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Suseso: Normativa Y Jurisprudencia Código Del Trabajo, Artículo 330

Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos. El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), ha denunciado, a través de un extendido reportaje, las malas prácticas sindicales de empresas chilenas en Perú, basándose en dos informes que recogen testimonios de dirigentes y dirigentas sindicales y algunos casos… Antes de finalizar el Panel de Cierre e iniciar la entrega de diplomas, se abrió un espacio para comentarios de las y los asistentes, momento que sirvió para profundizar el análisis sindical y agradecer al Equipo Coordinador de la Escuela y al cuerpo de profesores. Asimismo, Antonio Stecher destacó el rol de los dirigentes sindicales en la promoción de derechos, sosteniendo que “nadie puede ser libre si no tiene derechos”. En el ámbito académico, Felipe estudió derecho en la Universidad de Chile, licenciándose con distinción en diciembre del año 2018, obteniendo el titulo de abogado en abril de 2019. Al comenzar la década de 1950, el tradicional movimiento obrero organizado en torno a la Central de Trabajadores de Chile, ligada íntimamente al Partido Comunista, vivía una decadencia producto de la represión ejercida por Gabriel González Videla y su Ley de Defensa Permanente de la Democracia.

sindical

En Francia, por el contrario, el problema de la representatividad sindical fue el objeto de un debate acalorado entre sindicatos, autoridades y empresarios, y desembocó en una reforma el 2010 que derogó la “presunción de representatividad” de algunas de las organizaciones sindicales y modificó el quórum necesario para la firma de los acuerdos colectivos. La batalla fue tan descarnada como la que se dio en Estados Unidos con ocasión de la aprobación del proyecto Employee Free Choice Act, presentado por los sindicatos (Voss, 2010)11. Desde 1992 hasta el 2005, pocos trabajos se refirieren a este objeto y predominan los ensayos por sobre los estudios empíricos. La situación ha cambiado relativamente a partir del 2006 con el relanzamiento de la actividad sindical.

A.- Corregir los defectos de constitución y/o adecuar los estatutos a las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde su notificación. Al momento de efectuar este depósito el sindicato adquiere de inmediato, por ese sólo hecho y sin más trámites, su personalidad jurídica. Deben aprobarse los estatutos del sindicato y proceder a la elección de su directorio, levantándose el acta correspondiente. En dicho acto la ley permite que participen todos aquellos trabajadores con contrato de trabajo, independiente de la modalidad del mismo (plazo fijo, indefinido, por obra). Sí, toda vez que cada predio agrícola se considera como una sola empresa al igual que los predios colindantes explotados por un mismo empleador. D.- Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos.

En el ámbito académico, María Jesús estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito profesional, Antonia realizó su práctica en el SernamEG y se desempeñó como abogada en la Corporación Municipal de Renca. Desde agosto de 2023, se desempeña como Asociada del área corporativa del estudio jurídico fundacion crecer Lizama Abogados. En su experiencia profesional, realizó una pasantía en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, específicamente enriqueciendo el buscador de jurisprudencia de las sentencias dictadas por la Cuarta Sala. Adicional a ello, se ha especializado en diferentes tipos de litigios administrativos y civiles.

La disminución del interés de los trabajadores en el sindicalismo tiende a aparecer como el resultado mecánico de las transformaciones neoliberales y de las limitaciones impuestas por la normativa laboral vigente al ejercicio de los derechos colectivos (Palacios-Valladares, 2010). En este contexto, los trabajadores chilenos no se afiliarían a un sindicato porque tienen miedo o no perciben los beneficios que pueden obtener de la sindicalización. Por el contrario, rara vez se cuestionan las prácticas de los dirigentes sindicales y los aspectos organizacionales que favorecen la desconfianza de los trabajadores en los sindicatos. El análisis de las responsabilidades “internas” ha estado prácticamente ausente del debate sobre la desindicalización. La única organización que ha sido cuestionada en estos términos ha sido la CUT, pero esta crítica ha venido principalmente de los propios dirigentes sindicales. Por esta razón, generalmente, quienes se interesan en aumentar la sindicalización se han limitado a subrayar la necesidad de implementar legalmente un sistema de “sindicalización automática”.

