Etiqueta: percepción

Percepción De Desigualdad En Chile Está Entre Las Más Altas De Los Países De La Ocde Diario Financiero

Además, la temporalidad de las acciones públicas examinadas, al ser la mayoría de estas previas a la Agenda 2030, indica que aún queda trabajo por realizar para incorporar estos objetivos a las diversas partidas públicas del país. Es decir, que existiendo esta agenda como una guía para el desarrollo sostenible, los esfuerzos que vengan a continuación deberían responder a la lógica de estos objetivos y no al revés. Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance. En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo.

A raíz de lo anterior, concluyen que la desigualdad no es dañina para el crecimiento económico (contrario a lo que plantean Persson y Tabellini en 1994), sino que puede llevar a un incremento de este si el consumo público entra en la función de utilidad. Las medidas que cada país pueda adoptar para combatir la desigualdad dependerán de los efectos políticos que puedan soportar cuando el crecimiento económico va acompañado de una elevada desigualdad. La misma inversión que se hace en bonos y subsidios podría hacerse para inversión en productividad a través de la creación de pequeñas y medianas empresas, subsidios de contratación de mano de obra, inversión en educación, políticas para estimular la igualdad, and so forth. Medidas que dependiendo de la naturaleza de cada país puedan llevarse a cabo, pero con un denominador común, que sean medidas sustentables en el tiempo con resultados a mediano y largo plazo. En Latinoamérica las políticas públicas están asociadas a las políticas de protección social a través de la entrega de bonos y subsidios a las clases más bajas, lo que hace que se transformen en medidas cortoplacistas y no fomenten el empleo y el salir de la pobreza extrema. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder.

5Para más información sobre los factores causales de la desigualdad en Chile revisar López & Miller (2008); Castillo (2012); PNUD (2017). Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos.

Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule.

la desigualdad economica

Los buenos indicadores a nivel de crecimiento económico de las últimas décadas en Chile, no han podido mitigar la persistente desigualdad del ingreso. Anteriormente, Soto y Torche (2004) concluyen lo mismo, demostrando que, entre 1975 y 2000, el PIB per cápita chileno creció un 5% al año, sin embargo, las regiones no se beneficiaron de igual forma. La pobreza cayó significativamente en todas ellas, pero la desigualdades sociales la desigualdad del ingreso se mantuvo constante. Por lo tanto, estudiar solo el comportamiento nacional no es un análisis completo, ya que oculta cambios significativos a nivel regional. Conocer la dinámica de desigualdad regional será un punto importante en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo diferenciadas, muy necesarias en un país con regiones tan heterogéneas como Chile.

Los datos educacionales comparativos por país se obtienen de Barro y Lee (2010) y PNUD (2015). Los datos regionales, como años de escolaridad promedio y analfabetismo, se obtienen a partir de la Encuesta CASEN. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un three,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a 0,6% en el año 2011, superando con creces la meta que era de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de 44,4 el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de one hundred sixty five países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo zero,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).

En otras palabras, aquellas formas de relacionarse dentro o entre comunidades que puedan generar disparidades, como discriminación, marginalización, ventajas o desventajas en una sociedad (Alfonso et al., 2015 ; PNUD, 2017). Estas desigualdades pueden, por ejemplo, limitar las oportunidades de acceso a trabajos o el acceso a diferentes beneficios de la comunidad, por lo que un individuo o país tendría que destinar una mayor cantidad de recursos a reducir estas disparidades, al contrario de otro en que este tipo de relaciones no se da (Paes de Barros et al., 2008). Esta implica el punto de partida sobre el cual las circunstancias particulares de una persona o población limitan de una u otra forma la libertad que poseen de elegir o de alcanzar ciertos objetivos ( Roemer, 1998 a; Kanbur & Wagstaff, 2014; Alfonso et al., 2015; Stiglitz & Doyle, 2015). Aquí, las coyunturas individuales definen, en parte, el alcance de lograr ciertos objetivos propuestos, como, por ejemplo, el género, contexto acquainted la desigualdad pdf, acceso a la salud, a la educación, entre otros. Es decir, que si existiera igualdad de oportunidades para todos los individuos o países, el resultado de sus metas dependería únicamente del esfuerzo ejercido para lograrlas ( Roemer, 1998 b; Kanbur & Wagstaff, 2014; Atkinson, 2015).

