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Progreso Y Diversidad En Salud De La Población Observatorio Chileno De Salud Pública

Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, dice. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”.

Esa conceptualización, dice Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado». Entonces, ejemplifica, las probabilidades que un niño o niña que vive en la comuna de La Pintana pueda desarrollar todos sus talentos, está estructurado en este arreglo institucional y espacial. «Teniendo los talentos, va a un colegio de mala calidad, con un estigma territorial, convive con pobreza. Entonces esa brecha nunca la podría remontar. Esa diferencia, esa brecha, se considera injusta porque viola su principio de igualdad, porque no es lo mismo que puede lograr esa niña que otra que vive en un barrio privilegiado». Begoña Ayarza, abordó en su presentación los puntos mínimos y urgentes que el sistema de salud necesita que no necesariamente dependan de una reforma completa a la salud. El uso de la vacunación en humanos y animales, es una forma muy efectiva de evitar que se infecten y por consiguiente, evita la necesidad de utilizar antibióticos.

En consecuencia, la red hospitalaria pública donde existen camas UCI o UTI está compuesta solo por forty one establecimientos a lo largo del país, que tienen el equipamiento y el private especializado para tratar los requerimientos pediátricos de mayor complejidad. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. La implementación del aborto por plazos, que establezca una edad gestacional límite como ocurre en otros países, sería una oportunidad de hacernos cargo del aborto inseguro, que representa una carga desproporcionada para las mujeres y para el sistema de salud. Texto escrito por Andrea Alvarez Carimoney, Académica de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. La OMS calcula que los gobiernos podrían esperar un retorno de unos 10 dólares por cada dólar invertido en la prevención y atención de enfermedades no transmisibles que incluyan a las personas con discapacidad.

Esta plataforma, en la que también colaboran ONU Mujeres y la consultora Mercer, busca contribuir a la sensibilización y capacitación de la población respecto de la brecha salarial de género en Chile. En ese contexto es que el pasado 16 de noviembre se presentó en nuestro servicio la evaluación de la brecha salarial de género en nuestra institución, tomando como referencia los años 2015 y 2019. Calcular la brecha salarial de género es lo que permite la plataforma interactiva NiMásNiMenos, iniciativa creada por la Universidad de Talca (U. de Talca) en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y en la que nuestra Superintendencia es una de las instituciones asociadas. Además, según el estudio, el saldo también se vio afectado en mayor medida para las mujeres que para los hombres producto de los retiros de fondos.

Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Y es entonces que se hace urgente la implementación de un Piso de Protección Social smart a los derechos de la niñez, que permita hacer frente a las brechas y desigualdades que existen en Chile, estableciendo condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno, que permita el desarrollo de sus potencialidades. Sin embargo desde la década de los años 80, el Estado ha sido reducido en su rol y financiamiento respecto al ámbito de protección social, dado los cambios del modelo neoliberal y de menores ingresos vía impuestos. Ello cual repercute en forma crónica en el financiamiento de programas en relación a su cobertura legal.

Esta realidad tiene altos impactos y costos para la estabilidad de la sociedad en su conjunto y debilita, directamente, el ingreso de las personas a las oportunidades de progreso que ofrecen las ciudades. Si bien estas mediciones son independientes entre sí (estar en situación de pobreza por ingresos no supone, necesariamente, encontrarse en situación de pobreza multidimensional y viceversa), en conjunto, ayudan a construir un diagnóstico global en torno a la magnitud y características de los hogares y personas que se encuentran en situación de pobreza en el país. La medición de pobreza por ingresos identifica al conjunto de hogares cuyo ingreso complete mensual no supera el valor de la línea de pobreza y que, por tanto, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer el consumo de un conjunto básico de bienes alimentarios y no alimentarios.

Los académicos de la Universidad de Chile Mariela Muñoz, Guillermo Zepeda y Cristián Rebolledo destacan la medida, comparten algunas recomendaciones y reiteran el llamado a vacunarse. La Escuela de Salud Pública tiene un quehacer diverso, teniendo como desafío integrar los temas de la sociedad en su conjunto, actualizando el conocimiento en torno a los distintos procesos que afectan la salud y proponiendo una reflexión crítica. Estos riesgos son producto de “factores evitables, injustos y poco equitativos” y no por las condiciones de discapacidad de cada persona, dice el informe. La suma de estos financiamientos representa aproximadamente el 7% del PIB de Chile, y el informe concluye que la principal fuente de financiamiento de la salud proviene del gasto de las familias. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales. Para atacar específicamente la falta de especialistas el gobierno actual está desarrollando un programa que pretende formar 4.000 médicos especialistas, aumentando el aporte a las universidades para que puedan ampliar sus cupos.

En cuanto a la proporción de enfermeras por cada médico, los mayores déficits se muestran en las regiones de Aysén y Valparaíso. Esa exclusión social y diferencia en el trato es una de las «expresiones más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades económicas», plantea el informe «Desiguales» sobre brecha social en Chile realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2017. «En Chile las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, en cómo el respeto y la dignidad se confieren o deniegan en el espacio social», describe el documento. Chile fue el país del estudio donde más personas (45%) escucharon a un amigo o familiar decir un comentario sexista sobre una mujer, mientras que tres de cada diez personas (30%) vieron ejemplos de discriminación de género en el trabajo. La mayor densidad de cotizaciones para mujeres y hombres en el sistema de pensioned chileno se ubica en los tramos de edad de años, de años y años.

No obstante, es importante precisar que las publicaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (y, antes por el Ministerio de Planificación) con anterioridad al mes de enero de 2013 consideraron la metodología de medición de pobreza por ingresos que estuvo vigente hasta entonces. Por lo mismo, sus resultados no son comparables a los resultados que han sido difundidos a contar de dicha fecha. Los resultados de la medición de pobreza por ingresos, considerando la metodología de medición establecida en enero de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encuentran disponibles de manera retrospectiva desde el año 2006. A su vez, cada una de estas dimensiones está integrada por tres indicadores dicotómicos que permiten observar si el hogar presenta o no algún tipo de carencia. La suma de carencias que enfrenta el hogar determina si el hogar y todos sus integrantes se encuentran o no en situación de pobreza multidimensional. Cuando un hogar acumula un 22,5% ó más de indicadores en carencia sobre el whole de indicadores que conforman la medida, dicho hogar se encuentra en situación de pobreza multidimensional.

La Encuesta Casen es realizada regularmente por Ministerio de Desarrollo Social y Familia (antes Ministerio de Planificación, MIDEPLAN) desde el año 1987, cada 2 ó 3 años. Adicionalmente, desde el año el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha contratado, a través de procesos de licitación pública, a proveedores externos con el objetivo de ejecutar procesos de supervisión asociados al levantamiento de la Encuesta. Su exposición resaltó la importancia de comprender el recorrido desigualdad infantil histórico que llevó a la creación de este sistema, destacando los desafíos y logros alcanzados en el camino hacia una salud más inclusiva y solidaria. La exministra concluyó que «la promesa que el Estado de Chile le hace a la gente» no se está cumpliendo y que hay varios puntos en los que estarían de acuerdo para mejorar, como la descentralización de la inversión pública, planes de formación regional, y tomar decisiones con más fundamento en evaluaciones de tecnología sanitaria.

Destaca el conjunto de factores denominados “determinantes sociales” que influyen en el desarrollo y desigualdad en salud influyendo de modo diferencial en la carga de enfermedad y muerte y la existencia de inequidad injusta y evitable en salud. Un estudio reciente realizó un análisis a nivel mundial, analizando un whole de 7.876 cerebros con resonancia magnética estructural, en 139 sitios de 29 países diferentes del mundo, y señala que, en países con mayor igualdad de género, los cerebros de hombres y mujeres se parecen más, y se observan muy pocas diferencias en la estructura cerebral entre géneros. Sin embargo, en países con indicadores de desigualdad de género más acentuados, las diferencias en la estructura cerebral son más notables, afectando áreas cerebrales relacionadas con procesamiento emocional, resiliencia a la adversidad, y respuestas a la desigualdad, así como con depresión y otros problemas de salud mental. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

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A partir de los hallazgos se recomienda tomar medidas inmediatas para avanzar en la consolidación de un Sistema de Protección Integral de la Niñez, e implementar un Piso de Protección Social sensible a los derechos de la niñez. Desde hace más de seis años que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene llamando la atención de Chile respecto de la importancia de contar con un Sistema de Protección Integral de la Niñez desigualdad en pandemia que garantice el adecuado ejercicio de sus derechos. Conversamos con Paula Pacheco, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, sobre los principales resultados del estudio y las recomendaciones que emanan de la investigación. Explica que para niños, niñas y adolescentes vivir en contextos de pobreza y vulnerabilidad les impide el acceso oportuno a prestaciones universales, lo que limita fuertemente su trayectoria de vida y su vida adulta.

Scuro también expuso sobre la evidencia internacional en materia de discriminación en los sistemas de pensiones de los distintos países y cómo este fenómeno se relaciona con el funcionamiento del mercado laboral. «La región está avanzando en reconocer que el financiamiento contributivo no tiene que estar asociado únicamente al estatus laboral de las personas», sostuvo. Uno de los puntos destacados por la investigadora en su presentación fue el desarrollo de la agenda regional de género en materias de seguridad social, iniciativa que compromete a los gobiernos de la región a impulsar acciones para disminuir la desigualdad en todas sus expresiones. Las brechas de género en los sistemas de seguridad social de Latinoamérica fue el tema de la charla a cargo de una representante de la división de Asuntos de Género del organismo, Lucía Scuro.

Además, señaló una significativa reducción en el gasto de bolsillo de los chilenos, que ha disminuido del forty two,3% en el año 2000 al 29,7% en 2022, aunque aún está por encima del promedio de la OCDE, que oscila entre el 18% y el 20%. “Tenemos cobertura universal formal, alcanzando un 99,4% de la población, pero nos preocupa que esta cobertura sea efectivamente de calidad en todas sus dimensiones”, enfatizó. De esta manera, resulta esencial la generación de políticas públicas que vengan a entender y abordar eficazmente el contexto actual, con una perspectiva del impacto de estas brechas en las mujeres desde la interseccionalidad, la interculturalidad y la intergeneracionalidad. Pero acotar la solución a las desigualdades de género a la sola generación de políticas públicas es insuficiente.

El Mercado Laboral Femenino En América Latina Y El Caribe: Análisis De Sus Características Por Estrato Social Y Desafíos En Materia De Política Pública Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo

Su elaboración y desarrollo presenta una estrecha relación con los procesos de socialización. En 2017, Oxfam Intermón reivindicaba al G7 que actuara para poner fin a las cuatro hambrunas que en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen están poniendo en peligro la vida de su población, pues los siete países más pudientes del mundo podrían sufragar la mitad de los fondos que se requieren para lograrlo. Además de la desigualdad salarial por cuestiones de género, nos hablan de la “disparidad por maternidad”, que conlleva que las mujeres madres trabajadoras reciban un sueldo inferior a aquellas que no lo son.

