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Denominaremos a estos componentes sustantivos «metaprincipios», porque se trata de principios que van más allá de la igualdad strictu sensu. Ejemplos serían las nociones de dignidad5; justicia6 (en sus diversas facetas, e.g., social, legal, distributiva, como imparcialidad); libertad; solidaridad7; autonomía8 y participación9. Si bien estos ejemplos suponen un alto nivel de abstracción, aquellos pueden ser reformulados en múltiples formas más específicas y contextualizadas. Lo que se mantiene constante, sin embargo, es que cada meta-principio infunde en la igualdad una perspectiva o «color» distinto.

Es decir, se expresan en cambios epidérmicos, retóricos o superficiales más que en transformaciones profundas y estables. Siegel observa que cada vez que el régimen basado en las diferencias de estatus empieza a erosionarse a través de la expansión de concepciones sociales que cuestionan dichas jerarquías mediante lógicas de igualdad—como las feministas— las elites ya no pueden defender sus privilegios invocando simplemente la retórica tradicional fundada en esas diferencias. “La desigualdad también se entiende como una situación en la sociedad, en la que las personas tienen diferentes oportunidades o acceso a bienes y servicios. Así, el derecho privado tiene la aptitud de aumentar o reducir la desigualdad”, indicaba el llamado a presentar trabajos. Así como “son bienvenidas las investigaciones relacionadas con las principales instituciones del derecho privado, como la propiedad y el contrato, así como con diferentes campos del derecho privado, incluyendo, por ejemplo, responsabilidad civil extracontractual, el derecho de familia, derecho comercial, derecho laboral o derecho del consumidor”. Esta noción de la igualdad constitucional requiere la promoción activa de la igualdad de oportunidades –y eventualmente de la igualad de facto– de ciertos grupos desaventajados89.

Esas trampas son ideas, expresiones, gestos, actitudes y comportamientos cotidianos, interiorizados y justificados como naturales, que condicionan el día a día de la mujer y que se conocen como micromachismo. El término fue acuñado por el psicoterapeuta español Luis Bonino Méndez, en 1991, para definir aquellas prácticas que otros especialistas calificaban como «pequeñas tiranías», «terrorismo íntimo» o «violencia blanda». Lo anterior se vio reflejado en uno de los factores determinantes del nivel de pensiones como son las lagunas previsionales, ya que mientras la densidad promedio de cotización para el whole de los hombres afiliados fue de fifty six,3%, en las mujeres alcanzó un 45,9,1%. Así, la densidad promedio de cotización para el complete de los hombres afiliados fue de fifty six,3%, en las mujeres alcanzó un 45,9,1%. «Durante 2020 tanto los nuevos como antiguos afiliados disminuyeron la cantidad de meses cotizados explicado probablemente por las restricciones sanitarias y laborales, mientras que durante 2021 se observa una recuperación de los meses cotizados incidido probablemente por las mejoras de las condiciones sanitarias y recuperación de empleos perdidos durante el inicio de la pandemia», cita el informe.

Así entendido, el derecho de acceso a la justicia abarca diversas dimensiones que le dan su contenido, tanto de proceso como de resultados, y respecto de todas las cuales la atención en justicia resulta relevante para su cumplimiento. En 2019 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución donde condena la violencia  la las personas LGBTI tras diversas denuncias y reportes del Movilh. Más datos en el  XVIII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. La propuesta, redactada por el senador Carlos Ominami, ingresó el 2008 a tramitación parlamentaria con el decidido apoyo y respaldo del Movilh. La iniciativa busca garantizar que ningún padre o madre sea despojado de sus hijos o hijas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Busca potenciar los negocios de mujeres emprendedoras de todo el país, con el fin de fortalecer su autonomía económica.

A su vez, lo anterior se relacionaba a la concept de «ceguera de la ley», vale decir, la convicción de que las características personales de los individuos (e.g., raza, sexo) deben ser, como regla general, irrelevantes para el sistema jurídico54. La hipótesis central de este artículo es que el derecho constitucional, al invocar y hacer suya la noción de igualdad, no puede sino recoger la complejidad intrínseca al concepto. Para comprobar esta hipótesis, el presente artículo reflexiona acerca de las diversas formas en que los ordenamientos jurídicos pueden plasmar y entender la igualdad constitucional. La primera se refiere a cómo la Constitución expresa la thought de la igualdad constitucional, lo que se traduce fundamentalmente en el tipo de cláusulas que utiliza y el lenguaje que ocupa para ello.

