El informe explica que en Chile el gasto en salud se financia por medio de las cotizaciones legales y obligatorias de los trabajadores, equivalente al 7% del sueldo; estas cotizaciones se colocan en fondos de seguros de salud que se diferencian entre uno público (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y otros privados (ISAPRE). Salud Un Derecho señala que los afiliados a los seguros privados de salud aportan montos adicionales de su sueldo para cubrir los planes de salud privados que son más caros. Según los datos reportados en el informe, más de un millón y medio de personas se encuentran en espera de atención médica y 240 mil aguardan una cirugía para patologías no AUGE, al mes de agosto de 2016. A esta concentración se agrega que, según el Ministerio de Salud, para una atención adecuada faltan 3 desigualdad humana.795 médicos especialistas. Hemos olvidado a los viejos, son un segmento no validado, a diferencia de oriente donde por ejemplo en China se les respeta enormemente, considerándolas personas sabias.Aquí en Chile para muchas familias son simplemente un “cacho”, tampoco tienen un espacio visible a nivel mediático, más que en uno que otro comercial de farmacias o remedios. O el incentivo a las empresas para contratar mujeres y así “apalear” de algún modo la desigualdad en los salarios y contratacionescon respecto a los hombres, son ejemplos concretos de esta palabra.
Fue un importante paso en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la búsqueda de la igualdad de género en el país. Los datos muestran que a junio de 2021 las mujeres representaron el 46,8% del total de personas afiliadas al sistema de pensiones y el 42,1% del complete de cotizantes, mostrando en el segundo indicador un avance de 7,1% en 12 meses. Este desempeño, sin embargo, se explicó principalmente por la baja base de comparación, ya que a junio de 2020 las mujeres cotizantes retrocedieron 6,2%.
Esta situación implícitamente fomenta a las iniciativas de corto plazo, las inversiones “de pasada”, en vez de las actividades realmente emprendedoras e innovadoras, que crean capital y no meras transferencias de riqueza que no suman valor agregado. Los comportamientos alejados de la ética, revelados en los últimos años, indican la necesidad de reformas profundas que se requieren en las superintendencias regulatorias, la normativa jurídica y la acción de los tribunales, aparte de un cambio profundo en las entidades gremiales empresariales. En los comienzos de la apertura al exterior, se justificó en la necesidad de tener algunas grandes empresas para competir internacionalmente.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia publica mensualmente información actualizada del valor de la CBA y de las líneas de pobreza extrema y no extrema en base a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El valor de la CBA es actualizado mensualmente de acuerdo a la variación de los precios de los productos que la componen en el IPC. Los hogares encuestados por Casen son seleccionados de manera aleatoria en viviendas incluidas dentro del marco muestral de secciones y manzanas entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) e incluye a hogares residentes en viviendas particulares de las comunas que son cubiertas según el diseño muestral correspondiente. Se consideran miembros de un hogar a todas aquellas personas que, siendo residentes de una misma vivienda, pueden tener o no vínculos de parentesco entre sí y habitualmente hacen vida en común, es decir, se alojan y se alimentan juntas. Por otra parte, es pertinente precisar que, en términos estadísticos, la información entregada por la Encuesta no es representativa a niveles inferiores a los dominios de representación que han sido definidos en el diseño muestral de la Encuesta.
Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables.
Sin embargo, señala el informe que “este esfuerzo se encuentra con la realidad de que una vez realizada la beca, muchos de ellos/ellas migran al sector privado”. Un día decidí que no podía continuar así y desde aquel momento comencé a sonreír”, decía Vidal recordando su infancia a un medio italiano. Esto de la desigualdad trasciende al tema plata, insisto, es un tema cultural.Sabemos que no todos somos iguales, pero tú eres tan digno como yo, nacemos en realidades distintas, pero eres tan válido como yo y te respeto. Por tanto deberías tener las mismas oportunidades y si te las “farreas”, al menos pudiste optar por hacerlo.
