Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.3, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún.
Hoy, es una política prioritaria del Estado de Chile, captando el reconocimiento y el interés de distintos países del mundo. El texto de Cuadriello Olivos ofrecen pistas que pueden ser claves para comprender el recorrido de las desigualdades y las respuestas que han emergido en los países considerados, como así también permite calibrar la fuerza con la que se instaló el modelo de políticas sociales focalizadas. Erradicar la pobreza para 2030 es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pero su propio informe de julio indica que para ese plazo todavía el 6% de la población mundial vivirá bajo la línea de pobreza. El primero es la igualdad de oportunidades, es decir, que los logros de una persona a lo largo de su vida deberían estar determinados fundamentalmente por sus propios talentos y esfuerzos, más que por circunstancias predeterminadas, como la raza, el género, etc. El segundo principio es la ausencia de privación en los resultados, en specific en los terrenos de la salud, educación y el consumo.
Al no existir derechos igualitarios para hombres y mujeres en esta materia, se encarece la contratación femenina y esto es justamente lo que está detrás de las brechas de género en el ámbito laboral”, explica Bravo. En ese sentido, el Banco Mundial encontró que las mujeres están amparadas, en promedio, por solo el 64% de las protecciones legales de las que disponen los hombres. [11] En algunos casos, los ingresos que provienen por el retiro de dividendos pagan una tasa máxima de un forty four.5%.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Por el contrario, en el décimo decil, es decir, el de mayores ingresos, los subsidios se incrementaron en 46%, pero con un monto mucho más bajo, desde $5.825 a $8.524, lo que no impacta de manera relevante en los ingresos totales de este grupo. Un estudio elaborado por Laborum, enfocado en las perspectivas de género en el mundo laboral, reveló que el 60% de las personas en Chile considera que el sueldo de los hombres es superior al de las mujeres.
En este se señala que a las mujeres se les otorgan tres cuartas partes de los derechos legales que gozan los hombres. Además, sólo seis países de un whole de 187 considerados en el estudio, ofrecen los mismos derechos a ambos sexos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Suecia y Luxemburgo). «La forma en que escaparon de la pobreza fue alcanzando a los más pobres de manera lenta pero más efectiva. Eso es algo opuesto al mundo en desarrollo hoy en día».
Asimismo, ha procurado formular, junto con el Vicepresidente de la Región, la estrategia de su institución en lo que atañe a los servicios de financiamiento y asesoramiento a América Latina. Alentar inversiones que tienen una tasa neta de rentabilidad más baja es un desperdicio; supone una pérdida de bienestar y de ingresos que podrían haberse dedicado a fines ambientales” (Banco Mundial, 1992a, p. 36-37). El GBM entiende por distorsiones a toda política gubernamental que tenga como objeto interferir en el mercado, sea este de energía o tierras, calificándolas como “claramente dañinas para el medio ambiente” (Banco Mundial, 1992a, p.,12) ya que incentivan, dicen, un sobre uso, por ejemplo, de carbón o del agua. Finalmente, para realizar el análisis, contextualizar y poner en debate las fuentes secundarias de información recabadas, se recopiló y consultó bibliografía especializada, rastreando aquello que permitiera construir argumentos e interpretaciones.
En el caso de Chile, la puntuación fue de seventy seven,5, por sobre al promedio mundial y de la región Latinoamericana de 69,1. Hasta marzo de 2024, el Banco Mundial tenía una cartera activa compuesta por dos operaciones de préstamo por un monto complete de USD 350 millones, destinadas a apoyar un mecanismo de financiamiento de hidrógeno verde y mejorar la atención primaria universal de la salud. También existe un programa de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+) por valor de USD 26 millones y una donación de USD 5 millones para la implementación de los mercados de carbono. Se han suscrito seis acuerdos de servicios de asesoría reembolsables por un total de USD 8,76 millones que abarcan temas como género, salud, protección social, estadísticas nacionales y digitalización del transporte.