En basic, en los tribunales de familia y del trabajo, los efectos de estos estereotipos serían un poco más marcados o manifiestos como obstáculos en el sistema de justicia. Cuando una persona usuaria no se comporta de acuerdo con lo que socialmente se espera de ella, por ejemplo, de acuerdo a su standing y rol de mujer como buena madre, tendrá mayores obstáculos y dificultades en la atención de justicia. Estas dificultades influyen en el trato recibido y pueden implicar alguna sanción que afecte su acceso a la justicia.

Los registros de la ONU señalan que en 1848, indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres, también en Nueva York. El pasado miércoles 31 de agosto se promulgó la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como Ley de Pensiones de Alimentos. Esta iniciativa se suma a la Ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado. De acuerdo con datos de 2020 del Poder Judicial, el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, lo que significa que 70 mil niñas y niños no reciben la pensión. Por lo mismo, con estas normativas legales se busca establecer un mecanismo eficiente y eficaz de pago de las deudas de alimentos.

Entregar información de otras entidades, públicas o privadas, que también puedan orientar a mujeres y personas LGBTI que concurren a tribunales. Mantener una comunicación efectiva utilizando un lenguaje claro para que los conceptos jurídicos sean fácilmente comprendidos por quienes acceden a la justicia, especialmente cuando además del género y la diversidad sexual concurren otras categorías de vulnerabilidad. Las principales dificultades que enfrentan las mujeres se encuentran en los procesos de promoción en su trayectoria laboral. En términos comparados, las desigualdad social pdf dificultades que enfrentan las mujeres son menores en el ingreso al PJUD que durante su trayectoria laboral. Aunque se reconoce que en algunos casos pueden existir discriminaciones en las contrataciones, los obstáculos serían ocasionales, y se presentarían, más bien, en las trayectorias de las carreras y proyecciones profesionales (ascensos, promociones, traslados) dentro del Poder Judicial. Se considera que las mujeres tienen un mejor trato que los hombres y que, además, realizan en mayor medida el ejercicio de ponerse en el lugar de las otras personas.

Las más comunes son aquellas que se refieren a ciertas áreas o materias (e.g., laboral, política, tributaria), así como las que establecen «categorías sospechosas», i.e., características o rasgos personales que, como regla basic, no deben utilizarse para establecer diferencias entre individuos, tales como la raza, el sexo, la religión, la opinión política, and so on. (e.g. artículo 19 N° sixteen de la CPR). El primer aspecto formal a considerar es el sujeto a quien se dirige la cláusula de igualdad, i.e., quien tiene el deber de respetar el mandato de igualdad. Este factor desigualdad social mundial es relevante, entre otras razones, porque impacta o condiciona la exigibilidad de dicho mandato. Es así como en algunos casos el destinatario es indeterminado en el texto (e.g., «los individuos nacen libre e iguales en dignidad y derechos»).

En efecto, en algunos casos la infracción a la igualdad en la aplicación de la ley puede derivar de una discriminación por parte del órgano jurisdiccional, es decir, de «una política deliberada de trato desigual»106. Al mejorar el acceso a la justica de las mujeres se debe garantizar asistencia y defensa jurídica, de calidad, oportuna y especializada. En efecto, impactará en la creación de una institucionalidad que responda a la transversalización del enfoque de género que reconozca a las mujeres como usuarias y asegure el goce del derecho al acceso a la justicia de las mujeres como usuarias y operadoras del sistema. Esta institucionalidad debe considerar capacitaciones, talleres sobre promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, orientación, prevención y erradicación de la violencia de género dentro sus atribuciones.