Asimismo, las universidades regionales integran sus actividades de formación e investigación con los programas de extensión y vinculación con las comunidades de su entorno. Según señalan las cifras de la OCDE, el 37% del gasto en salud en Chile es gasto de bolsillo, siendo la media de los países de la OCDE inferior al 20%. Se indica que después de México, Chile tiene el gasto de bolsillo más alto de todos los países de la OCDE. Según muestran las cifras, la principal fuente de financiamiento de la salud en Chile es precisamente el gasto de bolsillo, representando el 40% del gasto whole en salud; el 35% de los recursos disponibles para salud provienen de las cotizaciones (que van tanto al fondo público como a los privados); y el Estado aporta el 25% de los recursos que se gastan en salud.
El país procura lograr un crecimiento más rápido, más ecológico y más inclusivo, y las reformas en los ámbitos de la productividad, la tecnología, la competencia y el desarrollo del capital humano son cruciales para lograr este objetivo. Durante más de seventy five años, hemos trabajado en conjunto en soluciones innovadoras para desafíos complejos, contribuyendo al progreso de Chile y de otros países que enfrentan retos de desarrollo similares. No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en general, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor management sobre su información y preservando su privacidad. Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una concept tristemente reducida de progreso. Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al management, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).
Lo anterior es parte del análisis que contiene el Informe de Género sobre el Sistema de Pensiones y el Seguro de Cesantía 2021 publicado esta mañana por la Superintendencia de Pensiones (SP). Se trata del cuarto reporte anual de este tipo que realiza la División de Estudios de la entidad, el que en esta ocasión incorporó en el análisis la evolución de distintos indicadores en el contexto de la crisis sanitaria y la crisis desigualdad historica económica iniciadas en 2020. Otra mujer que producto de sus capacidades y trabajo logra un puesto históricamente ocupado por hombres y que le abre el camino a otras mujeres que quieran seguir sus pasos. Como rectora de la Casa de Bello, Devés quiere avanzar en una mayor integración entre las distintas disciplinas y abordar los grandes problemas de la sociedad.
Sin embargo, se mantuvo la ausencia de una política regulatoria de la competencia y hasta hace muy poco imperaba la ley del más fuerte, con el desplazamiento de los con menor tamaño. La incorporación de DASU al comité tiene especial relevancia, ya que sus analistas son la cara visible de la Superintendencia de Pensiones ante la ciudadanía y, además, recogen de primera fuente la realidad de usuarias y usuarios del sistema de pensiones y el seguro de cesantía. Esto implica que cuentan con información valiosa para enriquecer la mirada del comité y dar rumbo a su trabajo. Paulina Quezada y Paula Sepúlveda, jefa y analista, respectivamente, de la División de Servicios y Atención al Usuario (DASU), se sumaron al Comité de Género de la Superintendencia de Pensiones a partir de julio. De esta forma se completó la conformación de esta instancia, que fue creada en marzo de este año para planificar y gestionar el avance de la institución hacia la equidad entre hombres y mujeres.
El tamaño de la muestra y su nivel de precisión ha variado en el tiempo, dependiendo del diseño muestral utilizado en cada versión de la encuesta. Es importante destacar que todas las versiones de la Encuesta Casen realizadas a contar del año 2011 han fijado como variable de interés la tasa de pobreza por ingresos (porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos), por lo que los niveles de error asociados a la estimación son aplicables exclusivamente a la evaluación de dicho indicador. La desigualdad residencial es resultado, en parte, de una serie de políticas habitacionales que no consideraron la integración territorial como criterio en su etapa de planificación. Ya desde 1950, cerca del 40% de las viviendas sociales fueron construidas sistemáticamente en la periferia de las grandes ciudades. Esta situación fue potenciada desde 1980, fundamentalmente por la ausencia de regulación legal y de incentivos políticos para la integración urbana (CIS 2014).