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Para esto, se ha dado a conocer la relevancia que esta ha cobrado en los programas de los Estados neoliberales los organismos internacionales y las agencias multilaterales del desarrollo, donde, desde una perspectiva corte multiculturalista neoliberal, se han elaborado una serie de políticas públicas en el área. A su vez, es la pobreza se ha destacado el rol de los movimientos indígenas en este proceso, en tanto actores claves a la hora de posicionar sus demandas de reconocimiento y garantías de protección de sus derechos fundamentales. Un ejemplo de esto se visibiliza en la elección de los educadores tradicionales que forman parte del programa.

En un escenario de resistencia indígena, protagonizado principalmente por el movimiento mapuche, y a la par de las estrategias mundiales del desarrollo cuya dimensión cultural se volvió protagonista, comenzó a diseñarse e implementarse en el país una serie de políticas, programas y proyectos denominados interculturales. Ya en la Constitución de 1833[ii] se establece el rol “preferente del Estado” en la provisión educativa y la expansión de la oferta pública[iii]. Ello significó la confirmación de un “Estado Docente”, que se desarrolló junto a la “libertad de enseñanza”. Aunque no exenta de problemas y disputas, se configuró una alianza entre el Estado y el sector privado basada en una relación de beneficio mutuo. En el marco de las políticas sociales formuladas desde esta perspectiva, la coordinación de sistemas de intervención busca favorecer que estos sean capaces de integrar en su operar información de sus entornos. La intervención se entiende entonces como una orientación que permite a los sistemas seleccionar comunicaciones de sus entornos y procesarlas, procurando a partir de ello generar resonancias que permitan provocar transformaciones en los contextos que procura intervenir (Mascareño, 2011).

[…] si el vehículo para la reproducción de la cultura es la lengua, el resto de las poblaciones indígenas que no calzan dentro de esta propuesta metodológica de rescate identitario están lejos de ser asistidas por el Estado en su labor de salvataje cultural (Martínez, 2017, p. 57). El Programa de Educación Intercultural Bilingüe surgió en Chile como parte de los desafíos planteados por los gobiernos democráticos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se inauguró en 1996 durante el gobierno de Frei y se consolidó en el de Ricardo Lagos, a través del ya nombrado Programa Orígenes.

En este sentido, la labor del docente, es ofrecer conocimientos abiertos al análisis, la reflexión y al cambio, que faciliten el aprendizaje y propiciar entornos más variados. A tal efecto, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, además, la formación profesional y laboral de la autora. Por cuanto, concibe ensayo de la pobreza a la investigación como un proceso sistemático orientado a la comprensión en profundidad de fenómenos, tendiente a la generación de conocimientos, bien para transformar o simplemente aportes teóricos en pro del mejoramiento de la educación. Por consiguiente es una investigación documental en un estadio descriptivo.

De modo paralelo en España, Bolívar (2006), basándose en una investigación realizada para el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), señala cómo el modelo electivo por el Consejo Escolar, establecido en 1985, no ha resuelto adecuadamente la dirección de las escuelas, entre otras cosas por la ausencia de candidatos y su carácter no profesional, abogando por un liderazgo pedagógico. Sorprende, pues, que la política educativa haya mantenido en el olvido durante tanto tiempo a unos profesionales con un papel tan decisivo sobre los resultados escolares. Vamos a señalar algunas conclusiones que, de acuerdo con los análisis previos, pueden sugerir propuestas de interés para ambos países. Paralelamente, un Informe de Eurydice (2008) sobre las reformas de autonomía escolar en Europa, señala como tendencia basic el progresivo incremento de descentralización y autonomía en los países europeos, recayendo –dentro de una “nueva gestión pública”– en el director la responsabilidad de su ejercicio y de la mejora de la calidad. Como se acaba de señalar, también en España, de ser uno de los países donde menos competencias organizativas, pedagógicas y de gestión tienen los equipos directivos, justo en este momento estamos en un proceso de ampliación actual de dicha autonomía.

Noble detalla esta dinámica en una columna publicada en The Washington Post y que llevaba por título «Cómo la pobreza afecta el cerebro de los niños». Se entiende que un proyecto de reforma apunte a elementos técnicos y legislativos, pero cuando se scale back principalmente a ellos, como lo están haciendo notar desde hace ya tiempo diversos actores educacionales, ese proyecto encontrará serias dificultades en su aplicación, pues la Educación desborda con creces los fines del conocimiento y del desarrollo de habilidades. Más aún, ésta alcanza su plenitud en la formación de un sentido de vida, y es aquí donde la cultura postmoderna está ganando terreno a pasos agigantados, tanto fuera como dentro del aula. Pienso que nadie discutiría la importancia que tiene hacer ciencia sobre las propias prácticas, ni tampoco que esto es basic en la madurez de un maestro.

La extensa renovación próxima de los actuales directivos que, por su elevada edad (55.9 de media), especialmente en los establecimientos municipalizados (Carbone, 2008), se ha de acometer en los próximos años, aconseja atraer a los mejores líderes pedagógicos. Hacer de la dirección una profesión atractiva y desarrollar las competencias para un liderazgo eficaz  son dos líneas de acción que aconseja la OCDE (2008) en su conocido informe (Improving School Leadership). Con la entrada progresiva de las nuevas TIC se ha logrado un cambio social, los cuales designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. La educación inicial se inserta en un enfoque de educación y desarrollo humano como un continuo.

El “pienso, luego existo” de las sociedades bajo el influjo cartesiano, tiende a ser sustituido por el “siento, luego existo” del tribalismo postmoderno. A nivel ético también se asume la emoción, por lo tanto la bondad o maldad de un hecho no se mide de acuerdo a los valores y principios de la ethical, ya sea cristiana, ya sea kantiana, sino conforme a los sentimientos. “Si me gusta y me siento bien en o con determinada situación”, entonces es buena.

Tomarse en serio el concepto de igualdad de oportunidades implicaría reformas radicales que son indudablemente necesarias en Chile. Si la calidad de los docentes tiene impacto directo en la oportunidades que tendrán los niños, el liderazgo tendrá que promover las oportunidades, formales e informales, para el aprendizaje profesional. Además de promoverlas, debe participar directamente con los docentes en el desarrollo profesional. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Ha sido el espíritu de este trabajo analizar la construcción de la desigualdad educativa en Chile y, a su través, señalar algunos obstáculos que han impedido que la educación chilena contribuya a la construcción de una sociedad donde estén mejor distribuidas la riqueza, los recursos materiales y simbólicos, la «buena» vida.

Un segundo déficit a nivel de las políticas públicas chilenas corresponde a un déficit de coordinación. Por una parte, desde el enfoque de gerencia social, los problemas de coordinación se definen como una deficiente articulación de operaciones, recursos y estrategias (Kliksberg, 1997; Crozier, 1997; Figueroa Reyes, 2008). Enfatizando la dimensión pragmática, desde esta perspectiva se plantea que los problemas sociales pueden ser resueltos mediante la optimización de las formas de gestión de la intervención, así como a través de la creación de organismos para la coordinación, como mesas y redes territoriales (Molina y Morera, 2000; Kliksberg, 1999). Dicho enfoque ha sido especialmente predominante en el análisis de los problemas de coordinación de las políticas públicas en Chile durante las últimas décadas, traduciéndose en mecanismos programáticos que buscan precisamente reforzar el trabajo intersectorial (Alcalá Consultores Asociados Limitada, 2009; Consejo Nacional de la Infancia, 2015). El problema al que apunta este ejercicio teórico es, claro está, que una sociedad que sólo se ocupa de proveer estricta igualdad de oportunidades en el punto de partida sin prestar atención alguna a los niveles de desigualdad en los resultados generados por la “lotería” de habilidades y predisposiciones, dista de ser una sociedad razonablemente justa. En una sociedad en la que todos los niños partiesen en igualdad de condiciones –educacionales, de salud, de acceso a capital, etcétera– ¿estaríamos dispuestos a dejar que quien comete un error a los quince o veinte años cargue para siempre con una vida de privaciones?

