Quiero reconocer el trabajo desarrollado por el alcalde Cesar Orellana y no tan sólo por la ayuda prestada a los vecinos al momento de postular, sino que por su voluntad de trabajar con sentido de unidad”, explicó la máxima autoridad regional. La Sociedad Civil es una parte de la sociedad o de la ciudadanía, organizada, que no solo impulsa iniciativas solidarias sino también moviliza el interés público. Según la OCDE, en la Declaración de Busan, “las organizaciones de la Sociedad Civil juegan un rol elementary en permitir que las personas reclamen sus derechos, en promover enfoques basados en derechos, en formar las políticas y asociaciones, y en monitorear la implementación”. Finalmente, los catalizadores internos, centrados en el empoderamiento (D), son organizaciones comunitarias como comités de allegados o JJVV que se posicionan como intermediarios entre la comunidad y otras estructuras de poder.
Dado que el objetivo del sistema de salud es mejorar la salud de la población con la prolongación de la vida y de los años libres de enfermedad, el éxito y la calidad de sus actuaciones se deben medir según el grado de consecución de estos objetivos. “La actividad que tuvimos con las organizaciones sociales tiene que ver con las directrices del Gobierno, que es acercarnos a la comunidad, mantener el diálogo permanente (…) Fue un diálogo súper directo. Como Delegación, hacemos un levantamiento de todas las problemáticas, la cuales se van a derivar a las autoridades que correspondan”, manifestó la delegada Muñoz. pobreza absoluta y relativa Representantes de más de 10 asociaciones estuvieron presentes para conversar respecto a diversas temáticas como conectividad aérea, marítima y terrestre, así como también vivienda, salud, ganadería, artesanía y equidad de género. “Es muy importante realzar el trabajo que hacen las organizaciones, porque ellas representan a un gran grupo de personas (…) Ellos son los que nos entregan todas las inquietudes y necesidades que tenemos que resolver”, dijo la delegada María Luisa Muñoz. El segundo objetivo debe ser asegurar formas de participación incidente en los distintos niveles territoriales del Estado.
Si bien la Región Metropolitana concentra el 40% de la población complete y un 25% de las OSC, el promedio país es 12,2 organizaciones por cada mil habitantes, mientras que en la RM es 7,5. Además, podemos encontrar una buena diversidad de actividades, siendo las categorías con más organizaciones la de deporte y recreación, y la de vivienda, barrio y urbanismo, lo que se explica porque en ellas se concentra la mayoría de organizaciones comunitarias y funcionales. El caso de Fundación Mi Parque contempla un modelo de trabajo de cinco etapas basado en una alianza entre empresas, municipalidades y voluntariado. La acción se inicia desde la organización que, en alianza con la municipalidad, apoya en la selección del terreno y la comunidad y se compromete con el mantenimiento de la futura área verde. Una vez que se encuentra el financiamiento privado, se da inicio al diseño y a la construcción participativa con la comunidad que congrega a voluntarios y vecinos en una jornada de trabajo conjunta. Una vez terminado el proyecto se incluye acompañamiento comunitario, contemplando, por ejemplo, la formación de un comité vecinal para asegurar el cuidado del área verde.
Sin embargo, el rol intermediario se despliega más allá del sentido de urgencia y del producto como un fin en sí mismo. De esta forma, la implementación de proyectos de vivienda y del espacio público se complementa con actividades que buscan catalizar nuevas relaciones entre la comunidad y su entorno construido en el mediano y óptimamente, en el largo plazo. Analizando el rol durante la intermediación la mayoría de las organizaciones son implementadores y catalizadores a la vez. Organizaciones en las que predomina un rol implementador para que sirven las organizaciones sociales realizan actividades como la construcción de vivienda de emergencia o vivienda social (Techo, Fundación Vivienda), la recuperación de áreas verdes (Mi Parque), el mejoramiento de vivienda en condiciones de precariedad (Hábitat para la Humanidad, Fundación Vivienda), o la autoconstrucción colaborativa (ONG Vivienda Social). Estas organizaciones se centran en el sentido de urgencia de la intervención, ya sea diseñando y/o construyendo proyectos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de una familia o una comunidad.
Las JJVV se financian a través del levantamiento de fondos por cuenta propia, o a través de fondos concursables a nivel municipal y central. Esta dependencia económica, especialmente con las municipalidades, tiende a generar condiciones que propician el clientelismo (Rojas, 2014), la supeditación al poder de las autoridades o la competencia por fondos (Troncoso, Barría y Chioino, 2018). Los comités de vivienda asumen un rol de gestores inmobiliarios (Castillo, 2014), desarrollando tareas que originalmente corresponden a la labor de las Entidades Patrocinantes. Como implementadores, una de las principales actividades se centra en la búsqueda y negociación del terreno para poder acceder a una vivienda en la comuna donde residen y evitar así la expulsión hacia la periferia.
La segunda corriente ha adoptado la visión de la Red Europea de Investigación de Empresas Sociales EMES (European Research Network of Social Enterprises), utilizando los conceptos de “empresa social” y “tercer sector”. Esta definición tiene sus raíces en la economía social y enfatiza en el emprendimiento e innovación social como principales características. En su aplicación en Chile (Gatica, 2011) se incluyen cooperativas y modelos híbridos más recientes como empresas sociales que pueden tener lucro limitado. Somos una fundación que desde el 2001 trabajamos para fortalecer a la Sociedad Civil a través del voluntariado profesional y el desarrollo comunitario, conectando personas con vocación social y organizaciones sociales que necesiten de su conocimiento y experiencia laboral. Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. El encuentro de Organizaciones Sociales representa un paso significativo hacia el desarrollo conjunto de soluciones efectivas para abordar los desafíos sociales que enfrenta la región y, asimismo, fortalecer el impacto positivo de estas entidades en las comunidades que sirven.
