El síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como COVID-19 provocó una amenaza sanitaria a nivel mundial y que actualmente en Chile, registra más de un millón casos confirmados acumulados y más de 22 mil muertos. Una de las principales medidas implementadas por los gobiernos para frenar la propagación del virus son las cuarentenas. En Chile, las características socioeconómicas han influido directamente en la capacidad que tiene cada persona para enfrentar este confinamiento, considerando que uno de los principales problemas es la continuidad laboral y por ende los ingresos que cada hogar percibe mes a mes. Es decir, independientemente de la obligatoriedad impuesta desde el Gobierno Central para entrar en cuarentena, cierto bloque de la población ha tenido que salir de sus confinamientos, a fin de asegurar ingresos que permitan sustentar los gastos del hogar.
Día a día, la pérdida de puestos laborales se dispara, y casi la mitad de la población activa mundial podría llegar a perder su fuente de ingreso y vida. Los últimos datos de la OIT sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en el mercado laboral, revelan su efecto devastador en los trabajadores y en cientos de millones de empresas en todo el mundo. «Desde la licencia maternal, la licencia paternal, los programas de transferencias a las familias para los niños, los servicios de cuidado infantil, la escuela pública, la salud pública de buena calidad. Todo eso, es una apuesta de protección social», expresó. A raíz de la crisis del Covid-19, Rubio observó una «fragmentación» en el acceso a la protección social en la región, es decir, aquellos programas y políticas contra el desempleo, la falta de educación o que garantizan la salud.
Hay desafíos mayores en algunas regiones, hay algunas áreas de la medición de pobreza multidimensional donde hay carencias que son mayores. Consideramos también el aporte que vamos a tener en el futuro por el aumento del ingreso mínimo, por el hecho que se está reduciendo la inflación y los aportes a los hogares a través de la política pública que esperamos financiar con el pacto fiscal. Creo que podemos decir que Chile va una dirección claramente positiva en esta materia y que quisiéramos intensificar durante los próximos años”. Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, fue enfática en señalar que “los resultados de esta CASEN refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza. En ese sentido, el desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo”.
A partir de 2008, los hogares beneficiarios, continuaron recibiendo la Tarjeta Alimentaria. En 2011, pasa a denominarse Tarjeta Uruguay Social (TUS), concebida para promover el consumo de alimentos y artículos de primera necesidad en hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica (Salas y Vigorito, 2021). Desde el inicio de la pandemia, la CEPAL (2020 a; 2020 b) realiza recomendaciones sobre respuestas a la población vulnerada económica y socialmente. El segundo tipo de comunicación supuso la identificación de las noticias que, dentro del período de estudio, estuvieran relacionadas a decisiones y acciones llevadas adelante por el MIDES y comunicadas por las máximas autoridades del gobierno, esto es, Presidente, Ministros y Sub Secretarios del mencionado Ministerio y Ministra de Economía. Luego, se analizaron aquellas referidas a las transferencias monetarias durante la pandemia. Son 116 las noticias vinculadas al MIDES y dentro de ellas 19 refieren al objeto de análisis de este artículo.
Mientras que la percepción de inseguridad aumento en 191 mil familias en 22 comunas de la Región Metropolitana. Por otro lado, el estudio expuso que la pobreza habría aumentado en cerca de 66 mil familias de 17 comunas de la capital, estas zonas se ubican principalmente en la zona centro y norte del Gran Santiago. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación, el 23% del complete de su población, es decir, 1,6 millones de personas, vieron afectado su bienestar territorial luego del estallido social y la pandemia del Covid-19. Para esto, hace falta convocar un espacio de trabajo de largo aliento, en el cual además puedan rendirse cuentas y que haga cumplir los plazos.
Al mismo tiempo, el aumento de la pobreza afectó especialmente a ciertos grupos, siendo los nuevos grupos vulnerables principalmente mujeres, que viven en zonas urbanas, con niveles de educación más altos que los grupos pre-Covid, pero menores que el promedio nacional. Los efectos de la pandemia y de las restricciones de movilidad afectaron en mayor medida a los más vulnerables, de manera transversal a los distintos países. En este contexto, los sistemas de seguridad social jugaron un rol basic en proteger los ingresos de las familias. Así fue como la Ley de Protección al Empleo en Chile fue una de las medidas que permitió mitigar la caída de ingresos de los hogares que dependiesen principalmente de trabajos formales, sin requerir de la inyección de recursos adicionales. Uno de los principales problemas de Chile al momento de identificar a los grupos más vulnerables fue la alta tasa de informalidad existente en el país.
