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El acceso a los fármacos es important para asegurar la calidad de vida y, en muchos casos, la vida misma de las personas. En Chile su acceso es negado a muchas personas por el elevado precio o por la distribución geográfica de las farmacias, o sea por discriminación socio económica y/o territorial. Se ha observado empíricamente la ausencia de identidades fuertes a nivel de las regiones administrativamente establecidas (Méndez 2008). Por otro lado, se ha constatado un repliegue al espacio de la vida privada de las personas (Lechner 1988), particularmente en las clases medias, sin que eso signifique una completa apatía e inactividad respecto de un interés más basic que el particular person (Méndez y Barozet 2012).

Se han combinado datos censales y de encuestas de hogares para estimar desigualdades de ingresos a nivel comunal (Agostini et al 2008, Ramírez et al 2009), pero los municipios resultan ser unidades demasiado reducidas para un análisis comprehensivo. El desarrollo de propuestas de ordenamiento territorial requiere una comprensión cabal del territorio, el cual implica aspectos ambientales, patrimoniales e identitarios, entre otros. Sin embargo, nos preguntamos sobre la pertinencia de este enfoque en el ámbito latinoamericano, cuyas ciudades se caracterizan por la existencia de grandes desigualdades socioterritoriales a su inside desigualdad y globalizacion.

Si las acciones urbanas se ejecutan sin fines de lucro, entonces es posible que la vida cotidiana se vuelva más asequible y ajustada a la realidad presupuestaria de las familias chilenas. La principal ventaja de la tipología elaborada consiste en su capacidad de describir la forma como las comunas se relacionan con las ciudades en el sistema urbano, con relativa independencia de los límites administrativos, guardando relativa homogeneidad con métodos aplicados en otros países. El criterio principal consiste en la presencia de mercados laborales compartidos a nivel territorial, utilizando como indicador los viajes diarios con motivo de trabajo, además de criterios relacionados con el tamaño y la densidad poblacional. En el caso specific de Chile, esto permite identificar territorios subregionales, intermedios entre el nivel native y las regiones jurídica y administrativamente establecidas. En segundo lugar, para delimitar los territorios, es posible realizar sucesivas agregaciones de municipios o bien partir de una preselección de las comunas que constituyen los centros urbanos principales. En este trabajo partiremos de una definición establecida de los centros urbanos principales, como se efectúa en otros países (OMB 2010,Antikainen 2005).

Los valores del acceso a la vivienda terminan por segmentar a la población de acuerdo con la economía de sus hogares, definiendo quién puede vivir en qué comuna de acuerdo a su poder de compra (Figura 5). En el cuadro 2, la columna DESPLAZADOS indica cuántos hogares fueron recogidos desde la comuna de origen y en la columna RADICADOS se indica cuántos hogares fueron creados con desigualdad y pandemia los desplazados desde otras comunas en esa comuna. Se puede ver cómo las comunas más cercanas al eje estructurante de la ciudad (Línea 1 de Metro), no recibieron hogares desplazados, lo que constituye una verdadera “limpieza” del área más valiosa de la ciudad para el capital inmobiliario y para facilitar la construcción de una fachada de ciudad de país desarrollado en ese eje.

“En Chile no hay persona ni grupos privilegiados.”  Sin embargo, en muchos ámbitos el mercado y la acción del Estado generan un trato desigual, como ocurre con lo vinculado a la salud. SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional) (2008), Actualización estudio diagnóstico y propuesta para territorios aislados. María Luisa Méndez, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la PUC compartió su análisis sobre el tema en la inauguración del año académico de la Escuela de Sociología de la UCM. La cita, se llevó a cabo en la  delegación Presidencial Regional, lugar al que además de la directora regional de Prodemu, Claudia Bustos Carrasco, concurrieron autoridades regionales tales como, Osvaldo Curaqueo, director del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturalidad; Nancy Bobadilla, jefa Fomento Indap regional y Claudia de la Hoz, directora regional de Sename. Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

