En la investigación, se utiliza la noción de “conflicto de trabajo” -acuñada en trabajos previos (Kasparian, 2017)- con el fin de tomar distancia del concepto de “conflicto laboral”, usado para designar oposiciones y enfrentamientos entre el capital y el trabajo en torno a las condiciones de consumo y venta de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista (Edwards, 1990; Hyman, 1981; Marx, 2011). Por su parte, se sostiene que los “conflictos de trabajo” refieren a luchas en torno a sus condiciones de acceso, consumo y retribución; una perspectiva que excede la clásica relación social de empleo (Marañón-Pimentel, 2017; Quijano, 2013). Permite a las mujeres obtener atención odontológica integral como exámenes dentales, diagnóstico de salud bucal, higiene, entrega de kits de aseo y obtener tratamientos rehabilitadores y complejos como tapaduras y extracciones dentales. Recopila materials organizaciones sociales tradicionales diseñado específicamente para mujeres en temas de violencia de género, corresponsabilidad y recomendaciones para embarazadas o recientemente madres. Programa para que mujeres adultas, que han desertado el sistema educacional, finalicen su educación a través de la nivelación y validación de estudios.
Este proceso de implementación de la ley ha sido paulatino e influenciado por factores que ayudan o retrasan a que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil puedan ser incluidas en las propuestas de ley o jueguen un rol en la implementación de estas, una vez que el poder Legislativo ha completado su discusión y sanción. Aun cuando existen múltiples espacios en los que se invita a la comunidad organizada a entregar su opinión o proponer medidas, esta siempre es como un observador sin incidencia en el resultado final. Observar cómo se resuelve este problema en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana resulta relevante para definir si es que esta ha avanzado en una solución y cuál es el grado de inclusión que se ha alcanzado. Consejo encargado de prestar asesoría a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en materias de igualdad de derechos y de equidad de género. El Consejo está integrado por diez personas de reconocida experiencia en el ámbito de las materias antes mencionadas, y serán designadas por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Y Cunill N., [eds].(2000), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Paidós – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Buenos Aires. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Respecto de la resolución del Tricel que acoge la impugnación de ciertas organizaciones al reglamento emitido por el CNTV para la franja electoral del plebiscito de abril, cabe mencionar muchos aspectos ausentes en el debate. No obstante, también son sistemas abiertos, con una fuerte relación con el entorno debido a que su cadena productiva incorpora una infinidad de proveedores que abarcan desde alimentos comunes hasta el material organizaciones sociales objetivos más complejo y avanzado en el ámbito tecnológico y farmacéutico. Por este motivo deben establecer controles adecuados para modular las entradas al sistema, las salidas y los pasos no deseados o incorrectos.
Sin perjuicio de lo anterior se realizará un especial esfuerzo en cuanto a los Consejos de la Sociedad Civil. Por lo pronto, nos parece que hay tres acciones que pueden ser tomadas en el corto plazo. María Luisa Lorca, presidenta de la Fundación Inclusomos de Biobío, agrega que han “confiado plenamente en el modelo de voluntariado profesional Trascender, ya que desde siempre nos han ayudado con una logística muy rápida y eficiente, los voluntarios que poseen son muy profesionales en su trabajo y preocupados”. Fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, asociaciones, colegios profesionales, juntas
La organización social se constituye, entonces, en una pink de relaciones de interdependencia entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina Patrón Sinérgico. Los contratos entre las partes de la organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrollan entre ellas como resultado de la división del trabajo. En la medida en que una organización tiene más diversidad de tipos de contratos y más transacciones, su complejidad será mayor. La gestión de servicios sanitarios se realiza al interior de organizaciones de gran complejidad.
Durante la mayor parte de este siglo, fueron dominantes las cooperativas agrarias, de servicios públicos y de consumo (Acosta, et al., 2013). Recién a partir de 1990 se expandieron significativamente en el marco de crecientes niveles de desempleo y precarización (Montes, & Ressel, 2003). Digitaliza tu Pyme es un programa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto con Corfo y Sercotec, en alianza con instituciones públicas y privadas que acompañan y guían el proceso de digitalización de las Pymes. El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y fifty nine años, eleven meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población. Start-up Chile, en sus tres programas, contempla un mayor porcentaje de cofinanciamiento para aquellas empresas lideradas por mujeres.