La incorporación de la dimensión sustentabilidady medio ambiente produjo que el IDERE disminuyera en todas las regiones (Tabla 7). La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global.

Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.

De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Transitar hacia una sociedad distinta es posible; es, a fin de cuentas, una decisión política. En easy, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so on.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos.

Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. Relacionado con el rol del Estado en disminuir la desigualdad, en Chile existe el mito de que hemos priorizado la billetera fiscal y la responsabilidad del gasto público por sobre la ayuda social y por sobre las necesidades de la gente. De hecho, en los últimos treinta años el gasto social en el país ha crecido de forma acelerada, con una tasa real de expansión anual promedio de un 8,3%, mientras que nuestro PIB ha crecido a la mitad de dicha velocidad (4,6% promedio).

El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016).

Percepción De Desigualdad En Chile Está Entre Las Más Altas De Los Países De La Ocde Diario Financiero

En cambio, en este texto sostengo –como hipótesis– que hay dos tipos de desigualdades que están relacionadas con la desigualdad de ingreso y que tienen una relación más directa con el estallido social, a saber, la desigualdad de exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. three En specific, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera. La persistencia intergeneracional de la riqueza se asocia a una alta concentración de ingresos en el grupo de ingresos más altos en Chile. En todos los países, la desigualdad se relaciona con concentración de ingresos, pero en Chile este patrón es muy pronunciado, con una alta proporción de los ingresos totales del país yendo a los hogares más ricos. No es sorprendente, entonces, que las familias más ricas traspasen su ventaja económica a sus hijos. Si, como muchos investigadores han sugerido, la desigualdad en la generación de los padres afecta la movilidad en la generación de los hijos, entonces una estrategia relevante para promover la movilidad es reducir la desigualdad.

Durante más de dos siglos Chile ha sido un país construido sobre la base de instituciones oligárquicas, las cuales han impedido un equitativo progreso social. Es lo que algunos analistas, a mediados del siglo XX, denominaron como «desarrollo frustrado». Dicho lo anterior, no creo que la de ingreso sea la desigualdad más relevante para explicar el estallido social.

desigualdad

Si bien este último comprende una variedad de demandas, entre ellas se encuentra la gran desigualdad que existe actualmente en el país, la cual, en palabras de Güel (2019), “…no se trata solo ni principalmente de un problema de distribución del ingreso” (párrafo 8). Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha.

Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017. Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10. Es decir, que incorporar la Agenda 2030 a las diferentes reparticiones públicas del país es un proceso que no es inmediato y necesita un trabajo previo como el diagnóstico y planes de implementación.

El libro, que se centra en la desigualdad socioeconómica, quería aportar para pasar de una “discusión a nivel de slogan” a una de contenido analítico y basada en la evidencia empírica. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno. Estos límites se basan en estimaciones, ajustadas por tamaño de familia, de la media del ingreso familiar para las áreas metropolitanas y no metropolitanas designadas. Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del eighty por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores.

Por ejemplo, en China e India, las encuestas muestran una concentración de ingresos del 1% más rico cercana a la mitad de la concentración actual. Existen múltiples razones que explican el aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos, todas ellas decisiones de política. En estos textos hemos extensamente discutido el rol de los impuestos en esta tendencia, pero el problema es más complejo. La caída en la progresividad de los impuestos a los más ricos es sin duda una de las explicaciones. Otras causas son el estancamiento del salario mínimo, el debilitamiento de los sindicatos, la falta de competencia, y la falta de regulación financiera, entre otros. Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable.

