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Según esta perspectiva, el conflicto es parte de la vida, por lo que no apunta a eliminarlo sino a revertir la violencia estructural asociada a la distribución inequitativa de recursos (Ascorra et al., 2021). El estudio sobre la inclusión social escolar en Chile se alinea con la evidencia internacional, mostrando la prevalencia de la homofilia en las elecciones de escuela de las familias y la homogeneidad social interna de las escuelas (Bellei et al., 2020; Carrasco et al., 2021; Córdoba et al., 2020). También se observa que los procesos de inclusión en las escuelas tienden a asociarse con la existencia de mecanismos de admisión no discriminatorios -es decir, con la apertura a recibir estudiantes de distinta proveniencia social y con habilidades diferenciales-, antes que con estrategias de inclusión en términos de trabajo cotidiano pedagógico (Rojas et al., 2021).

“La investigación realizada da cuenta, por una parte, de la contundente evidencia respecto de las consecuencias dañinas y duraderas que tiene la pobreza y la vulnerabilidad en la etapa de desarrollo en que se encuentran niños, niñas y adolescentes”. Asimismo, la demanda de participación y el freno de las comunidades al desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental o urbano, ilustran la relevancia de la sociedad civil en la producción. Proyectos recientes de reconstrucción, priorización municipal e innovación social en Chile en que las comunidades, autoridades locales y actores productivos identifican prioridades y un plan local desigualdades e inequidades en salud de desarrollo, muestran también el potencial de la organización productiva de comunidades y colaboración entre empresa, sociedad civil y Estado. El éxito de una empresa depende crucialmente de la existencia o ausencia de bienes públicos que viabilizan o potencian la inversión. Es así que, a modo de ejemplo, el acceso a mercados internacionales se ve afectado por los tratados y relaciones internacionales. La tramitación más o menos eficaz de permisos y la competencia de las Cortes para resolver disputas contractuales son otro ejemplo del impacto directo de instituciones públicas en la producción.

Aunque era de esperar que las regiones más pobres sean las que más rápido crezcan, no es obvio el comportamiento de la desigualdad. Por su lado, la Región Metropolitana, como no es de extrañar, ostenta los mejores resultados junto con regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En common, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina.

En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país. No obstante, el plan muestra un enfoque en la dimensión ex-ante, por sobre la otra dimensión, y dentro de esta, en aquellas acciones dirigidas principalmente a reducir las brechas que se generan por las variaciones en el contexto social. Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma.

ISA Interchile en alianza con United Way participan de un programa de voluntariado que busca reducir la brecha a través de un diseño metodológico innovador, en que los voluntarios de la empresa, a través de 6 Sesiones (1-1), desarrollan un plan -de mentoría con alumnos de un liceo vulnerable de la región metropolitana. En ese contexto, la mentoría es un programa que se desenvuelve en un ambiente de vulnerabilidad social, en donde se brinda apoyo personalizado a estudiantes de tercero medio a través de mentor (colaborador/ora), el cual, a través de su experiencia profesional y de vida, orienta y aconseja a los jóvenes en distintas áreas vocacionales, laborales, académicas y personales, entre otras.

Chile fue, para mí, la experiencia más brutal de un libre mercado dogmático y oligárquico, del cual fui una víctima más -como muchos otros chilenos-, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores socialmente más vulnerables. Al menos yo tuve la oportunidad de escapar con una mano adelante y otra atrás, pero una gran mayoría de mi sector social se quedó en el baile de los que sobran. Paulatinamente mis caprichos personales ya no fueron suficientes y quise estudiar en la Universidad Española, cuya tasa de matrícula anual costaba de promedio el equivalente a un mes del sueldo mínimo español. Pude trabajar y estudiar al mismo tiempo y comer muy bien y barato en los comedores universitarios, cuyos potajes y  postres españoles mentalmente aún  saboreo y profundamente agradezco.