Se debe ver la pobreza de manera integral de tal manera que se involucren aspectos como empleo, vivienda, educación, salud,  migración del campo a la cuidad. Es basic que se  realice un mayor seguimiento y coordinación entre las entidades del sector social, de manera que se pueda reducir la pobreza y la desigualdad en forma sostenida. Oxfam Intermón está trabajando para acabar con la desigualdad en España y evitar que la brecha entre población rica y pobre siga en aumento.

Por otro lado, Tumin cuestionó la opinión de las funciones de la estratificación social para integrar a un sistema social, sosteniendo que las recompensas diferenciales pueden fomentar la hostilidad y la desconfianza entre los diversos sectores de la misma. Es un grupo social hereditario en la que el rango de una persona y sus derechos y las obligaciones procesales que le acompañan, se atribuyen sobre la base de su nacimiento en un grupo en explicit desigualdad jurídica ejemplos. El objetivo es «transversalizar la economía social» en la reforma de la Ley de Industria y avanzar en la descarbonización del sector. Somos una empresa atenta a los retos globales, comprometida con las personas y con el planeta, que trabaja para dejar una huella positiva en la sociedad.

Bajo el estigma del disenso, la discusión sobre qué es la exclusión social toma diversos matices. Así, la desigualdad se caracteriza por generar situaciones de exclusión que dificultan el ascenso social a ciertas personas, a la vez que favorece el desarrollo de enfermedades físicas, enfermedades mentales y/o adicciones en las personas que sufren sus consecuencias ya que es muy difícil contraponerse a la misma. Esta desigualdad es algo histórico desde los grandes imperios en los cuales la mujer no tenía vida pública. Esta desigualdad se ha ido debilitando poco a poco debido a la lucha del movimiento feminista.

Por su parte, 78.9% de quienes no hablan lenguas desigualdad jurídica ejemplos indígenas se autoadscriben como mestizos o blancos. Por su

Partiendo de este contexto, las dos grandes causas de la desigualdad económica en las economías occidentales son la ausencia de ingresos a través de un salario y la inexistencia o baja efectividad de las políticas sociales. En muchos otros países, y en explicit en los más pobres, la desigualdad va mucho más allá de la situación particular person de una persona o una familia. A nivel estado, la falta de integración económica, la ausencia de políticas de redistribución de la riqueza, la liberalización y desregulación del mercado de trabajo o la corrupción pueden ser también causas de peso, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se utilizan como modo de diferenciación y estigma para determinar la desigualdad en las relaciones entre individuos o grupos sociales. La tesis acerca de una disminución de la desigualdad social sustentada en el descenso del coeficiente de Gini se basa evidentemente en el excesivo peso otorgado a los cambios positivos experimentados por los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, se omitieron en gran medida los procesos reales desarrollados en la parte superior de la pirámide.

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medida, por ejemplo, las personas que declaran su adscripción étnico-racial como indígena son las mismas que hablan lenguas indígenas o tienen padres que lo hacen? En el Cuadro 2 se presentan tablas de doble entrada con la clasificación conjunta para cada par de criterios. Los jóvenes son reconocidos como un grupo discriminado46 y en desventaja.forty seven Sin embargo, no parece haber un diagnóstico claro sobre las causas y las dinámicas de la desigualdad en este grupo de población.

Los jóvenes de esas áreas optan por trabajar y buscar oportunidades de trabajo, antes que buscar ingresar a una escuela, debido a que las necesidades que tienen les exigen cubrir otras necesidades básicas. Además acceder a la educación les supondría gastar parte de sus ganancias y su tiempo en una instrucción formal. La falta de educación formal conlleva subsiguientemente una discriminación dentro de las instancias laborales y sociales. La desigualdad social es consecuencia de problemas históricos y culturales, y ha existido desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo. Es un grave problema para nuestras sociedades modernas pues acaba por condicionar el acceso del individuo a los bienes económicos y culturales, a los servicios públicos y a determinadas posiciones o roles en la sociedad en función de prejuicios o creencias.

Según el informe, el número de personas que viven en situación de exclusión social es de 8,5 millones de personas, lo que representa un 18,6% de la población. Esta coyuntura ha generado la crisis migratoria venezolana, que es un problema de desigualdad de alcance continental en América del Sur. Los migrantes venezolanos, que salen de sus países por las adversas condiciones de vida que padecen, se encuentran con situaciones inciertas a llegar a su territorio de destino, donde pueden ser objeto de desigualdad legal, social y económica por los naturales del país de acogida. Según ACNUR, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos llega a los four millones de personas, y está en aumento. Esta desigualdad se vuelve un problema cuando la distribución de la riqueza condiciona en exceso el desarrollo de los menos beneficiados, que se ven envueltos en una desigualdad de oportunidades respecto a las personas que acumulan la mayor proporción de riqueza en una sociedad.

Por ejemplo, cuando se habla de desigualdad entre los países latinoamericanos, la unidad a comparar es el país, unificando el resto de subunidades internas. Ahora bien, cabe hacer una distinción entre los esclavos en las sociedades de la antigüedad y los del país norteamericano durante la Edad Moderna y Contemporánea. En Grecia y Roma, el esclavo podía dejar de serlo si se daban ciertas situaciones excepcionales, en cambio, el esclavo americano estaba privado de esta posibilidad. Esta es la forma de estratificación más desigual, ya que el esclavo es directamente una posesión del esclavista. Es decir, estaba totalmente institucionalizada y arraigada en la sociedad, se veía como algo regular. A pesar de que dicha argumentación carece de fundamentación científica, se emplea cultural y socialmente con el fin de mantener el sistema patriarcal en el que las mujeres continúan siendo consideradas en función del estereotipo femenino asignándoles roles y comportamientos propios del ámbito privado, la maternidad y las tareas de cuidado.

Esto nos lleva a la búsqueda de soluciones, algo que en algunos casos se encara de forma explicit, es decir a nivel nacional, mientras que en otros se trata de un esfuerzo que emprenden grupos de países. Entre sus metas nacionales e internacionales se cuentan eliminar las leyes y políticas discriminatorias, mejorar la reglamentación de los mercados financieros mundiales, facilitar la migración regular segura y ordenada y promover la inclusión en la toma de decisiones. Entre 2010 y 2016, los ingresos del forty % más pobre de la población crecieron con más rapidez que los de la población total en 60 de los 94 países sobre los que se dispone de datos, lo que demuestra que las desigualdades no son ni inevitables ni irreversibles. La inversión en cooperación y desarrollo es uno de los mecanismos institucionales más promovidos para la lucha contra las desigualdades sociales.

Desigualdades Sanitarias En La Ciudad Neoliberal Reflexiones A Partir De La Salud Pública Colectiva

En promedio, el 92% de los recursos de protección corresponden a acciones judiciales contra ISAPREs, resaltando la carga significativa que estos casos representan para el sistema judicial. Por ejemplo, en años de alta litigiosidad, como en 2016, 2019 y 2022, la proporción de casos contra ISAPREs superó el 95% del complete de recursos de protección. Si se excluyen los casos relacionados con ISAPREs, el promedio anual de recursos de protección del período se reduciría a 17.818, es decir menos de un 7% del número actual. Pero incluso sorteando el problema de corto plazo de implementación de los últimos fallos de la Corte Suprema, es crucial emprender acciones preventivas para evitar que se repita esta crisis en el futuro. Por un lado, los ajustes realizados en base a las sentencias judiciales, al no tener un diseño bajo una racionalidad de política pública, abren frentes de futura judicialización.

desigualdad en la salud

Frente a esto, se torna urgente entender y abordar la salud mental de los chilenos y las chilenas no sólo como un fenómeno particular person, sino como un entramado psicosocial y socioeconómico del país. Es necesario comenzar a comprender la salud psychological de los chilenos y las chilenas desde una desigualdad que, lamentablemente, se ha convertido en un elemento constitutivo del país y, por lo tanto, del malestar actual de los ciudadanos. De esta manera, una redistribución del ingreso que permita una mayor equidad económica en Chile tendría un impacto positivo en los índices de salud de nuestra población y específicamente una mejora en la salud psychological de todas las chilenas y chilenos, temática en deuda y en crisis actualmente en nuestro país. La realidad que enfrenta la salud en regiones manifiesta una situación de precariedad e implica que una parte de la población del país enfrente dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad.

Dentro de los autores se encuentran los doctores Jorge Ramírez y Rubén Alvarado, académicos de la Escuela de Salud Pública de los programas de Salud Global y Salud Mental, respectivamente. Los hallazgos, sugieren que entre los trabajadores sanitarios, las mujeres pueden haber estado expuestas de manera desproporcionada a factores estresantes relevantes del COVID-19 a nivel individual y nacional. Esto resalta la importancia de considerar el género en los esfuerzos de respuesta a emergencias. Según los datos reportados en el informe, más de un millón y medio de personas se encuentran en espera de atención médica y 240 mil aguardan una cirugía para patologías no AUGE, al mes de agosto de 2016. Y la gran mayoría se concentra en la Región Metropolitana, Bio Bio y la Región de Valparaíso. A esta concentración se agrega que, según el Ministerio de Salud, para una atención adecuada faltan three.795 médicos especialistas.

Por otra parte, las mujeres suelen pasar más tiempo en los territorios en los que viven, en sus viviendas, por lo que si estos ofrecen condiciones adversas para la salud, supondrán una mayor acumulación de dichos daños. Como existe una segregación socio-territorial tan marcada en Santiago, las personas de nivel socioeconómico bajo se concentran de manera importante en algunas comunas y, más aún, las de nivel socioeconómico alto se concentran en unas pocas. Entonces, lo que esos resultados ponen de manifiesto, en primera instancia, es una esperanza de vida diferente entre distintos niveles socioeconómicos y que puede apreciarse muy bien dada la segregación del territorio. Al 31 de diciembre de 2019, según datos del Minsal, la densidad total de médicos en el sector público de salud era de 18.5 por cada 10 mil habitantes, en los países OCDE el promedio era de 34.