Pero también tenemos muchos lastres heredados que nos impiden muchas veces avanzar más rápido y también nuevos desafíos que enfrentar. Estamos abocados a encontrar los medios que nos permitan superar los obstáculos y a crear las condiciones que nos permitan ponernos a la altura de las nuevas oportunidades y retos. Y hemos puesto a Chile en movimiento, y todos y todas estamos comprometidos a llevarlo a buen puerto. Detrás de este indicador, y de todos los demás que se utilizan para medir desigualdad, hay una concepción de bienestar social que se desea capturar. En specific pies descalzos, está la concept de que, dado un nivel de ingresos totales, a la sociedad no le da lo mismo cómo se distribuyen esos recursos.

Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).

En Chile, toda la educación, excepto por los colegios particulares pagados, se financia a base de una subvención por alumno. Antes, esa subvención era del mismo monto, independiente de si el alumno era pobre o si tenía más recursos, lo que era problemático, porque educar alumnos con desventajas requiere más recursos. Eso ha ido cambiando por una política en que a los alumnos más pobres se les asocia un subsidio mayor, así como a las escuelas que los atienden, lo que se acerca más a compensar los fondos que requiere atender a una población más weak.

La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento organizaciones sin fines de lucro de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países.

Dos destacadas académicas de la Universidad de Concepción y uno de los investigadores del PNUD autor del libro «Desiguales», analizan la raíz de la que muchos se atreven a nombrar como la mayor movilización social en la historia de Chile. Sin embargo, la Ley establece que los cambios por satisfacción, es decir, si no te gustó un producto, son opcionales de cada marca. Para brindarte una mejor experiencia de compra, Antártica cuenta con esta garantía voluntaria (además de la garantía legal) llamada Garantía de Satisfacción, con la que puedes cambiar o solicitar la devolución de un pedido en los plazos indicados más abajo, siempre que se cumplan los requisitos de satisfacción garantizada. Hasta el 12 de julio estarán disponibles las postulaciones al concurso “Redes, Núcleos e iniciativas de colaboración académica de carácter transdisciplinario”, impulsado por la Vicerrectoría de Desarrollo e Investigación (VID) a través de su Dirección de Innovación. La convocatoria busca fortalecer y consolidar iniciativas que vinculen diferentes áreas del conocimiento para al abordaje de problemas complejos de relevancia pública.

Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras.

Destacó que “Chile ha hecho mucho progreso”, de hecho, la desigualdad por ingreso ha disminuido de 55% desde el año 2000 a 47% en 2015. Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el término se aplica a la naturaleza necesariamente híbrida y codependiente de las fuentes de financiamiento para la vivienda sin fines de lucro y de propiedad pública de dicho país, donde constituye alrededor del 5 por ciento del volumen whole (Bratt, 2012). Esta codependencia, junto con una preferencia política por un ‘retorno’ de las viviendas sociales a las reglas del mercado después de cierto tiempo, ha afectado también los esfuerzos por establecer formas de proveer vivienda sin fines de lucro,ya sea en forma de arriendo o de cooperativas. Por ejemplo, en 1959 el programa de Mitchell Lama para el Estado de Nueva York, establecido sólo cuatro años antes, abandonó su objetivo original de mantener los desarrollos regulados a perpetuidad permitiendo a los propietarios optar por salirse una vez pagada la hipoteca (Botein, 2009).