Sin embargo, admite que la «profundidad de la pobreza varía mucho» entre países como Estados Unidos, Chile o India. Cuando se viven y respetan estas condiciones, logramos mayor interacción y participación, y como la responsabilidad es compartida, todos los miembros de la comunidad participan en el proceso de aprendizaje, y el conocimiento se asume como una realidad dinámica (y no podría ser de otro modo en una sociedad del conocimiento como la nuestra) fruto de un proceso de construcción activo y colaborativo. En una comunidad escolar, al igual que en toda comunidad, no todas las personas pueden ni deben hacer lo mismo. Es clave que los directivos descubran lo que cada uno saber hacer bien, e incluso invitar a los mismos profesores a que se descubran en la fortaleza de sus competencias, y desde allí invitarles a mejorar. Pero cuando se está permanente diciéndoles que “son buenos para nada”, terminamos con una profecía autocumplida. Desde esta mirada de reconocimiento confiado se puede avanzar mejor en lograr alineamientos, que desde la imposición autoritaria, cuyo efecto no deseado es el infantilismo paralizante de la comunidad.

A modo de conclusión, sin embargo, vale destacar que los efectos perjudiciales de los déficits de las políticas públicas aquí explorados tienen impactos en nombres propios. El estudio de trayectoria realizado por Matus, Faez, Fuentes, León y Vega (2018) sobre el caso de Lisette Villa, la niña cuyo asesinato en dependencias del Centros de Reparación Especializada de Administración Directa Galvarino, puso de golpe en evidencia la crisis de los sistemas de protección de infancia en Chile, mostrando evidencias aún más claras de los déficits expuestos. En primer lugar, los impactos nocivos del déficit de observación contextual, en tanto Lisette provenía de Til Til, comuna periurbana de la Región Metropolitana, con tasas de pobreza y hacinamiento crítico por sobre las medias regionales y nacionales y objeto de intervención de iniciativas gubernamentales que no fueron capaces de considerar estas particularidades. Finalmente, déficit de complejidad de la oferta, pues una vez ya ocurrido el deceso de Lisette se identificó que las personas responsables de su cuidado directo no tenían de hecho ninguna preparación especializada para trabajar con casos de alta complejidad, y que las medidas de contención física que finalmente ocasionaron su muerte habrían sido aplicadas al menos 141 veces antes sin atención a sus necesidades.

Para finalizar, resulta relevante mencionar la débil institucionalidad que sostiene la política pública. Aunque durante 2014 se creó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, esta continúa teniendo un carácter muy subordinado dentro del Ministerio de Educación, realidad comparativamente muy lejana a los países vecinos que han creado Direcciones Nacionales exclusivas en el área. Además, presenta una gestión insuficiente de acompañamiento a las escuelas, tanto desde lo técnico como desde lo financiero, quedando su éxito supeditado al esfuerzo particular person de los/as docentes encargados (Lagos, 2015; CNED, 2018), síntoma claro de la voluntad política y mirada ideológica que han sostenido los diferentes gobiernos de turno en democracia en torno a la cuestión indígena. Por otra parte, el PEIB no ha favorecido la construcción de procesos de autonomía educativa por parte de las comunidades indígenas, siendo dichas experiencias coordinadas centralmente desde el Mineduc.

Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. Ninguna libertad de enseñanza puede, sin embargo, contravenir los objetivos mismos de la educación. No se aceptará, por tanto, la difusión proselitista de ninguna doctrina o thought que atente contra la tradición o la unidad nacional, contra el sentido libertario y democrático de la institucionalidad chilena, o contra la integridad de la familia o de la nación.