Aunque las personas en general tengan cubiertas sus necesidades básicas, el hecho de no poder pagar por bienes y servicios a los que otros sí tienen acceso lleva a una sensación de injusticia y a la percepción de tener una posición social inferior. Esto genera estrés y frustración y el deseo de escalar socialmente con el fin de ser reconocido y pertenecer a aquel grupo que sí tiene acceso a los beneficios y reconocimiento social. Los medios de comunicación, especialmente el acceso a web, permite a aquellos de bajos ingresos ver cómo viven aquellos con mayores ingresos. Los medios además favorecen y fomentan la ilusión de que el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios traerá consigo éxito, belleza y mayor bienestar. Las investigaciones muestran que el impacto de esto en la salud física y mental desigualdad en las ciudades es inmensamente negativo. Incluso se ha demostrado que más de la mitad de las personas prefieren tener menor poder adquisitivo, pero una mayor posición social.

La promoción del transporte activo es una cuestión clave, que hoy se vuelve aún más urgente. En el trabajo de la esfera no remunerada -que incluye al trabajo de cuidados y el trabajo doméstico- representa aquella porción de trabajo complete que se ha dejado históricamente en manos de las mujeres, a través de lo que antes se llamaba división sexual del trabajo, hoy división de género del trabajo. Esto es más frecuente en trabajadores precarios, en gran medida porque no cuentan con las protecciones debidas del empleo y son susceptibles de amenazas frente al despido, lo que debilita su posición frente al empleador.

El proyecto busca, entre otras cosas, hacer análisis comparados entre países en temas de salud, vinculados con lo urbano. Lo que se hizo en este caso fue un estudio de la esperanza de vida, como un indicador sintético de calidad de vida desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces desigualdad en la globalización ejemplos entendí que la salud pública no iba a resolver los problemas de salud de la población, ni revertir las desigualdades en esta materia a través de un mensaje de conductas saludables o de la transferencia del cuidado a las mujeres sin un entorno que habilite esas prácticas.

Estos cambios en el cerebro podrían explicar cómo el sueño inadecuado contribuye al aumento de peso. Lo primero es que el Estado de Chile reconozca su rol de entidad que surge del pueblo mismo y que se encuentra al servicio de las personas. En Chile algunos pacientes tienen una ventaja geográfica en términos de acceso efectivo a camas hospitalarias, Manuel Fuenzalida, académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Las personas que viven en sectores más pobres tienen más posibilidad de contagiarse con Covid-19 y sufrir un cuadro severo, además de morir a causa de esta. A esta conclusión llegó la investigación desarrollada por investigadores chilenos y estadounidenses centrado en la Región Metropolitana. Igualmente, es esperable que se transformen las condiciones vinculadas con el transporte, las oportunidades de empleo y la provisión de servicios básicos.

En términos simples, la mutualización considera el seguro de salud como un mecanismo solidario en el que el riesgo se comparte entre los beneficiarios, recalculando la deuda sobre el whole del sistema en lugar de los efectos individuales. Para ello, en mayo de 2023, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto –conocido como Ley Corta– para implementar los fallos de la Corte Suprema relacionados con la tabla de factores. Ante las dudas que surgieron respecto de la efectividad de la propuesta del ejecutivo, la Comisión de Salud del Senado mandató la creación de un Comisión Técnica Asesora de carácter experta y transversal.

Por su parte, el Poder Judicial ha desestimado nuevos recursos de protección en este ámbito desincentivando la judicialización en este componente. En el intertanto, el sistema de salud ha enfrentado tensiones adicionales que han agudizado la problemática actual. Por un lado, la pandemia ocasionó retrasos en las atenciones médicas programadas, generando listas de espera aún más largas para consultas y procedimientos, incluso en aquellos garantizados por ley. La salud en Chile se encuentra sumida en una situación crítica, evidenciada por las extensas listas de espera en los prestadores públicos y la crisis en el sistema de Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs). En este artículo se propone analizar en detalle cómo ha evolucionado la situación de las aseguradoras privadas, explorando sus causas y las consecuencias que ha acarreado. Como punto de partida para comprender de manera integral esta problemática, resulta importante realizar primero un diagnóstico de nuestra posición actual en el ámbito de la salud.

El concepto alude a diferencias sistemáticas y estructurales en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales. Un concepto estrechamente relacionado es el de «inequidades en salud», el cual refiere a las mismas diferencias en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales, pero que se consideran injustas, modificables y prevenibles. Los hallazgos presentados, sugieren que entre los trabajadores sanitarios, las mujeres pueden haber estado expuestas de manera desproporcionada a factores estresantes relevantes del COVID-19 a nivel particular person y nacional. Esto resalta la importancia de considerar el género en los esfuerzos de respuesta a emergencias para salvaguardar el bienestar de las mujeres y garantizar la preparación del sistema de salud durante futuras disaster de salud pública. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos.

El acceso a los fármacos es vital para asegurar la calidad de vida y, en muchos casos, la vida misma de las personas. En Chile su acceso es negado a muchas personas por el elevado precio o por la distribución geográfica de las farmacias, o sea, por discriminación socioeconómica y/o territorial. La OMS subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes para hacer frente a las desigualdades. «Cuando los gobiernos se plantean la formación de su private de salud, es importante que incluyan la discapacidad como parte de esa formación y educación, de modo que el personal tenga la confianza y la competencia necesarias para poder hacer frente a lo que se necesita», subrayó Barrett.

Lo que nos muestran estas cifras es que países como el nuestro tienen un gran desafío por delante en materia de reformas estructurales en salud para que las políticas que se apliquen no vayan en la dirección de soluciones privatizadoras, sino en la dirección de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Al menos ése es el camino que señalan los países que tienen mejores indicadores de salud, de igualdad y de aseguramiento del derecho a la salud. Se señala que éste es un issue de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.

¿cuánto Inciden Los Consejos? Una Evaluación De La Inclusión De Las Organizaciones Sociales En La Política Pública Revista De Estudios Políticos Y Estratégicos

En agosto, Mujeres por la Vida haría su declaración política frente a las directivas de diferentes partidos políticos. Desde julio de 2023 que está a cargo de la división que pertenece al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que tiene como una de sus principales misiones entregar información y capacitar a dirigentes sociales. En total fueron 136 los proyectos ganadores de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, una inversión superior a los $610 millones donde postularon clubes deportivos y de adultos mayores, juntas de vecinos y una serie de organizaciones que se organizaron para cumplir los requisitos establecidos en las bases del Gobierno Regional. Y mientras las organizaciones sociales tradicionales van perdiendo fuerza, grupos informales han tomado la posta abordando temáticas específicas, principalmente medioambientales, que han concitado el interés de segmentos que no se sienten representados por las antiguas estructuras.

organizaciones sociales tradicionales

Este año y como en años anteriores, el Gobierno Regional dispuso el 6% del complete de los recursos del FNDR, equivalente a más de $3.383 millones para subvencionar proyectos postulados por gestores culturales, sociales y deportivos de toda la región. De esta forma, abordaremos secuencialmente estos dos polos del significado de espacio público en el relato de nuestras organizaciones estudiadas, luego nos ocuparemos en detalle del espacio fronterizo de esta disyunción y, finalmente, abordaremos las formas de identificación colectiva de nuestros sujetos de estudio. Así entendido, esta noción de espacio público fue introducido en América Latina junto al nacimiento de los estados nacionales seculares, un “paquete cultural de ciudadanía” netamente emblemático e ilusorio cuando se trata de su ejercicio por las clases subalternas -indias, cholas y urbano-marginales-, perpetuando la doble moral del colonialismo interno (Rivera, [1997]2010, p.130). Un ejemplo es la asesoría realizada a una organización sin fines de lucro dedicada a garantizar y promover derechos de personas de la comunidad LGBT.

«Como institución tenemos el foco de trabajar de manera integral con los deportistas y muchos de nosotros somos profesionales y queremos inculcarle a los niños que practiquen deporte o cualquier otra actividad no convencional como arte o danza, que pueden practicar lo que les gusta sin dejar de lado los estudios», apuntó Claus Westphal, presidente del club. 5Expresión pan-andina que refiere al trabajo colectivo, colaborativo y recíproco dentro y entre comunidades. En esta importante área verde de la ciudad de Valparaíso, no sólo cohabita el Parque Ecológico Piuke Ko con un campo de entrenamiento militar, aparecen también la ampliación del puerto y las mega carreteras para el flujo de capitales que encadena el puerto de Valparaíso al muevo ciclo extractivista-desarrollista impuesto en toda Sudamérica por el plan IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana). En la Tabla 2 se expone algunas características de las personas participantes en el grupo focal.

Jorge Navarrete, abogado y columnista, subrayó la importancia de la alianza público-privada para ampliar el impacto de las medidas descentralizadoras; mientras que María Ignacia Jiménez, vicepresidenta de Chile Descentralizado, enfatizó la necesidad de empoderar a las comunidades locales y promover la participación directa como un activo para el desarrollo. «Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile», publicación disponible de forma gratuita en el Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile, ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en torno a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de descentralización. Entre otros aspectos, el libro analiza casos prácticos, como la participación de la sociedad civil en la gestión de incendios forestales y la sequía, así como la experiencia de empresas en instancias de descentralización. La implementación de la ley implicó movilizar esfuerzos en la institucionalidad para dar forma a los espacios de participación creados. Desde la implementación de los registros de organizaciones, dependiente del Registro Civil, que implicó la responsabilidad de las municipalidades de informar de la constitución y vigencia de estas, hasta la dictación de nuevas normas de participación para las municipalidades e instituciones estatales. El proyecto concibe la participación ciudadana como una relación de cooperación entre los individuos y el Estado, individuos con derecho a asociarse libremente y por ello debe ser incluidos en la elaboración de las decisiones públicas.

Primero estuvo la necesidad de common la función de las organizaciones que se relacionan con el Estado en la concreción de sus objetivos, expresado en la conformación de un fondo para el financiamiento de las organizaciones y en el reconocimiento legal de las mismas. A partir del segundo trámite adquirió relevancia la consagración de la participación ciudadana como parte de la administración pública. En cuanto a la solución del dilema de representación que se muestra en la definición de participación ciudadana en la que se basa el proyecto de ley, lo que se observan son procesos formales de inclusión de las organizaciones sociales sin que se produzcan cambios en los mecanismos de toma de decisión.

Una cifra superior a los $500 millones, aprobados por el Consejo Regional (CORE), fueron entregados por el Gobierno Regional a más de un centenar de gestores culturales, sociales y deportivos de la provincia de Elqui para el financiamiento de proyectos postulados a los Fondos Concursables 2017. Es en esta trayectoria que lo común logra invaginar lo público sin ser subsumido por éste, dando lugar a comunes anticapitalistas que se distinguen sustancialmente con aquellos comunes que se conciben en coexistencia armónica con lo público y lo privado (Caffentzis, & Federici, [2013] 2015). Una vez finalizado este análisis, atestiguamos que nuestro procedimiento se veía desbordado por la experiencia analítica vivida en el contexto de disaster que marcó la primera etapa de esta investigación.

