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Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son 11, con una leve diferencia por género, 11,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de eleven años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años. Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y 11,1 para la no indígena. A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005).

Buena parte de las innovaciones tecnológicas más importantes se basan en conocimiento financiado y muchas veces desarrollado al alero del Estado. No menos importante es la exigencia de cambios radicales en los patrones de consumo orientados al uso eficiente de la energía, menor contaminación por residuos sólidos y líquidos, un transporte más ecológico y políticas urbanas hacia ciudades más verdes, más sustentables y, finalmente, más amables para niños, adultos y tercera edad. Desde este punto de partida, una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible debiera recoger, centralmente, las siguientes orientaciones. La realización autónoma sólo puede ser alcanzada si cada cual, desdesu proyecto personal desigualdad social y medio ambiente, contribuye a producir las riquezas materiales e inmateriales que permiten el desarrollo humano de todos. Si algo ha dañado a la política, tanto o más que las malas prácticas y el empobrecimiento del debate de ideas, es la pérdida de valores que sustentan el sentido del para qué y el porqué de la política. En igual medida, el para qué y el porqué de una estrategia de desarrollo debe ser resuelto con antelación a la formulación de propuestas.

Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Esta es una pregunta clave, especialmente en un mundo “post-pandemia” donde la pobreza, la vulnerabilidad y las desigualdades se han agudizado de manera dramática en Chile, tanto a nivel territorial como también respecto de grupos específicos de niños, niñas y adolescentes. Mientras el promedio nacional de hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza es 15,6%, esta cifra se acrecienta en aquellos pertenecientes a pueblos indígenas (17%); aquellos habitantes de zonas rurales (18%); y en situación migrantes (26%). La pobreza es una profunda vulneración los derechos humanos y de la niñez, puesto que aquellos que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad no logran gozar de manera plena del ejercicio de sus derechos y, por ende, no cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social y/u otras prestaciones esenciales para tener una vida digna. Debemos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable, una economía verde, orientada a armonizar el sistema productivo con los ecosistemas y el medio ambiente en general.

Es el refugio para cuidar la salud y evitar la propagación del virus en las comunidades”, declaró la directora de Operaciones de Hábitat para la Humanidad de América Latina y el Caribe, María Teresa Morales. El acceso a la vivienda digna es esencial y la sociedad, especialmente en Chile, debe avanzar en garantizar este derecho. Estos hallazgos revelan una jerarquía de valor en la que el habitus de las familias más aventajadas es revestido de mayor capital simbólico o status en el campo escolar, en tanto sus modos desigualdades e inequidades en salud de sentir, pensar y actuar parecen alinearse mejor con lo que es valorado en las escuelas. Por esta razón, el INDH recomendó al Estado elaborar estadísticas y datos más detallados de estos grupos específicos. “Si bien el sistema de recopilación es bueno, falta registrar datos que permitan identificar las condiciones específicas de ciertos grupos. Por ejemplo, información desagregada por etnia de tasas de mortalidad materna, que es un dato que hoy no existe y no sabemos si hay algún fenómeno en este grupo”, puntualizó Tijero.

Bajo el lema “Volvemos a estar juntos”, más de eighty participantes de distintas ciudades de Chile, plasmaron su creatividad en diversos dibujos con una mirada inclusiva que apunta al reencuentro en el marco de la pandemia. De ellos, 14 obras fueron seleccionadas para ser exhibidas en distintos centros comerciales de Parque Arauco a lo largo del país, en una gira que partió el 18 de marzo y que culminó en julio. Invitamos a nuestros clientes a crear una postal en para sus seres queridos para llegar a la meta de 5.000 postales y nosotros donaremos dispositivos tecnológicos en apoyo a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva.

“La intolerancia respecto a desigualdades en salud y educación ha aumentado”, señaló el director de la Escuela de Gobierno. Entre las razones más mencionadas por las que se recibe mal trato está la clase social, ser mujer y el lugar en el que vive. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.

A medida que se desarrolla el juego se presentarán diferentes situaciones imprevistas o la posibilidad de comprar en “la feria de los gustos” que deberán sopesar. Al finalizar, reflexionarán respecto a los gastos básicos, por gustos y la importancia de la diferencia entre lo que se necesita y lo que se quiere, para siempre tener la oportunidad de ahorrar. Durante el evento, los encargados de actuar como monitores de los jóvenes fueron 54 colaboradores de Grupo Security que participaron como voluntarios en la organización, traslado de los niños desde los buses a sus espacios asignados, entrega de almuerzos, and so forth. – Miriam Fernández, artista española quien al nacer fue diagnosticada con parálisis cerebral que no le permitiría caminar. Sin embargo, su fuerza de voluntad, su optimismo y el apoyo de su familia han hecho que hoy camine con la ayuda de un andador y haya podido cumplir su sueño de convertirse en cantante, actriz e incluso ganar un reconocido concurso de talentos en España. – Julio Alberto Moreno, ex futbolista español de élite que fue parte del Atlético de Madrid y el FC Barcelona en los 80s.

