Generamos conocimiento crítico y elaboramos y publicamos nuestras propuestas para incidir en políticas públicas. Acompañamos a organizaciones sociales en sus procesos de fortalecimiento, articulación territorial e incidencia con miras al cumplimiento de sus demandas. Todo lo anterior no debe confundirse con un intento de debilitar el sistema político, y a los partidos, sino por el contrario. La incorporación de organizaciones sociales debe entenderse como un complemento a una clase política deslegitimada, que sirva para nutrirla y renovarla, pero no para reemplazarla.
Pero la fuerza centrífuga del proceso constituyente, sumada a una política de confinamiento familiar, terminaron por volver, aparentemente, todo al estado anterior. [newline]Mientras, otros episodios de movilización ciudadana, que han sido particularmente intensos, vinculados a temas ambientales, educacionales o territoriales, no han logrado asentarse ni sostenerse. Creemos que esto sería distinto si los tejidos comunitarios territoriales fuesen más fuertes y densos, si ese 7% fuese un 15 o 20% y si el nivel de fragmentación y poco poder de las organizaciones no fuese el que es. El fundamento de esa propuesta se encuentra en que gran parte de las OSCs no accede al financiamiento por vía de las donaciones, entre otros factores por lo engorroso del sistema que requiere tener la capacidad de encontrar, estudiar y entender más de 90 cuerpos normativos de alta complejidad, que suman más de one thousand páginas, dictados en un período de forty años y, además, sin que estos puedan encontrarse de manera ordenada y sistematizada. Al efecto, coincidimos en que una estrategia integral de fortalecimiento de la sociedad civil, como la que el mencionado Programa de gobierno propone, implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del actual Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, creado por la Ley 20.500, de 2011.
– Mantener un registro actualizado de los programas y proyectos relativos al área de competencia de la Dirección que se encuentren en desarrollo en la Comuna, desde organismos de Gobiernos Centrales y/o locales. – Diseñar, administrar, evaluar y supervisar proyectos sociales propios de la Municipalidad, orientados al Desarrollo Comunitario en el marco del Plan de Desarrollo Comunal; y Programas de Gobierno Central en esta área. – Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo comunitario sobre la base de las necesidades y potencialidades tanto de la comunidad, como del Municipio.
Pero en el año 2000, después de diez años de gobiernos democráticos, el porcentaje de participación en organizaciones comunitarias vecinales había descendido a 30%. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal ha reconocido la dimensión constitucional de esta participación a través de la ejecución directa de acciones en colaboración con el Estado, incluso con la posibilidad de financiamiento público de las OSCs para la realización de servicios de relevancia pública. De este modo, se afirma el deber del Estado brasileño de relacionarse con las OSCs, garantizando su libertad de existencia, de acción y de expresión, al mismo tiempo de su deber de crear espacios para la práctica de la ciudadanía y difundir las buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. En segundo lugar, aparece la categoría de Funciones del Consejo lo que se asocia con propuestas o problemas que los consejeros identifican con el rol que los COSOC pueden cumplir en la relación con la institución. En este caso se observa una mayor frecuencia en los consejos donde se observa, como se puede ver más adelante en la descripción de las actas, una mayor conflictividad con la autoridad derivada de la voluntad del Consejo de jugar un rol más activo en la discusión de las políticas públicas. Es posible observar una mayor frecuencia en las demandas asociadas a las Políticas Públicas Sectoriales.
Un ejemplo de esta forma de funcionamiento es el del consejo de la SUBTRAN del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El debate de esta ley se extendió entre junio de 2004 y enero de 2011, fecha en la que fue promulgada. El proyecto de ley se tramitó en tres etapas, llegando a comisión mixta, tal como se presenta en Tabla N° 2. La asistencia sanitaria es una actividad compleja, en la que el resultado deseado se alcanza sólo cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como una serie de procesos sucesivos, en los cuales los resultados de un proceso se convierten en elementos de entrada de uno o más procesos consecutivos.
En este debate la participación ciudadana aparece como uno de los elementos que deben considerarse y que potencian el modelo de gobierno instalado luego de décadas de dictadura, condensados en la propuesta de democracia participativa. La participación ciudadana se constituye en uno de los ejes para afianzar una forma de construcción de los espacios comunes en los que todos los involucrados pueden incidir en la solución de los problemas que presenta la vida en común, expresado de manera explicit en la elaboración de las políticas públicas. Se trata de incluir los espacios de organización naturales de los ciudadanos en la política. Se observa, al mismo tiempo, una incapacidad de las organizaciones sociales de elaborar una agenda común que considere al menos las demandas que están representadas en el consejo. Cuando ocurre que las organizaciones participantes construyen una propuesta lo que se observa es un detalle de las demandas particulares sin un sentido común que permita instalar un debate distinto del que ya está construido por la autoridad.
Estos patrones de la conflictividad de trabajo en la cooperativa permiten ensayar análisis sobre el devenir del cooperativismo “incubado” y enmarcado en la acción político-territorial de organizaciones sociales. El territorio no sólo refiere a un espacio geográfico determinado sino también a coordenadas dentro de las cuales se desarrollan relaciones sociales. Estas relaciones incluyen tanto lo cotidiano y comunitario, como el despliegue de la política (Arias, 2013).