Lamentablemente, la poca habilidad comunicacional de sus voceros capitalinos deja más dudas que certezas. Esto último será especialmente importante para las y los constituyentes que participan de MS y al mismo tiempo son militantes de algún partido. En la medida que sus organizaciones sean capaces de mantener un vínculo actual con el o la constituyente, evitarán que éste termine abstrayéndose de la ciudadanía que le dio su voto, como tantas veces ha ocurrido. A su vez, para los partidos, esto es una oportunidad importante para recuperar el vínculo social perdido, haciendo realidad eso de tener “un pie en la calle y otro en el parlamento” (en la convención, en este caso), pero a través de una relación genuina de apertura democrática, no solo circunscrita a una elección, de modo que el partido sea una herramienta y no un fin en sí mismo.

correspondiente. Adicionalmente, se les otorgan nuevas funciones administrativas a los municipios, para que se ocupen de los registros de organizaciones sin fines de lucro en sus comunas, los actualicen y entreguen cuando se les solicite. La mayor educación e información de los ciudadanos también les ha ido permitiendo vincular la calidad de los servicios que reciben, como parte de las políticas públicas, con su voto en la elección popular de autoridades; en consecuencia, sus exigencias adquieren un mayor protagonismo y son elementos de presión para exigir mejores servicios. Sin embargo, la esencia sigue siendo responder a las necesidades sociales de las personas y las comunidades. Por eso, es fundamental organizaciones sociales y políticas considerar el impacto social de cada proyecto arquitectónico, asegurando que sirva para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades reales de quienes lo utilizarán.

Los actuales horizontes de transformación social a escala planetaria y la disaster de participación política estado-céntrica han repercutido en las nociones de espacio público y lo común. En esta investigación cualitativa analizamos los significados en relación al espacio público y la acción política en el relato oral de cuatro organizaciones sociales autónomas de Valparaíso enfocadas en la amplificación y cuidado de espacios comunes. Finalmente, se sugiere profundizar estudios para rastrear las capacidades colectivas y autónomas de gestión de los espacios, asumiendo la crítica al eurocentrismo y al patriarcado, en aras de comprender los horizontes de deseo y potencial práctico de las organizaciones de base comunitaria más allá de perspectivas estado-céntricas. Se observa, al mismo tiempo, una incapacidad de las organizaciones sociales de elaborar una agenda común que considere al menos las demandas que están representadas en el consejo. Cuando ocurre que las organizaciones participantes construyen una propuesta lo que se observa es un detalle de las demandas particulares sin un sentido común que permita instalar un debate distinto del que ya está construido por la autoridad.

Por supuesto, el éxito de este mecanismo dependerá del compromiso de cada constituyente y de su colectivo, de la participación activa de este último y del diálogo que pueda establecer con otras organizaciones sociales y con el resto de la ciudadanía para discutir temas que no necesariamente son su foco. La principal articulación de MS en torno a esta elección se dio en la plataforma Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), que incluyó 12 listas enteramente integradas por candidatas/os de organizaciones sociales (cuatro en la RM y ocho en otras regiones). Nació a partir de la unión entre la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) y la Coordinadora No+AFP, mientras esta última no terminaba de llegar a un acuerdo con el Frente Amplio para incluir a su histórico vocero, Luis Mesina, en el distrito 10 (Santiago central). Así, a la plataforma se fueron integrando más organizaciones y distritos, dentro y fuera de la RM. Algunas organizaciones nacionales que se sumaron fueron la Coordinadora Nacional Migrante y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), pero el grueso fueron asambleas y cabildos locales nacidos con la revuelta well-liked, así como movimientos ambientales territoriales y sindicales de más larga knowledge.

El alcalde César Orellana, se mostró satisfecho los por recursos entregados y precisó que “estos fondos del Gobierno Regional nos sirven para sacar adelante importantes iniciativas. Esto nos alegra porque tenemos agrupaciones de adultos mayores, grupos de mujeres e incluso agrupaciones de sectores rurales. Siempre es bien recibida organización política ejemplos la visita de nuestro intendente y nuestra gobernadora, más aun cuando trae recursos que descentralizan los beneficios del Gobierno”. A pesar de su menor participación, las mujeres que lideran espacios sociales son el reflejo de que, a pesar de las mencionadas desigualdades, ellas también pueden ser un agente de cambio social.

De estas, un 53,57% fueron en formato tradicional y un forty six,42%, en formato on-line, nueva modalidad que se desarrolla desde este año. Y la otra izquierda, esa de nóveles dirigentes que llegaron a la política generando expectativas de que las cosas cambiarían, no ha estado a la altura de las demandas que la historia exige. Salvo honrosas individualidades, han terminado reproduciendo muchas prácticas de la vieja política.

Esta paradoja de la modernidad se manifestaría actualmente en un clima desconfianza y deslegitimación mutua entre las elites y las bases sociales, antagonismo que resultaría imperioso resolver para un adecuado “proceso de politización” (PNUD, 2015). El libro ofrece una revisión histórica detallada, destacando la evolución de las organizaciones sociales y su papel en los procesos de descentralización. En este trabajo, su autor, Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de esta unidad académica, profundiza en diversos aspectos clave para el avance del país hacia una mayor autonomía territorial y participación ciudadana. Esta forma de resolver los problemas de la legislación, que podemos denominar como colocar el problema en un tercero, que tiene como responsabilidad supervisar el cumplimiento de la ley, mantiene el modelo de dejar en las instituciones la definición de cómo y con qué profundidad se implementa la normativa. El modelo de la superintendencia no hará que la institución modifique la forma en que construye la política pública. O, al menos, lleva el problema a un debate sobre interpretaciones que, de resolverse, alarga la implementación de los beneficios de la ley.

Jibieros De Lebu Forman Cooperativa En Busca De Mayor Rentabilidad Para Sus Asociados Ministerio Del Inside Y Seguridad Pública

Estamos en 2023 y la economía familiar campesina no ha sido considerada como actor económico clave, incluso, la RUESS ha solicitado dejar de tratar el asunto de la alimentación como un problema de seguridad nacional, y hemos planteado que se trata de Soberanía Alimentaria. La forma que adopta la soberanía también puede extenderse al sector de energías renovables, a la construcción de viviendas, actividades de salud mental, deportes y arte, mediante las cooperativas u otras maneras que ya existen y que usan los principios de la ayuda mutua. Al cerrar estas propuesta es necesario no perder de vista la participación de la Economía Social y Solidaria en las plataformas digitales, por lo mismo, al pensar en un territorio digital también estamos invitando a conocer a las organizaciones que producen software libre, videojuegos y que utilizan las nuevas tecnologías para crear dispositivos que ayudan a las personas con discapacidad.

En ese sentido, corresponde a una forma de cooperativismo, directamente abocado a la generación de una economía solidaria y de beneficio mutuo, que además permite mejores prácticas agrícolas y una mejor alimentación. Estos contratos entre comunidad y productor tienen también una implicancia directa en cuanto a que se fundan en un compromiso de solidaridad , la implicación de los socios en el mantenimiento de la asociación, la fijación de precios justos, la producción de calidad, transparencia y un esfuerzo por incorporar instancias pedagógicas por parte de los campesinos en cuanto a producción agrícola, entre otros. Gerardo Wijnant tiene más de 25 años de experiencia en los temas de comercio justo y sustentabilidad. Fue gerente general de Comparte, una de las primeras organizaciones certificadas de comercio justo en Chile. Sobre este proyecto, destacó que ahora es una plataforma que ya ha apoyado a más de four hundred organizaciones por alrededor de fifty three millones de dólares en total y que pronto “nos vamos a convertir en la primera banca ética del país, lo que significa que solamente financia iniciativas que tienen un impacto positivo en lo social, ambiental o que apoyan aquellas empresas que quieren transitar a este desarrollo sostenible”, comentó. La invitación además supone pensar fuera de las fórmulas econométricas que suponen que allá afuera hay un mercado autorregulado que racionaliza irracionalidades productivas y de consumo, donde todos los individuos tendrían la capacidad de observar su entorno, podrían fabricar acciones que inciden en la conducta de oferentes y demandantes, y contarían con la autoridad para ejercer dominios a su favor.

Durante la mayor parte de este siglo, fueron dominantes las cooperativas agrarias, de servicios públicos y de consumo (Acosta, et al., 2013). Recién a partir de 1990 se expandieron significativamente en el marco de crecientes niveles de desempleo y precarización (Montes, & Ressel, 2003). También se discutió con representantes estatales el cómo estas prácticas económicas deben ir siendo sujetos de reconocimiento constitucional y de políticas de apoyo y fomento de parte de los gobiernos centrales, regionales y municipales.Esto, sin perder  la autonomía respecto del aparato del Estado, lo que es entendido por estas corrientes de la economía como parte de su esencia y modo de ser. Cómo avanzar y perfilarse como un sujeto de la economía nacional, con valores que unifican pero, a la vez, permiten una alta diversidad y libertad interna. Todo ello involucra poseer discursos identificatorios pero también fortalecer relaciones materiales concretas entre experiencias, generando, por ejemplo, circuitos económicos locales y regionales de tipo solidario.

Se doctoró en Economía Aplicada y actualmente es director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP) de la Universidad de Santiago. Individuo y Sociedad ha querido visibilizar las acciones que realizan organizaciones que se dirigen por otras veredas, relevando el papel de las Economías Solidarias como un enfoque que se despliega hacia la búsqueda y construcción de un desarrollo económico diverso, sostenible, sustentable, en donde sus protagonistas son las personas y comunidades. Sabemos que este obrar está organizado sobre contradicciones, porque reúne memorias que no pueden ser fusionadas y más aún, es en sus trayectorias de autogestión donde se entrelaza la autonomía particular person y la del colectivo. Así, el conjunto de desafíos de asistencia social quedaron pendientes hasta la década de 1940, período en el que los distintos gobiernos se concentraron en la expansión de la cobertura de las distintas áreas del bienestar social, ampliando, en specific desde 1960, los servicios de educación, salud, previsión y vivienda de forma sustantiva. Ejemplos de lo anterior son la organización del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en 1964 y la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en 1965. Cristian Cataldo, Máster en Economía Social, enfatizó en la necesidad de contar profesionales con nuevas competencias para aportar al Modelo Cooperativo.

