Esta desaparición de las organizaciones comunitarias del mapa del poder se reprodujo también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, y en la Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, entre otros cuerpos legales. Además, los resultados de la versión 2021 muestran que existe una fuerte correlación entre la satisfacción y la urgencia con la que se requiere realizar el trámite, incluso si el trámite es un requisito para otro (Gráfico VII.4). Por otra parte, a partir de estos resultados, es posible identificar instituciones que cuentan con una mayor presencia de problemas en la atención y con baja satisfacción en su capacidad resolutiva (Gráfico VII.5). A partir de los resultados de la medición, es posible priorizar cursos de acción e iniciativas que permitan acortar y mejorar el viaje de usuario/a.
Ésta se recibe “con votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado” (art. 108). Dicho consejo es, además, el encargado de common funcionamiento de estas instituciones y la actividad electoral. INAPI es el servicio público descentralizado de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial. La asistencia sanitaria es una actividad compleja, en la que el resultado deseado se alcanza sólo cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como una serie de procesos sucesivos, en los cuales los resultados de un proceso se convierten en elementos de entrada de uno o más procesos consecutivos.
Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que era el propósito inicial del legislador. Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus organizaciones con lucro pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente.
Los planes de acción institucionales constarán de etapas de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación para potenciar la mejora continua del sistema. En todas estas etapas, se potenciará y exigirá incorporar el enfoque de género como elemento esencial de la planificación, así como también su carácter participativo, incorporando la visión de las y los funcionarios y sus directivos. La Agenda de Modernización del Estado ha sido elaborada a partir de un trabajo colaborativo entre las instituciones que conforman el Comité de Modernización, bajo el liderazgo de la Coordinación de Modernización del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, en este trabajo se consideró el análisis de todos los informes de la administración anterior, tanto del Comité como del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, cuyas recomendaciones fueron consideradas al momento de seleccionar las iniciativas que componen esta Agenda, que ha sido compartida con los integrantes del Consejo Asesor para su análisis y entrega de comentarios.
La experiencia ha demostrado que la articulación y coordinación desde el centro de Gobierno es clave para llevar adelante un proceso de modernización continuo y efectivo. También es relevante contar con una estructura institucional que determine responsables claros del proceso, oportunidades de coordinación establecidas y una planificación de trabajo clara y transparente. «Yo creo que lo principal es tener una capacidad de diálogo y de empatía con la necesidad de la gente, dejar un poco los colores políticos y ver cómo resolver los problemas de las personas principalmente», (hombre, fifty organizaciones políticas ejemplos six años, GSE medio-alto, RM). El segundo en exponer fue el Doctor en Ciencias Políticas y profesor de Filosofía de la Universidad de los Andes, Daniel Mansuy Huerta, quien explicó la realidad de la sociedad civil en Chile a través de los análisis sociales de Alexis de Tocqueville.
Cabe señalar que a nivel de costo es mucho más económico el uso de plataformas TIC y conectividad ya que mantiene las regiones comunicadas evitando el desplazamiento físico de los miembros (Borge et al, 2012). En la campaña de José Antonio Kast por ejemplo, en los procesos de comunicación usaba principalmente Whatsapp y Facebook, para difusión Twitter y Facebook, ocasionalmente Instagram. Los procesos de decisión eran centralizados a nivel nacional y distribuidos a nivel regional, contaban además con una agenda diaria a nivel nacional y regional mediante Whatsapp para coordinar actividades.
Resumen no oficial preparado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) con el objetivo de contribuir a la información de los Pueblos Indígenas sobre los informes elaborados por los titulares de procedimientos especiales del sistema de las Naciones Unidas con relación a los derechos de los Pueblos Indígenas, las empresas y los derechos humanos. El Grupo de Trabajo concluye que las empresas tienen derecho a intentar influir en las políticas, siempre que lo hagan de forma responsable y acorde con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Los Principios Rectores piden a los Estados y las empresas que deben garantizar que la participación política de las empresas no tenga impactos negativos en los derechos humanos. El informe hace referencia a los Principios Rectores relacionados con las obligaciones de Estados y empresas.