Realizar sensibilizaciones y talleres en Los Héroes y en nuestras empresas afiliadas, en distintas materias relacionadas con la Equidad, como por ejemplo las establecidas en la malla de formación. En su edición 2021, la campaña recolectó más de eight.000 aparatos electrónicos, entregados tanto por la ciudadanía como por distintas empresas. De estos, 1.359 equipos (589 celulares, 20 tablets, 176 CPU y 574 notebooks) fueron reparados y donados a diferentes instituciones educacionales a lo largo de Chile, como el Colegio Patricio Mekis, ubicado en Maipú; la Escuela Ignacio Domeyko, en Chañaral; la Escuela Italia, de los Niches, en Curicó; la Fundación Niño y Patria y la Fundación Levantemos Chile, entre otros. Por otra parte, los equipos que no se pudieron reparar fueron reciclados, evitando que más de 16 desigualdad social y pobreza en el mundo toneladas de residuos electrónicos llegaran a rellenos sanitarios.

Orquesta Sonidos de Luz se ha convertido en parte de la agenda musical de nuestros centros comerciales con más de 21 conciertos en los últimos dos años, como una oportunidad para potenciar la música y la inclusión en oportunidades laborales nuestros activos, sensibilizando al público que los conoce a través de la cultura inclusiva. Esta orquesta está compuesta por músicos con discapacidad visual, quienes dan a conocer su talento abriendo con la música oportunidades laborales y sensibilizando al público que los conoce a través de la cultura inclusiva. La geografía de Chile se caracteriza por su territorio de extremos y contrastes, lo que deriva en la existencia de localidades con dificultades de conectividad y el acceso a bienes y servicios. En BancoEstado nos hacemos cargo de esta brecha, buscando soluciones que fomenten la descentralización y la inclusión financiera de todas y todos, llegando a todos los rincones del país. Hasta la fecha hemos alcanzado 3.924 estudiantes de 21 instituciones educacionales de la región de Valparaíso y Metropolitana (el programa aun esta en curso).

En relación con las estrategias utilizadas, en el caso chileno el énfasis se ha puesto en prestar asistencia una vez que las situaciones de violencia han ocurrido. Es decir, se trabaja ex-post las situaciones de violencia, lo cual evidencia ausencia de trabajo desde la educación y promoción de derechos. Algunas excepciones se hallan en el Programa Mejoramiento de la Gestión (que knowledge de 1998), compuesto por subsistemas como el Enfoque de Género (incluido en el año 2002), que permite de manera exploratoria conocer cómo se comportan las distintas aristas de la gestión territorial al introducir la variable de género. Para ello, en el año 2008 se realizó el Primer Seminario sobre Protección Social y Género, cuyo objetivo obedeció a la necesidad de debatir sobre desafíos y propósitos de la perspectiva de género en función de las acciones de inclusión social que se promueven desde el Sistema de Protección Social y sus distintos componentes. En consideración de la disaster que las ideas meritocráticas exhiben en las sociedades actuales, particularmente en la segregación entre clases y en la intensificación o persistencia de desigualdades, pareciera que la evidencia es mucho más clara en torno a los fallos de la igualdad de oportunidades que a los de la igualdad de posiciones o resultados. Esto no ha sido abordado con la misma profundidad que el debate filosófico sobre el mérito y la meritocracia y debería encararse con mayor precisión en los próximos años.

A su vez, afirmó que en la mayor parte del mundo “estamos viendo una disminución de la pobreza extrema, pero la clase media se está empobreciendo y la brecha entre los más pobres y los más ricos está aumentando. Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, es importante observar no sólo la idea de justicia, sino también el sentimiento de injusticia, que se relaciona con una emoción experimentada en reacción a formas de opresión y abuso”.

A solicitud de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, con la aprobación de la mesa directiva y comisión política, se convocó a un equipo para coordinar el inicio de una reflexión estratégica de desarrollo para Chile en las próximas décadas. Dicho equipo, conformado por Alvaro Díaz, Alvaro Elizalde, Clarisa Hardy y Carlos Montes, desarrolló talleres regulares de debate y reflexión entre los meses de septiembre y diciembre del 2015. Fruto de ese ejercicio participativo en el que colaboraron más de una treintena de destacados profesionales e intelectuales, militantes y afines al socialismo chileno, se elaboró este documento cuyos editores son Alvaro Díaz, Clarisa Hardy y Daniel Hojman.

Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Los cambios vertiginosos impuestos por la pandemia hacen que estos resultados sean orientativos en relación a una primera aproximación a las debilidades que se encontrarán ante la reapertura de las instituciones escolares.

Nada del ineficiente abordaje de los problemas y tensiones provocados en la post pandemia por el mundo docente. Nada se habla entonces para medir esa realidad paralela de la desigualdad educativa porque para profundizar en esos factores se requiere hablar de DESIGUALDAD y de eso nadie quiere hablar. Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada. Para ello revisa la conceptualización unique de Young y examina su evolución, interpretación y contextualización a través de autores como Rawls, Khan, Dubet y otros. También Atria contextualiza para Chile el concepto del mérito, su justificación y consecuencias a partir de la historia de nuestro país y evidencia reciente de varios estudios al respecto.

Ahora bien, muchos de estos factores, ex-ante o ex-post, que influyen en la desigualdad económica, pueden ser aumentados o disminuidos por las acciones públicas de los gobiernos 2 . Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es elementary a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Por ejemplo, si los gobiernos utilizan los ingresos públicos para beneficiar a una pequeña porción más aventajada de su población, entonces estarían fomentando la desigualdad económica, pero si, por el contrario, utilizan estos mismos para dar acceso a la educación o salud a quienes más lo necesitan, entonces estarían potenciando la reducción de estas disparidades. Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es zero desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva,fifty nine.

En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.

El objetivo period comprender qué elementos del habitus institucional escolar pueden estar aportando a la convivencia democrática (Carbajal-Padilla, 2013), a fin de dar luces sobre el potencial que escuelas socioeconómicamente diversas tienen para promover dicha convivencia. Además, algunas personas entrevistadas en ambas escuelas destacan que la convivencia con estudiantes desaventajados socioeconómicamente es basic para el desarrollo de disposiciones igualitarias entre los estudiantes más acomodados, pues “les hace desigualdades socio territoriales tomar consciencia de que son privilegiados” (Psicóloga PIE, Inti) y “empatizan más con los compañeros, los ayudan más, son más caritativos” (Encargada PIE, Rodríguez). De este modo, la mixtura con compañeras y compañeros con menos recursos económicos se percibe como un catalizador de una mayor consciencia de los privilegios y de la importancia de preocuparse por quienes no los tienen. El estudio se realizó siguiendo las guías éticas del Comité Ético de la institución patrocinante, a saber, el University College London – Institute of Education.

Se concluye discutiendo algunos elementos clave a considerar para la promoción de una inclusión escolar no asimilacionista y de la convivencia democrática. En definitiva, los procesos de descentralización regional en Chile se han visto tensionados por la tendencia a la aglomeración de la economía global. Aunque el cuarto de los ejes programáticos plasmados por el MIDEPLAN (2002) especificaba que las políticas de descentralización regional podían tener “capacidad de respuesta ante el proceso de globalización” (MIDEPLAN, 2002, p. 10), no todas las regiones han conseguido crecer al mismo nivel o reducir sus desigualdades (Arredondo, 2010).

La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico.

La inversión extranjera en Chile estuvo vinculada a ciertos sectores económicos, concentrándose al comienzo en proyectos mineros en las regiones del norte por parte esencialmente de empresas canadienses y estadounidenses. Esto fue lo que permitió un aumento appreciable del PIB en Atacama, Antofagasta y Tarapacá, a pesar de que la inversión pública efectiva complete en estas regiones tuvo una participación relativamente baja, de entre un 3% y un 4% del total en cada una durante la década de 1990 (MIDEPLAN, 2001). Posteriormente, la inversión extranjera directa llegada al país se realizó principalmente por parte de empresas europeas, mayoritariamente españolas, en los sectores de servicios (telecomunicaciones y banca) y electricidad, agua y gas (CIE, 2013). En el caso de la RMS, además de recibir una buena parte de la inversión extranjera directa, un 24,9% del complete acumulado desde 1990 a 2008 (Silva, Riffo y González, 2012), fue la región que más inversión pública recibió de 1990 a 1999, con un promedio del 26,45% de la inversión pública efectiva whole. Sin embargo, disminuyó paulatinamente, puesto que a comienzos de la década la región representaba un 30,3% del whole y en 1999 un 21,08% (MIDEPLAN, 2001). También en la década del 2000 se mantuvo una mayor inversión pública efectiva complete en la región, siendo en promedio de un 27,41% en el periodo y evolucionando desde un 22,10% en el año 2000 a un 34,46% en 2005 y un 24,55% en 2010 (MIDEPLAN, 2011).