Tras la presentación de cada uno de los expositores se dio un espacio de conversación en base a preguntas de los jóvenes asistentes, donde se abordaron temas como episodios de bullying escolar, la aceptación propia, la búsqueda del propósito de cada uno, el acceso a oportunidades y la inestabilidad familiar. Hacer frente a las desigualdades puede requerir medidas que impliquen una reducción de la rentabilidad a corto plazo. Se necesita un liderazgo de alto nivel y un compromiso estratégico para impulsar con éxito dicha acción y explicar los resultados a los demás.

Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Si una buena educación es más accesible a los más ricos de la sociedad, eso crea más desigualdad en el futuro ya que las personas ricas se seguirán asociando con otros ricos y obteniendo los trabajos más lucrativos mientras las personas pobres continuarán siendo pobres y permanecerán en la sociedad, completando un ciclo de la pobreza debido a la desigualdad educativa y social. Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva. Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases. Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos.

La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión. Esta última se constituye mediante la adquisición y generación de nuevos saberes, ante lo cual la estructura de la brecha salarial presentada da cuenta de menores ingresos proporcionales a mayor nivel educativo. Asimismo, los indicadores de violencia en contra de las mujeres en Chile demuestran que existe una prevalencia de violencia psicológica y violencia física percibida por un porcentaje superior al 30% de las mujeres. Los casos calificados de feminicidio han experimentado una baja temporal desde 2007 a 2012, y hasta 2014 no bajaron de forty casos al año (PNUD, 2014), lo cual evidencia que las políticas de protección para quienes han sido víctimas de violencia no están teniendo el resultado esperado y resulta necesaria una reformulación de ellas. En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha appreciable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a thirteen puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se duplicate en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD.

Por lo tanto, haber aprobado la Agenda 2030 indica voluntad, pero aún así objetivos como el 10, tendrán que superar barreras y resistencias políticas a nivel internacional y nacional para poder ser implementado y realmente exitoso (Donald & Lusiani, 2016). En el año 2000, 189 países miembros de las Naciones Unidas firmaron una declaración donde se comprometían a trabajar en una agenda para el desarrollo con ocho Objetivos del Milenio ( Fondo ODS, 2018). Aquí, Sen (2000) propone que las variaciones en el entorno condicionan la libertad de los individuos para alcanzar ciertos objetivos.

Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017. Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10. Es decir, que incorporar la Agenda 2030 a las diferentes reparticiones públicas del país es un proceso que no es inmediato y necesita un trabajo previo como el diagnóstico y planes de implementación. Por otro lado, las acciones públicas incorporadas que son muy anteriores a la Agenda 2030, en términos de temporalidad, son acciones que además de perdurar en el tiempo, son de largo alcance. Por ejemplo, la Reforma Previsional ya mencionada, requiere de un largo período de tiempo para ver resultados, ya que hace referencia un segmento de la población que verá los resultados de esta ley en varios años más, cuando sea momento de jubilarse, como también quienes año a año se retiran de sus actividades laborales.

Atria argumenta que “A la luz de la trayectoria sociohistórica que ha seguido Chile, no es posible sostener que todos los grupos esperen lo mismo del mérito”. Si bien comparto esta apreciación, el autor no discute de qué forma los distintos grupos que conforman la sociedad estén igualmente disponibles a propiciar cambios sociales. Si no todos los grupos esperan lo mismo del mérito, entonces propuestas en torno a cambios sociales y reformas también dependerán de estas visiones. Este punto es relevante pues plantea la dificultad de cambios sustantivos en igualdad de oportunidades, defensa de privilegios y diseño de políticas públicas.

Además, durante este período se produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en tres dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar por este nuevo modelo económico. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Y es entonces que se hace urgente la implementación de un Piso de Protección Social smart a los derechos de la niñez, que permita hacer frente a las brechas y desigualdades que existen en Chile, estableciendo condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno, que permita el desarrollo de sus potencialidades. Con todo, el modelo económico chileno configurado en la Dictadura de Pinochet y profundizado en los gobiernos de transición, ha entendido a la salud como un bien de consumo por sobre su acceso universal, lo que ha generado fragmentación del modelo sanitario (Goyenechea & Sinclaire, 2013). Por tanto, los procesos de salud-enfermedad no se distribuyen de forma ecuánime entre la población; siendo una dimensión relevante de las desigualdades sociales.