La Percepción De La Pobreza Bajo El Ángulo De La Teoría De La Vinculación: Naturalización, Culpabilización Y Victimización

Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. En este contexto los trabajadores, que no son propietarios de los activos, no tienen incentivos para comportarse de forma que la productividad aumente, pues estos comportamientos son difíciles de monitorear y, por lo tanto, que se lleven a cabo o no depende en parte importante de la motivación intrínseca. En specific, estos comportamientos tienen que ver con el trabajo duro, la mantención del capital físico, la disposición a asumir riesgos, la adquisición y uso de conocimiento y otros similares. De esta manera, la elevada concentración de la propiedad de los bienes de capital es ineficiente. Por esta razón, por años se ha planteado como un gran objetivo para el país disminuir la inequidad de ingresos y se ha intentado implementar diversas políticas para cumplir esta meta, como las actuales reformas, las que han sido foco de críticas porque atentarían contra el crecimiento económico. La naturalización, la culpabilización y la victimización constituyen tres formas difusas de percepción de la pobreza e inevitablemente presentes en todas las sociedades.

teoria de la pobreza

Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. Si la riqueza del país sube por igual, todos serán más ricos, de manera que habrá más individuos cuyo ingreso supere el umbral y, por esa razón, habrá menos delincuencia. Pero si el ingreso de los más ricos aumenta en mayor proporción que el de los más pobres, el valor esperado de la delincuencia se incrementa, pues aumentará el botín, es decir, el ingreso de los más ricos, pero no así el de los más pobres, haciendo más atractivas las actividades ilícitas. Como lo hemos mencionado anteriormente, el problema fundamental de la economía es que se ha ligado a la política y no a la ética, a la razón abstracta del yo y no a la escucha humilde del otro.

En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad.

Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Actualmente, en el país se vive un contexto de disaster social agravado por la pandemia del Covid-19, en el que se ha evidenciado la indignación del pueblo chileno en torno a las desigualdades y la falta de seguridad y derechos sociales universales. Ante tales demandas, la elite empresarial y otros sectores políticos se han resistido a participar de una reflexión con otros actores sociales (Pelfini, Riveros y Aguilar 2020). En este escenario, la mirada moralizadora de la pobreza es una ‘piedra de tope’ para una revisión profunda de las causas del malestar chileno. Esto se debe a que la mirada moralizadora, al centrarse en los hábitos y valores de individuos y sus familias, permite hacer ‘vista gorda’ a explicaciones sociales y estructurales de la pobreza.

Por ejemplo, en 1983, cuando Holanda alcanzó el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile, su salario mínimo era three,6 veces mayor al sueldo mínimo chileno actual. Estas cifras revelan que el salario mínimo chileno no se condice con la realidad económica nacional y que la diferencia con los países OCDE no está dada por factores económicos sino que por una falta de voluntad política para fijar estándares mínimos en Chile. Con el retorno de la democracia en 1990, la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron en el país, aunque la riqueza permaneció concentrada en la punta de la pirámide, lo que fue una de las principales demandas durante el estallido social que comenzó en el país en octubre de 2019. “El discurso de la flojera no es solo cuestión de una elite desconectada con la realidad; es una ideología extendida en Chile que necesita ser revisada”, afirma la autora de esta columna, quien presenta un análisis que es resultado de su investigación sobre los discursos de la elite en la historia reciente de Chile. Plantea que hay una mirada “moralizadora” que se manifiesta en acciones como la caridad, la celebración del esfuerzo y la desconfianza frente a la entrega de bonos o beneficios universales. “Hoy es común que se sospeche de los trabajadores con una licencia por salud mental, lo que se interpreta rápidamente como un intento de evadir el trabajo o como una responsabilidad o ‘falta moral’ del propio individuo”, explica en relación con su investigación más reciente.

A la pretensión de querer hablar en nombre de todos, de la colectividad, de la masa de seres humanos, pero olvidando relacionarse con el individuo concreto. Los avances en cuanto a la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas. El mundo logró la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, y lo consiguió en 2010, cinco años antes de la fecha prevista. Pero pese a este logro, la cantidad de personas que vive en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente elevada. De acuerdo con las estimaciones más recientes, el 17% de la población del mundo en desarrollo vivía con menos de US$1,25 al día en 2011, cifra inferior al 43% de 1990 y al 52% de 19811. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos.