Un enfoque integral de los derechos humanos no sólo enmendará las concepciones erróneas y los mitos que rodean a los pobres, sino que también, y más importante, ayudará a encontrar vías sostenibles y equitativas para salir de la pobreza. Al reconocer las obligaciones explícitas que los Estados tienen de proteger a sus poblaciones contra la pobreza y la exclusión, este enfoque subraya la responsabilidad de los gobiernos en la creación de un entorno que conduzca al bienestar público. También permite a los pobres ayudar a establecer políticas para que se respeten sus derechos, y a buscar reformas efectivas de reparación cuando se produzcan abusos. La pobreza es con frecuencia causa y consecuencia de las violaciones de los derechos humanos. Y, sin embargo, el vínculo entre la privación extrema y el abuso se mantiene al margen de los debates políticos y las estrategias de desarrollo. Para llamar la atención sobre esta correlación crucial derechos humanos y desigualdad social pero a menudo olvidada, el Día de los Derechos Humanos de este año, mañana, 10 de diciembre, se dedica a la lucha contra la pobreza.
“…el Estado debe asumir un rol protagónico como garante y responsable de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional…”. La pobreza también puede afectar el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal. La falta de empleo o la realización de trabajos precarios e inestables puede llevar a una situación de pobreza y exclusión social. La instancia se encuentra revisando la metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional para, tras este proceso participativo, elaborar un informe con recomendaciones de modificaciones que será entregado al Presidente de la República. Una de sus integrantes es la Oficial de Políticas Sociales de UNICEF, Amanda Telias, con quien conversamos sobre esta Comisión. Telias es economista de la Universidad de Chile, Magíster en Desarrollo y Planificación del University College of London y PhD en Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Manchester del Reino Unido.
Todos los derechos humanos -el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda- son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, y la estigmatización social y cultural. La negación de los derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades, les impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda, sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto, a su vez, dificulta su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas que les afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia. Para Egenau, “la pobreza debe entenderse como una vulneración a los derechos humanos, definitivamente”. Y ante esta realidad, el Hogar de Cristo tiene entre sus responsabilidades “denunciar, visibilizar y proponer”, porque “queremos que el país cambie”.
Muchas personas no pueden pagar los servicios médicos necesarios, lo que puede llevar a enfermedades y agravar su situación económica. Se va a revisar la precise metodología de medición de la pobreza por ingresos y recomendar las modificaciones que se estimen necesarias. Se va a proponer la adecuación de la medición de la pobreza multidimensional a partir de la evidencia recogida en sus primeros 10 años, incluida una revisión de sus dimensiones, indicadores y umbrales. Y, por último, se va a revisar y recomendar posibles cambios en el instrumento de medición (Casen), incluida su frecuencia, formato de levantamiento y sistema de gobernanza institucional. La Oficial de UNICEF explica que la actualización de la medición de la pobreza, por ingresos y multidimensional, está influida por los cambios sociales y demográficos del país y que eso implica hacer ajustes cada cierto tiempo.
Son siete ciudades más que las que analizaron justo hace un año, pero además son ciudades con más población, con lo que la afectación es mayor. A pesar de que la sobrerrepresentación en la pobreza de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno común en los países de la región, no es un destino ineludible de las naciones. Aquellos países que protegen en forma más robusta a la infancia, logran revertir esta tendencia y disminuir la mayor incidencia de la pobreza en ese grupo. Desde UNICEF promovemos la instauración de un Piso de Protección Social que garantice seguridad básica del ingreso para los niños y niñas, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios. Sin embargo, la pobreza se percibe a menudo como una situación lamentable pero accidental o como consecuencia inevitable de decisiones y acontecimientos que ocurren en otras partes, o incluso como responsabilidad exclusiva de quienes la sufren.
Había resaltado la vulnerabilidad extrema y los atentados contra la dignidad humana que acompañan a la pobreza. El secretario basic identificó perentoriamente los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo como elementos indispensables de un mundo en el que las personas puedan vivir en mayor libertad. Dado que una de cada siete personas en el mundo pasa hambre, esa libertad depende de que se acometa la pobreza como uno de los retos más espinosos para los derechos humanos de nuestra época. Desde el enfoque de derechos, se requiere de políticas reforzadas para poblaciones más vulnerables de manera que puedan acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo, como la niñez en situación migratoria, en situación de discapacidad, o pertenecientes a pueblos indígenas. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello. Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades.
Y es entonces que se hace urgente la implementación de un Piso de Protección Social smart a los derechos de la niñez, que permita hacer frente a las brechas y desigualdades que existen en Chile, estableciendo condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno, que permita el desarrollo de sus potencialidades. En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social smart a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo debe asegurar acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo.
