Por último, en momentos en que palabras como «inclusión» pueblan el debate público, no debe olvidarse la promoción de leyes que permitan disminuir la discriminación que hoy siguen sufriendo los chilenos y chilenas que a diario conviven con trastornos mentales. Contar con presupuesto, infraestructura y personal necesarios para tratamientos eficaces es un imperativo de protección social. Las enfermedades mentales empeoran la calidad de vida, aumentan el riesgo de enfermedades físicas y significan un costo económico y social tanto para las personas como para el país. Así lo ha mostrado el «Termómetro de la Salud Mental en Chile», realizado por UC y ACHS en abril de este año. Éste indica que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud psychological, y que el 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia.
«Posiblemente la mayor tragedia biológica que sufre la especie humana es que su población crece con individuos vulnerados en su vitalidad, no ya sólo existencialmente vulnerables»(3), en un mundo cada vez más cargado de riesgos y sobre todo de miedo, como señala Bauman(4), consecuencias más directas de la vulnerabilidad. En contraposición con estos hallazgos y utilizando la encuesta CASEN del año 2000, Subramanian et al. encuentran que el ingreso individual no explica diferencias en la percepción de la propia salud agregada a nivel comunal17 . La salud mental se construye entre todos y todas porque es un Derecho Humano universal, así reza el eslogan y ese debe ser nuestro mantra para alcanzar la meta.
La investigación, además, identifica en las mujeres mayores síntomas depresivos severos, siendo un 9% en ellas y un 5% en ellos. Al menos la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a servicios de salud esenciales; más de 800 millones de personas emplean al menos el 10% de sus ingresos familiares en atención sanitaria, y los gastos por cuenta propia hunden en la pobreza a casi one hundred millones de personas cada año. De esta manera, los sistemas alimentarios deberían buscar una mayor integración que reduzca los fallos, como la presencia excesiva de intermediarios, y con ello el incremento artificial en los precios. Respecto a la segunda interrogante, diremos que se puede partir de la premisa de intentar rediseñar los sistemas locales y regionales de producción de alimentos y, sobre todo, enfatizar la vinculación de todos los eslabones de la cadena alimentaria para que no existan desarticulaciones entre fases muy alejadas entre sí, como la producción y el consumo. Esto plantea una serie de aspectos interrelacionados que hay que atender, como la existencia de una oferta alimentaria suficiente y sostenible y la generación de recursos e ingresos para que las personas puedan emplearlos en la compra de alimentos.
Es grave la brecha existente en nuestro país entre las altas prevalencias de trastornos mentales entre la población —al alza durante la pandemia de COVID-19— y el escaso presupuesto público destinado a su tratamiento y prevención. Frente a la proximidad de las elecciones presidenciales «y la oportunidad que brindan los cambios para identificar necesidades, repensar prioridades y definir posibles líneas de acción», lo/as especialistas de esta columna para CIPER revisan la evidencia disponible al respecto hoy en Chile y sugieren líneas de mejora. En base a lo anterior y aprovechando que estamos comenzando a redactar una nueva Constitución desde una hoja en blanco, quisiera proponer a los convencionales constituyentes que incluyan un artículo que declare a la pobreza en Chile como una enfermedad y que mandate al Estado para erradicarla. A diferencia de lo que plantea la OMS en relación con la vejez, en el caso de la pobreza tenemos evidencia en varios países del mundo de que esta enfermedad sí es erradicable.
Se puede entonces definir la medida de redundancia R 0 como el grado en que las personas son simultáneamente carentes en ambos indicadores (carente en indicador de salud y condición de pobreza monetaria/multidimensional). Si analizamos indicadores de género podemos ver que las mujeres también se ven expuestas a esta vulnerabilidad. Según datos de la encuesta CASEN 2017, el 42% de las jefaturas de hogar son femeninas a nivel nacional. No obstante, las estimaciones del Catastro Nacional de Campamentos (MINVU, 2019) indican que el fifty five,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar y, además, el 19,5% de las jefaturas de hogares de campamentos son llevadas por madres solteras. En muchos países, las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 derivadas de la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, las alteraciones sufridas en el ámbito educativo y las amenazas a la alimentación son mayores que los efectos del virus en la salud pública.
«Es preciso reconocer que la ética del cuidado pone de relieve elementos importantísimos para la vida moral. El cuidado se refiere, en definitiva, a la sensibilidad ante las necesidades y vulnerabilidades del otro concreto, en su singularidad, con quien estamos en relación»(23). Sin entrar en el término utilizado en potencial, «debería», que más bien debiera ser imperativo -«se debe» o, mejor, «debemos»(2)-, es claro que la protección de los individuos y grupos más vulnerables es una de las misiones principales de la bioética en su reflexión sobre los valores en la atención y en los sistemas de salud. Vale decir que todas estas dimensiones antes mencionadas son actualmente excluidas de las estimaciones oficiales de pobreza multidimensional de four y 5 dimensiones27 . Primero, independientemente de la forma en cómo la pobreza sea medida, los niveles de asociación de estas medidas con los indicadores disponibles de la dimensión salud han decrecido sostenidamente en el tiempo. Segundo, tal y como es esperado, se comprueba que la medida de pobreza multidimensional tiene un nivel de asociación significativamente mayor (aunque igualmente decreciente) con los indicadores de salud, que el que estos mismos indicadores tienen con la medida de pobreza monetaria. Es importante señalar que desde ya hace dos décadas han existido notorios avances en la forma de conceptualizar y medir la pobreza.
Este especialista debe generar un impacto en cifras de atención, prevención y diagnóstico oportuno, con el fin de realizar intervenciones terapéuticas y erradicación de factores perpetuadores que afecten la salud de la población infantil. Además, debe articularse con otros profesionales de la salud y otros sectores, para la identificación y reducción de las desigualdades sociales del país que predisponen a esta condición. A pesar de esto, en el país se han realizado estudios donde se evalúa el impacto de los programas de crecimiento y desarrollo.
Síndrome que se debe diferenciar del término “malnutrición”, el cual hace referencia a carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y proteínas e incluye tanto la desnutrición como la sobrealimentación[11]. Chile ha logrado implementar un amplio sistema de protección social, basado en políticas sociales, el sistema de la seguridad social (público y privado, formal e informal) y un conjunto de programas enfocados en las necesidades de los más necesitados, en términos de solidaridad y justicia social, actualmente con un enfoque de rol subsidiario del Estado. Se cuenta con diversos organismos gubernamentales y otros que realizan abogacía, proponen políticas y lineamientos de acción para temas sensibles como género, pueblos originarios y otros.