La existencia de un director o secretario ejecutivo unipersonal tiene su contrapeso en el respectivo consejo directivo cuyos acuerdos y directrices deben seguir, en tanto órgano normativo y de management. Por tanto, la ingeniería institucional del futuro Consejo para la Participación y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil no parte de cero en esta materia. Los implementadores internos, centrados en el producto (B), son fundaciones o cooperativas que tienen sus orígenes en organizaciones comunitarias que consolidan un modelo de trabajo estable y una fuente de financiamiento (generalmente fondos concursables estatales o subsidios) para implementar proyectos de vivienda o de mejoramiento de espacios colectivos. La organización se posiciona como un gestor inmobiliario dentro en un territorio específico y sirve a los miembros de la misma comunidad.
Esa ley igualó la escala territorial con la organizacional, ya que por cada unidad vecinal existía solo una organización de vecinos, con legitimidad para actuar en representación del conjunto de los habitantes y con atribuciones para promover procesos asociativos y en la planificación del territorio. Existen numerosos acuerdos bilaterales y regionales que propician la integración económica regional, el comercio y la innovación. Se debe aprovechar el dinamismo de estos para introducir normas que favorezcan el desarrollo sostenible, faciliten la participación y la inclusión de los sectores vulnerables en las estrategias nacionales de desarrollo, mediante la asistencia técnica relacionada con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el comercio, el fomento productivo, agregación de valor y el desarrollo de capacidades en estas áreas.
El alcalde de Til Til, Nelson Orellana, destacó que la herramienta se ha transformado en una actividad esperada por cada organización, “son muy importantes para nuestros vecinos, impacta en cada una de las organizaciones, en sus barrios y marcan el desarrollo de cada una de ellas. Hoy día yo creo que el nuevo foco tiene que ver con el crecimiento del país y hacia esos ámbitos se debe avanzar”. En la Municipalidad de Til Til, vecinos de la comuna participaron de la entrega de los Fondos Concursables de Codelco Andina, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Til Til y la Gobernación provincial de Chacabuco, herramienta que aporta al desarrollo social de las comunidades aledañas a las operaciones de la División. A raíz del estallido social en octubre 2019, algunas de estas organizaciones han respondido con una agenda social especial. Urbanismo Social, Junto al Barrio, Techo, Proyecto Propio y Fundación Vivienda han sido vocales en difundir las desigualdades territoriales y habitacionales a través de sus canales de comunicación y participación en los medios de prensa. Algunas de ellas han apoyado la formación de cabildos territoriales y han generado espacios de discusión con la comunidad y publicaciones sobre el trabajo desarrollado con dirigentes vecinales.
En el rol de catalizadores (ver Tabla 3), los comités desarrollan presión política por medio de activismo para visibilizar la causa y obtener más recursos, relacionándose con la dimensión de empoderamiento. Organizaciones como Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), Movimiento de Pobladores Ukamau (MPU) han sido altamente mediáticos realizando manifestaciones, entrevistas y presión a las instituciones por demandas que se extienden más allá del proyecto original. En este sentido, las iniciativas sobrepasan el objetivo inicial que es la adquisición de la vivienda, buscando mejores condiciones habitacionales y finalmente un cambio en las políticas públicas. De esta forma, articulan la lucha por vivienda dignas, con la búsqueda de mejores barrios y ciudades, presentando una nueva mirada sobre el territorio (Imilan Ojeda, 2016). El MPU, por ejemplo, nace a partir de un centro cultural in style en la Población Santiago de Estación Central, que decide organizarse en un comité de vivienda para luchar por una vivienda digna.
Finalmente, las organizaciones gozan de un alto grado de aprobación por parte de la sociedad, destacando su capacidad para entregar resultados de calidad y de forma expedita, siendo flexibles y en sintonía con la realidad para adaptarse a diferentes situaciones, al tiempo que inspiran alta confiabilidad en su actuar mostrando vocación y autonomía (Irarrázabal y Streeter, 2017). En el debate de los años 70 y 80 se reconocía la expansión internacional de las organizaciones sin fines de lucro como proveedores de innovación social (Edwards-Schachter y Wallace, 2017). Estas organizaciones, representadas principalmente por ONGs (organizaciones no gubernamentales) de ayuda humanitaria, eran reconocidas desde su capacidad de atender demandas sociales emergentes, con una directa relación en la dimensión producto de la innovación social. Sin embargo, en el debate más reciente estas organizaciones han mostrado una naturaleza híbrida en un contexto de alianzas transversales entre sectores y el entendimiento de los usuarios, no solo como consumidores sino como agentes centrales en el desarrollo del servicio (Defourny y Nyssens, 2014; Edwards-Schachter y Wallace, 2017) que inciden en las dimensiones de procesos y empoderamiento. Instalar el desarrollo y la cooperación en la agenda pública, implica también avanzar en los procesos de discusión, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que era el propósito inicial del legislador. Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. Estos reductores de variedad necesitan el apoyo de la autoridad para que se apliquen en las organizaciones sociales. La autoridad es un fenómeno natural cuyo origen se encuentra en la necesidad de mantener el orden dentro del sistema social. Si la división del trabajo o especialización tiene como consecuencia el aumento de la diferenciación y de la diversidad dentro del organismo, es necesario entonces que también haya una fuerza en sentido contrario, capaz de lograr la regulación y el management de la variedad, para que la organización se mantenga bajo management.
