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Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro. En el contexto mundial, existen distintos ejemplos de la manera como las organizaciones sin fines de lucro adoptan voluntariamente políticas de transparencia y rendición de cuentas. A nivel latinoamericano resalta la iniciativa Rendir Cuentas que consiste en un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que han unido fuerzas para promover la transparencia y rendición de cuentas. Como objetivo pretende instaurar prácticas sistemáticas de autorregulación, a través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y adopción de estándares voluntarios y comunes de transparencia.

Los bienes o recursos así obtenidos deben ingresar al presupuesto sindical, sin perjuicio del cumplimiento que el sindicato debe dar, en cuanto sujeto de una actividad lucrativa, a la normativa legal específica que le sea aplicable. En ese sentido, y según ha quedado dicho, no existe un fin de lucro cuando los beneficios obtenidos son de orden colectivo, como ocurre cuando se busca mejorar las condiciones de vida de los socios a partir de la ayuda mutua (art. 1° de la LGC). De ello y de los costos sociales internalizados se sigue que sea justificado establecer un régimen de medidas compensatorias a su favor50, como ocurre con la existencia de un trato fiscal más favorable51. El aporte es un elemento esencial de la figura asociativa, porque comporta el patrimonio que le permitirá comenzar su funcionamiento. La actividad realizada es, en principio, neutra para los efectos de determinar el carácter de la entidad, pues un cierto hecho puede tener a su vez distintas calificaciones21.

Finalmente, el informe de la Comisión elaboró forty six propuestas, como resultado de un proceso de estudio y participación de los diferentes actores que participaron. La comisión de probidad comenzó a funcionar de forma preliminar el 7 de julio y desde que la publicación del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días consecutivos, hasta el 26 de agosto. Asesorías gratuitas de fortalecimiento de gestión con voluntarios senior de organizaciones conveniadas. Descuentos en instituciones académicas que ofertan cursos, diplomados y magísters con programas de interés a OSC.

El informe de la Comisión propone la creación de una ley permanente que regule de manera basic las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro, así como también de modo supletorio. Durante los forty five días que duró la comisión se llevaron a cabo 30 sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que expusieron forty two representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales. Al haber trabajado con todos los tipos de clientes sin fines de lucro, incluidas las organizaciones benéficas, asociaciones de viviendas, proveedores de educación y sindicatos, tenemos una comprensión de las situaciones únicas que enfrenta el sector. En todo el mundo, se espera que las organizaciones sin fines de lucro brinden cada vez mayores resultados, al mismo tiempo que enfrentan recortes en la financiación gubernamental y las donaciones voluntarias. Entendemos el compromiso y el escrutinio al que está expuesto este sector y trabajaremos con usted para superar esos desafíos.

Esto sin desconocer que cada organización tiene su propia realidad, lo que implica que la forma y la urgencia de implementarlas será variable según el contexto,eight sin perjuicio de que existen ciertos mínimos a los que toda organización debiera aspirar, independiente de su tamaño y capacidades concretas. Son corporaciones de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es la administración de prestaciones de seguridad social (arts. 1° y 19 de la ley N° 18.833). Se rigen por su ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y, supletoriamente, por las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil (art. 1° de la ley N° 18.833). © 2024 Grant Thornton Chile – Todos los derechos reservados.

Además la ley contiene la obligación de crear un registro central que recopile y haga pública esta información a quien desee consultarla. 34 El origen de esta regla se encuentra en el art. 34 DS 1540, de 20 de mayo de 1966, del Ministerio de Justicia, que contenía el anterior Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica. 31 Existen corporaciones de tipo fundacional y fundaciones de tipo corporacional.

32 El art. 547 del CC establece las iglesias y comunidades religiosas se rigen por «sus leyes y reglamentos especiales». La jurisprudencia ha señalado que esta expresión significa que «las comunidades religiosas deben regirse en cuanto a sus derechos civiles, por sus constituciones y leyes canónicas». Véase, por ejemplo, SSCA Santiago 29 de marzo de 1882 (GT 882, N° 501, p. 298), Valdivia 27 de abril de 1907 (RDJ VI, sec. 1a, p. 10) y Santiago 30 de diciembre de 1953 (RDJ LI, sec. 2a, p. 26).

El Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) realizó su primera sesión de 2024 este viernes. En la reunión, que contó con la participación de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, el grupo revisó los lineamientos de la Cuenta Pública Participativa (CPP) de la institución, que se realizará el jueves 9 de mayo. En la reunión, que contó con la participación de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, el grupo revisó los lineamientos de la Cuenta Pública Participativa de la institución. La ingeniera industrial Ximena Riquelme, fundadora y directora de Organizaciones de la Sociedad Civil, confiesa que su madre ha sido su mayor inspiración en el ámbito del voluntariado y el servicio a los demás. “Lo que más admiro de ella es su capacidad para conectar con humildad y cariño con quienes están pasando por momentos difíciles”. Claudia Garcés, contador auditor y docente del Instituto Virginio Gómez y Universidad de Concepción, Chillán, también elige a alguien de su familia como fuente de inspiración femenina.

Para formar parte del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, las organizaciones interesadas deben inscribir a sus candidatos/as hasta el four de agosto de 2023. «La relevante causa negocial de la sociedad. Una relectura (sólo) jurídica del concepto legal de sociedad». «El marco jurídico de las empresas de economía social. Revista de Derecho de la Universidad de Concepción. Año LXXXII. Concepción.

Nos han permitido crecer en todos los ámbitos y comprender la importancia de una buena gestión y planificación para cumplir nuestros objetivos”. Se mueven por laconstrucción de una sociedadmás democrática, solidaria,participativa, igualitaria einclusiva, articulando esfuerzoscon el Estado, el sector privadoy la ciudadanía. “Esperamos que este nuevo COSOC sea representativo y podamos trabajar en conjunto a partir de agosto en políticas públicas que entreguen apoyo a la región en cursos de capacitación y en mejorar la empleabilidad en la región”, agregó la autoridad local del Servicio.

Estos estándares surgen del estudio y análisis de las mejores prácticas y la legislación internacional respecto a rendición de cuentas en dicho sector. Somos una fundación que desde el 2001 trabajamos para fortalecer a la Sociedad Civil a través del voluntariado profesional y el desarrollo comunitario, conectando personas con vocación social y organizaciones sociales que necesiten de su conocimiento y experiencia laboral. Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. organizaciones sin fines de lucro ong Únete y colaboremos para crear un Chile más solidario, justo, igualitario e inclusivo. Las juntas de vecinos, uniones comunales y las organizaciones comunitarias constituidas por la Ley N°19.418, las organizaciones indígenas constituidas por la Ley N°19.253, y las asociaciones de consumidores constituidas por la Ley Nº19.946, poseen esta calidad por el solo ministerio de la ley. El Consejo Nacional incorporará de oficio a estas organizaciones al Catastro, en base a la información contenida en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Registro Civil.

Iii) el ánimo de incrementar esa ganancia a título private con el ejercicio asociativo de una actividad (arts. 545 y 547)8. Se propone la creación de un portal electrónico que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil. A continuación te mostramos 13 organizaciones con sin fines de lucro de las medidas a destacar del informe emitido por la Comisión sobre la forma en que se relaciona el Estado con instituciones privadas sin fines de lucro.

Este estudio buscó identificar y analizar las mejores prácticas internacionales en transparencia en OSFL, de modo tal de promover estos modelos en las organizaciones nacionales que quieran implementarlos de manera voluntaria, teniendo en consideración su tamaño y envergadura. La comisión propone el establecimiento de obligaciones de publicar cierta información en los sitio net de las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). El objetivo del concurso es difundir, promover y desarrollar actividades que organicen a la ciudadanía, con fines de contribuir a la Paz social de la Región de Atacama, a través de la entrega de un subsidio a Entidades Municipales e Instituciones sin fines de lucro. Que les permitan coordinarse en redes para la prevención del delito y la reinserción social a nivel de barrios, comunas y provincias de la región, que cumplan con los requisitos legales, reglamentos vigentes y líneas de subvención indicadas en Bases.