[3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Existen múltiples razones que explican el aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos, todas ellas decisiones de política. En estos textos hemos extensamente discutido el rol de los impuestos en esta tendencia, pero el problema es más complejo.

Una de las principales críticas que se le ha hecho a este ODS se relaciona con la forma en que este fue concebido. Si bien los 193 países resolvieron en conjunto los objetivos que esta Agenda 2030 contemplaría, aún así hay quienes abogaron por no incluir un apartado especialmente dedicado a las desigualdades al momento de las negociaciones, principalmente debido a que este implica, de una forma u otra, un problema redistributivo ( Donald, 2017; Oestreich, 2018 ). Por lo tanto, haber aprobado la Agenda 2030 indica voluntad, pero aún así objetivos como el 10, tendrán que superar barreras y resistencias políticas a nivel internacional y nacional para poder ser implementado y realmente exitoso (Donald & Lusiani, 2016). No obstante, aunque con varios resultados positivos, esos quince años dejaron bastantes lecciones respecto del desarrollo y cómo debía enfrentarse. En otras palabras, “[e]n muchos lugares, el progreso no fue lo suficientemente sostenible ni equitativo para lograr las metas; en otros, el progreso se frenó o revirtió debido a desastres, conflictos, degradación ambiental o inestabilidad económica o climática” ( UNDP, 2016, p. 18).

Una primera opción son los impuestos a los bienes de consumo, como por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este es un impuesto donde todos los individuos, independiente de sus ingresos, pagan el mismo porcentaje por cada compra que realizan. Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay que saber que éste toma valores entre 0 y 1, y que un mayor Gini implica una distribución de ingresos más desigual. En los casos extremos, 0 implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos.

En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país. Por otra parte, y como también se mencionó al comienzo de este artículo, el Coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional a la hora de medir la desigualdad ( Medina, 2001 ; Goubin, 2018 ) y Chile no es la excepción. Si bien se reconoce la utilidad de este índice, existen críticas al mismo, como las planteadas por Atkinson (1970 ) sobre la proporcionalidad de las transferencias, otorgando más peso a las transferencias en el centro de la dis-tribución que en las colas, lo que no necesariamente refleja los valores sociales tras un indicador de desigualdad. El autor examina también las propiedades de utilizar varianzas y la desviación relativa de la media, encontrando que cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. Sin embargo, tomando en consideración las críticas que ha establecido la literatura, el Índice de Gini continúa siendo un indicador ampliamente utilizado para la medición de la desigualdad y la formulación de políticas públicas (Liu & Gastwirth, 2020; Furman, Kye & Su, 2019).

Periodos más largos de trabajo de campo podrían abrir oportunidades para explorar procesos de construcción subjetiva y cómo las diferentes actividades que se desarrollan en las escuelas a lo largo del año se relacionan con determinadas disposiciones institucionales hacia la diferencia. Sin embargo, los casos de estudio analizados también advierten que el college mix no garantiza el reconocimiento simétrico y aprendizaje mutuo entre personas de distinto origen social (por ejemplo, que las clases altas adopten modos de ser de las clases bajas). Ello no solo es problemático desde una perspectiva ethical (¿por qué unos seres humanos son dotados de mayor valor que otros?) sino también porque pone en riesgo el desarrollo de disposiciones igualitarias entre todos las y los estudiantes y dificulta la convivencia democrática. En efecto, el potencial para que la mixtura social promueva disposiciones igualitarias se ve amenazado por el hecho que superar los modos de sentir, pensar y actuar de la clase baja -y asimilar aquellos de la clase alta- es presentado como una buena alternativa para mejorar las condiciones futuras de vida. Este artículo exploró el habitus institucional (Ingram, 2009) de dos escuelas con diversidad socioeconómica en la ciudad de Santiago, Chile. Para ello se analizaron entrevistas con personas que trabajan en estas escuelas, con foco en sus visiones respecto a la diferencia socioeconómica y la mezcla social.

Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. El 1% más rico de Chile aparece concentrando consistentemente al menos 10 puntos porcentuales más que el resto de las elites.

Esto para el caso de las patentes comerciales y los bienes raíces, pero también en el caso de los permisos de circulación, puesto que en las comunas con mayor poder adquisitivo existen más automóviles por hogar y los mismos son más caros, permitiendo mayor recaudación municipal al respecto. A pesar del apoyo del FCM en este tipo de comunas, la falta de ingresos permanentes propios genera que sean las que menor ingreso municipal per cápita tienen de las analizadas. La concentración de la actividad económica también impacta en el valor de los bienes raíces de la ciudad y, por tanto, también en los impuestos recaudados por las municipalidades, que aumentan según sea mayor el precio de los inmuebles. Como en otras ciudades con alta concentración de población, como Río de Janeiro o Nueva York, las personas con mayores ingresos prefieren situarse más cerca de su lugar de trabajo o de las zonas donde realizan sus negocios. Como ha destacado Edward Glaeser (2011), las personas “con sueldos más altos pierden más ingresos cuando pasan más tiempo viajando y menos trabajando. En consecuencia, suelen estar dispuestos a pagar más por ir a trabajar de forma más rápida” (Glaeser, 2011, p. 122), lo que supone que los precios de las viviendas sean más caras en los lugares más próximos a las zonas de negocio en donde mejor se paga a los profesionales.

Seguir utilizando el método tradicional de ‘sistema cerrado’ para el grupo social que solo presenta la necesidad física de una vivienda, y buscar alternativas especificas a partir de un ‘sistema abierto’ para los sectores que no cubren las necesidades básicas de forma adecuada. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. El empobrecimiento social y económico que vivió mi familia fue parte de una regresión social generalizada, que afectó al país en la década de los ’80 y que golpeó fuertemente a los sectores sociales más vulnerables en Chile, del cual provengo. Un 36% de los proyectos está relacionado a mejorar infraestructura de organizaciones que trabajan por la inclusión de personas (entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, personas del espectro Autista y personas en situación de calle).

El segundo issue es la disaster financiera internacional cuyo impacto en Chile fue más moderado que en otras economías pero que igualmente estuvo asociado a un alza del desempleo y posiblemente caídas en el ingreso. No es obvio cuán importante es la contribución de la crisis financiera a la pobreza, pero sin duda aportó. A juzgar por la cobertura de prensa, los comentarios en las redes sociales y la cadena televisiva del Presidente Sebastián Piñera, el aumento de la fracción de pobres de un 13,7% de la población en diciembre del 2006 a un 15,1% en diciembre del 2009 tuvo un impacto comunicacional significativo. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable pobreza extrema que es nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.

La primera corriente se originó al inside del mundo conservador-católico que, a partir de la Encíclica Rerum Novarum, adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una disaster moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto materials pobreza durante la pandemia como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. Chile fue, para mí, la experiencia más brutal de un libre mercado dogmático y oligárquico, del cual fui una víctima más -como muchos otros chilenos-, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores socialmente más vulnerables.

Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. “El confinamiento obligatorio ha afectado con fuerza a los sectores más vulnerables, que viven en condiciones de grave hacinamiento y peor calidad de las viviendas, lo que genera serias dificultades para el cuidado frente a la pandemia, aumento de tensión entre los integrantes del hogar, entre otros problemas. En los sectores rurales, se suma la materialidad, saneamiento y tipo de vivienda, en que sólo un 62% de las viviendas tienen la categoría de aceptable, frente al ninety,5% urbano, de acuerdo con el Índice de Calidad Global de la Vivienda de la Encuesta Casen”, destaca Littin. La vulnerabilidad también genera diferencias en los riesgos sociales que se encuentran en el entorno de los hogares. “No solo son más pobres, sino que viven en barrios de mayor violencia social, donde la delincuencia o el tráfico de drogas se hace parte del paisaje y se normaliza como una forma de convivir en sociedad”, indica.