El uso de la vacunación en humanos y animales, es una forma muy efectiva de evitar que se infecten y por consiguiente, evita la necesidad de utilizar antibióticos. Hacer un buen uso de las vacunas existentes y desarrollar nuevas vacunas son formas importantes de combatir la resistencia a los antibióticos y reducir las enfermedades y muertes prevenibles. El proceso de erradicación mundial de la viruela se puso en marcha, cuando la Asamblea Mundial de Salud recibió un informe en 1958 de las consecuencias catastróficas de la viruela en 63 países y la OMS inició una campaña mundial de vacunación consiguiendo en el año 1977 la erradicación de la viruela. Las vacunas son una de las estrategias más costo-efectivas de la Salud Pública a nivel mundial. Sus beneficios han permitido erradicar la viruela, reducir la incidencia mundial de la poliomielitis en un 99% y disminuir notablemente la incidencia de enfermedades como el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la hepatitis B. La visión de salud en las sociedades modernas, pese a la declaración de la Organización Mundial de la Salud, ha sido eminentemente biomédica.

Así, la altísima inequidad que asola al continente influye directamente en el bienestar de sus habitantes, sus posibilidades de desarrollo y en el ejercicio de sus derechos fundamentales. De acuerdo a este estudio, Santiago de Chile es la segunda ciudad con mayores desigualdades en salud, sugiriendo que la esperanza de vida está determinada fuertemente por factores socioeconómicos, tales como el nivel educacional alcanzado. La brecha entre el 10% más educado y el 10% menos educado es de eight años para hombres, y 17,7 años para mujeres. De este modo, las mujeres chilenas presentan la mayor brecha en esperanza de vida según nivel educacional de las seis ciudades analizadas.

Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de crisis a través de recursos descargables. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza whole (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. En easy, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a inventory (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza.

Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el total de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. A través de mi experiencia en el sector privado, puedo afirmar que la sostenibilidad empresarial está ligada intrínsecamente al bienestar social. “La empresa depende y prospera con la cohesión y la estabilidad social, lo que se supedita al respeto de los derechos humanos, y al progreso de la dignidad, la igualdad y la inclusión económica”, asegura la Visión 2050.

Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Entre los determinantes sociales que influyen en este fenómeno se identifican condiciones de vivienda, hacinamiento y alta densidad poblacional; esto sumado a la precariedad laboral, la cesantía y el trabajo casual, características que cruzan también a estos territorios y que les impide llevar adelante una cuarentena efectiva (Escuela de Salud Pública UCH, 2020). Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que las personas con discapacidad tienen el riesgo de morir antes que las personas sin discapacidad, en ocasiones hasta 20 años antes, debido a la desigualdad sistémica y persistente en el acceso a la salud. El Dr. Benach quien nos acompañara en la conversación ha estudiado desde hace décadas los componentes de las desigualdades en salud relacionados con los mecanismos de poder, que afectan las condiciones de empleo y trabajo, considerando que existen ejes de desigualdad como el estatus migratorio, la clase social, el origen étnico, el género, entre otros. Asi, su investigación ha estado orientada a estudiar las causas de las desigualdades, como hacerlas visibles y analizar las realidades que estamos viviendo con metodologías complementarias.

El objetivo de este estudio fue estimar la esperanza de vida al nacer, un indicador de salud basic, y su asociación con la posición socioeconómica native. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces desigualdad y exclusion social de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo.

Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución.

La realidad que enfrenta la salud en regiones manifiesta una situación de precariedad e implica que una parte de la población del país enfrente dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad. El informe sostiene que la inequidad en las regiones es uno de los principales problemas en el pleno ejercicio del derecho a la salud en Chile. A esto se suman los problemas de cobertura específicos para diferentes grupos de población dentro de cada región, por ejemplo, pueblos originarios, personas con menos recursos económicos o migrantes. La discusión sobre el derecho a la salud ha continuado formando parte del debate público, sobre todo cuando se abordan las deficiencias del sistema público de atención. El informe anual 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos actualizó las cifras para aportar a este debate y además ofreció una serie de recomendaciones al Estado para mejorar la situación actual. En esta edición, el reporte se concentró en las diferencias en el acceso a la salud pública que existen entre la Región Metropolitana y el resto del país.