Actualmente un 55,4% de la población mundial vive en ciudades (Demographia World Urban Areas, 2018) y Chile no está lejos de esta realidad mundial. Más aún, es uno de los países más urbanizados de América Latina (ONU-Habitat) y tiene más del 87% de la población habitando en la ciudad (PNUD, 2014). Dentro de estas cifras, la población se concentra principalmente en tres ciudades, liderando el Gran Santiago con un 39%, siguiendo el Gran Valparaíso con un 6,6% y luego el Gran Concepción con un 6.5% (CENSO, 2017). El incremento de la desigualdad territorial en los ingresos percibidos por los trabajadores chilenos es producto tanto de diversas acciones de las instancias del Gobierno (Ministerios y Banco Central) como de los mecanismos de mercado. Entre las primeras, destaca el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la política monetaria, mientras que entre los segundos se analizan el comercio entre las regiones y la movilidad laboral interregional. Así, se segmentó la ciudad por niveles de rentabilidad de inversión y calidad del espacio requerido para capitalizar dichas inversiones.

La pregunta, directo al mentón de quienes celebraron cuando el sueldo mínimo apenas sobrepasó los $300.000, sitúa bien el contexto del estallido social y orienta nuestra aproximación desde el urbanismo. De hecho, los autores de dicho estudio estiman que cada punto adicional (0,01 en el rango zero a 1) de incremento del coeficiente de Gini incrementa en 3% la probabilidad de conflictos o acciones contenciosas. En efecto y sólo como ejemplo, en marzo 2021 sólo algunos Servicios de Salud cuentan con oncólogos médicos, especialistas en medicina nuclear o geriatras como parte de su dotación efectiva. La constitución de la República de Chile, Artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley.

Es por pensar en un desarrollo donde ningún territorio quede rezagado, integrante de un país descentralizado y con políticas públicas que tomen en cuenta la heterogeneidad de los territorios. Finalmente, es por mejoras reales en las condiciones de vida que nos permitan hablar con propiedad de un solo Chile, desarrollado y con cohesión territorial. Por otra parte, de las sixty eight comunas con presencia de depósitos de relaves en Chile, cerca del 72% presenta un nivel de pobreza multidimensional superior al promedio nacional.

Un aspecto central de esa interacción consiste en formar parte de un mismo mercado de trabajo desde el punto de vista territorial, como se refleja en los viajes diarios desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, los cuales ocurren preponderantemente al inside del área de la ciudad. Adicionalmente a esas variables demográficas tradicionalmente utilizadas, el desarrollo de los sistemas de transporte ha incrementado la conectividad de las personas que residen en diversos lugares. Esta dinámica permite que los mercados de trabajo sobrepasen a menudo los lugares donde residen las personas y los límites administrativamente definidos, como los comunales.

“Hay un vínculo claro entre la producción de estigmas y la deslocalización, es decir, hay territorios y áreas de la ciudad que pueden ser atractivos para otros fines”, agregó la invitada, exponiendo como ejemplo, el desarrollo inmobiliario. “La literatura muestra que la acumulación de renta necesita invertir en territorios que no son valiosos para que después pueda vender y generar ganancia. Según la literatura, la producción de estigmas es social, se da a través de la vida cotidiana, mediante los medios de comunicación, a través del etiquetamiento de ciertos vecinos que viven en ciertos barrios y operan como un mecanismo de desvalorización de los territorios y generan mayor intensión de movilidad”, sostuvo la investigadora. Dado que este es uno de los gastos mensuales mas altos de los hogares y que el transporte público es un servicio urbano básico (como el alumbrado o las veredas), es posible que su uso se financie de forma indirecta con impuestos al uso de combustibles fósiles, impuestos a los empleadores de grandes empresas y con acciones tributarias.

A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico. Uno de los grandes déficits que subsiste en regiones es la ausencia de especialidades médicas, odontológicas y otras. Asumir este desafío ha sido tarea compleja para las universidades en parte por la ausencia de profesionales en regiones disponibles para implementar esos programas y también por las exigencias de los sistemas de acreditación que se les aplican. Esta actividad se enmarcó en las charlas “Hablemos de…, las otras curvas de la pandemia”, donde junto a expertos, se busca ahondar en las principales problemáticas de este tiempo.