Ahora bien, esta igualdad exige criterios de comparación, los cuales pueden o no coincidir, y cuya mayor o menor exigencia dependerá de las características del caso. Ejemplos de tales criterios son considerar más igual cualquier distribución que mejore la condición del sujeto más desaventajado; que aumente la razón o proporción entre quién tiene menos y quién tiene más; que disminuya la diferencia –en términos absolutos– entre quién tiene menos y quién tiene más, o que disminuya lo atribuido al sujeto más aventajado24. Cabe destacar, sin embargo, que la posibilidad y factibilidad de comparar igualdades o desigualdades ha sido severamente criticada25. En el texto de la Ley N°19.611, por primera vez en la historia constitucional chilena, sustituye la palabra “hombres” por “persona”, y explicita la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 78 Peces-Barba Martínez, Gregorio, Derecho y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 323 y 324.

En realidad, el mérito es una noción altamente contextualizada, i.e., su definición depende en gran medida de las circunstancias donde es invocado, particularmente la naturaleza de la posición o el bien deseado97. Un problema adicional es la dificultad de medir y comparar méritos (incluso cuando existe algún tipo de «test objetivo», situación que no es la regla common, aquellos son rutinariamente acusados de falta de imparcialidad real, ya que reforzarían patrones establecidos de desigualdad y exclusión), lo que a su vez nos lleva al controversial tópico de la justicia procedimental en la determinación y evaluación del mérito98. Y para mayor dificultad, se ha destacado que la meritocracia puede no ser especialmente igualitaria o redistributiva99. Más aún, no todos los talentos son apreciados como tales, sino que cada sociedad valora solo una cantidad limitada de ellos.

Es posible imponer “sanciones especiales” a las empresas por infracciones como las prácticas antisindicales. Las ONG informaron que los casos que llegaban a los tribunales laborales tardaban un promedio de tres meses en resolverse. A menudo, los casos relacionados con los derechos fundamentales de los trabajadores duraban casi seis meses. Las ONG siguieron informando de que fue difícil para los jueces sancionar a las empresas y ordenar el pago de resarcimiento a favor de los trabajadores por motivos diversos, entre otros, cuando los activos de la empresa estaban bajo otro nombre o no era posible localizar a la persona jurídica. Apunta al ejercicio pleno de los derechos humanos y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.

Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Esto implica contar con un marco legal sólido y políticas públicas efectivas que protejan y promuevan los derechos del niño. Las Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho tienen como objetivo reunir a todas aquellas personas que en Chile enseñan, investigan o promueven la filosofía jurídica y social, junto con otras disciplinas próximas o afines. Las jornadas constituyen una instancia de comunión entre las diferentes escuelas, doctrinas o teorías filosófico-jurídicas, en la cual se busca congregar a distintas perspectivas de estudio del fenómenos jurídico. Como “un cambio elementary en nuestra legislación y principalmente en la cultura de nuestro país”, calificaron senadoras y senadores las modificaciones a la sociedad conyugal, proyecto que recibió el unánime respaldo de la Sala e incorpora explícitamente en el Código Civil la igualdad de derechos entre los cónyuges. La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.

«señala normas de basic aplicación para todos aquellos que estén interesados de concurrir a la licitación de la actividad de muellaje, sin que pueda advertirse tratamiento disímil para los diversos oferentes. Así las cosas, la igualdad de estos últimos (incluyendo naturalmente la propia requirente) no se ha visto en modo alguno alterada» (considerando 58). Estos tres fallos del Tribunal Constitucional (roles Nos 28, 53 y 219) constituyen la base sobre la cual se ha levantado toda su jurisprudencia posterior que refleja adhesión a una noción tradicional de la igualdad constitucional. Es así como diversos fallos, al adscribir y reproducir de distintas maneras la fórmula aristotélica de igualdad, citan textualmente estos tres fallos, invocándolos como un todo indivisible8. Excepcionalmente, algunos fallos consagran la misma doctrina, o parte de ella, sin citar o invocar los tres fallos señalados9, o lo hacen invocando fallos posteriores que a su vez se referían a los tres originales10. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales (Traducc. Ernesto Garzón Valdés), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

Celis Danzinger, Gabriel Enrique, Curso de derecho constitucional, tomo I, Thomson Reuters Puntolex, Santiago de Chile, 2011. 90 Se ha omitido la parte final de este inciso, que reza «de las personas», evidentemente redundante en el texto, para facilitar la exposición. fifty seven Kelsen, H., Teoría common del Derecho y del Estado (Traducc. Eduardo García Maynez), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995. Lo esencial de esta idea también se encuentra, aunque de modo menos desarrollado, en Kelsen , H., Teoría common de las normas (Traducc. Hugo Carlos Delory Jacobs), Trillas, México, 1994, p. 25.

