La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Algunos columnistas han especulado que esto se debe a la ineficiencia del Estado en las transferencias. Uno podría argumentar, en cambio, que las transferencias son progresivas, pero la manera de recaudar es regresiva, haciendo, por lo tanto, neutro el sistema en su conjunto. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones la desigualdad en el mundo actual (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje.
Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es probable que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales. Según datos de la OECD, un alto nivel de desigualdad caracteriza a Chile en comparación con otros países y las diferencias de ingresos entre las regiones del país son también superiores con respecto a la mayoría de los países integrantes de dicha organización (OECD 2009, 2011). Esto pone de relieve la importancia del estudio de las desigualdades sociales tanto a nivel nacional como sub-nacional. El estudio de las desigualdades sociales desde una perspectiva territorial aporta una dimensión relevante para caracterizarlas, pero cuando se elige como nivel territorial para el análisis a las regiones administrativas, se desconoce la escala territorial donde se generan las principales diferencias, según sostendremos en este artículo. El objetivo de este trabajo es proponer un conjunto de tipos de territorios subregionales que facilite el análisis de las desigualdades sociales a nivel territorial. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
Sin embargo, este método es objeto de discusión, pues diversos estudios han destacado que la intensidad de las interacciones de personas y actividades entre diversos lugares, puede ser medida considerando otras dimensiones. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo.
Reducirla no es solo un imperativo ético, es también una exigencia para la sostenibilidad del desarrollo de los países. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,forty nine a 0,43 para Chile o de zero,50 a 0,forty three para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional. La relación entre la desigualdad y la inmovilidad económica la podemos cristalizar en la llamada “Curva Great Gasby” de Alan Krueger, que evidencia que aquellos países con una mayor desigualdad tienden a sufrir de una mayor inmovilidad económica.
Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Transitar hacia una sociedad distinta es posible; es, a fin de cuentas, una decisión política. Parte del debate público, sin embargo, argumenta que la desigualdad es un producto inevitable del libre mercado, el desarrollo tecnológico, y de la globalización.
Por último, uno de los puntos más oscuros de la desigualdad social tiene que ver con la incertidumbre, específicamente la laboral, que es la que determina todo lo demás para las personas de escasos recursos. “Del universo de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía en un período de eleven años, aquellos que partieron en un trabajo de bajo salario tuvieron empleo formal y con contrato indefinido menos de un 30% de esos 132 meses y tuvieron en promedio casi 10 empleadores. Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores.
Estos cálculos balancean los potenciales efectos negativos sobre la eficiencia y positivos sobre la redistribución que tienen este tipo de impuestos. Así, en el marco de una discusión constituyente sobre un nuevo contrato social, los debates sobre el sistema tributario serán centrales. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento.
En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo. Con esta publicación, el PNUD reitera su compromiso con la generación y difusión de conocimiento que sirva como base de discusiones informadas para la construcción de consensos respecto de los cambios que el país requiere. Aspiramos a que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en los grupos menos aventajados, tengan mayor control sobre sus propias vidas para perseguir los objetivos que ellos mismos consideren valiosos, integrándose de manera efectiva y participativa al proceso de desarrollo humano inclusivo y sostenible. La forma como es imaginado un territorio y construido socialmente(Dematteis y Governa 2005), podría ser mejor comprendida observando las percepciones y prácticas relativas a las diferencias sociales en su inside y frente a otros territorios.
De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional. A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico. Esto confirma la validez de considerara estas ciudades como un solo conglomerado y medir de acuerdo a la misma pauta los flujos con las comunas que las rodean. Esto permite la desigualdad en la pandemia distinguir, en primer lugar, a las grandes ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso, cada una de las cuales abarca varias comunas. En segundo lugar, las ciudades intermedias que en su mayor parte consisten en una sola comuna y en algunos casos dos municipios. En primer lugar, con el objeto de establecer el grado de interrelación de espacios del territorio nacional, utilizamos a las comunas como la unidad básica, tal como se ha efectuado en la mayoría de los países considerados, debido principalmente a la disponibilidad de datos empíricos para análisis comparativos.
Y aunque las diferencias en la vida social sean evidentes, y pese a las sociedades tengan medios legitimados de distribución de los recursos, cube Méndez, se entiende que hayan asimetrías. Debemos hacernos cargo del problema, pues como fue mencionado las inequidades en salud son injustas, modificables y prevenibles. Para hacerlo no sólo necesitamos un marco normativo que consagre igualdad de derechos y acceso common a salud, sino que también debemos considerar la formación de profesionales del área de la salud, quienes por lo general no son entrenados en competencias socioculturales que favorezcan una interacción de calidad con los pacientes. Por otra parte, es importante también aumentar la literacidad en salud de los pacientes y diseñar dispositivos de entrega y consumo de información en salud que faciliten las conductas en salud de todas las personas, sin importar su condición socioeconómica. A lo anterior debemos sumar que los pacientes perciben tratos injustos en salud, los cuales son atribuidos a su condición socioeconómica. Esta situación se invierte en la medida que aumenta el nivel socioeconómico de los pacientes.
En el caso particular de Chile, esto permite identificar territorios subregionales, intermedios entre el nivel native y las regiones jurídica y administrativamente establecidas. Primero, debemos reconocer que América Latina es una de las regiones del mundo con la mayor desigualdad de ingresos y que esta es histórica y crónica (PNUD, 2017). No obstante, esta desigualdad crónica e histórica difícilmente puede explicarse por la mera presencia de algunas modernizaciones lideradas por el capitalismo y por el libre mercado en Latinoamérica.
Aunque ni el precio ni la elegibilidad estén regulados, la vivienda a precio de mercado se beneficia de reducciones de impuestos que se suman a subsidios gubernamentales propios. Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Por lo tanto ciertas prácticas arquitectónicas podrían ser entendidas como «el arte de la desigualdad». A modo de ejemplo, el Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 es de zero,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43).