Pero cabe preguntarse cómo difiere esto entre un tipo de territorio subregional y otro, incidiendo lo territorialmente explicit en la forma de apreciar y establecer diferencias entre las personas. Independientemente de las diferencias cuantitativas en ámbitos específicos como los antes expuestos, cabe preguntarse si vivir en diferentes tipos de territorio enmarca los puntos de vista de las personas acerca de la existencia de desigualdades en el territorio. Por ejemplo, comparando a ese respecto la ciudad de Santiago con las otras grandes ciudades, las ciudades intermedias y las comunas vinculadas a las ciudades. En la misma línea, el 5,9% de los municipios muestran una muy alta concentración, siendo estos cuatro Andacollo (122 relaves), Copiapó (87 relaves), Illapel (68 relaves) y La Higuera (45 relaves) las comunas que albergan el forty two,5% de estos depósitos contaminantes en el país (322 de los 757 depósitos). Como parte de una política de (des)planificación urbana, el suelo urbano está sujeto a las reglas del mercado inmobiliario. En los años recientes, el valor de suelo ha incrementado en un 105%, pasando de 5.8 UF/m2 a eleven.9 UF/m2 entre 2010 y 2019.

Otros datos interesantes presentados en la jornada indican que en cuanto a migración internacional, ésta ha registrado un aumento progresivo y está principalmente feminizada. Pablo Allard, por su parte puso de manifiesto que el coronavirus ha dejado en evidencia las grandes diferencias que existen en las grandes ciudades, “el Covid nos mostró el sentido de urgencia que tenía el hecho de garantizar el acceso common de viviendas dignas y por otro lado el acceso a una ciudad que sea realmente un atajo a la equidad”, expresó. Del conjunto de ponencias serán seleccionadas las mejores por cada una de las líneas de discusión, lo que derivará en tres libros que serán editados por las entidades que son parte de la convocatoria.

Ya que, ambos constituyen categorías polisémicas, por lo que es elementary explicar el sentido en el que se los utiliza y articula. Esto se debe a que la perspectiva desde la que se abordan los fenómenos socioterritoriales impacta sobre las metodologías aplicadas para su estudio y, por tanto, en los resultados obtenidos. A partir del marco teórico construido, daremos algunos ejemplos donde la comprensión del paisaje ha sido de utilidad a los procesos de gestión urbana o regional. En algunas áreas urbanas y regionales la llegada de nueva población y la expansión territorial es más rápida que la planificación, lo que se ralentiza por intereses políticos de gobiernos locales, regionales, nacionales o bien, de activos grupos de poder. Ello exige entonces, develar los conceptos de disputa, conflictos y resistencias entre diferentes grupos e intereses.

Es notorio que la cobertura de las ayudas registra un aumento marcado en los deciles con menores ingresos (1-4), con períodos de expansión diferentes para las ciudades. La expansión va de 2005 a 2010, en Cartagena y Pereira; de 2010 a 2016, en Barranquilla; y de 2008 a 2011, en Bucaramanga. En este período de expansión, el porcentaje de hogares en los deciles más pobres que empiezan a percibir ayudas pasa de alrededor del 20 %, en todas las ciudades, a más del 40 % en Cartagena y Bucaramanga, y a cerca del 50 % en Barranquilla y Pereira. En Cartagena y Pereira no se da una reducción de la cobertura de ayudas en los deciles más pobres en años posteriores, mientras que, en Bucaramanga y Barranquilla, el porcentaje de hogares que reciben ayudas en los deciles 1 al four cae desde hace varios años.