Desde una perspectiva social, la frecuentemente alta prioridad en la agenda pública que la salud ocupa para los ciudadanos, posiciona al sector en un lugar de preponderancia política obvia. Estos ejemplos ilustran la importancia multidimensional del sector salud en las sociedades modernas. Esta relevancia es la que nos debe hacer pensar que la institucionalidad de los sistemas de salud en sí misma, puede constituir un espacio de incidencia sobre el contexto socioeconómico y político, influyendo por tanto sobre las dinámicas de estratificación social descritas.

Estos hallazgos subrayan la importancia de entender cómo las políticas y las estructuras sociales influyen en la biología, donde la desigualdad estructural y la estructura cerebral están íntimamente relacionadas. Comprender esta conexión nos proporciona una nueva perspectiva sobre cómo las políticas y la sociedad influyen en el cerebro y en la salud. Es un recordatorio de que la lucha contra la desigualdad y una sociedad más justa no solo es un asunto social y político, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud cerebral, psychological y en nuestro bienestar a largo plazo.

No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en general, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor management sobre su información y preservando su privacidad. Dado que cuestiones como embarazo adolescente, evasión escolar y desnutrición son problemas estructurales en la región, es extremadamente cuestionable que las políticas asociadas sean mediadas o condicionadas a la recolección de grandes cantidades de datos. Que no exista a su vez una preocupación por los derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con instrumentos vigentes en toda la región, da cuenta de un problema más profundo.

Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. [9] Existe una tradición académica que sugiere que si no se le pueden poner impuestos a todos los bienes de consumo, el impuesto al consumo óptimo posiblemente impondrá distintas tasas a distintos bienes. Un problema de esta tradición es que no considera que impuestos diferenciados dificultan la fiscalización y abren espacio a la evasión y elusión, lo que a su vez afecta la eficiencia del sistema.

Una perspectiva del desarrollo de capacidades en el sector salud, puede ser un aporte en la construcción de modelos de atención que acojan la mirada de los determinantes sociales, en cuanto pone el énfasis de las políticas públicas para orientarse hacia el desarrollo de libertades. Entre éstas destaca la participación política, entendida como un elemento esencial del nivel de salud de los individuos y las comunidades. Para caracterizar esto, uno puede considerar las implicancias en las condiciones sociopolíticas y económicas de un país que tiene desigualdades socioeconómicas ejemplos que organizar un sistema de salud fundado en lógicas de mercado, como fue impulsado fuertemente por las políticas del Banco Mundial durante las décadas de los ochenta y noventa en Latinoamérica. Esto contrasta con las lógicas de la seguridad social basada en el rol estatal, como ocurrió en los casos de Costa Rica, Cuba y Uruguay, quienes se resistieron, al menos en parte, a las tendencias geopolíticas de la época. En estos ejemplos, es evidente que el contexto político y económico influencia a la organización de los sistemas de salud.

En promedio, el 92% de los recursos de protección corresponden a acciones judiciales contra ISAPREs, resaltando la carga significativa que estos casos representan para el sistema judicial. Por ejemplo, en años de alta litigiosidad, como en 2016, 2019 y 2022, la proporción de casos contra ISAPREs superó el 95% del complete de recursos de protección. Si se excluyen los casos relacionados con ISAPREs, el promedio anual de recursos de protección del período se reduciría a 17.818, es decir menos de un 7% del número actual. Pero incluso sorteando el problema de corto plazo de implementación de los últimos fallos de la Corte Suprema, es crucial emprender acciones preventivas para evitar que se repita esta crisis en el futuro. Por un lado, los ajustes realizados en base a las sentencias judiciales, al no tener un diseño bajo una racionalidad de política pública, abren frentes de futura judicialización.

Frente a esto, se torna urgente entender y abordar la salud mental de los chilenos y las chilenas no sólo como un fenómeno particular person, sino como un entramado psicosocial y socioeconómico del país. Es necesario comenzar a comprender la salud psychological de los chilenos y las chilenas desde una desigualdad que, lamentablemente, se ha convertido en un elemento constitutivo del país y, por lo tanto, del malestar actual de los ciudadanos. De esta manera, una redistribución del ingreso que permita una mayor equidad económica en Chile tendría un impacto positivo en los índices de salud de nuestra población y específicamente una mejora en la salud psychological de todas las chilenas y chilenos, temática en deuda y en crisis actualmente en nuestro país. La realidad que enfrenta la salud en regiones manifiesta una situación de precariedad e implica que una parte de la población del país enfrente dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad.

Dentro de los autores se encuentran los doctores Jorge Ramírez y Rubén Alvarado, académicos de la Escuela de Salud Pública de los programas de Salud Global y Salud Mental, respectivamente. Los hallazgos, sugieren que entre los trabajadores sanitarios, las mujeres pueden haber estado expuestas de manera desproporcionada a factores estresantes relevantes del COVID-19 a nivel individual y nacional. Esto resalta la importancia de considerar el género en los esfuerzos de respuesta a emergencias. Según los datos reportados en el informe, más de un millón y medio de personas se encuentran en espera de atención médica y 240 mil aguardan una cirugía para patologías no AUGE, al mes de agosto de 2016. Y la gran mayoría se concentra en la Región Metropolitana, Bio Bio y la Región de Valparaíso. A esta concentración se agrega que, según el Ministerio de Salud, para una atención adecuada faltan three.795 médicos especialistas.

Por otra parte, las mujeres suelen pasar más tiempo en los territorios en los que viven, en sus viviendas, por lo que si estos ofrecen condiciones adversas para la salud, supondrán una mayor acumulación de dichos daños. Como existe una segregación socio-territorial tan marcada en Santiago, las personas de nivel socioeconómico bajo se concentran de manera importante en algunas comunas y, más aún, las de nivel socioeconómico alto se concentran en unas pocas. Entonces, lo que esos resultados ponen de manifiesto, en primera instancia, es una esperanza de vida diferente entre distintos niveles socioeconómicos y que puede apreciarse muy bien dada la segregación del territorio. Al 31 de diciembre de 2019, según datos del Minsal, la densidad total de médicos en el sector público de salud era de 18.5 por cada 10 mil habitantes, en los países OCDE el promedio era de 34.

Aunque las personas en general tengan cubiertas sus necesidades básicas, el hecho de no poder pagar por bienes y servicios a los que otros sí tienen acceso lleva a una sensación de injusticia y a la percepción de tener una posición social inferior. Esto genera estrés y frustración y el deseo de escalar socialmente con el fin de ser reconocido y pertenecer a aquel grupo que sí tiene acceso a los beneficios y reconocimiento social. Los medios de comunicación, especialmente el acceso a web, permite a aquellos de bajos ingresos ver cómo viven aquellos con mayores ingresos. Los medios además favorecen y fomentan la ilusión de que el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios traerá consigo éxito, belleza y mayor bienestar. Las investigaciones muestran que el impacto de esto en la salud física y mental desigualdad en las ciudades es inmensamente negativo. Incluso se ha demostrado que más de la mitad de las personas prefieren tener menor poder adquisitivo, pero una mayor posición social.

La promoción del transporte activo es una cuestión clave, que hoy se vuelve aún más urgente. En el trabajo de la esfera no remunerada -que incluye al trabajo de cuidados y el trabajo doméstico- representa aquella porción de trabajo complete que se ha dejado históricamente en manos de las mujeres, a través de lo que antes se llamaba división sexual del trabajo, hoy división de género del trabajo. Esto es más frecuente en trabajadores precarios, en gran medida porque no cuentan con las protecciones debidas del empleo y son susceptibles de amenazas frente al despido, lo que debilita su posición frente al empleador.

El proyecto busca, entre otras cosas, hacer análisis comparados entre países en temas de salud, vinculados con lo urbano. Lo que se hizo en este caso fue un estudio de la esperanza de vida, como un indicador sintético de calidad de vida desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces desigualdad en la globalización ejemplos entendí que la salud pública no iba a resolver los problemas de salud de la población, ni revertir las desigualdades en esta materia a través de un mensaje de conductas saludables o de la transferencia del cuidado a las mujeres sin un entorno que habilite esas prácticas.

Estos cambios en el cerebro podrían explicar cómo el sueño inadecuado contribuye al aumento de peso. Lo primero es que el Estado de Chile reconozca su rol de entidad que surge del pueblo mismo y que se encuentra al servicio de las personas. En Chile algunos pacientes tienen una ventaja geográfica en términos de acceso efectivo a camas hospitalarias, Manuel Fuenzalida, académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Las personas que viven en sectores más pobres tienen más posibilidad de contagiarse con Covid-19 y sufrir un cuadro severo, además de morir a causa de esta. A esta conclusión llegó la investigación desarrollada por investigadores chilenos y estadounidenses centrado en la Región Metropolitana. Igualmente, es esperable que se transformen las condiciones vinculadas con el transporte, las oportunidades de empleo y la provisión de servicios básicos.

En términos simples, la mutualización considera el seguro de salud como un mecanismo solidario en el que el riesgo se comparte entre los beneficiarios, recalculando la deuda sobre el whole del sistema en lugar de los efectos individuales. Para ello, en mayo de 2023, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto –conocido como Ley Corta– para implementar los fallos de la Corte Suprema relacionados con la tabla de factores. Ante las dudas que surgieron respecto de la efectividad de la propuesta del ejecutivo, la Comisión de Salud del Senado mandató la creación de un Comisión Técnica Asesora de carácter experta y transversal.

Por su parte, el Poder Judicial ha desestimado nuevos recursos de protección en este ámbito desincentivando la judicialización en este componente. En el intertanto, el sistema de salud ha enfrentado tensiones adicionales que han agudizado la problemática actual. Por un lado, la pandemia ocasionó retrasos en las atenciones médicas programadas, generando listas de espera aún más largas para consultas y procedimientos, incluso en aquellos garantizados por ley. La salud en Chile se encuentra sumida en una situación crítica, evidenciada por las extensas listas de espera en los prestadores públicos y la crisis en el sistema de Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs). En este artículo se propone analizar en detalle cómo ha evolucionado la situación de las aseguradoras privadas, explorando sus causas y las consecuencias que ha acarreado. Como punto de partida para comprender de manera integral esta problemática, resulta importante realizar primero un diagnóstico de nuestra posición actual en el ámbito de la salud.

El concepto alude a diferencias sistemáticas y estructurales en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales. Un concepto estrechamente relacionado es el de «inequidades en salud», el cual refiere a las mismas diferencias en el estado de salud entre y dentro de los grupos sociales, pero que se consideran injustas, modificables y prevenibles. Los hallazgos presentados, sugieren que entre los trabajadores sanitarios, las mujeres pueden haber estado expuestas de manera desproporcionada a factores estresantes relevantes del COVID-19 a nivel particular person y nacional. Esto resalta la importancia de considerar el género en los esfuerzos de respuesta a emergencias para salvaguardar el bienestar de las mujeres y garantizar la preparación del sistema de salud durante futuras disaster de salud pública. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos.

El acceso a los fármacos es vital para asegurar la calidad de vida y, en muchos casos, la vida misma de las personas. En Chile su acceso es negado a muchas personas por el elevado precio o por la distribución geográfica de las farmacias, o sea, por discriminación socioeconómica y/o territorial. La OMS subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes para hacer frente a las desigualdades. «Cuando los gobiernos se plantean la formación de su private de salud, es importante que incluyan la discapacidad como parte de esa formación y educación, de modo que el personal tenga la confianza y la competencia necesarias para poder hacer frente a lo que se necesita», subrayó Barrett.

Lo que nos muestran estas cifras es que países como el nuestro tienen un gran desafío por delante en materia de reformas estructurales en salud para que las políticas que se apliquen no vayan en la dirección de soluciones privatizadoras, sino en la dirección de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Al menos ése es el camino que señalan los países que tienen mejores indicadores de salud, de igualdad y de aseguramiento del derecho a la salud. Se señala que éste es un issue de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.

Por ejemplo, Boyeco que está a ten kilómetros de Temuco, en ese territorio funcionó por más de 20 años un vertedero, ahí la gente efectivamente no puede cultivar sus verduras porque el agua está contaminada. Hay personas que han sacado proyectos de riego y llevan sus lechugas de Boyeco, ¿quién las va a comprar? El argentino Agustín Ibáñez es neurocientífico y director del BrainLat Institute, centro de salud cerebral de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para hacer seen este problema, desde Good Neighbors Chile hemos preparado una recopilación de datos alarmantes sobre la desigualdad educativa y la pobreza en Chile. Esto además, debería ir de la mano con estrategias que promuevan el transporte activo, el cual facilita el acceso en distancias medias, de una forma no contaminante, con menos ocupación de espacio urbano y que es favorable para la salud.

El Banco Mundial hizo hace unos años este mismo esfuerzo con el objeto de corregir el Gini, obteniendo que, en 2013, en Chile este no era de 0,5, sino que de 0,fifty nine. Sin embargo, las condiciones ambientales de los asentamientos humanos en Chile hicieron prácticamente imposible la disminución de los indicadores de salud, a pesar de los enormes esfuerzos realizados por el Estado, a partir de la formación de profesionales en el ámbito de la medicina y la construcción de un sistema de salud pública basado en hospitales. El tiempo demostró que era más efectivo atacar las causas de las enfermedades más que sanar sus consecuencias, por lo tanto se hizo evidente la necesidad de invertir en obras de saneamiento urbano e higiene pública que, hasta mediados del siglo XX, eran deplorables. Ha participado en numerosos estudios relacionados con diversidad y salud cerebral y sus investigaciones han estado orientadas a identificar cómo la población latinoamericana tiene una caracterización selectiva respecto a la salud cerebral y cómo las condiciones sociales y desigualdades influyen en esto, particularmente en las mujeres. “El COVID-19 ha resaltado que algunas personas pueden vivir vidas más saludables y tienen mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las desigualdades en su posición, estatus y voz en la sociedad y las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y su edad”, indica la OMS en su sitio web.

Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. En el caso de los adultos, hay que considerar aquellos casos en los que no se puede teletrabajar, y en los cuales las personas siguen saliendo a laborar con el riesgo de enfermar y llevar la enfermedad a su familia, lo cual es un estresor adicional permanente. Asimismo, está el caso de las personas que se encuentran desempleadas, lo que tiene consecuencias económicas para la familia e implicancias para el bienestar, la tranquilidad, la salud física y mental. En el caso de Chile, el análisis territorial fue a través de sus comunas, pues representan las unidades administrativas para las cuales existen datos de mortalidad y natalidad, entre otros.

Desde la salud colectiva se encuentran valiosas experiencias de gobernanza territorial, pero aún sigue siendo necesario considerar a los actores locales en su capacidad de agenciar transformaciones urbano-sanitarias. En conclusión, las desigualdades sanitarias y su correlato urbano, deben exhortar a la planificación de las ciudades con el propósito de abordar procesos de salud-enfermedad entre los problemas territoriales, considerando por tanto la historicidad y espacialidad de las comunidades involucradas. No cabe duda, la desigualdad en el acceso a la salud es un problema que afecta a todas las naciones. De acuerdo a cifras de la OMS, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a servicios de salud básicos, y alrededor de cien millones de personas son arrastradas cada año a la pobreza extrema tratando de hacer frente a sus gastos médicos. Parece increíble, pero es cierto, lo que para muchos es parte de una rutina para otros es sencillamente inalcanzable, derivando en sufrimiento innecesario, enfermedades evitables y muertes prematuras. Nuestros resultados revelan que la distribución de las instalaciones hospitalarias en Chile está desequilibrada, lo que crea desigualdades territoriales en la atención médica.

Esas entidades destacan que un tercio de los casos de cáncer podrían prevenirse evitando factores de riesgo como el tabaco, el abuso de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física. Para la académica Marjorie Borgeat, el Centro de Imágenes también es un apoyo en esa línea y argumenta que “el acceso a exámenes complementarios en salud dental en población vulnerable, por supuesto que es importante, porque las radiografías odontológicas tienen un costo importante. Por ejemplo, la población infantojuvenil que derivamos a la especialidad de ortodoncia en el Servicio de Salud, tiene como requisito la radiografía panorámica, que tienen un costo que puede ir desde los $12 mil a $15 mil por radiografía. Si tienes una familia de dos o tres niños, ya son cerca de $40 mil solo en radiografía, entonces por supuesto que es un apoyo importante en reducir la brecha de acceso a tratamientos”.

En los primeros años de los gobiernos de la Concertación aumentó  escasamente, pero entre 1999 y el 2009 la capacidad hospitalaria del sistema público se redujo en  12%. Esto se explica en parte  debido a que FONASA no cancela el costo real de las prestaciones a los hospitales. Sin embargo,  si no hay cupo en el sistema, FONASA cancela hasta thirteen desigualdad en américa latina 2022 veces más a las clínicas privadas por la  misma prestación para asegurar la atención. De esta forma el fisco termina pagando sobreprecios que se transforman en las gigantescas utilidades del sector privado.

Como a las comunidades mapuche no llegan los mensajes, ni la acción preventiva del Estado, la utilidad de un hospital en medio de las comunidades se vio reflejada en la pandemia. Esto permite que no siempre tengan que ir a la ciudad, y que puedan resolver algunos problemas de salud dentro de los territorio, eso ha sido de gran valor. Lamentablemente no pasa en la mayoría de los territorios, no hay apoyo asistencial, está todo en las ciudades. Contrario a eso, se ha visto que la gente ha ido recuperando su capacidad de autoatención, por medio de los conocimientos de salud mapuche y también biomédicos. “La gente mapuche es la población más empobrecida de la región de la Araucanía y eso lo dicen los datos.