La redacción del proyecto que, como hemos revisado, resume un conjunto de iniciativas de inclusión de la sociedad civil, llevadas a cabo en el primer decenio de gobiernos de la Concertación, tiene como hito authentic el compromiso entre el candidato, y luego presidente, Ricardo Lagos y las organizaciones de la sociedad civil10, en el que quedaron plasmadas las ideas matrices de la inclusión de estas organizaciones en la gestión del Estado. Un segundo objetivo de la Ley, la inclusión de las OIP en la gestión del Estado, implicó la modificación de leyes con rango de Orgánica Constitucional, como la Ley de bases de la administración pública (Ley Nº 18.575) y la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En ambos casos las modificaciones se refieren a incluir los aspectos del proyecto que agregan nuevas definiciones y normativa al Estado y las municipalidades para la inclusión de las OIP y de la constitución y financiamiento del fondo de fortalecimiento ya descrito.
Asesorías gratuitas de fortalecimiento de gestión con voluntarios senior de organizaciones conveniadas. Acceso en primer mano a los programas de transparencia y fortalecimiento, asegurando todo el apoyo disponible para cumplir con el ciclo anual de rendición de la FECU Social, por ejemplo. Hazte parte de una Comunidad de organizaciones dispuestas a apoyarse y a vincularse para generar lazos propositivos y ser parte de proyectos centrales para el país.
Al respecto, desde hace años, varios hemos alertado sobre el gran error de los gobiernos de no haber invertido en promover procesos de colectivización y fortalecimiento comunitario-vecinal. Es impresionante constatar que en 40 años no ha habido ningún esfuerzo importante por reconstituir los tejidos asociativos y su capacidad para participar en la producción de la sociedad. Junto con disminuir el número de personas que participan en ellas, estas organizaciones se han fragmentado, encerrándose en sí mismas. Cada nueva villa y población crea su propia organización, que no colabora con organizaciones vecinas, sino que se ve obligada a competir. Su acción queda circunscrita a problemas de muy pequeña escala, generalmente vinculados a aspectos físicos, como mejoramiento de veredas, reparación de viviendas, instalación de lomos de toro, gestión de áreas verdes.
Las EFS son espacios de aprendizaje e información para dirigentes sociales, quienes luego de participar en ellas, son capaces de difundir en su territorio o aplicar en su gestión, los conocimientos adquiridos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más informada respecto de las prestaciones sociales del Estado. Velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que se incorporan en forma transversal en la actuación del Estado. Por todas estas razones, las organizaciones sociales deberían jugar un rol protagónico en el proceso de construcción de la Nueva Constitución, otorgándole mayor legitimidad y oxigenando las visiones a debatir con nuevas propuestas. El más concreto y ventilado los últimos años es, por supuesto, la profunda imbricación del sistema político con el sistema económico. A partir de los casos de SQM, Penta y varios otros, se hizo evidente que partidos políticos de todas las coaliciones recibían fondos de grandes empresas para sus campañas, lo que obviamente comprometía su accionar.
Dado que el objetivo del sistema de salud es mejorar la salud de la población con la prolongación de la vida y de los años libres de enfermedad, el éxito y la calidad de sus actuaciones se deben medir según el grado de consecución de estos objetivos. Estos aspectos fundamentan la imperiosa necesidad de administración que presentan las organizaciones de salud. Con tal propósito se utiliza la función administrativa de management que compara los valores obtenidos de una variable determinada con un estándar prefijado.
En este sentido, el Programa Argentina Trabaja abonó al crecimiento de la participación de las formas políticas territoriales y las vinculó con el universo del cooperativismo. Las personas entrevistadas fueron, en su mayoría, trabajadoras de la cooperativa y activistas de la organización social. El informante clave entrevistado se trató de la autoridad de una federación nacional de cooperativas. Por su parte, la funcionaria municipal fue seleccionada a partir de criterios de accesibilidad y debido a que su trabajo en el gobierno native fue justamente gestionar el vínculo del Estado con las cooperativas del programa y las organizaciones sociales.