La tecnología continúa remodelando las economías y las sociedades en medio de la cuarta revolución industrial, o la disrupción a un ritmo exponencial causada por las posibilidades de miles de millones de personas conectadas por dispositivos móviles, con un poder de procesamiento, capacidad de almacenamiento y acceso al conocimiento sin precedentes. Cuando se aprovecha adecuadamente, el valor social de la urbanización sostenible, se obtienen vías para mejorar la inclusión social, reducir la desigualdad y acabar con la pobreza, sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Los debates internacionales actuales se caracterizan por su optimismo urbano, ya que la urbanización sostenible se reconoce como una fuerza transformadora para aprovechar el valor ambiental. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres están integrados en este optimismo urbano. Las densas redes de interacción de personas, que son el issue detrás del potencial de las ciudades como aceleradores del crecimiento económico, también conllevan riesgos implícitos, como lo demuestra la pandemia de COVID-19. La urbanización sostenible es un generador de prosperidad inclusiva; permite oportunidades económicas para todos, incluidos los grupos marginados.

Cada vez más son centros financieros, polos turísticos, culturales, de producción de beneficios. Las metrópolis que más riquezas son capaces de producir albergan también las peores situaciones de pobreza. Como resultado del desempleo estructural, de la discriminación o la injusticia, las ciudades concentran las mayores fortunas junto a familias que viven con carencias en necesidades básicas. Como señala Bryan R. Roberts (2011), los mecanismos de cohesión social han cambiado y hoy se advierte la erosión de los lazos de solidaridad, con su expresión en la desconfianza en el Estado y en las instituciones básicas de la sociedad. A ello se agrega que en algunos países de la región la presencia del crimen organizado, vinculado al tráfico y consumo de drogas, ha producido situaciones inéditas de inseguridad y violencia urbanas. Los rangos del valor de la mesada pensional, medidos en términos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) (Figura 6), demuestran que la mayoría de los pensionados en todas las ciudades de análisis reciben entre 1 y 2 SMMLV.

Frente a estos cambios, las estrategias económicas y los programas sociales se han quedado pasmados, paralizados ante la utopía de una economía formal de mercado generadora de empleos asalariados, y no han sabido adecuarse a las nuevas realidades y a las transformaciones sociales, culturales y económicas. Los salarios de la zona sur del país son más bajos que los que se perciben en el norte o en las grandes ciudades. Del mismo modo, los salarios de los trabajadores rurales son inferiores a los de los trabajadores urbanos. Esta disparidad incluso adquirió carácter oficial, ya que durante años los salarios mínimos legales se fijaron según regiones y según si el trabajo era urbano o rural. En las tablas destacan ciudades como Acapulco o Porto Seguro (Brasil), con porcentajes similares a los que se pueden dar en Irak, mientras que en el otro extremo aparecen urbes como Lima (Perú) o Valparaíso (Chile) con porcentajes bajísimos y niveles de esperanza de vida comparables a los de países ricos. “Lo que aquí hacemos es mostrar que dependiendo de la ciudad en la que vivas, tu esperanza de vida va a variar un montón”, afirma uno de los autores del estudio, Usama Bilal, de la Universidad Drexel (EE UU).

Por el contrario, Ixtlán, Loma Bonita y Matías Romero que, en los años de 1990 y 2000, presentaron los valores más bajos de IDS tuvieron una mejoría considerable para el año 2010, colocándose Loma Bonita y Matías Romero en una mejor condición dentro de este grupo para el último año evaluado. De igual manera que Cuicatlán, Puerto Escondido no mostró una evolución positiva y se mantuvo cerca de la misma posición en el período evaluado. Por su parte, Crucecita tuvo una evolución constante y positiva de su desarrollo sustentable, caso contrario el de Tlaxiaco cuyo nivel de desarrollo disminuyó, al igual que Tuxtepec y Miahuatlán. Se consideran dos variables de investigación, el desarrollo sustentable como variable dependiente, por una parte, ( Tabla 2 ) y la desigualdad urbana como variable independiente, por la otra ( Tabla 3 ). Los datos para la construcción de los indicadores y variables fueron recopilados de fuentes primarias de información, tomando en cuenta las bases de datos de diversos proyectos del Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, como los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 1990; 2000; 2010) y anuarios estadísticos, y bases de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005, 2014).