Esta modalidad de relacionamiento entre Estado y organizaciones sociales, en la cual aquel es el interlocutor principal de la demanda de trabajo, combina acciones directas e instancias de negociación, posibilitadas por la adquisición de habilidades y el aprendizaje de mecanismos por parte de los miembros de organizaciones sociales respecto a los modos de funcionamiento de las dependencias estatales (Manzano, 2009). Cabe destacar que como resultante del conflicto no sólo se logra mantener la actividad productiva, sino que también se establecen dispositivos de cogestión en las modalidades de organizar y controlar la asistencia al trabajo. El diseño de la investigación es cualitativo y se basa en el estudio de caso instrumental (Stake, 2013) de una cooperativa del Programa Argentina Trabaja. Una de las principales fortalezas de la estrategia del estudio de caso es que posibilita una comprensión detallada y contextual de los procesos sociales (Neiman, & Quaranta, 2006; Stake, 2013). Ahora bien, el análisis de casos empíricos particulares se realiza en función de arribar a conclusiones con cierto grado de generalización. Es por esto que los casos deben ser clasificados en términos sociológicos e históricos para elaborar sistemas que transciendan el caso individual.

El primer caso de desvinculación es el de Viviana, una asociada de edad intermedia que no solía participar en las movilizaciones protagonizadas por la organización social ni en otro tipo de actividad vinculada a ésta. Dos motivos resultan centrales para comprender su desvinculación y ambos se asocian con la tensión entre aquellas asociadas que se encuentran más cercanas a la lógica de consumo y aquellas más cercanas a la lógica de acumulación política de la organización. Por un lado, la cooperativa a la que se asoció Viviana luego de la desvinculación no solía participar de acciones colectivas de protesta. Por el otro, el modo de distribuir unos fondos adicionales destinados a las cooperativas, en este caso particular, resultaba en un aumento de las remuneraciones individuales, en detrimento de la utilización de tales fondos para otros fines, generalmente propios del activismo en organizaciones sociales (por ejemplo, la construcción de los locales de las organizaciones). En este sentido, la literatura exploró las vinculaciones entre la política social, el cooperativismo, los territorios y el Estado en sus distintos niveles. Un conjunto de estudios examinó los impactos de este programa en las subjetividades de las clases populares destinatarias (Maneiro, 2015a) y la reconfiguración territorial que promovió, mediante las reapropiaciones de los actores y la recursividad de la política pública (Ferrari Mango, 2020).

La Red Universitaria de Economía Social y Solidaria surge en la docencia y en la investigación que hacen las universidades chilenas, desde el inicio nos propusimos abrir espacios para conversar, encontramos, saludarnos y ejercer la comensalidad en favor de los estudios sociales de las economías basadas en la reciprocidad, autogestión, solidaridad, cooperación, respeto a la naturaleza y el buen vivir. En ese sentido se comprende el uso de la sigla RUESS, que es parte de la comunidad académica de Argentina. Este artículo examina el trabajo del profesional psicólogo en el ámbito de la Política Nacional de Asistencia Social de Brasil (PNAS), desde la visión de la creación de redes y sus implicaciones en el desempeño del trabajo en las políticas públicas y discute la inserción del psicólogo en la política referida.

organizaciones de economia solidaria ejemplos

Se trata de las AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), en español “asociaciones para la conservación de la agricultura campesina”, que buscan, en un contexto de crecimiento de la agroindustría y de reducción del número de explotaciones agrícolas familiares, defender las granjas de pequeña escala, respetuosas del medioambiente y detentoras de un savoir-faire agrícola local. Hoy en día suman una gran cantidad de organizaciones en todo el territorio francés, sumando más de 1.500 de ellas, incluso en territorios de ultramar. El día miércoles 30 de noviembre se realizó el 1er Encuentro Regional de Economía Social y Solidaria en la región de Valparaíso de Chile, el que contó con la participación del Sr.Gobernador Rodrigo Mundaca además de otras autoridades regionales y comunales.

pueden ser cooperativas, asociaciones, and so forth. dependiendo del rubro y afinidad gremial, este tipo de organización requiere organizacion sin fines de lucro definicion una fuerte asesoría organizativa, pero amarrada a la promoción de nuevas opciones (rentables), y donde se considere un capital de

Como principal conclusión se encontró que las dinámicas de control desplegadas institucionalmente sobre el sector de la EPS fueron mayores que las de promoción y fortalecimiento, y aunque hubo un crecimiento cuantitativo de las organizaciones, se afectó la constitución y avance cualitativo del sector, al no promover los valores solidarios que le caracterizan. La lógica de las AMAP resulta muy relevante para la discusión entre agricultura, ciudad y sustentabilidad en diversos sentidos. Por una parte, promueve la diversidad agroecológica, al promover que los productores campesinos dediquen su tierra al policultivo, produciendo distintas hortalizas y frutales que además se adecúan a la estacionalidad, lo que permite que los consumidores cuenten con diversos productos. Esto tiene directa relación con la mantención de la calidad de los suelos frente al avance de las explotaciones de monocultivo. Por otra parte, genera encadenamientos productivos que se mantienen dentro de ciertos límites territoriales, disminuyendo la huella ecológica de la actividad agrícola y de las prácticas de consumo de los asociados, sobre todo debido a las menores emisiones por transporte.

El liderazgo colectivo y la construcción de un capital social asegura a todos sus miembros una distribución equitativa de beneficios. four Por esta razón, a partir de aquí utilizamos el femenino para referirnos a los/as trabajadores/as de la cooperativa. De esta forma, el encuentro organizacion civica y social tuvo por objetivos realizar un diagnóstico participativo que permitiera conocer la situación regional de la Economía Social y Solidaria. También, establecer una hoja de ruta con iniciativas de corto y mediano plazo para el fortalecimiento de la Economía Social en la región.

Un elemento relevante del sistema tiene relación con los costos compartidos, es decir, tanto el productor como los asociados, bajo la lógica del establecimiento de un contrato y precios que son abonados de forma anticipada, comparten los riesgos de la producción, tales como pérdida de cosechas por eventos climáticos, u otros, implantando así una lógica de solidaridad entre productor y consumidor. Con el propósito de apoyar las actuales iniciativas sociales comunitarias, ofrecemos un fondo concursable para que los distintos grupos puedan arreglar, cambiar, ampliar o complementar la infraestructura, el equipamiento o los insumos necesarios para su acción solidaria. Felipe Alcayaga, integrante de la cooperativa Gráfica Yungay, resaltó el valor de recuperar y potenciar la economía solidaria, la asociatividad y el trabajo colaborativo y dijo que esta instancia, ojalá contagie a otras empresas innovadoras, para consolidar un núcleo sólido, técnicamente más preparado y abierto a nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, la figura jurídica de la cooperativa y su inclusión en una organización social son factores que tienden a brindar cierta autonomía al colectivo de trabajadoras, así como capacidad de resistencia y negociación. De este modo, atenúan la dominación y el carácter vertical de la relación entre cooperativistas y funcionarios/as estatales. Entre estas políticas, se destacó el Programa Argentina Trabaja, lanzado en el 2009 y activo hasta principios de 2018. Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez (2015) identificaron en su diseño una combinación de elementos provenientes del capital humano, la economía social, el trabajo asalariado y los programas de transferencia de dinero a familias.

Conclusión Y Perspectivas De Progreso Observatorio Chileno De Salud Pública

Porque pone en entredicho la comunión de intereses y valores que es la única que posibilita la convivencia nacional, agudiza las tensiones sociales, genera resentimiento y, en los casos extremos, violencia armada. Sin embargo, los hallazgos evidencian que aquello no se presenta como tal en intervalos temporales acotados y con múltiples transiciones políticas, tal como se evidenció en el modelo n.° 10. Estos la desigualdad y pobreza lapsos crean una inestabilidad de la serie que no permite la correcta estimación de la relación entre desigualdad y tasa de crecimiento del PIB, lo que obliga a tener una base de datos más representativa, situación que no se da en la historia política abarcada en la muestra. Pero más allá de las implicancias económicas y sociales, también marca a fuego el estatus sanitario de la población implicada.

Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.

Es por lo anterior que el último informe del PNUD está dedicado a este tema “desarrollo humano para todos”, considerando, igualmente, que en 2015 los dirigentes nacionales se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”, compromiso que dejaron plasmado en la Agenda 2030. Para reducir la pobreza que aún afecta a Chile, así como la desigualdad, se requiere de buenos instrumentos que puedan identificar, cuantificar y caracterizar, de una forma precisa, a la población más weak del país, de manera de poder aplicar la política pública eficientemente. Bajo este criterio, el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la Encuesta CASEN, a partir del año 2013 utiliza una nueva metodología de medición de Pobreza por Ingresos, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo chilenos e imponiendo estándares más altos que se adapten al actual nivel de desarrollo del país. Asimismo, incorpora la medición de la Pobreza Multidimensional, siguiendo el ejemplo de países más desarrollados. Si bien este último comprende una variedad de demandas, entre ellas se encuentra la gran desigualdad que existe actualmente en el país, la cual, en palabras de Güel (2019), “…no se trata solo ni principalmente de un problema de distribución del ingreso” (párrafo 8).

Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Entonces, para las capas medias esto fue muy difícil, y para las capas más pobres lo que ocurre es que fueron saliendo de la extrema pobreza, del 40% de pobres en el año 1990 se pasó a un 8% en el año 2017. En la mayoría de esa serie estamos hablando de pobreza de ingresos, es decir, la capacidad que tiene la gente de consumir alimentación y bienes básicos. Recién el año 2011 empezamos a medir la pobreza agregando otros asuntos más intangibles como la trayectoria en la educación, el estándar sanitario, la calidad de la vivienda, and so on.”. Se privatizó la educación y se estableció la subvención, lo mismo pasó con la salud, y lo más dramático fue lo que ocurrió con el sistema de seguridad social.

la desigualdad socioeconomica

Por lo tanto, como se ha expuesto, la desigualdad económica tiene causas ex-ante y ex-post que coartan la libertad de los individuos para alcanzar los resultados que se consideran ideales, mostrando así la multidimensionalidad de esta misma. Además, como fue explicado ya, ambas caras de la desigualdad económica están relacionadas entre sí, contribuyendo al empeoramiento de estas inequidades o al favorecimiento para algunos pocos casos aventajados. En consecuencia, el estudio y análisis de la desigualdad económica debe considerar la mayor cantidad de factores posibles, para buscar soluciones que abarquen el problema en su conjunto y que realmente respondan a las dificultades que enfrentan las personas y países en el día a día. En este sentido, si bien ha habido políticas públicas importantes a nivel mundial para resolver temas significativos relacionados a la desigualdad, como la reducción de la pobreza, éstas, por ejemplo, no han tenido grandes consecuencias en términos de desigualdad de ingresos para el resto de la población (Alfonso et al., 2015 ). Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud. En este apartado se examina el desarrollo económico del país, evaluado a través de índices de desarrollo humano (PNUD) y el índice de desarrollo regional (Vial, 2017) y a continuación se evalúa la desigualdad social en dos aspectos muy controversiales actualmente en el país, educación y salud.

