Actualmente, en Chile el gasto whole en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio. De acuerdo con la Encuesta CASEN, los años de escolaridad promedio en Chile son superiores a los presentados anteriormente por Barro y Lee y el PNUD. A pesar de estas diferencias, son muy informativos y nos permiten hacer comparaciones entre los distintos territorios del país y su evolución en el tiempo. Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son eleven, con una leve diferencia por género, eleven,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010).
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. En resumen, Chile muestra en términos comparativos un alto nivel de desigualdad y un bajo gasto social, los que crecientemente se acompañan de un aumento de presiones redistributivas. desigualdad en la infancia Estas presiones poseen focos muy claros en áreas de políticas de bienestar como son pensiones, salud y educación, y además tendencias generales por mayor igualdad salarial. El distanciamiento progresivo de las elites y ciudadanía representa una amenaza al contrato social y la legitimidad del sistema democrático, requiriendo mayores espacios de diálogo con la sociedad civil. Como se aprecia en el lado derecho de la figura 5, frente a la afirmación “El Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres” la mayoría de las personas señala estar altamente de acuerdo.
Las razones teóricas de esta relación inicial positiva se encuentran basadas en tres supuestos (Domínguez, 2009). El Primero es que la propensión marginal al ahorro de los estratos altos de la población es mayor a la que presentan aquellos grupos sociales de menores ingresos; por lo tanto, a mayor desigualdad mayor tasa de ahorro y más rápido será el crecimiento económico3. El segundo es que los grandes proyectos de inversión requieren de altas sumas de capitales, por lo que un país al no contar con un mercado financiero desarrollado, la posibilidad de concretar estos proyectos se enfoca en unos pocos individuos de la sociedad que a su vez concentran una parte importante de la renta nacional.
Sin embargo, los trabajadores han tenido un rol menor en el juego de poder en el Chile contemporáneo. Pese a esto, los datos de la encuesta CEP de junio del 2019 señalan que hay una gran demanda ciudadana por mayor colectivización de los intereses. Tal como muestra la figura 9, más del 70% de los encuestados está de acuerdo con la necesidad de sindicatos fuertes y con tener representación en directorios de grandes empresas. Ciertamente, los trabajadores fueron claves en el siglo XX y las condiciones sociales del siglo XXI son distintas, por lo que resulta importante mencionar también otros tipos de actores colectivos—como los movimientos sociales y la sociedad civil organizada.
En 2017, Chile ocupó el cuarto lugar en el Ranking de desigualdad entre los países de la OCDE con un índice Gini de 0,45. Esta desigual distribución del ingreso acompaña a otros tipos de desigualdad, como, por ejemplo, la desigualdad del acceso a la atención médica o la educación (PNUD, 2017). Por otro lado, la encuesta de victimización de 2017 (ENUSC, 2017) muestra que los chilenos consideran el crimen como uno de sus problemas más relevantes. El porcentaje de la población que identificó el delito como su principal preocupación fue un 20%, o 30% si se considera el tráfico de drogas. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres.
Se aprecia en el modelo XII, que ahora la variable ingreso último quintil es significativa y positiva, reforzando lo dicho en el párrafo anterior. Esta teoría, que se fundamenta en la hipótesis de Kuznets, no se cumple en este caso (al menos en el período de tiempo estudiado). Varios autores, como Arndt (1983), Guillén (2004) y el más señalado en el último tiempo, Piketty (2014), han revelado esta teoría como falsa. Como lo ilustran los tres ejemplos anteriores, casi todo se puede expresar apelando a la desigualdad. Sin embargo, existe un tema del cual nos fuimos olvidando y que no necesariamente lleva a mayores niveles de igualdad. En el mediano y largo plazo, las diferencias en los niveles de desarrollo de los países se explican en buena medida por diferencias de productividad.
Respecto de los modelos n.° 9 y n.° 10, se puede observar que no hay significancia en la variable CP. Dado este resultado, y a pesar que posee signo de coeficiente esperado, se descarta la aplicación de pruebas para evaluar los supuestos básicos. Donde, F(y) representa la curva de Lorenz; es decir, la proporción de individuos o familias que tienen ingresos acumulados menores o iguales a y. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Se observa también que los programas de ayuda desplegados están beneficiando más a la parte baja de la distribución, pero quienes están por encima de la línea de la pobreza están perdiendo mucho.