Se lo merece un gran país con una gran historia que inspira respeto por los gestores que dieron su vida por alcanzar un sueño. Las políticas populistas desde mediados del siglo XX han sabido aprovechar las condiciones del comercio exterior para sus productos derivados de la agricultura y ganadería, esto sin desconocer el esfuerzo en pro de la industrialización que se llevó a cabo lidiando contra las desventajas de un proteccionismo que cobraba su precio en el costo de muchos insumos. Lo cierto es que Argentina fue progresivamente cayendo en el pozo profundo de inflación y recesión, con costos seen en materia de menor inversión y un bajo crecimiento. Incluso los tiempos en que se afirmaba que los argentinos tenían suerte porque “el pasto crecía de noche para alimentar de día al ganado” con eso solamente se respaldaba un activo comercio de exportación, abandonan las intenciones de una industrialización más efectiva.

En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una heterogeneidad de condiciones y carencias que expresan directamente e indirectamente su vulnerabilidad económica. En nuestra región, la pobreza urbana adopta la forma de bajos ingresos vinculados a empleos precarios, falta de capital educativo y activos patrimoniales, y refleja inequidades por razones de género1. La precariedad urbana -entendida como la proporción de los hogares que no tienen cubiertas sus necesidades habitacionales, tales como la materialidad de la vivienda, acceso a servicios (agua y saneamiento) y la tenencia- afecta tanto a los hogares pobres, como también, aunque en menor grado, a los hogares que se encuentran sobre la línea de pobreza por ingresos. AZA es el mayor productor de acero reciclado en Chile, para lo cual recolecta casi 400 mil toneladas de chatarra ferrosa al año, su principal insumo.

En tal plano, se estima necesario una inversión permanente de parte del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, para la recuperación de familias afectadas. En ella se pide al Presidente Gabriel Boric adoptar medidas para aumentar, progresivamente, el presupuesto del Ministerio de Agricultura. El objetivo es que sea capaz de enfrentar las contingencias climáticas y dar apoyo permanente a las y los agricultores del país. El 5% restantes corresponde a organizaciones relacionadas a la salud y bomberos que requieren mejorar sus espacios comunes. Un 6% de los proyectos permitirá apoyar a clubes deportivos para mejorar la infraestructura de camarines y sedes.

Pero, además, hubo una reducción significativa del régimen político administrativo interior, reduciéndose las «comunas-municipios», hecho que, probablemente coincide con su reforma electoral-distrital de la Asamblea Legislativa, permitiéndole hasta el momento una concentración de poder, que por lo menos desde la ciencia política se indica todo lo contrario… Pero, como lo afirmara Bukele en su discurso de victoria, el pueblo así lo ha dispuesto desde que llegó al poder nacional el año 2019. El proceso de diseño participativo fue arrojando datos, propuestas y prioridades por parte de la comunidad (ACOTOR 2) en conjunto con el grupo de trabajo (ACTOR 1), que con el trascurrir de los talleres participativos fue tomando forma y dando respuesta a las diferentes necesidades para lograr así obtener un resultado satisfactorio. La imposición de esquemas, implantaciones y tipologías ponen de manifiesto una imagen específica de diseño y construcción de cómo deberían verse las viviendas antes de determinar a quiénes les van a ser asignadas. Esta metodología no se debe aplicar a los sectores donde la necesidad física de vivienda es una más entre otras. Estos países cuentan, además, con sueldos mínimos que todavía permiten tener una vida digna, en donde el Estado protege los bienes públicos de interés común y el poder económico está claramente subyugado al poder del Estado.

En estos dos años el sistema ha bloqueado más de 300 mil tarjetas supuestamente usadas indebidamente, o sea, no por sus titulares. Por otra parte, la municipalidad ha anunciado la suspensión complete las tarjetas anónimas y ha implementado medidas para obligar el registro de las tarjetas con datos de identificación únicos y residenciales. Este tipo de medida puede impactar en el acceso de personas no registradas –como personas sin techo e inmigrantes– al servicio. En una ciudad de las dimensiones de São Paulo, las tarjetas que permiten la integración con descuento a distintos tipos de transporte son fundamentales para la locomoción de gran parte de la población al trabajo, escuela y actividades culturales.