En esta sección podrá encontrar los documentos y archivos que contienen la Normativa Gráfica del Gobierno Regional de Valparaíso, una herramienta de trabajo diseñada para entregar a cada usuario la información y especificaciones necesarias para la correcta implementación de la Identidad Corporativa de la institución. 138En particular nos referimos al guide sobre ética anticorrupción y compliance para negocios, OCDE (2013). 98La noción de stakeholder, a diferencia de los shareholder o propietarios, incluye a todos aquellos que tienen incidencia en la consecución de los fines de la organización o cuyos propios fines son influenciados por la primera. El listado de stakeholders comprendía originalmente a accionistas, empleados, clientes, proveedores, acreedores y la sociedad toda (FREEMAN y REED, 1983, p. 89), pudiendo abarcar hoy en día además al Estado y a diversos grupos intermedios. 46JAKOBS (1991), p. 469, quien asimila derechamente el concepto de “infidelidad al derecho” (“Rechtsuntreue”) con el de “culpabilidad”. 36En tal sentido HERNÁNDEZ (2010), p. 219; ARTAZA (2013b), p. 547; NIETO (2008a), p. fifty one; NIETO (2008b), p. 14; DÓPICO (2014), p. 341; y GÓMEZ-JARA (2005), pp. 278 y ss.

Esta medida consiste en establecer la obligación de informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación. Revisa el plan de acción para más probidad y transparencia en el Estado propuesta por el Gobierno. Finalmente, el informe de la Comisión elaboró forty six propuestas, como resultado de un proceso de estudio y participación de los diferentes actores que participaron.

El Gobierno anunció la creación de la Comisión para la regulación de la relación entre el Estado, fundaciones y corporaciones en julio, con el objetivo de profundizar la agenda de probidad. Este órgano elaboró un informe con una propuesta de medidas que fueron entregadas al Presidente Boric este lunes. Ser privadas.Las organizaciones no deben estar ligadas estructuralmente al Estado y no deben ejercer ninguna potestad pública. Sin embargo, las organizaciones sí pueden recibir ingresos o aportes públicos y tener funcionarios públicos entre sus directivos. Ser autónomas.Son aquellas organizaciones que controlan sus propias actividades, poseen procedimientos propios de gobierno interno y disfrutan de un grado significativo de libertad. Al término de la reunión los participantes manifestaron su disposición a mantener un espacio de trabajo permanente y,  su interés por aportar a revertir el ambiente de desconfianza tras el «caso fundaciones”, ya que destacaron que los más perjudicados son las y los beneficiarios de las organizaciones de la sociedad civil con que ellos trabajan.

Como consecuencia de lo anterior, se busca mejorar la calidad de vida de las personas. Conoce el plan de acción propuesto por el Gobierno para más probidad y transparencia en el Estado. La presidenta de la comisión será la abogada María Jaraquemada Hederra, quien estará acompañada por Ramiro Mendoza Zúñiga, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval organizaciones sin fines de lucro definición Llona y Francisco Agüero Vargas, mientras que la abogada Valeria Lübbert Álvarez apoyará la tarea del equipo como secretaria ejecutiva. Para lanzar la publicación, se realizó el Seminario Transparencia y Buenas Prácticas en OSFL, con la colaboración del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y el Programa Transparentemos.

A nivel nacional también existen experiencias exitosas al respecto, Transparentemos es un claro ejemplo de ello. Esta iniciativa tiene por objetivo apoyar a las organizaciones para que incorporen los principios de transparencia activa y rendición de cuentas. Gran parte de los estándares incorporados por dicha iniciativa fueron propuestos por Chile Transparente. En la actualidad Chile Transparente, Transparentemos (donde se agrupan diversas redes de organizaciones de la sociedad civil) e instituciones del Estado están sentados en una mesa técnica para seguir avanzando en esta materia. El estudio se desarrolló desde Marzo a Octubre del 2012, donde se consideró una etapa de Diagnóstico y levantamiento de la información tanto a nivel nacional como internacional, por medio de revisión de legislación y documentación; evaluación de transparencia activa; estudios de caso; grupos focales y entrevistas a expertos, directores ejecutivos, donantes y organismos del Estado. A partir de este estudio se identifican los obstáculos, desafíos y avances en materia de transparencia en OSFL y se propone un modelo de rendición de cuentas, contextualizado a la realidad nacional.