En el caso venezolano las bases de datos biométricas provienen del sistema electoral, para ser utilizadas tanto por operadores estatales -incluyendo funcionarios de migración y policías- como por cajeros de supermercados y farmacias, sin ningún tipo de requisito authorized previo. En São Paulo, el gobierno municipal llegó a anunciar la venta de las bases de datos de las tarjetas utilizadas en el transporte pero, bajo presión pública y después de la aprobación de una ley de protección de datos en Brasil, cambió su posición. En São Paulo se implementó hace dos años el uso de cámaras de reconocimiento facial en el sistema de transporte público, con la justificación de que ayudarían a evitar el fraude en el uso de beneficios sociales asociados al transporte, como descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. En estos dos años el sistema ha bloqueado más de 300 mil tarjetas supuestamente usadas indebidamente, o sea, no por sus titulares. Por otra parte, la municipalidad ha anunciado la suspensión complete las tarjetas anónimas y ha implementado medidas para obligar el registro de las tarjetas con datos de identificación únicos y residenciales.
A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social. Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE. Además enfatizó que Chile sería parte de este conjunto de países que ayudan a que la economía mundial sea más fuerte, limpia y justa (informa oecd.org, el día 11 de Enero de 2010, a través del titular “Chile, primer país sudamericano miembro de la OCDE”).
La discusión no se agota en qué prioridad damos, si a enfrentar la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, en cualquier escenario, especialmente el actual, parece inconcebible abandonar la pelea contra la pobreza, aunque el discurso contra la desigualdad esté en su auge de popularidad. Esta realidad puede provocar que muchos políticos que ven estos datos intenten hacerse cargo exclusivamente de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, pero les puede pasar que se olviden que la política no solamente está para hacer lo in style, sino también para no perder de vista las cosas importantes de la vida en sociedad. En otros términos, no se trata simplemente de navegar la ola de la opinión pública, sino que se debe contribuir a generar opinión pública para que se vuelva a poner el foco en las cosas que consideramos importantes. El nuevo instrumento de planificación regional fue desarrollado por el Gobierno Regional de Tarapacá junto a esta unidad académica.
Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras. Mejorar sustancialmente la oportunidad educacional en todas las regiones juega un rol esencial para disminuir las brechas que separan a los chilenos. La desigualdad económica no es más que la consecuencia directa de una gran “policrisis”, compuesta por factores económicos, sociales pero también climático-ambientales. “La desigualdad extrema ha crecido junto con la riqueza extrema”, explica Francesco Petrelli a Radio Vaticano – Vatican News. Principalmente, los dos problemas que no contribuyen al crecimiento económico de la mayoría de la población son la inflación y el desempleo. Las fortunas de los más ricos aumentan 2.seven-hundred millones de dólares al día, mientras que 1.seven hundred millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera el aumento medio de los salarios.
Grafico 2 LN (PIB per capita inicial) v/s índice de GINI (parte no explicada), de acuerdo al modelo XII de la tabla 2. Estas opiniones cambiaron radicalmente en el 2021, porque el 71% de los encuestados elige la opción de que todos tengan lo mismo; solo el 7% cube que no haya mucha diferencia; y, apenas un 23% dice desigualdad en la distribución del ingreso que esas diferencias no importan. En otras palabras, los chilenos sí recogieron este discurso y opinión política y lo hicieron propio. Por ejemplo, Gary Becker, uno de los primeros investigadores que modelaron las decisiones criminales como una elección racional hecha por individuos.
Nos hemos instalado en un círculo vicioso cuya dinámica se fundamenta en el management que los más ricos ejercen sobre el poder político”. La última conferencia de 2015 dictada por la Cátedra Norbert Lechner, presentó el trabajo del cientista político estadounidense, Larry Bartels, quien ha sido reconocido a nivel mundial por sus estudios que vinculan a la desigualdad económica con la representación política en Estados Unidos. En la práctica, los ingresos del 10 % más rico son 38 veces superiores a los del 50 % más pobre, cuando en 1820 esa brecha era prácticamente la mitad.