres y mujeres” fue publicada en el Diario Oficial el sixteen de junio de 1999. Tiene su origen en un mensaje del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y recoge distintas mociones parlamentarias en la materia. En ella se reconoce la igual jurídica entre hombres y mujeres como un valor superior del ordenamiento jurídico chileno y garantía del derecho de igualdad ante la ley. Asimismo, se han identificado otras fuentes que contribuyen en la interpretación de las normas internacionales de derechos humanos, como aquella que emanan del trabajo de los órganos de seguimiento de tratados o las resoluciones de instituciones internacionales. Esta fuente puede ser descrita como secundaria a los tratados internacionales, a partir de que el consentimiento otorgado por un Estado al manifestar su voluntad por obligarse por el tratado, lleva implícita la aceptación del mismo, de los órganos que crea y sus competencias. Esta rama del derecho tiene, en common, las mismas fuentes principales del Derecho Internacional Público, esto es, tratados internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, decisiones judiciales y doctrina de destacados juristas de las naciones.

34 Figueroa afirma que la igualdad en la aplicación de la ley «constituye una exigencia que apunta no a sus contenidos sino a su aplicación, sea por parte de la autoridad administrativa o de cualquier otro agente, en el sentido de que dicha aplicación debe ser igualitaria» (Figueroa, Igualdad, cit., nota n. 19, p. 34). 32 Según Cea Egaña, la igualdad en la aplicación de la ley «se refiere a la igualdad más que nada procesal» (Cea, Derecho constitucional, cit., nota n. 28, p. 141). 11 En related sentido, Atienza opone la igualdad de trato (lo que desigualdad social globalizacion aquí se ha llamado igualdad en el plano jurídico) a la igualdad de características (lo que aquí se ha denominado igualdad fáctica). Desde la modalidad deóntica de mandato, esto significa que está ordenado un trato igual si se carece de justificación para un trato diferenciado. Segundo, que están ordenadas o al menos permitidas las diferencias no arbitrarias, es decir, las que tienen justificación. Pues bien, y en cuanto al sentido en que la Constitución utiliza el sustantivo autoridad, el primer lugar en el que se debe buscar aquel significado es la propia Ley Fundamental.

En cuanto a los intereses declarados en la institucionalidad a cargo, Sernam, se señala la búsqueda de igualdad de oportunidades, pero no se especifica claramente que se espera la incorporación de las mujeres en asuntos políticos ni de orden social. Hay un sinfín de materias jurídicas que son relevantes y que finalmente generan una inequidad en cuanto al tratamiento, porque parte de la desigualdad también se genera en la justicia”. La crisis política, social y de derechos humanos que empezó en octubre del año pasado reveló hasta qué punto nuestro sistema falla gravemente al asegurar el derecho de reunión, la igualdad ante la ley, la protección frente a la violencia estatal. La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino. En primer término, el Tribunal Constitucional sí ha demostrado preocupación por la situación de ciertos grupos, a lo menos desde la perspectiva de la «igualdad sociológica», vale decir, de asegurar el mismo trato para todos sin que factores como la raza o el sexo modifiquen el trato igualitario. Esto podría constituir el germen de una mayor consideración hacia los grupos, transición facilitada por la reciente aparición del concepto de «categoría sospechosa».

El énfasis en la importancia de tratar diferenciadamente a quienes se encuentren en situaciones disímiles es entendible dado que el fallo declarara inconstitucional la disposición legal que permite que se otorgue la misma sustitución de pena (30 días de prisión) a condenados a multas de muy diverso monto (considerando 73). Cabe destacar, sin embargo, que el Tribunal Constitucional no está declarando que toda desigualdad, por relevante que sea, requiere siempre un trato desigual, sino que, en ciertos casos, simplemente no es razonable tratar situaciones distintas de la misma forma. «la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes» (considerando 72).

Esclarecido el significado de la igualdad en la aplicación de la ley, corresponde determinar si la misma constituye un derecho elementary. Y, en segundo lugar, si la igualdad en la aplicación de la ley tiene esta calidad en el ordenamiento jurídico chileno. En efecto, a veces los casos desiguales deben ser tratados de diversa manera (ejemplo, el mayor de edad y el menor de edad respecto del derecho a sufragio) y en otras ocasiones deben ser tratados de la misma manera (ejemplo, el que trafica drogas y el que roba respecto del plazo de privación de libertad), si las normas aplicables a estos casos coinciden en dicho plazo. Conviene destacar que no se adopta una misma decisión porque los elementos sean iguales, sino porque se les ha regulado de la misma manera.