Muchas personas en todo el mundo no tienen acceso a condiciones de vida dignas, lo que les impide disfrutar de sus derechos fundamentales. Al calvario que sufren los colectivos vulnerables de tener una economía precaria o padecer una situación de exclusión residencial, se le suman cada vez más dificultades burocráticas y administrativas, especialmente en el empadronamiento. Obtener el padrón es un elemento básico para entrar en el sistema de salud, para la escolarización o para muchos otros trámites, y aunque para la mayoría de la población es algo prácticamente automático, para algunos colectivos es una carrera de obstáculos. La Red de Entidades para el Padrón ha lanzado este viernes la alerta de que cada vez más Ayuntamientos ponen trabas, en un contexto en el que el discurso político de ultraderecha marca el debate sobre la inmigración y los colectivos vulnerables. Las entidades han acreditado que al menos 37 municipios —entre los que está por primera vez Barcelona, pero también las otras nueve ciudades más pobladas de Cataluña y localidades donde gobierna la extrema derecha como Ripoll—, cometen infracciones que dificultan el acceso al empadronamiento.
La pobreza puede tener un impacto devastador en la vida de las personas, afectando su salud, educación, vivienda y oportunidades de empleo. Asimismo, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación puede ser considerada como una violación del derecho a la educación y a la salud, respectivamente, reconocidos en los artículos 26 y 27 de la misma Declaración Universal. Otro derecho humano que se ve afectado por la pobreza es el acceso a una alimentación adecuada. Muchas personas no tienen acceso a una dieta equilibrada y nutritiva, lo que puede llevar a problemas de salud y limitar su capacidad para trabajar y estudiar. Muchas personas no tienen un lugar seguro y digno donde vivir, lo que las expone a peligros y vulnerabilidades.
Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años. La pobreza es una de las principales causas de la exclusión social y de la vulneración de los derechos humanos. Muchas personas que viven en situación de pobreza no tienen acceso a una vivienda adecuada ni a servicios básicos como el agua y la electricidad. Los países con sistemas integrados de Protección Social sensibles a la niñez han demostrado ser los más efectivos para abordar las brechas en el ejercicio de sus derechos. La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos postula “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Los derechos fundamentales de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales, intelectuales.
“Dada a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos”. La pobreza representa una grave vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde desarrollo de la pobreza el enfoque de derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia, debiendo asegurar que todos los niños, niñas y sus familias cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna y desarrollar sus potencialidades.
En ese sentido, Asiel, activista y parte del colectivo, pidió que los casos de muertes violentas de mujeres sean investigados con perspectiva de género. Para niños, niñas y adolescentes la pobreza adquiere un carácter acumulativo, generando una mayor probabilidad de continuar y experimentar pobreza en la adultez entre aquellas personas que sufrieron de la pobreza en la infancia (impacto a largo plazo). “Para niños, niñas y adolescentes la pobreza adquiere un carácter acumulativo, generando una mayor probabilidad de continuar y experimentar pobreza en la adultez entre aquellas personas que sufrieron de la pobreza en la infancia (impacto a largo plazo)”. Así, el informe señala que Chile fue el segundo país de la región con la menor tasa de pobreza, sólo después de Uruguay (5,1%).
Esto no sólo debería representar una oportunidad para la reflexión, sino también un llamamiento a que los gobiernos, así como las comunidades de derechos humanos y de desarrollo, actúen para garantizar una vida digna para todos. Erradicar la pobreza infantil es un imperativo, porque la pobreza es una grave vulneración de derechos. Chile debe ser capaz de garantizar los derechos y proteger las trayectorias de vida de todos los niños, niñas y adolescentes. La falta de recursos básicos también puede llevar a la discriminación y la exclusión social, lo que viola los derechos humanos de las personas. La discriminación puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo la discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual o discapacidad.
“Menos aún sobre la opción que tenemos hoy encima de la mesa de tener derechos constitucionales consagrados. Un Estado social y democrático de derecho que esperamos que se consagre en la nueva Constitución que está siendo nuevamente discutida”, analiza el psicólogo. No asume ningún nuevo cargo en otro lugar, sino que quiere dedicarle tiempo a otras cosas –“que de repente son muy distintas, como un taller de cocina”– y seguir siempre vinculado a estos temas, pero desde otro espacio. Estamos, por ejemplo, con un grupo de compañeros y amigos, con los que nos hemos desarrollado juntos, armando el Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, que vamos a lanzar en 2024. Además, la pobreza puede impedir el acceso a la educación, lo que a su vez puede limitar las oportunidades laborales y perpetuar el ciclo de la pobreza. Frente a lo memoriales de víctimas de feminicidio que están ubicados en la Plaza González Arratia, integrantes del colectivo señalaron que las madres de víctimas de feminicidio decidieron llevar un conteo de los casos de muertes violentas de mujeres, lo que les llevó a detectar que no todos los casos son tipificados como feminicidio u homicidio doloso.