Además, es un término asociado a otros fenómenos negativos, como la desigualdad y la falta de oportunidades, afectando el bienestar de la población (Ministerio de Desarrollo Social, 2011). En la literatura económica, desde hace décadas, existe consenso en que un país o territorio no debe ser evaluado únicamente por sus indicadores económicos la desigualdad de ingresos de productividad, sino que también por su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad, ambos conceptos entendidos como males para una sociedad (Gasparini et al., 2014). Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo.

Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de eleven años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años. Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y 11,1 para la no indígena. Al realizar el mismo ejercicio pero considerando el 20% de los hogares con mayores y menores ingresos, el ratio es claramente menor.

3“Los objetivos del Grupo del Banco Mundial son los de terminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Promover la prosperidad compartida significa que trabajaremos para aumentar los ingresos y bienestar del forty por ciento más pobre de la sociedad donde sea que estén, ya sea en las naciones más pobres, países de renta media o alta” Traducción propia. La primera razón que postula Atkinson (2015) tiene que ver con las dificultades que enfrentan las personas en la vida, sin considerar la desigualdad de oportunidades que pueda existir.

Destacó que “Chile ha hecho mucho progreso”, de hecho, la desigualdad por ingreso ha disminuido de 55% desde el año 2000 a 47% en 2015. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo.

Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto.

En este sentido, Oestreich (2018 ) propone que, si bien hay una meta para las oportunidades y los resultados de esta misma, en ninguna parte se mencionan los factores que dan origen a estas disparidades en primer lugar. Así, se corre el riesgo de seguir perpetuando las estructuras internacionales y nacionales que promueven de una u otra forma las desigualdades en y entre los países. Por otro lado, se critica la mala relación que existe entre sus metas y los indicadores propuestos (Donald & Lusiani, 2016).

Por lo tanto, la información que entrega la encuesta es representativa a nivel nacional de los hogares y población que residen en viviendas particulares. Los datos de la Encuesta Casen se basan en una muestra aleatoria de hogares y población  residente en viviendas particulares. Con el objeto de que los datos de la muestra puedan ser usados para representar su expresión en términos del complete de población y hogares del país, se construyen factores de expansión que asignan una ponderación a cada caso incluido en la muestra. Desde la versión 2011 de la Encuesta Casen, estos factores de expansión han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y su construcción es consistente con las proyecciones demográficas entregadas por el INE para el whole de población residente en viviendas particulares a la fecha de levantamiento de la Encuesta.

Sin embargo, la distribución del ingreso en Chile se mide a través de la encuesta Casen, la cual es aplicada de forma no periódica en intervalos de tiempo que abarcan los 2 o 3 años, situación que merma la disponibilidad de información para los fines del estudio. Sin embargo, Berg, Ostry y Tsangarides (2014), sostienen que la medición a través de los ingresos por remuneraciones es una mejor aproximación a la desigualdad, dado que no considera la intervención del Estado en los ingresos que sesgan los resultados de la medición. Considerando esta premisa, se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del INE, la cual cuenta con información mensual del comportamiento del sueldo que perciben los trabajadores del país. No obstante, la forma de clasificación de los trabajadores se encuentra basada en las funciones que se realizan bajo la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones en su versión 88, utilizando solo 9 categorías. Como forma de unificar las clasificaciones a deciles poblacionales, se utilizó como información complementaria la Encuesta Suplementaria de Ingresos, también del INE, la cual tiene la cantidad de hogares, según decil, clasificados por grupo ocupacional.

Estratificación, Desigualdad Y Pacto Social En El Chile Actual: Evaluaciones Y Preferencias De La Población Para La Política Pública

Universidad de O’Higgins. Investiga temas de desigualdad social, política educativa, relaciones intergrupales e identidad de clase.

Se consideran miembros de un hogar a todas aquellas personas que, siendo residentes de una misma vivienda, pueden tener o no vínculos de parentesco entre sí y habitualmente hacen vida en común, es decir, se alojan y se alimentan juntas. Dicho de otra forma, habitan en la misma vivienda y tienen presupuesto de alimentación común. El issue de expansión comunal, en tanto, permite generar un tipo de expansión que considera la suma de población residente en las comunas cubiertas por la muestra,  en que todos los individuos residentes en un mismo conglomerado (manzana o sección) comparten el mismo ponderador. Dicho issue de expansión debe ser usado para obtener estimaciones a nivel comunal y excluye a la población residente en comunas no encuestadas.

La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional. La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de fuentes secundarias, desde distintas bases de datos mundiales y nacionales. A nivel país se utiliza principalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y datos de productividad del Banco Central de Chile. Asimismo, se contacta con diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadísticas, al que se solicita datos antiguos poblacionales y vitales no disponibles en la web1. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud.

Los conflictos urbanos y de ciudad como la segregación, la informalidad laboral y la fragmentación urbana, son realidades que no están ajenas al sector artístico y cultural, en diversos niveles de análisis. Fenómenos como la segregación, por ejemplo, han sido fuente de reflexión y análisis en diversos proyectos creativos tanto en el teatro, la performance y la intervención pública. Por otro lado, el lugar que ocupa la infraestructura cultural para combatir y articular de mejor forma los conflictos urbanos, resulta de alta relevancia más allá de su rol como mero espacio de acceso a bienes culturales, así como el impacto que tiene el desarrollo de la industria cultural en el valor del suelo. Por último, sin lugar a dudas, la pregunta por la informalidad laboral es basic para comprender y reflexionar respecto de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en Chile, considerando la condición generalizada de pluriempleo, y el desafío de mejorar derechos y buenas prácticas laborales del sector.

El 10% de los estudiantes más desfavorecidos en Shanghai supera al 10% de los estudiantes más privilegiados de Chile. La diferencia clave entre estos dos sistemas de educación es que Shanghai ofrece a todos sus alumnos el tipo de oportunidades educativas que Chile se reserva para sus niños más ricos. Muchos países han demostrado que ambas, calidad y equidad de la educación, pueden mejorar significativamente”. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de common el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto materials de todos los sectores.

desigualdad social actual

Chile fue el primer país Latinoamericano invitado a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente, Chile es el segundo país más desigual de la OCDE (índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del quintil más pobre (OCDE, 2018), siendo sorprendentemente mayor que el promedio de los países de la OCDE. En esta misma línea, cuando se ha estudiado la desigualdad y sus efectos económicos, se ha reflexionado y llegado a la conclusión que el bienestar de los países no obedece simplemente del crecimiento económico, ya que la distribución del ingreso también juega un papel relevante. La desigualdad económica conduce a un deterioro en las relaciones sociales, en el capital humano y en la salud de sus ciudadanos (Wilkinson, 2011).

Por ejemplo, un 27,2% de las y los trabajadores declara que su empleo no le permite tener estabilidad financiera y un 33,4% considera que su educación no les ha entregado la oportunidad de aumentar sus ingresos o de ascender en el trabajo. En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud detectó que 40% de habitantes aún no posee la primera vacuna contra el COVID-19 y que hay «puntos ciegos graves» por la falta de información que proporcionada por algunos países. “Somos one hundred forty millones de personas pobres y con bajos salarios”, podía leerse en muchas de las pancartas que la gente ondeaba frente al escenario, donde una procesión de líderes religiosos, sociales y activistas daban discurso tras discurso demandando “menos codicia” a las empresas y una mayor protección social de los trabajadores estadounidenses.

Según Richard Wilkinson y Kate Pickett, dos epidemiólogos con residencia en Londres, en su libro Desigualdad (2009), argumentan que la alta desigualdad de ingresos en países se correlaciona con una peor salud física, niveles más altos de violencia y economías menos productivas. Luego,  en una publicación posterior estos autores trabajan aún más este argumento enfatizando que las sociedades desiguales también están afectadas psicológicamente, puesto que sus habitantes sufren más de ansiedad, estrés crónico, depresión, adicción y trastorno bipolar. Además, muestran una alta correlación entre los diferentes patrones nacionales de desigualdad de ingresos y la adicción al juego, problemas de comportamiento en la niñez, trastorno bipolar e incluso “sesgo de autoestima”. Es de esperar que el cambio político y la nueva Constitución que se comenzará a redactar en breve sean capaces de reformar para bien todas estas cosas y muchas más con relación a las instituciones extractivas, mercados poco competitivos, mejores bienes públicos y el trato desigual que sufren muchos chilenos. En este sentido es revelador que Rodríguez ponga tanto énfasis (y fe) en los cambios políticos y en la representación democrática, mientras apenas menciona el rol del crecimiento económico, la expansión de los mercados y del comercio internacional y la competitividad y la innovación que surgen como motor de la actividad empresarial.

Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos. La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país.

El tamaño de la muestra y su nivel de precisión ha variado en el tiempo, dependiendo del diseño muestral utilizado en cada versión de la encuesta. Es importante destacar que todas las versiones de la Encuesta Casen realizadas a contar del año 2011 han fijado como variable de interés la tasa de pobreza por ingresos (porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos), por lo que los niveles de error asociados a la estimación son aplicables exclusivamente a la evaluación de dicho indicador. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. Otro de los temas que representan una demanda que no se circunscribe solo a la movilización actual, sino que viene de mucho antes, es el que cube relación con la presencia de “los mismos de siempre” en la toma de decisiones, terminología popular que se refuerza con los datos del libro. Cociña manifiesta que “respecto de las autoridades políticas a nivel nacional, nuestros datos muestran que entre 1990 y 2016, siete de cada diez ministros o ministras, seis de cada diez senadores o senadoras y cuatro de cada diez diputados o diputadas, fueron a uno de 14 colegios de elite (todos de Santiago). En efecto, en Chile las personas que toman decisiones tienden a escogerse desde un subconjunto bastante reducido de la sociedad.

Es algo que los investigadores están constatando que es mundial, es decir, efectivamente tenemos generaciones jóvenes más preparadas que antaño, que sus padres, en el sentido de que tienen mayor escolaridad, pero eso no se condice con mayor ingreso, con mayor salario”. desigualdad social opinion [3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos.

Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel actual, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, desigualdad segun la onu sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona. La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B).

Ministerio Del Inside Y Seguridad Pública Gobierno De Chile

La organización social se constituye, entonces, en una pink de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina Patrón Sinérgico. Los contratos entre las partes de la organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo. En la medida en que una organización tiene más diversidad de tipos de contratos y más transacciones, su complejidad será mayor.