Por tanto, mientras en la identidad hay coincidencia en todas las propiedades de los términos en comparación, en la igualdad hay coincidencia en todas las propiedades relevantes45. Para explicar qué es lo igual, es decir, cuándo los términos en comparación son iguales, y qué es lo desigual, es decir, cuándo los elementos en comparación son desiguales, resulta conveniente seguir a Comanducci. Adviértase que estas tres expresiones, identidad, igualdad y semejanza, coinciden en que son aplicables cuando se comparan dos o más elementos. En common, el debido proceso es concebido como aquel derecho que permite que procedimientos jurisdiccionales, administrativos, arbitrales, militares, políticos y particulares, se desarrollen con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. Para Sepúlveda la actual normativa, además, «tiene una concepción restrictiva del femicidio que no permite dar cuenta de la totalidad del fenómeno y es bastante deficiente y discriminatoria para tratar los delitos sexuales». Se desempeña en AML como realizadora digital, específicamente en la creación de contenidos para redes sociales.

El primer Proyecto de Ley que Modifica el Código Civil en Relación al Concepto de Matrimonio, más conocido como “ley de matrimonio gay o matrimonio igualitario”, ingresó a tramitación parlamentaria el 2008, con el liderazgo del entonces diputado Marco Enríquez-Ominami y la colaboración del Movilh. Más antecedentes se  encuentran en el VII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus. Las clínicas privadas, que cuentan con más recursos y equipamiento para atención de salud, estarían reservadas para personas con dinero suficiente para estar adscritas al sistema privado de salud (isapres).

No obstante lo anterior, aquella se insinúa detrás de la invocación a la situación concreta de las partes que expresan ciertos fallos, así como en la consideración de condicionantes de realidad en la determinación de si una diferencia es razonable o arbitraria. En otras palabras, esta noción de igualdad se hace presente a través de distintas formas de «permeabilización» de las sentencias a la realidad. Tal vez lo más trascendental de esta declaración es la constatación de que los argumentos de igualdad material tenían límites, ya que de lo contrario se haría imposible contar con normas jurídicas de basic aplicación. A primera vista, los ministros parecieran afirmar que la generalidad de la ley garantizaría su aplicación igualitaria a todos los destinatarios.

La formación de los y las estudiantes debe empaparse de realidad social, para así lograr que nuestros egresados y egresadas sean profesionales comprometidos y agentes transformadores”. Este proyecto de ley, que busca levantar un monumento en memoria del destacado escritor, fue aprobado en 2016 en la Cámara de Diputados, faltando su tramitación en el Senado. Este proyecto redactado por el Movilh ingresó a tramitación del Congreso Nacional en el 2009 con el patrocinio de diversos parlamentarios. Esto, por cuanto el artículo 365 del Código Penal determina que para los gays la edad de consentimiento es a los 18 años, mientras que para heterosexuales y lesbianas es a los 14 años.

Mayores antecedentes sobre la historia y procesos de la Ordenanza se encuentran desde el VII al X Informe Anual de los Derechos Humanos de la diversidad sexual en Chile. Tras una propuesta del Movilh, esta ley crea un nueva definición de familia que incorpora los lazos afectivos, y en consecuencia a las parejas del mismo sexo y familias homoparentales, estén o no unidas legalmente. Mayores antecedentes en el XVII desigualdad pobreza y exclusión social y XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. La Ley que Tifipica los Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada en 2016,  incorpora a la orientación sexual y a la identida de género como categorías protegidas. Se trata del primer reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, así como a las uniones heterosexuales que no optan por el matrimonio.