En muchos casos, tales políticas se desarrollan a través de la implementación de un modelo de gobernanza en estrecha cooperación con las oficinas de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las principales consecuencias de estos procesos se refiere a la expulsión de los vendedores ambulantes, y así preparar los paisajes urbanos centrales para su posterior gentrificación. Ese desplazamiento de los comerciantes —muchos de ellos de una composición racial y étnica diferente de las clases medias y altas— presenta una serie de poderosos símbolos que escenifican la gentrificación, teniendo en cuenta que desigualdad en general son las clases bajas, los comerciantes, los que se ven desplazados de las calles del centro de la ciudad en favor de un sector turístico en crecimiento. A diferencia de los documentos políticos oficiales, diferentes investigaciones demuestran que los programas de «rescate» (como en la ciudad de México) preparan simultáneamente la exclusión y la expulsión de las clases más pobres que se habían apropiado del centro de la ciudad. El rico patrimonio arquitectónico se toma como un pretexto para atraer a las elites locales y de clase media de vuelta al centro histórico de la ciudad (Hiernaux, 2006).

Debe existir un sentido de urgencia y un compromiso a largo plazo para implementar la Nueva Agenda Urbana como base para lograr una urbanización sostenible. Deben fortalecerse las instituciones para la gestión de la inversión pública para lograr los resultados deseados mientras se mantiene la calidad y eficiencia en el gasto en los activos físicos de la ciudad. Persisten los problemas de exclusión digital en el acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, lo que potencialmente profundiza las desigualdades. La pandemia del COVID-19 está acelerando el despliegue de innovación y tecnología en áreas urbanas. La diversidad cultural contribuye a la vitalidad, prosperidad, inclusión, competitividad y percepción positiva de las ciudades.

Estos procesos ponen en tensión el derecho al trabajo y el derecho a la ciudad, los cuales confrontan permanentemente el ejercicio de la autoridad native con los liderazgos populares legitimados por garantizar no sólo el desarrollo de una actividad remunerada sino el acceso a bienes como la salud y la satisfacción de las necesidades sociales básicas. Esto se ha constatado en nuestros estudios sobre el papel de las mujeres lideresas del comercio popular de las calles en el Centro Histórico de la Ciudad de México (Ziccardi, coord., 2010). La investigación sobre las condiciones de vida en las aglomeraciones urbanas destaca las ventajas de las grandes ciudades a la hora de obtener salarios más altos y oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, la evidencia empírica también ha advertido de los procesos de polarización en las grandes urbes, pudiendo acentuar la desigualdad entre trabajadores. Sobre este trasfondo, en este artículo se ha comparado la probabilidad que tienen los inmigrantes y los autóctonos residentes en España de acceder a los dos extremos de la estructura social –la clase de servicio y la clase trabajadora manual semi/no cualificada– analizando, asimismo, en qué medida las diferencias encontradas entre ambos grupos varían dependiendo del tamaño del municipio.

Eran obligados a pagar tributo al gobierno y su trabajo en las haciendas era el más duro y sin ningún derecho laboral. Apenas podían obtener lo suficiente para sobrevivir y algunos acabaron emigrando a la ciudad, donde su situación tampoco mejoró. Parte de estos grupos de criollos recibieron la influencia de las concepts de la Ilustración, y por ello no fue extraño que fueran los líderes del movimiento independentista pocos años después. Sin embargo, su situación económica mejoró sustancialmente durante los siglos XVII y XVIII, dado que comenzaron a ser dueños de muchas haciendas o concesiones mineras.

Desde hace varias décadas las ciencias sociales han tratado de estudiar las implicaciones que tiene el espacio urbano en las condiciones de vida de las personas. En las últimas cinco décadas España ha experimentado un proceso de concentración urbana de su población, particularmente en las ciudades más habitadas. Este fenómeno ha venido acompañado por la intensa llegada de población procedente del extranjero desde finales del siglo XX.