En efecto, a pesar de que los sindicatos han ido recuperando su terreno perdido en términos de confianza y nivel de afiliación, la reciente crisis resultante del Covid-19 ha puesto en evidencia dos cuestiones. Primero, las precarias condiciones laborales a las que están expuestos trabajadores y, especialmente, trabajadoras (quienes son las que comúnmente se desempeñan en ocupaciones informales o menos protegidas). Segundo, el bajo poder de negociación que tienen las organizaciones fundaciones de ayuda económicaes, así como el poco interés del gobierno en integrarlos a la mesa de discusión.

Resientenlas dificultades para movilizar a los trabajadores en la “lucha”, pero no relacionaneste problema con una disaster de legitimidad propiamente tal. Para ellos lo que cuenta para zanjar si una organización es o no representativa, no es el número de socios, sino la fidelidad del programa a los intereses “objetivos” de la clase trabajadora. En este contexto, el programa de la Unidad Popular suscitógrandes expectativas en el mundo sindical. La Central Única de Trabajadores (CUT)3 apoyó la campaña de Salvador Allende y contribuyó a su triunfo en 1970. Peroel golpe de Estado de 1973 rompió rápidamente con estas esperanzas.Al día siguiente, la CUT fue disuelta y los dirigentes sindicales más activos, perseguidos o asesinados.

De conformidad a la Ley, al menos el 40% de los recursos del Fondo, deberán destinarse a proyectos, programas y acciones de formación, promoción y difusión que se ejecuten fuera de la Región Metropolitana. Con fecha 12 de junio de 2023, la Dirección del Trabajo (DT) emitió el Dictamen N°838/28 [Ver dictamen] que reconsidera la doctrina referida a aplicación de instrumentos colectivos en la hipótesis a que se refiere el artículo 323 inciso 2° del Código del Trabajo. Las noticias y publicaciones contenidas en Diario UACh son producto del trabajo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Austral de Chile y de las unidades de Comunicaciones y Prensa de las distintas unidades y macrounidades de la casa de estudios, además de otras colaboraciones externas. En la actualidad nuestra Organización Sindical cuenta con más de 500 socios y socias, con quienes esperamos seguir aportando en beneficio de todos quienes componemos esta Universidad y que, a su vez, también formamos parte importante de una sociedad abierta, pluralista, democrática y participativa, no sólo a nivel interno, sino que también a nivel nacional. “El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo”. “La ley establecerá las restricciones a la Huelga en aquellos casos en que, por sus características, afecte la vida, la salud o seguridad de la población.

En Chile, la discusión científica y política en torno al desarrollo sindical ha tendido a confundirse. Históricamente, el estudio de los sindicatos ha tenido por objeto confesado intervenir en la realidad (Rojas Flores, 2000). Relevantes son también las prohibiciones y limitaciones que niegan la posibilidad de negociar colectivamente a trabajadores por obra o faena y a trabajadores de temporada. Sostenemos que, si hay una materia en que la nueva Constitución debe ser refundacional —en el sentido mítico de la Constitución revolucionaria al que refiere Hannah Arendt en Sobre la revolución—, es en cuanto a libertad sindical, de cuyo ejercicio pleno se han logrado, históricamente, los fines de un Estado social y democrático de Derecho. Finalmente, luego de 10 años de trabajo en esta área, se han incorporado a nuestras labores un equipo de asesorías jurídicas en el ámbito laboral. Considerando la importancia de conocer nuestra historia social, política y cultural, muchas veces desconocida, mal conocida o ignorada por las y los trabajadores, es que surge la necesidad de escribir una sintética historia del trabajo y la lucha sindical en Chile, para despertar ese interés y sociabilización de ese conocimiento.

Pertenecen a sindicatos de empresa que no tienen conexión con otras estructuras sindicales donde se dialogue con la tradición sindical chilena. Generalmente, estos jóvenes solicitan el apoyo de otras estructuras sindicales durante los primeros años de su carreracomo dirigente, pero no reciben la atención esperada y terminan abandonando la iniciativa. En otras palabras, la indiferencia de las organizaciones sindicales más tradicionales hacia los nuevos dirigentes es, en parte, la responsable del influjo creciente de la ideología neoliberal en este sector de la dirigencia sindical.

