Como forma de determinar la relación causal entre las variables, se llevó a cabo una prueba de Granger, cuyos resultados muestran la relación causal entre la desigualdad y las transferencias corrientes que efectúa el Estado (ver Tabla 6). Los siguientes modelos se construyen con la base de datos reducida, buscando con ello evidenciar dos períodos temporales distintos (ver Tabla 3). Con el primero se quiere analizar un período de homogeneidad y estabilidad, tomando en consideración una tendencia política uniforme.
Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus.
Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Para complementar el análisis basado en el Gini, una forma menos abstracta y más intuitiva de medir la desigualdad consiste en calcular la porción del ingreso complete del país que concentran diferentes grupos de la población. Por ejemplo, la porción del ingreso nacional que se apropian el 1% y el 10% más ricos dan cuenta de qué tan concentrados están los ingresos.
A pesar de los buenos resultados expuestos y la pequeña diferencia promedio en la esperanza de vida, existen otras inequidades en el ámbito de la salud, como son el acceso al sistema de salud, los tiempos de espera hospitalarios y la cantidad de centros médicos o de profesionales de la salud disponibles por habitante, en cada una de las regiones. Para exponer la situación de Chile en el mundo, la (Tabla 1) muestra una comparación con los países de mayor y menor PIB per cápita. En los últimos puestos se encuentran países del continente africano, donde el PIB por persona más bajo corresponde a la República Centroafricana, siendo tan solo 0,03 veces el de Chile.
Una de estas líneas de desarrollo es la que busca determinar la relación entre la desigualdad en el ingreso y el crecimiento económico. A pesar de que existe un amplio número de investigaciones referidas al tema, no se ha llegado a un consenso common acerca de la relación existente entre ambas variables; sin embargo, es posible identificar dos corrientes teóricas y empíricas que han tratado de establecer su relación a través del tiempo. El reporte, que se encuentra publicado en el sitio net de la SP en la sección de Estadísticas e Informes, presenta un completo panorama de datos desagregados por sexo e indicadores de brechas en el sistema previsional chileno. Entre los principales temas abordados destacan la distribución por género de los cotizantes tanto en el sistema actual como en el antiguo; y un detallado análisis sobre los años de cotizaciones de mujeres y hombres, así como los montos recibidos por concepto de pensiones de vejez y de seguro de cesantía.
La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Hasta este momento nos hemos referido a la progresividad o regresividad de los sistemas tributarios, pero no hemos hablado con mayor detalle de sus componentes. Lo cierto es que los sistemas tributarios se componen de múltiples tipos de impuestos, todos ellos con diferentes ventajas y limitaciones.
Los hallazgos de este estudio señalan la importancia de realizar adecuaciones a las estrategias comunes de apoyo al egreso, brindando apoyos específicos a jóvenes que podrían encontrarse objetivamente en posición desigual en relación a sus compañeros. Con una exposición marcada por el análisis de los patrones e influencias que han llevado a perpetuar la desigualdad en nuestro país, el académico estadounidense fue enfático en señalar que “el tema basic en esta materia es la interacción desigualdad tipos entre desigualdades arraigadas y el diseño de políticas”. En esa línea, argumentó que “los chilenos apoyan las desigualdades ‘justificadas’ por el esfuerzo, pero expresan un gran descontento por las ventajas del privilegio”. Así, la desigualdad sería impulsada a través de múltiples mecanismos que interactúan en un sistema como, por ejemplo, el capital heredado, retornos y previsión. En este punto destacó que “existe una alta proporción de ciudadanos que expresan rabia por los niveles actuales de desigualdad.
Así, como señalan Pérez-Roa y Gómez (en este número), su inserción al mundo laboral ya se inicia con un importante número de deudas. La economista Andrea Repetto reafirmó esta última concept, agregando que “la pobreza es muchas cosas, no solo falta de ingresos. Ante esto, destacó la importancia de tomar atención a los aspectos subjetivos y las percepciones de la desigualdad para encontrar caminos que permitan avanzar en la materia. Como se puede apreciar, la matriz opone primariamente a las desigualdades injustas con la paz, y no con la violencia en cualquiera de sus expresiones, ya sea subversiva o represiva. Éstas encuentran su explicación en las desigualdades, así como el desarrollo integral permite entender cómo se entiende la paz en este escenario.
Así reflexiona en esta columna la directora ejecutiva de Aministía Internacional Chile, Ana Piquer. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, dice. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”. Luego del breve recorrido teológico, propongo algunas reflexiones finales que quieren ser una contribución al debate en torno a las desigualdades que hieren la convivencia humana, a nivel global y local, y que demandan una urgente respuesta que nos conduzcan a una paz basada en la justicia. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano fundamental ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia.
Pero al igual que la OIT establece como hito del movimiento femenino en Estados Unidos la lucha por mejores condiciones de trabajo y derechos similares a los de los hombres. Los registros de la ONU señalan que en 1848, indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres, también en Nueva York. Pero si bien la lucha de las mujeres ha tenido varios episodios anónimos e incluso ignorados a lo largo de la historia, se considera el sábado 25 de marzo de 1911 como la fecha que marca la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Los archivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que ese día 146 trabajadoras de la Fábrica Triangle Shirtwaist de la ciudad de Nueva York, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes europeas, murieron calcinadas intentando escapar de un incendio en los talleres donde cocían blusas. En tan solo 20 minutos las operarias fallecían encerradas en los talleres, atrapadas detrás de puertas cerradas con llave y fuera del alcance de las escaleras de bomberos. «Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil -incluyendo la fábrica Triangle- en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos», cita la OIT.
El estudio longitudinal desarrollado por Leandro Sépulveda y María José Valdebenito, “¿Estudiar para trabajar? Transición educativa-laboral de los egresados de la Educación Técnico Profesional en Chile” corresponde al seguimiento de egresados entre 2011 y 2016. Los autores constatan el carácter heterogéneo de las experiencias de los egresados, el rol instrumental atribuido al trabajo en el proceso de tránsito educativo-laboral y el peso que adquieren las experiencias y decisiones de los estudiantes en sus trayectorias. Relevar estos procesos y las subjetividades asociadas, permite analizar de una manera más compleja cuestiones tales como la masificación de la educación superior y la postergación de la entrada al mercado del trabajo que experimentan las nuevas generaciones. Un aspecto relevante es la debilidad del modelo educativo que rige en Chile, unido a la baja calidad en infraestructura y establecimientos educacionales, lo que ha generado enormes diferencias en la población. También la cultura clasista, discriminatoria y sectaria frente a la multiculturalidad, pueblos originarios y una fuerte resistencia a la inclusión de los inmigrantes en nuestros entornos atentan contra la integración social y espacial, fomentando la escisión y fragmentación urbana.
Estas políticas gubernamentales que promueven un discurso emprendedor generan nuevas formas de resistencia que desde perspectivas críticas demandan profundizar las definiciones actuales sobre emprendimiento. Por su parte, Romero puso el énfasis en cómo se ha abordado, desde el Estado, la dualidad de desigualdad y pobreza. El esfuerzo del Estado estaba apuntando a la reducción de la pobreza y period desigualdad y pandemia una externalidad positiva resolver la desigualdad”, puntualizó.
Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén. Al considerar la pobreza multidimensional, nuevamente la región de La Araucanía es la más susceptible, pero en este caso seguida por dos regiones del norte del país, Atacama y Coquimbo. Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá).