Finalmente -según la OCDE- Chile tiene un gasto privado mayor que el público, y de todos los países de la OCDE, los únicos otros que presentan esta misma estructura son México y Estados Unidos. El informe de Salud Un Derecho también llama la atención sobre el gasto complete en salud en Chile, el que queda por debajo del promedio de los países de la OCDE. Se señala que éste es un factor de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.

A esto, la profesora Palma agregó que «quedó claro que en una situación de disaster como ésta, para hogares más vulnerables, la familia es el banco de los pobres, porque el sistema no los acoge, así que deben recurrir a redes ligadas a los afectos». Ambos académicos conversaron sobre los resultados del estudio #VidaenPandemia, investigación longitudinal e interdisciplinaria de la Universidad de Chile que está monitoreando la forma en la disaster ha afectado la vida cotidiana de las personas, trabajo del cual ya se conocen dos primeros informes. Bajos ingresos, deudas, una vida cotidiana en confinamiento, estados de ánimo depresivos y desigualdad. A esta concentración se agrega que, según el Ministerio de Salud, para una atención adecuada faltan 3.795 médicos especialistas. La institución analizó la falta de médicos especialistas, sobre todo en la regiones más apartadas del país, así como la falta de infraestructura necesaria, situación que impide a muchos chilenos ejercer su derecho a la salud de manera adecuada.

Nosotros desde el grupo de salud mapuche Taiñ Xemotuam, un centro que formamos para recuperarnos, digo eso porque somos una sociedad de postguerra atravesada por el colonialismo, por lo que nuestra vida y salud están traspasadas por esa herida, hemos entendido que es una daño que también es resultado de otras enfermedades, espirituales y sociales. Esta pandemia nos encuentra a las comunidades mapuche con una situación de inequidad tremenda, pero también con una epidemia previa, que es la diabetes y la hipertensión arterial que hacen estragos desigualdad en el siglo xxi en las comunidades. Esto provoca una sobrecarga de enfermedades y mortalidad, e insisto que los mensajes llegaron atrasados, generaron representaciones sociales equívocas y eso provoca un daño tremendo a posteriori, las consecuencias las veremos a fines de mayo. La incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sistema de salud también puede contribuir a mejorar la calidad. En este sentido, Chile ha dado pasos significativos, implementando las fichas clínicas electrónicas y fomentando la telemedicina.

Es  fundamental fortalecer la atención primaria, ya que la principal misión de un sistema sanitario debe  ser mantener sana a la población y no abocarse solo a curar enfermedades. Desde la dictadura el  nivel primario de salud es dependiente de los municipios y eso ha generado graves problemas de  integración con el nivel secundario, además de desigualdades de financiamiento entre las comunas más pobres y las ricas. Es necesario hacer frente a estos problemas estructurales, y al déficit  crónico de private y de medicamentos. Se debe avanzar en generar propuestas para una organización más integrada del sistema, pero manteniendo la descentralización, además de por lo  menos duplicar el presupuesto con el que hoy se cuenta, con énfasis preventivo, área bastante  abandonada en la actualidad.

La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Esto va a definir cuestiones como la calidad de la vivienda, ropa, alimentación, así como la seguridad o inseguridad del entorno, la presencia de áreas verdes o la calidad de la escuela. Existe una gran cantidad de determinantes de la salud que está muy definidas por los ingresos, sobre todo en países como el nuestro, donde se compra casi todo y se paga por la calidad en muchas de las cosas.

En este espectro, los habitantes de Padre Hurtado por su emplazamiento periférico en relación con el centro urbano, la desmejorada proporción de la oferta en salud, y la transición demográfica en la zona, han visto dificultado su acceso a este tipo de equipamiento. Dada esta problemática situación para la capacidad de carga del municipio, las autoridades locales han proyectado emplazar un centro de atención antes de 2025, por ende, el objetivo de este estudio es generar una propuesta de áreas óptimas para la implementación de un centro de Atención Primaria en Salud a través de un Proceso Analítico Jerárquico. Los resultados muestran una alta aptitud para el emplazamiento de estos dispositivos en el sector sur y sureste de la comuna producto de la alta densidad de población en edad de riesgo y la marcada aglomeración de redes viales estructurantes. En este capítulo se estudia la cobertura de esquemas previsionales de salud y el uso de servicios de salud de la población inmigrante y se compara con la población local en Chile. Se encuentra que para un inmigrante la probabilidad de estar afiliado a algún esquema (Fonasa, Isapres u otros) es de alrededor de eighty por ciento para quienes llevan un año o menos en el país. Sin embargo, esta proporción aumenta con el tiempo, alcanzando niveles similares a los de la población native (97,5 por ciento).