La observación common 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece claramente que “dado que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este problema. Los Estados Partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto”. Sin embargo, varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, han permitido en los últimos meses que empresas del sector de los combustibles fósiles, la industria aeronáutica y otras empresas emisoras de carbono se beneficien de medidas de estímulo económico, como créditos y desgravaciones fiscales. Estas medidas se han concedido en gran medida sin estar sujetas a condiciones de ninguna clase, lo que significa que estas industrias pueden seguir funcionando e incluso expandiéndose sin tener que comprometerse a reducir sus emisiones o utilizando el apoyo del gobierno sólo para mantener a su private. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados más ricos —incluidos los que integran el G-20— tienen la obligación de ayudar a los Estados que se ven en dificultades para movilizar los recursos económicos necesarios frente a la pandemia. Los niños y jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos no se encuentran, no conviven, no se conocen, al estar radicalmente separados territorialmente y según niveles de ingreso de sus familias.
[17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros). [13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en common los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones. Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación total y, en specific al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Las familias de menores ingresos destinan una mayor porción de sus ingresos a la alimentación.
En 1990, al recuperar la institucionalidad, el PIB per cápita del país era apenas un quinto del de los Estados Unidos. Pero en el período posterior Chile revirtió la tendencia, observada durante todo el “siglo XX corto”. Desde 1990, el ingreso medio relativo pasó del 21% al 40%, alcanzando en el presente un nivel cercano al que existía hacia 1929. La fuerte brecha económica entre los segmentos más pobres y más ricos de la población es cada vez mayor.
Por lo tanto, cuando las personas se ven limitadas en sus experiencias y expuestas a estresores ambientales asociados a la desigualdad estructural, esto también puede afectar a la función y estructura de su cerebro. En América Latina, siguen observándose desigualdades derivadas de los ingresos, la localización geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social y la religión, factores que determinan el acceso, las oportunidades y los resultados. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes.
Por ejemplo, el crecimiento económico estadounidense y europeo durante el auge del Estado de Bienestar, de 1950 a 1980, fue más intenso que en las décadas siguientes, las que estuvieron caracterizadas, como escribe Thomas Piketty en Capital e ideología, “por un aumento de las desigualdades de dudosa utilidad social”. Según el economista francés, estas no beneficiaron “al 50% más pobre, que ha sufrido un estancamiento total de su nivel de vida en términos absolutos y un hundimiento en términos relativos”. La desigualdad económica no es más que la consecuencia directa de una gran “policrisis”, compuesta por factores económicos, sociales pero también climático-ambientales. “La desigualdad extrema ha crecido junto con la riqueza extrema”, explica Francesco Petrelli a Radio Vaticano – Vatican News. Principalmente, los dos problemas que no contribuyen al crecimiento económico de la mayoría de la población son la inflación y el desempleo. Las fortunas de los más ricos aumentan 2.seven-hundred millones de dólares al día, mientras que 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera el aumento medio de los salarios.
En otras palabras, son decisiones políticas las que han transformado la globalización en desigualdad. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado.
En este contexto, la experta María Tuyuc tiene una vasta experiencia al compartir saberes como un acto de generosidad y entrega el cual el día de hoy es posible en un espacio universitario en donde el conocimiento no solo se genera, sino por, sobre todo, se devuelve y transfiere al territorio en que habitamos o somos acogidos”. Destacó la profesional que la interseccionalidad es clave para entender las distintas inequidades que afectan a las mujeres de nuestra región. La Cepal en el transitar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha declarado la equidad de género como una herramienta elementary para derribar las desigualdades de género en el continente.
Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es probable que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante.
Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. El cientista político y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus, reflexiona en “La doble disaster de legitimidad y la solidaridad como camino” sobre las carencias del sistema político y económico chileno y la crisis de legitimidad que limita las capacidades para responder a los desafíos de la pandemia.
Éstas encuentran su explicación en las desigualdades, así como el desarrollo integral permite entender cómo se entiende la paz en este escenario. No se trata simplemente de pasar de la violencia a la paz, sino de las desigualdades injustas a la paz, la cual comporta el desarrollo integral de todos en América Latina. Por lo visto, la lectura teológico-cultural de Medellín, puesta de relieve mediante la investigación, desgraciadamente sigue siendo pertinente en América Latina y en Chile, en explicit.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. De esta forma, la gran lección que podemos sacar de estos resultados es que tenemos un desafío enorme en mejorar las capacidades para que los hogares vuelvan a generar sus propios ingresos. El ministro Marcel hace unos días dijo que “el gobierno en sus inicios no tenía el tema del crecimiento como un tema central”. Sin duda son importantes las políticas para revertir el deterioro que exhibe el mercado laboral, pero por sobre todo es urgente volver a la senda del crecimiento.
El sistema escolar inequitativo alcanza su culminación con los instrumentos de selección universitaria que han existido hasta la fecha, que amplificaron las desigualdades. A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos la pobreza en república dominicana 2022 no logren puntajes destacados en comparación con el resto de los países de la OCDE. Por consiguiente, el costo no está asociado necesariamente a una mejor calidad educativa, sino más bien a elementos de distinción y cierre social.
Aunque este crecimiento trajo un aumento en la desigualdad al interior de China, la brecha respecto de Occidente se acortó, contribuyendo a la disminución world de la disparidad en las rentas. Pero la exitosa economía china de los últimos forty años, por otro lado, también ha derribado esa vieja certeza sobre la comunión entre libre mercado y democracia. Y aunque esta última pueda ser un valor deseable en sí mismo, la pobreza social apunta Milanovic, no parece tan descabellado pensar que algunos, incluso muchos, prefieran sacrificarla por las ventajas que supone el modelo chino. Independiente de que el país asiático se proponga exportar su “capitalismo político”, el modelo presenta un atractivo cierto para las élites políticas y los ciudadanos de a pie de otras naciones. Y los segundos, quizás prefieran perder libertades individuales en favor de mejores resultados económicos.