A través de una “ventanilla única”, los funcionarios disponen de los distintos programas y subsidios con que cuenta y puede acceder un beneficiario, permitiendo entregar una mejor atención social, además de aumentar la eficiencia del gasto público. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena. Han sido semanas de intensas precipitaciones en el país, con sistemas frontales que incluso han dejado lluvias en la Región de Coquimbo, una de las más afectadas por la megasequía de los últimos años.
Las dificultades económicas que están enfrentando las familias a nivel mundial podrían revertir años de avances en la reducción de la pobreza infantil y privar a los niños y niñas de los servicios esenciales. Antes de la pandemia, dos terceras partes de los niños del mundo carecían de acceso a cualquier forma de protección social, lo cual impide a las familias resistir las crisis económicas y perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional. Para abordar y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre los niños y niñas de los hogares pobres, es importante ampliar rápidamente y a gran escala los sistemas y los programas de protección social, tales como las transferencias en efectivo, la alimentación escolar y las prestaciones por hijos a cargo. Todas estas inversiones son fundamentales para abordar las necesidades económicas inmediatas, junto con sentar las bases para que los países se preparen para futuras disaster. Es importante destacar que la magnitud de las ayudas entregadas por el Estado sólo puede ser aplicada en tiempos de crisis, ya que los montos entregados no son sostenibles a través del tiempo.
Entre las innovaciones de esta nueva versión se empleó el nuevo marco muestral de viviendas creado por el INE a partir del Censo 2017. Este marco amplió la muestra a 335 comunas e incluyó la dimensión socioeconómica en el proceso de estratificación territorial. La Encuesta CASEN permitió contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, que no había sido calculada desde 2017, debido a las restricciones sanitarias que no permitieron aplicar la versión completa del cuestionario en 2020. Los resultados de la encuesta muestran también una importante reducción en la pobreza multidimensional a lo largo de los años. Desde 2017, esta tasa ha disminuido significativamente, pasando del 20,3% al 16 pobreza extrema onu,9% en 2022, lo que equivale a una baja de three,four puntos porcentuales. Las intervenciones para reducir estas inequidades son muy necesarias para evitar la ampliación continua de estas brechas.
Más allá de esto, los principales y serios problemas se ubican en su calidad y legitimidad. Las prestaciones han sido muy insuficientes para aproximarse a cubrir necesidades básicas y sin contribuir a una mínima estabilidad y seguridad en los ingresos. Las preocupaciones centrales, no han estado en este aspecto y sí en la reducción de lo que el gobierno denomina carga impositiva. El primero, se centra en las prestaciones monetarias en América Latina y las valoraciones sobre las mismas, en el contexto del COVID.
El incremento más considerable, de hasta un 44%, podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un aumento de un 22%. No hay duda de que la covid golpeó con mayor fuerza a los más pobres, pero también es cierto —y poco se ha escrito sobre ello— que la disaster pobreza en paises desarrollados social y económica aparejada a ella provocó una caída sin precedentes en la calidad de vida y el bienestar de las clases medias latinoamericanas. Diversas entidades ya habían registrado un estancamiento en los avances socioeconómicos en los cinco años previos.
Moreno fue enfático en señalar que en esta crisis será clave el papel de la cooperación internacional y que se debe aprovechar la resiliencia de los territorios rurales frente a los problemas de los mercados globales. Los expertos coincidieron que la pandemia ha develado la fragilidad del sistema económico, y que las sociedades verán un aumento en la desigualdad y la pobreza a nivel mundial, lo que implica una amenaza para el cumplimiento de la Agenda 2030 que se debe enfrentar en conjunto entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. De la población migrante en situación de pobreza, están más afectados quienes se encuentran en la zona del norte grande del país (Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) donde la tasa de pobreza de los extranjeros alcanza el 28% y la de informalidad laboral llega a un 35%. “Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de enfermedad por coronavirus está empeorando aún más las cosas.
Así, se vuelve más importante el contar con sistemas que permitan tener información de forma oportuna, y que éstos se encuentren a disposición de los distintos órganos del Estado, primando siempre la protección de los datos personales. Tomando esto en consideración, es posible avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos, y hacia un diseño de políticas públicas que permitan llegar de mejor manera a la población objetivo. Un reciente informe de UNICEF y Save de Children sostiene que las repercusiones económicas de la pandemia podrían provocar que, a nivel mundial, para finales de 2020, 86 millones de niños se sumen a los que ya viven en situación de pobreza. El documento revela que, a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños y niñas que viven en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría aumentar un 15%.
poblaciones indígenas, las mujeres y los pobres. La OCDE estima que el 53% de los chilenos y chilenas se encuentran en riesgo de caer bajo la línea de la pobreza si dejan de percibir su sueldo durante tres meses. Esto teniendo en cuenta además que el 17% de la población vive en la situación de pobreza multidimensional definida como carencias en las dimensiones de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y calidad de vida.