El autor se refirió a los seis nudos de reproducción de la desigualdad que se identifican en el libro y que son los que debieran atacarse para revertir la brecha socioeconómica. Entre ellos mencionó que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos; que el Estado está insuficientemente involucrado en tareas de redistribución y provisión la desigualdad de ingresos de seguridades para los ciudadanos; y que nuestro sistema educativo altamente segmentado no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades. Es importante destacar que los expertos en ética del desarrollo no estaban solos en este fracaso de ocuparse de la corrupción. No fue sino hasta mediados de 1990 que el Banco Mundial comenzó a atacar este problema.
Sin un ancla en la economía política, el enfoque de las capacidades3 y la ética del desarrollo arriesgan un entendimiento inadecuado de las limitaciones y las oportunidades para políticas y acciones éticamente justificadas. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.
Ha sido el espíritu de este trabajo analizar la construcción de la desigualdad educativa en Chile y, a su través, señalar algunos obstáculos que han impedido que la educación chilena contribuya a la construcción de una sociedad donde estén mejor distribuidas la riqueza, los recursos materiales y simbólicos, la «buena» vida. Ello significa un irrestricto respeto hacia la propiedad privada que se reafirma como uno de los pilares de la sociedad chilena. Segundo, mientras que la elite económica parece ser totalmente dogmática, ya que se niega a que el Estado se haga cargo en cualquiera de los ámbitos consultados; la ciudadanía, en cambio, tiene un juicio más reflexivo y pragmático, apoyando mayoritariamente la acción del Estado en algunos ámbitos y minoritariamente en otros. Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones.
Retomemos, pues, la pregunta ¿qué hay detrás de la alianza que se produce entre la arquitectura del orden neoliberal de la dictadura y el curriculum técnico que se instaura con la pedagogía por objetivos en la reforma de 1965? Sin duda, es una manifestación de un estigma de nuestra perenne condición colonial, que no sólo nos ha situado en una condición subdesarrollada, sino, también, ha contribuido a la desigualdad educativa. ¿Cuál la desigualdad economica es esa primaria y originaria situación donde es posible encontrar una raíz para explicar la persistencia de la desigualdad educativa en Chile? Para responder a este interrogante es necesario situarse con Braudel (2002), en el tiempo de larga duración, de las coyunturas y estructuras, que configura la historia profunda, antes que en el tiempo del acontecimiento, la histoire événementielle, que se queda en la superficie del tiempo.
Para el caso que nos ocupa, destaca la fractura en el espacio público, en la propia educación como bien público; la trasgresión de los valores jurídicos de justicia, bien común y seguridad jurídica; la mutación desde un valor consagrado a la educación como un bien público a su transformación en un producto de mercado. Su mecanismo, el principio de subsidia-riedad, inherente de una concepción del hombre que se sustenta en el derecho pure. Este es, para el caso, uno de los posteriores brotes y ramificaciones de esa primaria y originaria significación del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza.
Además, hablamos permanentemente de reforma a Carabineros, de reforma al Sence, a la Sala Cuna y ninguno de esos proyectos sale adelante. Mi lectura de esto es que al ultimate nuestros problemas son más bien políticos y las dificultades que tiene nuestro sistema político para ponerse de acuerdo y tener mejores reglas en la Constitución, para promover justamente esos acuerdos, creo que es una buena oportunidad para el país». Tendremos que diseñar un sistema de seguridad social más efectivo, solidario y equitativo en materia de pensiones y salud, que entregue un piso de seguridades a la población en estas dos áreas esenciales del bienestar. Esa asignación fue el germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró casi sin variación por tres siglos. Aunque parezca una aberración, aún hoy el aspecto físico resulta ser un buen predictor de la ubicación social de una persona. Todo ello, delata a una sociedad con escasa movilidad social, en la que han primado los prejuicios y la discriminación en el acceso a las oportunidades (PNUD, 2017).
El sistema de partidos y los gobernantes de turno, han dejado de representar los intereses, esperanzas y exigencias de un pueblo que les ha retirado su confianza. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta figura del sostenedor representa la apertura de la educación al mercado, vale decir, la educación se puede convertir en un negocio lucrativo, en sintonía con el sistema neoliberal. Finalmente, Cifuentes renuncia y el presidente Errázuriz rompe con los conservadores, revocándose el mentado decreto.
Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se define como regresiva. Desde hace algún tiempo se instaló el discurso de que la desigualdad social, es decir, la diferencia de ingresos entre ricos y pobres era -y es- el principal problema de Chile. Algunos decían que fue una de las causas más importantes del 18 de octubre y que los últimos 30 años habían contribuido a ese problema.
Uno podría argumentar, en cambio, que las transferencias son progresivas, pero la manera de recaudar es regresiva, haciendo, por lo tanto, neutro el sistema en su conjunto. Usando esta información podemos evaluar cómo se sitúa Chile en el panorama internacional. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global. Los resultados del Banco Mundial nos coronarían como el país más desigual del planeta. Por ejemplo, la última encuesta CASEN revela que la pobreza aumentó desde un 8,6% en 2017 a un 10,8% en 2020, recogiendo en parte los efectos de la pandemia. Esto significa que aproximadamente 2,1 millones de personas se encuentran bajo esta línea.
Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Transitar hacia una sociedad distinta es posible; es, a fin de cuentas, una decisión política. El primer efecto consiste en que un incremento de los impuestos al ingreso puede inducir a las personas a trabajar menos, lo que sería económicamente ineficiente y además reduciría la recaudación.
Ante el tema de la equidad, la Mandataria reflexionó que “el desarrollo equitativo e inclusivo es posible solo con igualdad de género. Esta debe ser, por tanto, una prioridad de los Estados alrededor del mundo y particularmente de los latinoamericanos”. Si no se hacen los cambios necesarios para que este proceso sea realmente ciudadano y represente también a los grupos segregados, la nueva Constitución reproducirá todo lo que ya conocemos y probablemente con las mismas caras. El resultado de eso es previsible y nada bueno para el país y su destino próximo. Aquello podría no ser un problema, si es que esos grupos hubieran gobernado para el pueblo que les entregó el poder y la responsabilidad de hacer sus sueños realidad, lo que no ha ocurrido. Esa es la realidad que vive el pueblo mapuche hace a hundred and forty años y todo el pueblo de Chile.
La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales. En Chile, a medida que se ha ido reduciendo la pobreza, ha ido surgiendo con creciente fuerza el debate por la desigualdad existente en el país. Este debate se ha concentrado en la desigualdad de ingresos que las personas obtienen de las actividades económicas en las que participan y el indicador mayoritariamente usado ha sido el coeficiente de Gini. Este indicador también ha servido de base a las exclamaciones que señalan a Chile como uno de los países más desiguales de América Latina, la región más desigual del mundo.