El proceso de hacer de nuestras ciudades lugares en que todas las personas tengan acceso comparable a los equipamientos y espacios públicos es largo y requiere acciones en muchos frentes. Pero el mejor punto de partida es crear las instituciones que puedan liderar estos procesos en cada ciudad. En las ciudades más pequeñas, una solución posible podría ser darles atribuciones, presupuesto y personal calificado a los municipios, reduciendo las dotaciones del gobierno central o de los organismos públicos que verían algunas de sus funciones traspasadas a los municipios. En el caso de las metrópolis, necesitamos establecer gobiernos metropolitanos en forma, que coordinen las funciones que deben ser planificadas y gestionadas al nivel metropolitano. Cómo complementar o coordinar ese desafío con la instalación de las nuevas gobernaciones regionales, será materia de discusión.

De igual forma, nunca en la historia se ha reducido tanto la pobreza extrema (un 35 % desde 1990, que representa más de 750 millones de personas) ni tanta gente ha ascendido a ser parte de la clase media. Según el último informe de ONU Hábitat sobre ciudades, la desigualdad es mayor ahora que hace 25 años y se estima que más de dos tercios de la población mundial viven en ciudades donde las desigualdades en el ingreso se incrementaron desde 1980. Si bien no hay recetas generales para abordar esta problema global, la planificación urbana impulsada por los gobiernos locales resulta ser la base elementary de cualquier política pública de largo plazo asociada al verde urbano.

Los proyectos regionales del nuevo gobierno en México, tal como el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, como el programa Zona Libre de la Frontera Norte, no se traducirán en polos de crecimiento. En el caso del Tren Maya, se favorecerán sobre todo los hoteles internacionales que predominan en dicha zona, los cuales la mayoría de sus insumos son importados, y no reinviertes sus ganancias. En el caso del Istmo de Tehuantepec y la Zona Libre de la Frontera Norte, están encaminados a seguir promoviendo entrada de inversión extranjera para la exportación. Esta desigualdad en la globalización ejemplos historia ya la conocemos, pues los diferentes gobiernos han promovido dichas inversiones y ello no se ha traducido en mayor crecimiento regional y del país, dado el alto componente importado de las exportaciones. Además, hay desaceleración del comercio internacional, y nuestro principal mercado de exportación que es Estados Unidos está instrumentando aranceles a sus importaciones. No se puede seguir apostando al crecimiento hacia fuera, cuando esta estrategia no nos ha sido benéfica, hemos sido perdedores, y menos cuando está desacelerándose el comercio internacional.

Se puede afirmar que existen personas atrapadas en una trampa de desigualdad que se relaciona con el sexo, el origen étnico, la clase social y el lugar de nacimiento, cuestiones que determinan las oportunidades para mejorar las capacidades y acceder a recursos e ingresos en el curso de la vida. La concept de que «origen es destino» parece cumplirse en un país que sigue profesando un racismo disfrazado, un machismo reforzado por posiciones conservadoras, un clasismo decimonónico y una corrupción endémica. Estos procesos económicos, sociales y urbanos actúan en interdependencia pero no son necesariamente irreversibles, sino que la inversión pública, las normas urbanísticas, las decisiones del gobierno local pueden contribuir a lograr sociedades y territorios urbanos que favorezcan que la ciudad actúe como un mecanismo de integración social (Germani, 1967). En este sentido, para contrarrestar las grandes desigualdades territoriales, así como la segregación y la fragmentación urbana, David Harvey (2013) señala la necesidad de que se transfieran las plusvalías generadas en los cambios de uso del suelo hacia aquellas zonas degradadas o más pobres de la ciudad. Lo importante es que se pueden identificar territorios segregados residencialmente donde sus habitantes logran una inserción económica, en contrapartida en una zona central pueden vivir trabajadores y trabajadoras que no logran insertarse plenamente en una actividad económica, social y cultural. Es decir, analíticamente se trata de dos lógicas diferentes, una económica y otra espacial o territorial y ambas con dinámicas diferentes.