En este procedimiento el juez respectivo conoce el asunto sin forma de juicio y sin ulterior recurso, con los antecedentes que proporciones el solicitante y oyendo al director sindical, o en su rebeldía. Asimismo, está facultado para abrir un período de prueba de 10 días, transcurrido el cual, dicta sentencia. Dentro de los 10 días siguientes a la última asamblea que se celebre, debe procederse a la elección del directorio de la nueva organización. Que las asambleas de cada una de las organizaciones que se van a fusionar voten favorablemente la fusión. Actualmente no están obligados, sin perjuicio de lo que decida la organización en sus estatutos. Así es, pero se requiere que el trabajador autorice por escrito al empleador para descontar las cuotas de sus remuneraciones.

Desde los años 1970, las tasas de sindicalización de los trabajadores han experimentado una caída en gran parte del mundo occidental (ILO, 2014; Visser, 2006). El porcentaje de trabajadores cotizando en un sindicato disminuyó en el transcurso de los años 1990 y, pese a que esta tendencia se invirtió a partir del 2005, no recuperó el nivel alcanzado antes del golpe militar de 1973 (Dirección del Trabajo, 2013). El valor de la multa, dentro del rango respectivo, será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores involucrados o afiliados a la organización sindical. Actualmente se desempeña como Abogada Coordinadora del área de litigios laborales del estudio jurídico Lizama Abogados. Adicional a ello, cursó un diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Empresa en la misma casa de estudios.

Esta columna de opinión para CIPER detalla los efectos que aquella decisión tuvo sobre las relaciones de trabajo al inside de empresas y la cultura sindical, necesarias de revisarse a la luz del proceso constituyente en marcha. El valor de la multa será determinado teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores involucrados o afiliados a la organización sindical. En caso de reincidencia en las medianas y grandes empresas, las multas se pueden duplicar o triplicar, según el caso. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. Por ello, la Dirección del Trabajo indica en el presente dictamen que “reconociendo el mismo legislador la manifestación de la libertad sindical de afiliarse y desafiliarse libremente de cualquier sindicato, prevé la situación excepcional de aquel trabajador que ejerce aquel derecho, ya estando afecto a un proceso de negociación colectiva en curso o ya concluido”.

Suseso: Normativa Y Jurisprudencia Comisión De Desarrollo Social, Superación De La Pobreza Y Planificación Cámara De Diputados

Esta semana se firmó un convenio marco de colaboración entre la PUCV y la Fundación, donde se propiciará el desarrollo de actividades de cooperación académica, investigación, formación, vinculación y difusión de temáticas y programas en materias de pobreza y vulnerabilidad social. El documento fue firmado por el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui y la directora regional de la Fundación, Florencia Hepp. A nivel de regiones, las mayores tasas de pobreza multidimensional corresponden a las regiones de Tarapacá (23,8%), Atacama (20,3%), La Araucanía (19,8%) y Los Lagos (19,7%). Las diferencias con el promedio nacional (16,9%) son estadísticamente significativas. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el BM se encuentra entregando asistencia técnica al proyecto Gestión Social Local (GSL)  Esta nueva metodología para la entrega integrada de servicios y beneficios sociales en los municipios, ya se encuentra disponible en casi el 70% de las municipalidades del país.

pobreza social

A través de la metodología aprendizaje-servicio focalizada en los temas de pobreza, se obtuvieron resultados significativos en los procesos de formación y en el compromiso social de los estudiantes. En el segundo debate, los editores proponemos un análisis en torno a la conceptualización de la pobreza multidimensional, señalando que se ha dejado un poco de lado debido a que la discusión se ha centrado más bien en la medición. Se relevan algunas claves para entender que implica la multidimensionalidad de la pobreza en términos de la intervención social.

Programa que busca estimular y difundir la investigación y reflexión sobre pobreza entre estudiantes de pre y submit grado. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas.

Por ejemplo, pedir hora para los especialistas, controles del programa Chile Crece Contigo, vacunas, ir a buscar leche o remedios y otros aspectos relativos a la gestión de la institucionalidad del dispositivo de salud en el territorio, implican alta disponibilidad de tiempo por parte de los hogares, tarea normalmente depositada en las mujeres. El sistema de acceso a la salud, en todas sus vertientes, está pensado para personas que no tienen jornadas laborales estables y rígidas, ya que la mayor parte de los apoyos se estructuran en forma de una horario y disponibilidad de “lo tomas o lo dejas”. Por esta razón, hay presencia casi exclusivamente femenina en las salas de espera del consultorio de Bajos de Mena, situación que se repite en los negocios a la hora de almuerzo y en el horario de recogida de los niños de las escuelas y centros de educación inicial. Como sociedad no podemos tolerar tener una tasa de desempleo del 9% en el mediano plazo, ni que casi un tercio de los trabajos sigan siendo informales. Es impresentable que la mitad de los trabajadores en Chile ganen menos de 500 mil pesos al mes.