Por su parte, y a continuación, Sebastián Barocelli, da un paso más allá y se refiere a la protección de los denominados consumidores hipervulnerables en el ámbito universal y particularmente a su proyección en Argentina y en el ámbito del MERCOSUR. Posteriormente, en el capítulo cuarto, Walter Krieger expone la recepción del concepto de vulnerabilidad en el derecho argentino y en específico la consideración de consumidor susceptible que se recoge en dicha legislación. En el primero de ellos, Erika Isler aborda diversos sistemas para la determinación de la vulnerabilidad, recalcando las ventajas y desventajas que pueden significar desde el punto de vista práctico cada uno de ellos. La voz “vulnerabilidad” ha tomado un innegable protagonismo, transformándose en un eslabón crucial desigualdad por clase social en el desarrollo de las distintas ramas del Derecho. Podemos definirla, muy a grandes rasgos, como aquella cualidad que hace a algo o a alguien prone de ser herido. Analizar críticamente las diferentes teorías de la justicia y como éstas se vinculan con la justificación de la distribución de ciertos derechos o bienes que consideramos primarios.

Adoptar una misma decisión, a su turno, significa que el contenido del fallo, es decir, de la parte resolutiva de la sentencia, es el mismo para los casos iguales. Dicho de otro modo, lo que Kelsen llama la norma particular person contenida en la sentencia debe ser la misma para los casos que coinciden en todas sus propiedades relevantes57. La cisnormatividad es aquella característica de ciertos órdenes normativos que presume que las personas son masculinas o femeninas según su sexo lo que, a su vez, outline su identidad de género y su orientación sexual. En este contexto, el binario sexual, sistema binario sexo o binarismo de género, corresponde a una concepción acerca del sexo, entendido como diferencias biológicas, fisiológicas y anatómicas entre hombres y mujeres, como también del género, esto es, construcción cultural y social del sexo, que reconoce solamente existencia de las categorías dicotómicas de hombre/mujer y masculino/femenino. Se puede entender esta sigla como inclusiva de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, así como de toda diversidad corporal respecto de la norma impuesta por la sociedad. Por esa razón, a veces también se encuentra en la literatura la sigla LGBTIQ+, la que incluye así de forma expresa a las personas Queer (Q) y personas que tienen una identidad no binaria o cuyos caracteres sexuales no encajan con la definición típica de hombre y mujer (+).

En segundo término, la cita precedente concreta en un grado la abstracción aristotélica, al señalar que lo que debe ser «igual» para aplicar la misma norma jurídica son las «circunstancias» o «condiciones» en que se encuentran las personas. Al tratarse de términos abiertos, se entrega gran flexibilidad al juez para identificarlas (y valorarlas) en cada caso. No obstante lo cual, no queda claro si dicha flexibilidad permitiría incluir, por ejemplo, características personales de los individuos tales como la edad, la religión o el sexo. En otras palabras, el énfasis estaría puesto en el entorno objetivo de la persona y no en sus rasgos subjetivos. Sin embargo, parece posible sostener que dicha infracción normalmente es el resultado de la ausencia de criterios generales y coherentes conforme a los cuales el órgano jurisdiccional resuelve los casos iguales.

Su trabajo en AML es también un espacio de militancia feminista en el que ejerce apostando a que los procesos judiciales sean funcionales al bienestar de las mujeres e infancia. Algunos de estos tipos incluyen el maltrato físico, que implica cualquier acción que cause daño físico o lesiones al niño; el maltrato emocional, que involucra la humillación, el rechazo o la intimidación constante que daña su salud emocional; el abuso sexual, que abarca cualquier forma de actividad sexual no consensuada con un niño. En junio del 2023, Cancillería y PNUD firmaron un Memorándum de Entendimiento Sello Igualdad de Género para Instituciones Públicas. Una vez finalizado el proceso de implementación de la iniciativa, se contará con una evaluación externa para su certificación y de esta forma reconocer a la subsecretaría de Relaciones Exteriores como un servicio que cumple con estándares en igualdad de género, apoyo basic para la implementación de la Política Exterior Feminista de la Cancillería. Así lo explicó el autor principal del proyecto, diputado Luis Alberto Cuello (PC), quien argumentó que hoy se produce una gran desigualdad entre los trabajadores con contrato directo y aquellos sujetos a subcontratos.