Las subvenciones son concebidas como colaboración entre la Administración Pública y los particulares, precisando la ley el tenor de la “relación jurídica subvencional”, que se encuentra afecta a determinados objetivos, requisitos, procedimientos y sistemas de control y evaluación. También, en el contexto de las campañas políticas, pueden participar en la financiación personas naturales, pero su aporte, según el Código Electoral, no puede superar el 10% del whole de gastos de cada campaña. El procedimiento requiere la presentación una solicitud de registro ante el SAG, que al igual que INAPI analiza la concurrencia de los requisitos y resolve sobre la concesión del derecho. La División de Semillas cuenta con ingenieros agrónomos a nivel central dedicados al registro de variedades protegidas.
La ciudadanía es la capacidad política para intervenir en la “cosa pública” y de acuerdo a la Constitución son parte de la ciudadanía los chilenos y chilenas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan recibido condena con pena aflictiva. Así aprendemos que se adulteran registros de información pública, que para ocultar información se llevan registros paralelos de las visitas a la Presidencia (la develada “agenda roja”), que se promueven declaraciones falsas de testigos en procesos de investigación del Congreso de la República y de la Fiscalía de la Nación, entre otros. Al perder su esencia (la discreción y la confidencia), el círculo de “confianza” transmuta a uno “vicioso” y al punto de haber puesto en riesgo la continuación de la administración vizcarrista. Para navegar las aguas del post-colapso partidario, Vizcarra apostó por un “círculo político”, un puñado de operadores políticos leales y unidos en las expectativas de éxito del convocante. Es un equipo pequeño, bastante hermético, al que solo acceden quienes ostentan (y se ganan) la extrema confianza del mandatario.
Esta característica, que en términos económicos se relaciona con las externalidades de red derivadas de su utilización, tiene su fundamento en el hecho de que la utilidad otorgada por los consumidores, crece en progresión exponencial a medida que aumenta su número (Torrent, 2009). Cabe señalar que esta afirmación se deriva de la ley de Metcalfe que indica que el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema, esta ley fue formulada en un contexto técnico en telecomunicaciones pero puede ser aplicada en cualquier sistema de intercambio de información. En conjunto, las TIC, lo que llamamos sociedad de la información y sociedad pink, en convergencia, presentan el valor de las redes en todas sus capas y como consecuencia, este valor se ve reflejado en los indicadores de penetración y uso de las TIC presentados en el informe de la ITU (2017). La brecha participativa en el uso de una herramienta TIC que asista la actividad política dependerá de la brecha digital y el efecto pink de la misma. Desde los inicios de la masificación de los servicios de Internet es posible observar que a medida que aumentan las posibilidades o funcionalidades técnicas, se incrementan los usos de las TIC para fines de organización, difusión y participación política ciudadana. En la medida que las TIC fueron proveyendo mayores funcionalidades, las posibilidades de organización y coordinación política ciudadana asistida por las TIC fueron aumentando.
La necesidad de una autoridad, de un poder, se hace imperiosa en una sociedad política tan compleja como la del Estado. De no existir, se viviría en la anarquía, las personas no sabrían cómo actuar para lograr un orden y una convivencia justa que les permitieran realizar los objetivos comunes en provecho de todos. En el seno de esta institución existe organización, lo que implica dirección y normativas que conlleven a sus integrantes, la Nación, hacia los fines propuestos, el bien común. La ciudadanía, para ejercer su derecho a sufragar y optar a cargos de elección well-liked y los demás que la Carta Fundamental o la ley establecen, deben estar inscritos en los registros electorales.
Esta iniciativa está liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Laboratoria. “Hay que convencer a los que no están convencidos de que es posible cambiar las cosas, pero ese paso es difícil porque depende mucho de los intereses particulares”, opina el presidente del directorio de Fundación Un, dos tres por ti. CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica. La desconfianza sistemática hacia los medios de prensa tradicionales permitió la irrupción de fuentes alternativas que trabajaban con un tratamiento distinto de los acontecimientos, a través posturas críticas y enfocadas en la denuncia. El segundo apartado describe la metodología utilizada, la disciplina desde donde habla, la selección de la muestra y las tipologías de organizaciones que se utilizaron para diferenciar a grupos de militantes. 1OSI es el acrónimo de Open System Interconnection que propone siete capas, el nivel más alto es la capa de aplicación en donde se encuentran todas las herramientas TIC que interactúan directamente con el usuario.