Esta forma de resolver los problemas de la legislación, que podemos denominar como colocar el problema en un tercero, que tiene como responsabilidad supervisar el cumplimiento de la ley, mantiene el modelo de dejar en las instituciones la definición de cómo y con qué profundidad se implementa la normativa. El modelo de la superintendencia no hará que la institución modifique la forma en que construye la política pública. O, al menos, lleva el problema a un debate sobre interpretaciones que, de resolverse, alarga la implementación de los beneficios de la ley. También se observa, como caso explicit, que el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) organizaciones sociales tradicionales ejemplos está más abocado a los temas contingentes de la función institucional. Sus demandas están más enfocadas en levantar problemas asociados con el cambio del sistema de pensiones (cambio estructural) y aquellos derivados de la entrega de subsidios, la oportunidad en que se entregan, el alcance, la exclusión de algunos grupos y otros asociados a la Atención Institucional. En este caso el carácter de la institución, fuertemente abocada a la entrega de beneficios sociales a sectores de menores recursos, y la composición del Consejo, como se verá más adelante con mayor presencia de organizaciones de pensionados, trabajadores y adultos mayores, puede impactar en el Consejo.
Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente. El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”. La información levantada consideró la frecuencia de sus reuniones, lo que permite observar sus procesos de institucionalización, la representación observada que ayuda a cuantificar el impacto de su funcionamiento y las demandas levantadas, los temas analizados y el impacto en la institucionalidad. En el trascurso del trabajo de campo, participé de un festival de la organización social realizado un fin de semana de verano en la plaza del centro de la localidad. En aquella oportunidad, solo encontré a la presidenta de la cooperativa y a una de las trabajadoras “jóvenes”, quien me comentó que “algunas [compañeras] están de vacaciones, algunas son grandes y no pueden, otras hacen y mandan comida para vender en el pageant, y otros directamente no vienen y no hacen nada”. Entonces le pregunté cómo evaluaba que algunas “no hacen nada” y ella me contestó que le molestaba y que siempre se discute en las asambleas.
A partir de estos criterios, dentro de los módulos delineados por el Municipio, la cooperativa de trabajo decidió que la actividad a la que quería dedicarse era la limpieza del canal de un arroyo que se ubica frente al native de la cooperativa. Al momento de lanzamiento del Programa Argentina Trabaja, la organización en la que se enmarca el caso analizado tenía presencia territorial en dos barrios, con aproximadamente veinte activistas en cada uno. En cuanto a su acción territorial, cada barrio desarrollaba un merendero comunitario y algunas actividades culturales y formativas (taller de murga, taller de costura, entre otras). En el marco del programa, la organización logró conformar dos cooperativas de trabajo, una en cada barrio de injerencia, convirtiéndose éstas en eje central de su acción.
Esta es más relevante en los consejos asociados al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), cuestión que se puede vincular con la función que cumple este ministerio en la regulación de políticas públicas que no ocurre con el Ministerio del Trabajo (MINTRAB), al que pertenecen los otros dos consejos analizados, cuya función esta mayormente asociada a la distribución de subsidios y servicios. Es importante destacar que la información más escasa es la de los padrones de organizaciones que han participado de la generación de los COSOC respectivos. Incluso los consejos que son elegidos por votación no mantienen información pública de las organizaciones sociales que han participado de este proceso. El número de organizaciones catastradas entre los COSOC que se han constituido alcanza a las 4.917, en las que se han considerado las que componen los distintos consejos, mediante la asistencia explicitada en las actas. El primero es a partir de 2012, relacionado con el instructivo de participación ciudadana publicado por el gobierno de Sebastián Piñera y como una de las respuestas a la eclosión de demandas desde la ciudadanía durante 2011.
Los actuales horizontes de transformación social a escala planetaria y la disaster de participación política estado-céntrica han repercutido en las nociones de espacio público y lo común. En esta investigación cualitativa analizamos los significados en relación al espacio público y la acción política en el relato oral de cuatro organizaciones sociales autónomas de Valparaíso enfocadas organizaciones sociales educativas en la amplificación y cuidado de espacios comunes. Finalmente, se sugiere profundizar estudios para rastrear las capacidades colectivas y autónomas de gestión de los espacios, asumiendo la crítica al eurocentrismo y al patriarcado, en aras de comprender los horizontes de deseo y potencial práctico de las organizaciones de base comunitaria más allá de perspectivas estado-céntricas.
Por esta razón, aquellos partidos que pretenden mimetizarse por completo con las organizaciones sociales terminan consumiéndose en una dinámica autodestructiva, pues reniegan de su razón de ser y terminan por volverse intrascendentes. Lograr un alza significativa en el porcentaje de organismos de la Administración del Estado que dan cumplimiento efectivo a las obligaciones de la Ley N° 20.500, orientadas a establecer mecanismos de participación ciudadana. La forma de medirlo será a través los informes de medición de implementación que realiza la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Hoy, gran parte del proceso de voluntariado está automatizado a través de nuestra plataforma net Pontis, en la cual, tanto organizaciones sociales como profesionales voluntarios, pueden conectarse y trabajar juntos en base a sus intereses. Al carácter cada vez más complejo del mundo asociativo chileno se ha sumado una creciente legislación regulatoria con intención muchas veces de promoverlas y apoyarlas a su inserción social.