Esta discusión, pese a su importancia, entró desde ese momento de manera tangencial a la discusión sobre pobreza a través de los trabajos de Zacharias (2011), Zacharias et al. (2012) y otros autores. Para el caso latinoamericano, los principales aportes en esta línea pueden encontrarse en el trabajo de Araceli Damián (2003, 2013), quien también ha desarrollado una metodología cuantitativa precisa para la medición del uso del tiempo en el contexto latinoamericano. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de common el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores.

Chile debe ser capaz de garantizar los derechos y proteger las trayectorias de vida de todos los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, un libro como Los invisibles aporta con una mirada lúcida y fresca a la discusión pública nacional. Los ensayos que componen el presente volumen plantean directrices filosóficas, sociológicas y políticas con vistas a que estas urgencias, muchas veces invisibles, vuelvan a ser prioridad. Su objetivo es apoyar a estos niños, niñas y adolescentes, buscando mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la separación forzosa prolongada del adulto privado de libertad. Los hallazgos de la Casen confirman que aquellas percepciones tienen un correlato efectivo en la realidad social y el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, en el período de pandemia.

Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Mientras que el 16,5% de las personas entre 0 a 59 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional, en las personas de 60 años y más la proporción alcanza el 19%. Estos datos reflejan que, a pesar de contar con ingresos mensuales suficientes como para satisfacer necesidades básicas, este ingreso resulta insuficiente para resolver aspectos fundamentales de la inclusión social y el desarrollo de capacidades.

A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo, y la disaster de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años, desde 1990. Esta dinámica de deterioro de los ingresos laborales y aumento del rol del Estado se ve reflejado en un cambio en la composición de los ingresos de las familias en Chile. Desde 2006 hasta 2017, los ingresos del trabajo han representado en promedio alrededor de un 85% de los ingresos monetarios totales de los hogares. En 2020, esta participación cae a 80%, y en 2022 sube a 82% siendo obviamente menor que en 2017.

La Pobreza Y Su Tratamiento En La Jurisprudencia De La Corte Constitucional De Colombia 1991-2015

Es la medición de las carencias en aspectos que las personas valoran en relación con su vida y que afectan sus procesos de desarrollo y esa necesidad impacta en la libertad que tienen los ciudadanos de elegir la vida que se quiere, ya que no tienen las capacidades para hacerlo. “La inspiración de los derechos a garantizar propuestos, se recoge de distintos instrumentos de derecho internacional, tales como pactos, convenios y declaraciones dictados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Organización de Estados Americanos. Entre otros, cabe señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración de los Derechos del Niño (1959), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Instrumentos que permiten traducir sus preceptos en normas jurídicas concretas, adaptados a las distintas situaciones en que su posible vulneración debe enfrentarse. A diferencia de la primera, esta segunda opción entiende la libertad private como capacidad de autodeterminarse en relación con un bien que promueven las instituciones como el Gobierno para controlar la pandemia.

La pobreza de ingresos limita la capacidad de la familia de satisfacer necesidades como la alimentación, la salud o la buena nutrición. La pobreza de tiempo recorta la frecuencia y calidad de las oportunidades de juego y de interacción entre adulto y niño, esenciales para el aprendizaje en la primera infancia. Desde mi perspectiva, el estallido social ha sido una oportunidad para que los pobladores puedan expresar su descontento a un público más amplio, superando el carácter native que muchas veces adoptan sus reivindicaciones. Tal como en la década de los ochenta, parte importante de la clase política interpreta su participación en el conflicto como violencia delictual que no contribuye a la construcción de una salida democrática.

porque la pobreza afecta la dignidad de las personas

Así mismo, vale la pena cuestionarse acerca del alcance del contenido de las leyes y de las políticas públicas bajo el enfoque de los derechos humanos, es decir, se debe verificar si su alcance se limita al asistencialismo puro o si, por el contrario, se pro mueve la democratización en la elaboración de soluciones conjuntas y coordinadas para la satisfacción de las necesidades de los distintos grupos sociales en situación de pobreza. En este sentido, la posición adoptada en la presente investigación, entiende que no basta sólo en estos casos la adecuación de la ley al texto constitucional, sino la eficacia práctica de la misma y de las políticas públicas en ella contenidas. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades.