Por lo tanto, el cumplimiento de la normativa y los principios extralegales especialmente aplicables a OSFL y a su mapa de riesgos, será indiciaria de la correcta implementación del modelo de prevención exigido por la ley y, con ello, beneficiaria de la exención establecida en el art. 3° in. Para contestar la primera de estas preguntas, naturalmente hay que distinguir. Aquellas normas de naturaleza general, tales como las de implementación de sistemas de compliance,141 gestión de riesgos142 o de prevención de delitos específicos,143 van a tener una aplicación general para empresas y OSFL que pretendan autorregularse correctamente. Sin embargo, a la aplicación organizaciones con sin fines de lucro analógica de estas normas, desde las sociedades de capital a las personas jurídicas sin fines de lucro, se oponen las diferencias entre los factores que determinan la gobernanza en empresas y OSFL, tal como puede observarse en la tabla a continuación. En este sentido, es necesario considerar las normas dictadas por entidades de normalización, tales como las ISO o, en el contexto chileno, las dictadas por el Instituto Nacional de Normalización. Existiendo un universo importante de reglas vigentes para los más diversos ámbitos de la vida económica y social, son los estándares vigentes en materia de gestión del riesgo los que adquieren especial relevancia en la conformación de sistemas de prevención.

A nivel comparado, la criminalidad originada en personas jurídicas ha tenido como respuesta la implementación de diversos modelos de responsabilidad penal o administrativa3 sobre este tipo de entes. Esta expansión también ha tenido su reflejo en el ordenamiento jurídico interno chileno con la dictación de la Ley Nº20.393, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, publicada el 2 de diciembre de 2009 (en adelante la “LRPPJ”). Esta ley establece un modelo de imputación aplicable de modo general a diversas clases de personas jurídicas, independiente de su forma legal, estructura, objetivos y fines, entre las cuales se cuentan, por cierto, tanto empresas como OSFL.

Con la finalidad de seguir profundizando la agenda de probidad del Gobierno, hoy el Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado. La primera reunión fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric, y contó con la participación del ministro y la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde y Macarena Lobos Palacios. 3Es necesario aclarar que los sistemas comparados establecen sanciones bautizadas alternativamente como “penales”, “administrativas” o de “consecuencias accesorias”, para encuadrar el régimen de responsabilidad contra personas jurídicas. Más allá de importantes repercusiones del nomen iuris para el régimen de garantías (véase VAN WEEZEL (2010), pp. 133 y s.), los regímenes sancionatorios son, pese a su distinta denominación, funcionalmente equivalentes. Los aportes filantrópicos pueden consistir en donaciones privadas, patrocinio empresarial, cuotas de membresías o aportes voluntarios de miembros, por ejemplo.

En el caso chileno, el Ministerio de Justicia, a través de su actual Departamento de Personas Jurídicas, tiene a su cargo la fiscalización de las asociaciones y fundaciones con posterioridad a su creación, lo que en general está enfocado en prevenir que su funcionamiento redunde en la comisión de irregularidades (art. 557 in. 1° del CC). Así, en el ejercicio de esta función, la cartera puede solicitar la presentación de actas de asamblea cuentas y memorias aprobadas y libros de contabilidad, entre otros (art. 557 in. 2° del CC).132 Sin embargo, en estricto rigor, no cuenta con atribuciones regulatorias sobre el sector133 ni tiene los medios para realizar un management efectivo sobre el universo de OSFL existentes. En consecuencia, si bien el objeto que inspira la normativa de gobiernos corporativos posee una vigencia common, esto es, garantizar una correcta dirección y supervisión interna de organizaciones, la regulación específica diferirá según el tipo de entidad de que se trate.