El organismo internacional plantea la necesidad de avanzar en reformas en infraestructura, educación y comercio son fundamentales para mejorar la productividad y la integración al mundo. “El bajo nivel de crecimiento, de manera sostenida, no es sólo una estadística económica sino una barrera para el desarrollo. Se traduce en servicios públicos reducidos, menos oportunidades de empleo, salarios deprimidos y mayor pobreza y desigualdad. Debemos actuar con decisión para ayudar a América Latina y el Caribe a romper con este ciclo”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 12De acuerdo con Macías (2014), el crecimiento que surge por la acumulación de capital físico puede aumentar los niveles de desigualdad, sobretodo en países pobres o de ingresos medios, al aumentar las disparidades entre el campo y la ciudad. Como forma de averiguar si existen efectos fijos en el tiempo se utiliza una prueba F restrictiva.
Añadió que “Chile es un ejemplo en manejo macroeconómico en el mundo (…) sorprende que no se haya logrado reducir más la desigualdad en la distribución del ingreso”. Para finalizar, es interesante plantear que el cambio climático como fenómeno social representa una oportunidad para el debate y la investigación. Cómo inciden estas agendas de desarrollo en otros desigualdad de los pueblos originarios países de América Latina y el Caribe, es un camino que se está abordando, pero que debe ser profundo y reflexivo en cuanto a los alcances territoriales de las políticas que bajan desde el mundo desarrollado. A su vez, para futuras investigación se evalúa como pertinente abordar otros discursos y sus propuestas frente al problema del Cambio Climático.
3La explicación de su teoría radica en que los países más pobres dependían principalmente de la agricultura, actividad con baja productividad, pero baja desigualdad. A partir de los procesos de migración de trabajadores del campo a la ciudad, el sector más productivo, el industrial, empezó a recibir trabajadores no calificados y con bajos salarios, promoviendo una elevada inequidad, pero acompañada de un incremento de la producción (parte positiva de la curva). En la siguiente fase, hay una gran cantidad de trabajadores ubicados en el sector industrial y una reducción del número de trabajadores en el sector agrícola, permitiendo un aumento de sus salarios relativos (por la escasa oferta).
El papel de la distribución sectorial del PIB, a lo largo del período estudiado, refleja la incidencia del cambio estructural en la distribución de la renta. Esta incidencia dependerá de las fuerzas relativas que puedan estar actuando en direcciones opuestas (tecnologías más intensivas en capital físico o capital humano, enlaces productivos, and so on.). Es probable que aquellos sectores con más enlaces productivos apropiados con otras industrias, a nivel regional, contribuyan a mejorar la desigualdad, como es el caso de la minería en Chile. Este trabajo demuestra que el sector económico más potente, en el sentido del aporte al PIB regional, juega un papel importante en la reducción de la desigualdad, pero el efecto negativo provocado por el sector secundario parece haber tenido una influencia mayor. Se observa que la desigualdad del ingreso tiende a aumentar en regiones intensivas en el sector secundario (manufactura; electricidad, agua y gasoline desigualdad de la globalización y sector construcción), mientras que las regiones intensivas en minería tienden a ser más equitativas. Se infiere que en estas regiones, las riquezas provenientes de la minería, son repartidas más inclusivamente entre la población trabajadora.
En el ejercicio de 2023, los nuevos compromisos de IFC alcanzaron un monto récord de USD 1700 millones, un aumento de casi el 200 % en comparación con el ejercicio anterior. Durante más de seventy five años, hemos trabajado en conjunto en soluciones innovadoras para desafíos complejos, contribuyendo al progreso de Chile y de otros países que enfrentan retos de desarrollo similares. Somos la organización sindical de mayor jerarquía que representa a los trabajadores del sistema financiero en Chile. A través de nuestra orgánica los sindicatos de base de nuestro sector, levantan sus banderas para resolver los problemas que surgen en la relación laboral. A nivel mundial, “a 2.seven-hundred millones de mujeres todavía se les prohíbe legalmente tener los mismos puestos de trabajo que los hombres” indicó Kristalina Georgieva, presidenta interina del Banco Mundial.
Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance. En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo.