Hay que actuar rápido, con mayor celeridad y con inclusión de todos los sectores en las decisiones que se van tomando. La falta de conectividad, en el sentido más amplio, no sólo estar o no conectado con una antena de Internet, sino también la conectividad a servicios básicos como la salud, educación, and so forth., es uno de los factores que determina este país desigual en el que vivimos. Creemos que hay que avanzar profundamente en generar posibilidades de vivir experiencias equivalentes en el mundo de la educación, en el ámbito de la salud, del bienestar en common, quizás ahí es donde radican las manifestaciones más importantes de pobreza e inequidad en nuestro país. Hay un montón de factores que se dan en el mundo rural que sugieren cómo, a través de ellos, se pueden implementar procesos de desarrollo inclusivo, desarrollo native, que sean pertinentes a los territorios, a los recursos naturales con que cuentan, saberes ancestrales o históricos que tienen las comunidades para salir adelante. Por eso estamos proponiendo una Iniciativa Popular de Norma, que permita asegurar un estándar de vida digno a todas las personas, es decir, al menos por encima del umbral de la pobreza.
Por lo mismo que la misma ONU sugiere considerar las múltiples facetas de la pobreza, ya que dicha problemática limita el acceso adecuado a derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales para la población (ACNUNDH, s. f.). Claro, pero son más que fuentes laborales, son formas de vida, porque en torno a los crianceros no sólo hay una retribución económica de esa actividad, hay un saber, una tradición, un traspaso de conocimiento de generaciones. Entonces, trasciende lo monetario, y ahí uno ve que todo el efecto climático va destruyendo estos medios de vida que por años han estado presentes en su territorio y eso genera una disaster en lo económico, social y cultural. Vemos también cómo dramáticamente hay sectores que se van despoblando porque la educación está fuera del territorio; antes había allí una escuela donde se educaban, ahora esa escuela está en las grandes ciudades y los niños, a determinada edad, tienen que salir de los pueblos natales para acceder a la educación y por lo tanto, al futuro.
Dialogar sobre los múltiples desafíos que enfrenta el comercio justo en la era digital es clave para pensar en estrategias para superar la pobreza y trabajar en oportunidades para el desarrollo sostenible. Es de esperar que un tema tan serio como la pobreza y la distribución del ingreso, donde entender los determinantes y evaluar las políticas es de primer orden, el gobierno piense y hable con todo el rigor de quienes aspiran a la excelencia. La popularidad Bachelet, Lavín o Piñera, la mezquindad política, no afectan la realidad de la pobreza. Más allá de las legítimas diferencias que existan sobre la visión de sociedad que queremos, erradicar la pobreza es un anhelo compartido.
Ese gran conjunto de sectores ‘trabajadores’, si bien no eran pobres, es el que ahora ve amenazada su situación por pérdida de empleo, enfermedad, muerte de un cercano, obligación a quedarse en casa para cuidar a los dependientes, baja de ingresos”, sostiene Barozet. Este estudio, también, describe las políticas públicas dispuestas en Chile para responder a la pandemia, analizando sus potenciales impactos sociales. Y además, detalla propuestas de políticas públicas para construir soluciones a los problemas que urgen a gran parte de la sociedad. No es algo abstracto, sino algo muy concreto a lo que se enfrentan las familias que hoy viven en la incertidumbre.
ILC y sus filiales tienen un compromiso especial con las personas mayores, en ámbitos tan importantes como la previsión y salud, dado el giro de sus negocios. Es por esto que la Compañía desarrolló el programa #PorElAdultoMayor, que abarca diversas iniciativas público-privadas con cobertura nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida e inclusión de los adultos mayores en Chile. Las empresas pueden aportar al ODS 1 mediante el empoderamiento económico de los grupos vulnerables, incluso a través del apoyo al desarrollo de habilidades y el acceso al empleo; y mediante el apoyo al acceso de servicios básicos como salud, vivienda y saneamiento. Todas las empresas deberían ser empleadores con igualdad de oportunidades, prohibir la discriminación contra grupos vulnerables y adoptar políticas que respalden la inclusión para contribuir al empoderamiento económico. Por último, aunque los argumentos anteriores fueran desmentidos, eso sólo podría hacerse sobre la base de un análisis cuidadoso de la evidencia. Si una evaluación seria de los programas sociales, una que apunte no solo a cuantificar el impacto en los ingresos de un programa sino también en otras variables de bienestar –incluyendo los efectos para las comunidades– demuestra que hay programas ineficientes o que sería mejor refocalizar el gasto en programas de mayor impacto, bienvenido.