Concordante con los factores anteriormente especificados, estimamos que esta particular naturaleza del injusto redunda en diversas consecuencias para la imputación y la sanción de las OSFL, las que serán valoradas provisionalmente a continuación. Todas las corporaciones y fundaciones se administran por un órgano llamado «Directorio», que debe estar integrado por a lo menos three personas (máximo 5 personas). La redacción de los estatutos es muy importante, porque dependiendo de cómo se redacten, podrás postular a distintas leyes de donaciones y fondos concursables que financien la organización. En este punto, es importante establecer claramente cuales son las actividades concretas que realizará la corporación. Es fundamental que antes de decidirte en crear una organización sin fines de lucro, conozcas los beneficios que te ofrecen cada una de ellas. Si quieres saber cómo crear una fundación sin fines de lucro en Chile, revisa aquí.

En concordancia con lo anterior, el propósito de este artículo será contestar dichas interrogantes, ahondando en el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión en OSFL y el injusto organizacional al cual pueden dar origen, a partir de un análisis de los factores y riesgos delictivos particulares que les afectan. Con dicho objeto, el trabajo ofrece en primer lugar una conceptualización de la naturaleza y características penalmente relevantes de las OSFL (1). Posteriormente, se realiza una precisión conceptual sobre el “defecto de organización” y su ubicación como categoría de imputación entre los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2). Acto seguido, se propone diferenciar el injusto estructural específico al que pueden dar origen las OSFL, sobre la base de la teoría de los sistemas de injusto (3). Para cerrar el análisis, el trabajo se enfoca en el contenido del defecto de organización según el modelo de imputación vigente en la ley chilena, desde la doble perspectiva de los deberes generales de dirección y supervisión y los programas de prevención de delitos (4). Por último, el acápite de las conclusiones resume las principales reflexiones realizadas a lo largo del trabajo.

También, a representantes de fundaciones y corporaciones quienes dieron su mirada desde la práctica. Fue abogada asistente del Tribunal Constitucional entre los años 2010 y 2012 y durante 2014 y 2018 volvió a la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia como coordinadora, donde desempeñó un importante rol en la elaboración y discusión legislativa de la Agenda de Probidad. Ha impartido clases en las Universidades de Chile, Adolfo Ibáñez y Diego Portales. En 2021 asumió como directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, hasta marzo de 2022. Director del Centro de Políticas Públicas  y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Desde 2006, ha estado involucrado en estudios sobre el  aporte de la sociedad civil en Chile.

Las organizaciones del tercer sector, no teniendo un subsistema propio que pueda impartirles su racionalidad, se definen negativamente y, por eso, son no gubernamentales y sin fines de lucro. La diferenciación de los tres sectores solamente persigue reducir la complejidad de los grandes problemas de la sociedad para enfrentarlos mediante la especialización de las organizaciones destinadas a ello. No obstante, esta diferenciación aparentemente inocua trae consigo la dificultad de que las racionalidades asumidas por las organizaciones de esos tres sectores son muy diferentes y no les resulta fácil dialogar ni comprenderse entre sí.

Ambas son adecuadas cuando el contexto de investigación es demasiado complejo, por el número de variables intervinientes, y resultan especialmente convenientes para el estudio de estructuras, procesos y resultados de un fenómeno (Strauss y Corbin, 2002), ya que permiten profundizar en las variables determinantes de los fenómenos analizados. En el contexto mundial, existen distintos ejemplos de la manera como las organizaciones sin fines de lucro adoptan voluntariamente políticas de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, “Ensuring Nonprofit Integrity Initiative”, una asociación de organizaciones sin fines de lucro de California, lanzó en 2006 una propuesta basada en principios de la Ley Sarbanes-Oxley que busca que las ONG voluntariamente adopten una política sobre conflictos de intereses, conservación de documentos, política de protección al denunciante y el establecimiento de un comité de auditoría, entre otras exigencias. A nivel latinoamericano resalta la iniciativa Rendir Cuentas que consiste en un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que han unido fuerzas para promover la transparencia y rendición de cuentas. Como objetivo pretende instaurar prácticas sistemáticas de autorregulación, a través del aprendizaje mutuo, de la transferencia y adopción de estándares voluntarios y comunes de transparencia. Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés common en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro.