Los encargados en realizar asistencia social suelen ser las instituciones estatales así como también las ONGs. El primer ministerio galardonado fue el Ministerio de Energía, con el Premio “Líder en Participación Ciudadana”, debido al proceso participativo que realizó durante este año con las comunidades de todas las regiones del país, en el marco de la “Ruta Energética”. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social fue distinguido con el premio “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana”, por trabajar de manera colectiva con todos los encargados de participación ciudadana de los distintos servicios de dicha secretaría de Estado. Por su parte, el Ministerio de Minería recibió el premio a la “Mejor Cuenta Pública Participativa”, al dar cumplimiento cabal de todo los aspectos técnicos y metodológicos en el proceso de ejecución de dicho mecanismo de participación ciudadana.

Y hoy, hemos querido realizar este reconocimiento a tres ministerios y a un servicio de nuestro Gobierno, que han tenido prácticas ejemplares de participación ciudadana y que esperemos, sirvan de inspiración para otros servicios y ministerios para los próximos años, y así seguir fortaleciendo el rol de la sociedad civil, en el trabajo de nuestro Gobierno”. 150 encargados de participación ciudadana de los distintos ministerios y servicios públicos del país participaron en un encuentro organizado por la División de Organizaciones Sociales (DOS), donde fueron premiados cuatro organismos públicos, por potenciar y promover durante el año 2018 la participación de la ciudadanía en la elaboración y difusión de sus políticas públicas. El propósito de esta Dirección, es gestionar en forma eficiente los recursos municipales en todas las actividades y prestaciones hacia la comunidad, velando siempre por mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna de Punitaqui, especialmente aquellas más weak. Además, debe promover y potenciar la participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación de programas, proyectos. Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro.

organizaciones de asistencia social

Asistente Social de la Universidad Católica de Chile, magíster en Trabajo Social de la Catholic University of America, USA. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público chileno, a nivel municipal y nacional, en materia de protección social y políticas públicas. El Departamento de Desarrollo Social tiene por misión la coordinación, diseño e implementación, ejecución, supervisión y evaluación de programas sociales agrupados en la Red de Protección Social, proyectos para el desarrollo social, y actividades específicas de asistencia social. El propósito de este departamento es administrar e implementar los planes y programas de apoyo asistencial a familias vulnerables de la comuna canalizados a través de demanda espontánea o derivados de otras unidades municipales. Finalmente, apoya y colabora en la ejecución de diversos programas sociales de la municipalidad y los servicios que tengan vinculación con ella.

Finalmente, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana fue distinguida por la DOS por su “Espíritu Participativo”, al compartir con otros servicios públicos, su metodología de participación ciudadana. Las empresas de servicios de salud son consideradas sistemas mixtos, porque las integran elementos estructurales y elementos abstractos. El sistema físico está constituido por los RRHH, recursos materiales, instalaciones, insumos y equipamiento tecnológico. El sistema abstracto es el conjunto de políticas, relaciones jerárquicas, estilos, normas y procedimientos que permiten marcar las reglas para la utilización del sistema físico y de los factores productivos con el objeto de lograr los objetivos organizacionales.

– Enviar los informes que requieren los organismos públicos sobre el desarrollo de estos planes y programas. – Coordinar con instancias públicas o privadas; locales o centrales el desarrollo de programas específicos implementados en la Comuna. – Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo comunitario sobre la base de las necesidades y potencialidades tanto de la comunidad, como del Municipio. Dado que el objetivo del sistema de salud es mejorar la salud de la población con la prolongación de la vida y de los años libres de enfermedad, el éxito y la calidad de sus actuaciones se deben medir según el grado de consecución de estos objetivos. Estos aspectos fundamentan la imperiosa necesidad de administración que presentan las organizaciones de salud.

Ocupó cargos directivos en el Ministerio de Planificación y en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social entre los años 1998 y 2009. “Fortalecer la democracia, a través del aumento del asociacionismo ciudadano y del garantizar la participación de la Sociedad Civil, en todo el ciclo de vida de las Políticas Públicas”.

Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control. En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. La Dirección de Desarrollo Comunitario, promueve el desarrollo comunitario, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, propone y ejecuta medidas relacionadas con asistencia social y contingencia, salud pública, protección del medio ambiente, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo native y turismo. La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como objetivo la promoción del desarrollo comunitario, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y proponer y ejecutar medidas relacionadas con asistencia social, contingencia,  capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. El Director de la División de Organizaciones Sociales, Álvaro Pillado, fue el encargado de premiar a estos cuatro servicios públicos, tras lo cual señaló que “para el Presidente Sebastián Piñera la participación ciudadana es un eje central de las políticas públicas que estamos elaborando como Gobierno.

1) Ingresando a  con acceso Clave Única, la cual debe ser solicita en dependencias del Registro Civil. Cuando existe algún adulto mayor que requiere apoyo y es solicitado por algún acquainted o vecino, esta dirección visita al afectado y se realizan redes de apoyo para poder entregar alguna asistencia. Es un programa que contempla la entrega de ayuda social y acompañamiento profesional por parte del equipo de Asistentes/Trabajadores Sociales a los habitantes de la comuna que se encuentran dismovilizados organizacion con animo de lucro y al cuidado de sus respectivos grupos familiares. Pertenece a otro tipo de organización (corporación, fundación u otros), deberá realizar una solicitud de reconocimiento de calidad de interés público y su aprobación o rechazo será efectuada por el Consejo Nacional. Valdés, es profesor de educación básica en la escuela Los Héroes, en la comuna de Maipú y lidera una comunidad sin fines de lucro que ayuda a personas que estén pasando por momentos difíciles y no tengan apoyo a través de acciones concretas.

• Postulante sin posibilidades de autovalencia o capacidades muy reducidas.• Personas con difícil acceso a la atención en salud o cuyo centro de salud no pueda satisfacer sus requerimientos.• Compromiso acquainted en el cuidado del paciente. Sus consultas se pueden enviar en el enlace disponible en la sección “Contacto”, con la respectiva identificación del consultante (nombre, RUT y organización que representa). También puede comunicarse telefónicamente con la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno correspondiente a su región de postulación, para el caso de regiones, o con la Unidad de Fondos Concursables en el caso de la Región Metropolitana (ver sección contacto de la página web). Trabaja en conjunto a personas que quieran ser parte del equipo y se financian por medio de aportes de terceros para la construcción de viviendas, recolección de medicamentos, mercadería, entre otras materias de asistencia social. Tendrá como objetivo la gestión, postulación y tramitación de los diferentes subsidios estatales que se cursan por vía Municipal, dirigida a las personas de más bajos recursos económicos. Director General (s) CAJ RM, junto a equipo de Departamento de Atención y Participación Ciudadana Abogado Jefe, Héctor Droguett, María Paz Acevedo, Asistente Social, y Sandra Llanquihuén, Secretaria, a quienes agradeció su trabajo para fortalecer la participación ciudadana en nuestra institución y felicitó por este importante premio a su gestión.

La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias.

Su objetivo se dirige hacia el apoyo y asesoría a las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales de la comuna, en todo cuanto cube relación con eventos de celebración de aniversarios, actividades especiales, entrega de premios y trofeos para sus iniciativas, actividades recreativas y otras necesidades. Cuenta con 15 años de experiencia en dirección de investigación e implementación de políticas sociales en el sector público, organizaciones de economia solidaria ejemplos organismos multilaterales e instituciones privadas en diversos países de América Latina (Chile, Paraguay y México). La misión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección a las personas y grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social.

La asistencia sanitaria es una actividad compleja, en la que el resultado deseado se alcanza sólo cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como una serie de procesos sucesivos, en los cuales los resultados de un proceso se convierten en elementos de entrada de uno o más procesos consecutivos. La ayuda social se destina principalmente a compra de medicamentos, pasajes, exámenes médicos, aportes fúnebres, alimentos, entre otros. • Documentación que acredite su actual situación• Solicitud formal de Institución que requiere el documento. Por su parte la Beca Indígena tiene como objetivo primordial, el promover la mantención de estudiantes de ascendencia indígena con buen rendimiento académico, en el sistema educacional.

¿está Agotado El Actual Modelo De Política Social? Revista Enfoques: Ciencia Política Y Administración Pública

De esta forma, Basaure establece las bases del programa de investigación que desarrolla junto a un equipo de investigadores, y cuyas claves expuso en la charla “La tiranía del tiempo, nuevas dimensiones de la desigualdad”. Se trata de la quinta charla del ciclo virtual de la VII Conferencia de Cultura Científica, que cada año organiza nuestra casa de estudios a través del Centro para la Comunicación de la Ciencia. Una mayoría (54%) opina que el funcionamiento actual de la sociedad chilena no contribuye a disminuir las desigualdades sociales de origen o bien que las agrava (38%). En el caso de comunas que no son cubiertas en la muestra de la Encuesta Casen no es posible contar con estimaciones directas, ni tampoco es factible aplicar el método de estimación para áreas pequeñas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia utiliza para estimar la tasa de pobreza por ingresos a nivel comunal. Los hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional son aquellos que acumulan un porcentaje de 22,5% ó más de carencias en los 15 indicadores individuales que se utilizan para la medición, ponderados de acuerdo al peso que les corresponde en cada dimensión. No obstante, el indicador que usualmente se toma como referencia a nivel nacional, regional y comunal es la tasa o porcentaje de personas en situación de pobreza.

Las familias, por su parte, cuentan con una serie de estrategias que refuerzan estos mecanismos de segregación por medio de la elección escolar. Van Zanten (2015) señala que las estrategias educativas de las familias de élite son seleccionar colegios guiados por su estatus de excelencia y por ser miembros de una comunidad de exclusividad, entre parecidos. A su vez, el tamaño de los colegios y el reducido número de matrículas que ofrecen, junto con otros mecanismos de reclutamiento como, por ejemplo, dar prioridad de cupos a los hermanos de los estudiantes o a los hijos de exestudiantes, son costumbres adquiridas hace muchos decenios.

A manera de conclusión, destacamos diferentes fuentes de la desigualdad propias del proceso de desagrarización. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. Imagen del pabellón chileno en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, donde Alejandra Celedón estuvo a cargo de la muestra Stadium, sobre el cambio en la política de viviendas sociales llevada a cabo en 1979.

En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Creo que es basic volver a considerar la vivienda como un derecho”, dice el sociólogo Fernando Campos. “No creo que el problema sea la regulación, la regulación existe, pero está orientada a fines que no compartimos todos, o no se transparentan los fines a los que apuntan esas normas y ciertos grupos las utilizan a su conveniencia. A Chile no le faltan mecanismos regulatorios, le falta que nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos common las cosas.

Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más weak, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo. Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá). Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios desigualdad rural y urbana nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente. La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales.

Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini. Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es comparable. No se puede negar que Chile ha experimentado un desarrollo sin precedentes desde el retorno a la democracia (1990). Se ha logrado en un escenario de estabilidad política y social, preservando equilibrios macroeconómicos a pesar de los shocks internacionales (Sunkel e Infante, 2009). Asimismo, las políticas sociales, enfocadas a la población de menores ingresos han obtenido buenos resultados disminuyendo la pobreza del país y en cada una de sus regiones.

desigualdad social actual

«Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia publica regularmente estimaciones del porcentaje de hogares y de personas en situación de pobreza en base a datos de la Encuesta Casen. Un hogar en situación de pobreza extrema por ingresos, en tanto, es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza extrema por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido de acuerdo al número de integrantes del hogar y que corresponde a 2/3 del valor de la línea de pobreza. Un hogar en situación de pobreza por ingresos es aquel cuyo ingreso mensual es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de acuerdo al número de integrantes del hogar.

En contraste, los particulares pagados evidencian una mayor ventaja, ya que en ellos el 29% de los estudiantes presenta rezago. Sin embargo, como aclaran los autores del estudio, dichas diferencias no necesariamente se explican por las diferencias de los sostenedores, sino que atienden también a estudiantes con diferentes atributos socioeconómicos. El 29% de desigualdad mundial 2022 las y los estudiantes del nivel socioeconómico más alto no logra el desempeño esperado a finales de 1° básico. En contraste, el 73% de los estudiantes en el grupo socioeconómico más bajo está bajo el nivel esperado. Para los autores, esto llama a priorizar con urgencia a los establecimientos de bajo desempeño que educan a los niños y niñas más vulnerables.

Lo que nos muestran estas cifras es que países como el nuestro tienen un gran desafío por delante en materia de reformas estructurales en salud para que las políticas que se apliquen no vayan en la dirección de soluciones privatizadoras, sino en la dirección de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Al menos ése es el camino que señalan los países que tienen mejores indicadores de salud, de igualdad y de aseguramiento del derecho a la salud. Se señala que éste es un issue de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.

Estas opiniones cambiaron radicalmente en el 2021, porque el 71% de los encuestados elige la opción de que todos tengan lo mismo; solo el 7% cube que no haya mucha diferencia; y, apenas un 23% cube que esas diferencias no importan. En otras palabras, los chilenos sí recogieron este discurso y opinión política y lo hicieron propio. Avanzar en una equitativa distribución de la corresponsabilidad en el cuidado y trabajo doméstico, terminar con los estereotipos en torno a roles de género, apoyar los emprendimientos liderados por mujeres, denunciar los casos de violencia doméstica, son algunas acciones cotidianas que podemos realizar para facilitar este proceso. Además, hablamos permanentemente de reforma a Carabineros, de reforma al Sence, a la Sala Cuna y ninguno de esos proyectos sale adelante.

Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.

Justicia Social Y Salud Pública: Múltiples Formas De Un Encuentro

Pero claramente sabemos que en Chile la población está envejeciendo y que como país no se debe dejar a los adultos mayores en el abandono. Los logros en crecimiento económico y las políticas sociales repercutieron también en una disminución de la tasa de incidencia de la pobreza, tal como se muestra en el gráfico 1. Sin embargo, los avances en distribución del ingreso han sido bastante modestos, de acuerdo con el índice Gini mostrado en el mismo gráfico. De hecho, Chile es el país de la OECD con mayor desigualdad de ingresos, de acurdo con el más reciente informe de dicha organización internacional OECD (2014). Cabe hacer notar, que el liberalismo de este filósofo no se refiere a la sociedad como un sistema de cooperación en el sentido marxista.

Otro de los aspectos que consideramos prioritarios es el de avanzar hacia un sistema de salud que sea capaz de proveer igual calidad de asistencia a todos los ciudadanos, independiente de sus niveles de ingresos. Los seres humanos somos todos distintos en esfuerzo y en talento, pero somos iguales en dignidad. Así que para avanzar hacia una sociedad éticamente más justa y equitativa, es basic igualar la cancha en la atención a la salud y la preservación de la vida y de las capacidades de todas las chilenas y chilenos. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.

desigualdad en la justicia

Se promueve la postulación de estudiantes que tengan interés en el tema y que puedan considerar esta práctica como una base para continuar una tesis de investigación en temáticas relacionadas. Este artículo tiene por objetivo describir algunas de las principales líneas de investigación y reflexión en torno a la relación entre desigualdad y salud psychological. Un caso ejemplar que citan quienes impulsan la justicia con enfoque de género, es el que ocurrió en abril de 2019, cuando un Tribunal Oral en lo Penal decidió absolver a un acusado de violar a una compañera de trabajo en el pub El Tablón, de Linares.

Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Señaló que el problema de la justicia social está presente en todas partes, “como se aprecia en capítulos escritos por cientistas sociales sobre Turquía, Canadá, los Sin Tierra en Brasil, los Zapatistas en México, Líbano, Palestina, Chile y otros lugares del mundo”. Las clínicas privadas, que cuentan con más recursos y equipamiento para atención de salud, estarían reservadas para personas con dinero suficiente para estar adscritas al sistema privado de salud (isapres). Y aun en este escenario, dependiendo del plan de salud, las personas podrían haber quedado obligadas a un pago altísimo, incluso por el take a look at para detectar el virus (como de hecho sucedió para algunas de las primeras personas contagiadas, antes de que el gobierno regulara el precio del test). En los próximos meses las isapres, con utilidades millonarias, podrían subir el costo del plan a sus afiliados/as, probablemente incorporando los mayores costos asociados a la cobertura del virus (la decisión de postergar estas alzas por unos meses fue presentada como un “gran gesto”). Por tal motivo, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago convocó a los alcaldes y alcaldesas de las nueve comunas de la región con mayor necesidad de conectividad digital e infraestructura en telecomunicaciones para conformar, junto a más de 20 empresas privadas de Internet y otros servicios, una Alianza para la Justicia Digital.

Se trata claramente de una concepción liberal, según la cual, la base de tal cooperación social no es un perfect colectivo o de sociedad comunitaria, sino el acuerdo libre entre ciudadanos iguales, que operan en un sistema de mercado y que desean conscientemente y por voluntad propia, obtener beneficios individuales de tal cooperación. Pero estos ciudadanos libres e iguales, también se encuentran guiados por ciertos valores y principios compartidos de equidad y de justicia, los cuales brindan contenido al pacto social que establecen. Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres tendrá impacto en la calidad de los sistemas de justicia, considerándolas como “sujeto de derechos” a través de un trato justo, medidas reparativas y debido proceso, evitando la revictimización. En efecto, mejorar el acceso a la justicia de las mujeres exige que el sistema nacional se ajuste a los componentes internacionales en esta materia. La disponibilidad de un buen servicio de justicia permitirá obtener un pronunciamiento judicial en un tiempo razonable y que dicho pronunciamiento sea sostenible en el tiempo; habrá una revisión y seguimiento de las medidas que se implementen, con estudios y datos permanentes asociados a implementación de las medidas.

Asimismo, precisó que pocos son contrarios a la justicia social, “pero nadie la entiende de la misma manera; por eso es difícil encontrar soluciones en común. Una sociedad necesita llegar a consensos acerca de qué principios deben priorizarse con respecto de la justicia, la libertad y la igualdad”. Por su parte, los desigualdad hoy en dia alcaldes presentes celebraron la iniciativa de acortar la brecha digital a través de la creación de la alianza entre el mundo público y privado. “Es importante que los territorios que han sido abandonados durante décadas por el Estado y que no tienen igualdad en el desarrollo, puedan hoy cambiar esta realidad.

Pero como esta riqueza se gana y no se redistribuye, los países comunistas son cada vez más pobres pues sus políticos no son los más creativos. En cientos de estudios se ha comprobado que cuando se les pide a las personas -incluyendo niños- que distribuyan recursos tales como el dinero, se tiene un fuerte sesgo a darle a cada uno la misma cantidad de dinero. Los psicólogos que estudian estos temas reclaman haber descubierto un llamado “deseo universal hacia una mayor equidad de pago” y fundamentalmente “motivos igualitarios” en nuestras interacciones con los otros.

Esta sociedad más empoderada está consciente de las enormes desigualdades que aún persisten en el país. La calidad de la educación en todos sus niveles es algo que ha salido a desigualdad entre los paises la luz pública en múltiples ocasiones. Las diferencias abismales entre los colegios municipales, subvencionados y particulares se han hecho evidentes en todas las mediciones.

Es decir, desde la gestación en el vientre materno, hasta la edad en que se alcanza la adultez. En tercer lugar, una sociedad bien ordenada requiere que los ciudadanos tengan un sentido efectivo de la justicia, en tanto sean capaces de reconocer y de aplicar tales principios públicamente reconocidos y de actuar mayormente conforme el deber que atañe a los mismos. Nótese que esta tercera condición requiere que los ciudadanos sean personas con cierto nivel de educación y con capacidad de discernimiento moral. Una sociedad bien ordenada no es posible de alcanzar en países donde las personas carecen de la educación necesaria para reconocer los principios de la justicia política y para participar en la vida pública de acuerdo con tales principios.

En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio. Luego sigue una sección que describe el modelo chileno y relata algunas de las recientes críticas de que ha sido objeto. En la sección posterior se analiza el déficit de justicia y de desigualdad de oportunidades del modelo y finalmente se ofrecen las conclusiones y algunas propuestas de política económica. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad. Es hora de mirar nuestras desigualdades con empatía, de ponerles rostro, nombre y vida, en lugar de reducirlas a meras estadísticas.

De ser aprobado el nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida, Chile se convertiría no sólo en el primer país cuya Constitución fue escrita por un órgano paritario, sino que además se podría garantizar constitucionalmente un sistema judicial en la misma línea. “Obviamente, no puede quedar dado a la voluntad, a las iniciativas particulares. Claro, existe una asociación de magistrados y magistradas que se organiza en torno a esta cuestión. Hay iniciativas específicas de la Secretaría de Género e hicieron un guide de lenguaje inclusivo, que tampoco es obligatorio. Entonces, está bien la iniciativa, pero queremos que esto sea una obligación del Estado, que esté a ese nivel, y que obligue a la Academia Judicial a que la formación de los jueces y juezas sea parte del programa”, concluye Millán. [1] Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctoranda en Derecho e Investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios.

A falta de otros baremos éticos, el de la igualdad de resultados es el centro, el vértice del discurso ético de la izquierda, la fundamentación para sus propuestas y políticas, y la base de su crítica social. Quizás sea por la fuerza de la repetición sin cuento, ya que no por el poder de sus razones, pero lo cierto es que el señuelo de la igualdad de resultados ha atraído no solo a toda la izquierda, sino también a gran parte de la derecha, que debería hacérselo mirar. Los liberales no somos envidiosos, así que el que unos tengan más y otros menos no nos importa. Lo único que nos preocupa es la pobreza, la carencia de medios para salir adelante.