En cuanto a la magnitud del problema de la pobreza en América Latina, las más recientes estimaciones de la CEPAL (2007) indican que en el año 2006, el 37% de la población de la región se hallaba en situación de pobreza (31,1% para las áreas urbanas). Esto significa que casi 200 millones de personas en la región son pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y un poco más de 70 millones de personas son extremadamente pobres (35,2 millones en áreas urbanas). Las tasas de pobreza e indigencia indicadas significan descensos respecto a sus niveles de 1990, tanto a nivel nacional como urbano. Los ingresos provenientes del trabajo remunerado representan un 80% del complete de los ingresos monetarios de los pobres urbanos latinoamericanos (Banco Mundial, 2004). La posibilidad de vender su trabajo y el nivel de remuneración son factores importantes en sus estrategias de generar sustento.

Así, esta constituye la tercera versión del programa, anteriormente realizado en las comunas de Renca y Recoleta a través de la coordinación y colaboración público-privada. La iniciativa está enfocada en la población Aurora de Chile, en Cerro Navia, cuyas familias accederán a sistemas solares térmicos, recambio de electrodomésticos, mejoras en conexiones eléctricas riesgosas, kits de eficiencia energética y renovación de la calefacción para hacer más eficiente el uso de la energía. Por esto, para potenciar el desarrollo comunitario sostenible, llevamos a cabo este proyecto en alianza con las fundaciones Techo para Chile y El Colihue y, junto a las comunidades, co-diseñamos distintos programas sociales. En 2023 destacamos la conexión eléctrica de 200 viviendas en el campamento Los Aromos de Colina, con la construcción de una sede comunitaria sostenible y la instalación una plaza de bolsillo con sistema de iluminación solar y huerta comunitaria. Además, junto con la realización de talleres de capacidades laborales, contribuimos en generar capital social e impactar positivamente la calidad de vida de las personas, apuntando a alcanzar un estándar mínimo de bienestar para seguir perfeccionándose en sus oficios, estudios y trabajos. De Chile y especialista en vivienda social, realizó una investigación Fondecyt que justamente analiza el tema.

Estas estrategias se fundamentan en un consenso regional generalmente aceptado de que las estrategias basadas en el asentamiento de poblaciones en las zonas que ya ocupan, proporcionan la solución más deseable desde el punto de vista social y económico al problema de los asentamientos informales. En este sentido, los asentamientos irregulares se aceptan como una realidad urbana que no puede erradicarse y se aceptan como parte del proceso de crecimiento de las ciudades. La reducción del déficit habitacional cuantitativo en las últimas décadas en Chile, trasladó la discusión sobre los problemas de la pobreza urbana desde los antiguos asentamientos informales hacia las dificultades de integración de los nuevos conjuntos de vivienda social. Sin embargo, en los últimos años los campamentos y otras modalidades de la informalidad han aumentado, especialmente en algunas ciudades. Las limitaciones de la política habitacional y las restricciones impuestas por el mercado inmobiliario dificultan el acceso a la vivienda para los sectores populares, lo que lleva a que la nueva pobreza de los conjuntos de vivienda social conviva de manera creciente con la nueva-vieja pobreza de la informalidad.

Es significativo que en esta visión agregada de la informalidad residencial, ningún país presente una proporción importante de pobres urbanos que residen de manera casual y cuentan con empleos formales. Este «casillero vacío» parece indicar que de alguna forma, los pobres urbanos están formalizando su habitat, pero siguen teniendo serias barreras para lograr una inserción laboral adecuada en esta región. Cabe comentar en este caso la acelerada adopción por parte de las políticas de vivienda de los países latinoamericanos, cuyos esquemas de acceso a la vivienda y a otros bienes urbanos presuponen que los postulantes tengan ingresos regulares para hacer frente a compromisos de ahorro y crédito. Considerando que los pobres urbanos informales, que deberían ser los sujetos preferentes de estas políticas, subsisten en la mayoría de los países gracias a la economía informal. Con respecto a los programas de regularización de la tenencia, las complejas manifestaciones de la informalidad urbana del suelo, la multiplicidad de actores que intervienen, la falta de transparencia en lo que concierne a la propiedad del suelo y el enorme volumen de títulos que deben procesarse, constituyen serias dificultades para la implementación de estas iniciativas.