El equipo técnico que integra esta comisión es un grupo transversal de especialistas. Se propone reducir el monto para el cual se requerirá, por el Gobernador Regional, la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. La propuesta se indica para proyectos de inversión o iniciativas, independientes del monto, y también se incluye a gobernadores respecto del Core. Revisa el plan de acción para más probidad y transparencia en el Estado propuesta por el Gobierno.

La colaboración entre empresas con afán de lucro y OSFL puede observarse, entonces, bajo un nuevo prisma. Las OSFL encuentran además, en la alianza, nuevas posibilidades de generación de valor, mostrando que la acción social puede contener una coherenciafinanciera, una nueva mirada sobre compartir riesgos y responsabilidades respecto del entorno social, una visión pragmática sobre los fenómenos sociales y su vinculación e impacto con el desempeño empresarial. Si bien, estas organizaciones no están obligadas por ley a cumplir con los criterios de transparencia y acceso a información organizaciones sociales nombres como se le exige a las instituciones públicas, sí rinden cuenta cuando reciben aportes estatales. Una rendición que debiese ser estandarizada y que no dependa de las instituciones que otorgan dichos recursos -como existe en la actualidad- es un desafío que debe afrontarse a la brevedad. Bajo este contexto, las organizaciones sin fines de lucro deben dar pasos hacia una mayor autorregulación e incorporar prácticas encaminadas a elevar sus estándares de transparencia, así como, también incorporar prácticas de gobiernos corporativos en sus directorios y organismos que las dirigen.

La insuficiencia de know the way también se expresa en la diferencia de expectativas entre organizaciones sociales que quisieran proyectar la alianza en el tiempo, mientras las empresas desean desplegar instancias de colaboración puntuales y acotadas en el tiempo. Esta brevemente reseñada situación condujo a que, durante mucho tiempo, fuera prácticamente imposible la colaboración e incluso el entendimiento entre organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Toda acción de una organización pública encontraba la crítica cuando no el repudio de las organizaciones privadas y el afán de lucro de las organizaciones privadas, era señalado con el dedo por las organizaciones públicas. Tampoco period fácil la comprensión entre las organizaciones de los dos primeros sectores y las del tercer sector. Las organizaciones públicas eran renuentes a compartir sus recursos y sus problemas con organizaciones que no tenían su misma lógica administrativa basada en la legitimidad política.

cuya misión sea el servicio a personas en situación de pobreza y/o exclusión. La instancia fue creada con el objetivo de abordar cómo se vinculan las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, profundizar la transparencia y fortalecer la agenda de probidad del Gobierno. Puede entenderse como el espacio en donde las personas (entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes), pueden involucrarse en el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y las políticas públicas. 80El catálogo de sujetos activos se divide entre sujetos en posición dominante, esto es, dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión; y sujetos que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguna de las anteriores personas (art. 3° in. 1° y 2° de la LRPPJ). 27El origen histórico de tales denominaciones parece derivarse de las instituciones de strict o de vicarious liability vigentes en el derecho inglés, que materializan una especie de responsabilidad penal objetiva por hechos de terceros. Tales teorías fueron inicialmente aplicadas para implementar la responsabilidad penal organizacional en el derecho anglosajón.

Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Únete y colaboremos para crear un Chile más solidario, justo, igualitario e inclusivo. Con todo, las OSFL deberán indicar con claridad los costos económicos que la asociación tendrá para la organización lucrativa y, finalmente, deberá estar en condiciones de garantizar que los fondos otorgados no serán malgastados en una operación burocrática excesiva o en desvío de fondos para fines que no habían sido explícitamente anunciados. Nada de esto implica una pérdida de autonomía para la OSFL, ni tampoco la distorsión de su misión, la cual sigue sumida en la recursividad de su autopoiesis (Luhmann, 2011). Ella continuará orientando su quehacer por fines no lucrativos, aunque probablemente aprenderá que la eficiencia en el uso de sus recursos, la profesionalización de la gestión y el uso de mecanismos de control de gestión pueden contribuir enormemente al logro de su finalidad no lucrativa. Nuestros hallazgos nos indican que la profesionalización de la gestión no lucrativa no encuentra aún necesario el establecimiento de mediciones más exhaustivas de resultado ni de impacto de sus intervenciones.

