En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir desigualdad de economia estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo. Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017.
Por lo tanto, las circunstancias sugieren replantear las acciones públicas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 – y los otros 16 – con el fin de hacer frente a este problema en el país de manera efectiva, reparando en las nuevas dificultades que se presentan y cómo prevenir que estas vuelvan a ocurrir en un futuro. Por otra parte, los resultados encontrados, luego de examinar las acciones públicas para reducir las desigualdades, proponen la necesidad de realizar un análisis sobre los indicadores que están siendo utilizados para cuantificar las disparidades en el país y cómo se están utilizando para tomar decisiones. Como se explicó en el primer apartado de este artículo, los indicadores son una herramienta que cuantifica una realidad y facilitan los procesos de toma de decisiones. En este sentido, es importante destacar que no son el único instrumento utilizado para decidir a nivel de autoridades, pero sí una parte importante ( Mügge, 2015 ; Coyle, 2016 ). Por lo tanto, si estos tienen algún tipo de sesgo, esto probablemente influirá también en el tipo o calidad de decisión que se implemente finalmente.
7 Véase Enrique Oviedo, Alfredo Rodríguez (1998), «Santiago, una ciudad con temor. Inseguridad ciudadana y pérdida del espacio público». Este artículo se basa en la información de un estudio multi-centrado en actitudes y normas culturales respecto de la violencia (Proyecto Activa), realizado en ocho ciudades de América Latina y España, con el apoyo y coordinación de la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación llevó a cabo el estudio en Chile, con el apoyo de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En el Gran Santiago de las últimas décadas, la marcada preeminencia de un mercado desregulado en la asignación de recursos, en la localización de las inversiones para servicios básicos así como en infraestructura urbana, ha derivado en un desarrollo muy desigual al inside de la ciudad. Enfrentar los nuevos desafíos de un mundo globalizado, debatir sobre el rol de la educación, la pobreza y la desigualdad económica, fueron algunos de los temas tratados por la conferencia que agrupó a las instituciones de educación superior jesuita en la Universidad Iberoamericana de México entre el 21 y 25 de abril pasado. En las últimas décadas se ha vuelto más rico, ingresó a la OCDE y es percibido internacionalmente como un país más eficiente, menos corrupto que otros y con una sociedad moderna, al punto de ser considerado el «poster boy» del éxito del neoliberalismo. En este escenario, la situación de las mujeres en el mundo del trabajo y de la igualdad de género requiere nuestra especial atención. La discriminación por motivos de género constituye una de las formas de desigualdad injustificables, siendo una situación que atenta contra la posibilidad de construir sociedades más prósperas, justas y cohesionadas.
Igualmente, el tercer issue contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto factor refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad. De esta forma, si bien en Chile el sistema de ciudades no se ha modificado sustancialmente, los procesos de transformación económica y concentración económica han dado origen a cambios importantes al interior de las ciudades, en su configuración espacial. Ello es especialmente válido para el caso de Santiago -y, en grado menor, para las aglomeraciones urbanas de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano-, una ciudad segregada en términos socioeconómicos, con áreas urbanas fragmentadas desde el punto de vista administrativo, con inequidades en la calidad de los servicios públicos, y creciente inquietud, temor y percepción de inseguridad en la población.
1Estas dimensiones de la desigualdad hacen referencia a aquello que ocurre, primeramente, con la distribución de la riqueza e ingresos en una economía, es decir, dimensión ex-ante; y ex-post, cuando se alude a la redistribución de estos mismos (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2013). En este sentido, el Estado cumple un rol importante en términos de (des)igualdad, no obstante, esto será descrito más adelante. Además, en relación a la Agenda 2030, a pesar de no contar con todos los indi-cadores que propone esta misma para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, de las 27 acciones públicas examinadas, se puede ver que estas responden, no solo a las primeras tres metas de las cuales se tienen información para reportar indicadores, sino que también a la 10.4 desigualdad alimentaria, 10.5 y 10.7. Finalmente, la temporalidad de la mayoría de las acciones analizadas podrían dar cuenta de la etapa primeriza en la que se encuentra la Agenda 2030 en el país, encontrándose esta en una fase inicial de implementación, en la cual se puede observar cómo este marco que guía a los países aún no penetra con fuerza en las diversas reparticiones públicas de Chile.
Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos se encuentra presente, como también la dimensión ex-ante, que hace referencia al punto de partida sobre el cual los individuos podrán alcanzar los objetivos o calidad de vida que desean. La conformación de una economía global desregularizada puede estar relacionada con los procesos destacados que desde 1980 se han consolidado en la RMS. Como se ha visto previamente, puede que el surgimiento de nuevos territorios estratégicos para la conexión de los flujos globales de intercambio económico se relacione con la dinámica observada en Santiago.
La asimilación de las políticas neoliberales a lo largo del mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, supuso la conformación de una economía global desregularizada (Sassen, 2009), la cual ha generado un crecimiento sistémico, tanto en el ámbito económico como en los estándares de desarrollo a escala mundial (Banco Mundial, 2016). Otro punto a destacar es que estas lógicas de concentración y exclusión parecen estar relacionadas con la nueva geografía económica surgida durante la conformación de la economía global. Como bien ha destacado Saskia Sassen (2009), el desarrollo de nuevos intercambios económicos transnacionales supuso que aquellas corporaciones que mayores posibilidades tenían de localizar sus operaciones en distintos países del mundo, tuvieran que comenzar a apoyarse en empresas especializadas en servicios globales.
“Ese hecho fue algo inédito en Latinoamérica e incluso muy pocos países de Europa lo habían hecho. Gracias a esa información logramos establecer como se distribuía la tierra y el ingreso agrícola”, detalló el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach. Ahora que tenemos acceso a datos, podemos comparar el perfil de los padres en relación al de sus hijos, en cuanto a educación e ingresos.
Serían aquellos que son capaces de conectar y programar los códigos en las redes multinacionales los que concentrarían el poder, puesto que son los flujos globales los que más capacidad tendrían de determinar a los actores sociales a lo largo del mundo (Castells, 2009). Desde el punto de vista global, las diferencias de ingreso que separan a las sociedades pobres de las ricas constituyen la desigualdad más importante. Como cualquiera puede imaginar, no es lo mismo ser pobre en Suecia que en Brasil o en el Congo. Así, dos tercios de la desigualdad global se “explica” (en el sentido estadístico) por el país en que vivimos, y un tercio por el lugar que ocupamos en la distribución del ingreso al inside de nuestra sociedad5.
Como indica Torres López (1985) la comunicación de masas al convertirse en una actividad industrial más se manifiesta como una actividad institucionalizada que se regula por un ordenamiento jurídico en cuanto a la institución de los medios como unidades productivas sujetas a determinadas leyes. En el mundo financiero los productos culturales, el conocimiento y los bienes inmateriales, son por excelencia los sectores más dinámicos de una economía donde la información es a la vez un factor de producción, un producto consumible y una variable económica. En sus comentarios finales el economista habló sobre las causas de la desigualdades en los países a partir de la Globalización y el avance del trabajo técnico. Así, estas movilizaciones continuaron hasta el Estallido Social del año 2019, don-de los/as chilenos/as se tomaron las calles debido a un malestar generalizado, entre otras causas, por la desigualdad del país, demandando un cambio profundo en este, el cual logró un acuerdo para cambiar la constitución que rige a Chile ( Güell, 2019 ). Las causas de estas inequidades son múltiples, con factores que van desde la gran brecha de oportunidades que existe en el país, a su estructura productiva e incluso el rol del Estado (PNUD, 2017).
Ahora bien, muchos de estos factores, ex-ante o ex-post, que influyen en la desigualdad económica, pueden ser aumentados o disminuidos por las acciones públicas de los gobiernos 2 . Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es elementary a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Por ejemplo, si los gobiernos utilizan los ingresos públicos para beneficiar a una pequeña porción más aventajada de su población, entonces estarían fomentando la desigualdad económica, pero si, por el contrario, utilizan estos mismos para dar acceso a la educación o salud a quienes más lo necesitan, entonces estarían potenciando la reducción de estas disparidades. Ahora bien, la desigualdad de oportunidades es la faceta ex-ante del problema en cuestión. Esta implica el punto de partida sobre el cual las circunstancias particulares de una persona o población limitan de una u otra forma la libertad que poseen de elegir o de alcanzar ciertos objetivos ( Roemer, 1998 a; Kanbur & Wagstaff, 2014; Alfonso et al., 2015; Stiglitz & Doyle, 2015). Aquí, las coyunturas individuales definen, en parte, el alcance de lograr ciertos objetivos propuestos, como, por ejemplo, el género, contexto familiar, acceso a la salud, a la educación, entre otros.