Para la realización de las clases la compañía dispone de recursos que complementan los aportes que el MINEDUC otorga por alumno de manera anual, para ello dispone de los recursos, colaciones, instalaciones, administrativos y otros aportes pedagógicos que el programa necesite. El Programa Voluntarios de Acero consiguió comprometer a los colaboradores de todas las empresas del Grupo AZA con la sostenibilidad social, incentivándolos a generar valor con acciones concretas, contando a la fecha con cerca de 50 colaboradores pertenecientes a todas las empresas del grupo. Una de las metas propuestas el año pasado fue la de ampliar las operaciones de Voluntarios de Acero a todas aquellas comunas donde están presentes algunas de las empresas relacionadas, ya que inicialmente solo se realizaron campañas en las comunas de Colina y Renca.

Las principales compañías toman medidas para controlar los impactos de la pobreza en sus operaciones integrales, encuentran y comparten nuevas formas de hacerlo, e inspiran a sus colegas y proveedores a replicar sus acciones. Identificar y abordar estas interconexiones ayudará a las empresas a crear soluciones holísticas y sistémicas que Incrementen el progreso, y reduzcan los impactos negativos. Las acciones para reducir la pobreza deben ser consistentes en todas las funciones de la organización.

(i) El análisis realizado muestra la importancia capital de la participación ciudadana, en el sentido de que el ciudadano común tiene la posibilidad de acu dir directamente al Tribunal Constitucional -en sede de revisión de tutela- para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Una vez revisado el marco conceptual de este estudio, el principal objetivo de esta investigación consiste en realizar un análisis de la jurisprudencia proferi da por la Corte Constitucional desde 1991 a 2015 en materia de pobreza. Para tal fin, se analizó una muestra representativa de 56 sentencias (incluye autos de seguimiento), en donde el proceso de selección consistió en (a) la observancia de un criterio formal (la titulación de las providencias) y (b) un criterio sustancial (la búsqueda de contenidos referidos a la dignidad humana como condiciones materiales mínimas de existencia) para filtrar las providencias a examinar.

Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.

Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Teniendo en consideración lo anterior, el punto se encuentra en determinar cómo la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha logrado que se materialicen por otras autoridades auténticas políticas en materia de pobreza.

La consistencia requiere que las empresas adopten prácticas responsables en todas las funciones, incluidas las prácticas legales y responsables del pago de impuestos. Las comunicaciones externas sobre el alivio de la pobreza deben estar alineadas con los esfuerzos internos. 1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no generadoras de deuda dedicadas directamente aprogramas de reducción de la pobreza en proporción al PIB. 1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad. La comisión de expertos que convocó el Presidente Sebastián Piñera para actualizar la medición de la línea de la pobreza y pobreza extrema no sólo modificó el patrón de consumo, que data de 1987. También dio un paso más allá en la valoración de su carácter multidimensional y sumó un nuevo grupo dentro de los más «frágiles», denominados vulnerables.

3“La pobreza, en todas las variantes que se postule, no es el único problema social sino una de las formas en que se expresan los problemas sociales. La pobreza suele presentarse conjuntamente —y muchas veces confundirse— con otras formas de privación de elementos esenciales para que las personas puedan desarrollarse de forma “normal” en la sociedad”. Sin embargo, a pesar de los resultados, es menester preguntarse si ha actuado de manera suficiente y eficaz para garantizar la equidad, el bienestar social y la efectividad de los derechos de aquellas personas que se encuentran en situaciones de desposeimiento y vulnerabilidad. “Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”10. Por consiguiente, la observación que será realizada a partir del contexto del constitucionalismo de la pobreza deberá entenderse como “la influencia decisiva que el contexto social de la pobreza ejerce sobre el texto constitucional y de este sobre aquella”7, obteniendo así las pautas conformadoras y modeladoras de los programas sociales a implementar.