Acceso en primer mano a los programas de transparencia y fortalecimiento, asegurando todo el apoyo disponible para cumplir con el ciclo anual de rendición de la FECU Social, por ejemplo. Además, se propone una medida adicional de seguimiento y rendición de cuentas propuestas y recomendaciones. Se propone otorgar la legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, para que sea el TER Regional quien decide si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves. Proponemos que el CAIGG esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo. Esta medida consiste en establecer la obligación de informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación. Finalmente, el informe de la Comisión elaboró forty six propuestas, como resultado de un proceso de estudio y participación de los diferentes actores que participaron.

La confianza pública en las ONG y, en definitiva, su credibilidad y capacidad de representar a los ciudadanos e intereses que representan de una manera confiable y que sea reconocida por todos depende, en gran medida, de su transparencia interna y externa lo que les permitirá rendir cuenta ante la sociedad y frente a quienes los apoyan y financian. En este sentido, la transparencia más que un valor se transforma en un beneficio para quienes adoptan los criterios básicos de transparencia y rendición de cuentas. Pueden ser miembro de la Comunidad Organizaciones Solidarias organizaciones sociales sin fines de lucro, que tengan al menos dos años de personalidad jurídica,

La autoridad señaló que desde el comienzo el Pacto Fiscal propuesto consideró reformas pro-transparencia y mayor probidad, las que serán reformuladas en un proyecto para normar las transferencias a fundaciones, en línea a lo propuesto por la «Comisión Jaraquemada». La instancia tendrá que identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las IPSFL con el Estado y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación entre ambas partes, que faciliten el conocimiento, por parte de la ciudadanía, sobre el uso de los fondos que se les entregan. La comisión estará compuesta por seis personas, quienes deberán elaborar propuestas en la materia en un plazo no mayor a 45 días. El equipo de trabajo será ad honorem y funcionará al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el que prestará el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento. 136Los riesgos pueden ser definidos en este contexto como la “habilidad de una amenaza para explotar una vulnerabilidad”, así FATF (2015), p. 10.

Esto se ha visto igualmente reflejado en el análisis de los modelos de organización y compliance en sentido amplio y de los sistemas de prevención de delitos en sentido estricto, que han tomado en consideración los delitos empresariales y las técnicas de gestión del riesgo originado en dicho contexto. En concordancia con lo anterior, el propósito de este artículo será contestar dichas interrogantes, ahondando en el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión en OSFL y el injusto organizacional al cual pueden dar origen, a partir de un análisis de los factores y riesgos delictivos particulares que les afectan. Con dicho objeto, el trabajo ofrece en primer lugar una conceptualización de la naturaleza y características penalmente relevantes de las OSFL (1). Posteriormente, se realiza una precisión conceptual sobre el “defecto de organización” y su ubicación como categoría de imputación entre los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2). Acto seguido, se propone diferenciar el injusto estructural específico al que pueden dar origen las OSFL, sobre la base de la teoría de los sistemas de injusto (3).

De este modo va cambiando la dinámica de la alianza, introduciendo elementos dinamizadores en la relación. Especial importancia tiene que las organizaciones del sector social logren consolidar relaciones estrechas y permanentes con las empresas donantes, de manera tal que los programas y proyectos que desarrollan en conjunto permitan fidelizar la acción social de la empresa. Conveniencia de establecer alianzas con grupos económicos que garanticen la continuidad de la labor de las OSFL. Muchas de las organizaciones entrevistadas indican que la consolidación organizaciones sin fines de lucro que son de su plan de alianzas de colaboración les ha permitido más que buscar alianzas con organizaciones particulares, realizar la búsqueda con grupos económicos consolidados. Ello garantizaría continuar con la labor social desplegadas por la OSFL. Las organizaciones se constituyen en sistemas característicos de la sociedad compleja, relacionándose con ella de tal manera que algunos se forman a partir de los sistemas de funciones de la sociedad, asumiendo su correspondiente primado funcional, buscando soluciones específicas a los problemas que deben afrontar.