La pobreza relativa, que considera la posición de un individuo o de un hogar en relación con los demás en la sociedad, también es un problema grave que afecta tanto a los países desarrollados como a los países en vía de desarrollo. Los efectos de la pobreza se ven agravados por otras formas de discriminación, incluidas las de las mujeres y las personas con discapacidad. La erradicación de la pobreza es basic para los ODS, y el logro de todos los Objetivos está estrechamente relacionado con el logro del Objetivo 1. Las empresas deben asegurarse de cumplir con su responsabilidad de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos de dichos grupos. Estos profesionales son muy jóvenes, hombres y mujeres, y para ellos este puede ser su primer o segundo trabajo, son sus primeras experiencias laborales, reciben un plan de formación muy fuerte durante todo el año, un diplomado más toda la asistencia técnica que brinda el programa, y evidentemente el crecimiento profesional es enorme.
Reconocer que no hemos venido para satisfacer nuestra propia hambre sino para poner nuestra vida misma al servicio del hambre del otro (Vaucher, Bourdin & Durrer, 2012). Parte de la dignidad tiene que ver con la necesidad de los trabajadores de percibir un salario justo, un tema puesto sobre el tapete por la Iglesia Católica. El sacerdote jesuita Luis Roblero fue uno de los más de 40 miembros que conformaron el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad creado por la Presidenta Michelle Bachelet -en agosto del año pasado-, en momentos en que las reivindicaciones de los trabajadores y el debate sobre salario justo asumían un creciente protagonismo.
Han pasado 18 días desde el desastre y, cada vez, sus víctimas están menos presentes en las noticias. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable hay pobreza nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la
Como he tratado de mostrar, cualquiera que promueva un sistema tributario “eficiente” en este sentido neoliberal, tendrá la carga de justificar por qué y cómo ha de perseguirse esa “eficiencia” y por qué esa “eficiencia” podría ser el único criterio político relevante. En una sociedad democrática, como queremos que sea la chilena, no basta con experiencias traumáticas del pasado para asumir como propia –hoy– la búsqueda de “eficiencia” y abrazar sin más ideales neoliberales. En un sentido propiamente técnico, la eficiencia supone dejar recursos en manos de quienes harán un mejor uso de ellos, ya sea en manos privadas o públicas. Pero en el caso chileno, “eficiencia” pasó a ser sinónimo de neoliberalismo; sinónimo de la idea de que la única posibilidad de obtener eficiencia es a través del mercado.
Sodimac entrega materiales y su transporte, a lo que se suma la labor no solo de voluntarios de la empresa, sino que también de las propias comunidades, lo que es elementary porque se busca un esfuerzo colaborativo y participativo. Gracias al compromiso de nuestros trabajadores, “Construyendo Sueños de Hogar” se ha consolidado como uno de los programas de voluntariado más importantes del país. Lo más importante es manejar éstas áreas con la finalidad de mantener o aumentar el atributo o valor que se quiere proteger.
Y, por último, como si al hacerlo hiriera el orgullo de quienes creían tener la respuesta única sobre cómo lograrlo. La semana pasada un lector de estas columnas escribió molesto porque los impuestos que paga le parecen injustos. Había leído un artículo “en globalizacion y la desigualdad el diario”, (asumo que se refería a El Mercurio, ver artículo), y estaba indignado al enterarse que quienes están en el V quintil, vale decir el 20% más rico de la población, pagan en impuestos el equivalente a trabajar 60 días hábiles al año para el Fisco.
Además, la migración campo-ciudad que se generó en la misma época del “boom” (con la finalidad de encontrar nuevas oportunidades laborales en la ciudad), comenzó a acumular personas alrededor de las ciudades como Santiago. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”.
Las organizaciones sindicales son fundamentales en un país que tiene como sistema de Gobierno la democracia. Los sindicatos son, en el fondo, agrupaciones de intereses individuales que se organizan y se transforman en intereses colectivos. En una democracia, normalmente el gobierno del pueblo se traduce en un gobierno de la ciudadanía, una ciudadanía con intereses, dispuesta a discutir, a conversar. Desde esa perspectiva es importante considerar que cuando hablamos de sindicalismo, cuando hablamos de organizaciones laborales, de trabajadores, estamos hablando, en definitiva, de democracia.
En el futuro cercano tendremos que acostumbrarnos a una “nueva normalidad”, nos han dicho los encargados de la agenda sanitaria. Una normalidad que traerá cuidados especiales, distanciamiento social e incluso restricción de algunas prácticas que nos eran cotidianas. En nuestro contexto, avanzar con una efectiva reforma policial que evidencie que no habrá impunidad por la violencia utilizada el 2019, así como mostrar preocupación por la construcción de una legitimidad policial basada en la confianza y la percepción de trato justo es un elemento basic para evitar el posible escalamiento de violencia en el futuro.
Proceso esperable que muestra que el trabajo policial es multifacético y que la ciudadanía, a pesar de las complejidades del pasado, reconoce el rol de una policía que ayuda a la protección. La confianza en momentos de angustia, ansiedad y pandemia no debería entenderse como una carta en blanco para desarrollar estrategias comunicacionales y cambios menores. El estallido 2019 tuvo como respuesta inicial un violento accionar policial que no escatimó en usar balines, bombas lacrimógenas y agua con químicos entre otras herramientas de lo que llamamos orden público.
