En el Considerando 180, resumiendo los planteamientos de la CIDH, se hace referencia al “grave riesgo para el desarrollo e inclusive para la vida […] misma a que se ven expuestos los ‘niños de la calle’ por su abandono y marginación por la sociedad”,83pasaje en el que se advierte que la situación de abandono y marginación, en otras palabras, la situación de pobreza de las víctimas, es la que puso en riesgo su desarrollo y su vida. Aun cuando la Corte IDH no se ha pronunciado, en casos contenciosos, directamente sobre la pobreza, podemos advertir en algunos de sus fallos, aunque sea de modo incipiente, un enfoque de derechos humanos para acercarse al tema. No corresponde en este trabajo ofrecer una propuesta concreta de solución al problema de la pobreza, pero sí llamar la atención de la necesidad de considerar el aspecto jurídico, y especialmente la perspectiva de derechos humanos, en cualquier enfoque que se asuma. Son frecuentes los problemas de medición de la pobreza, cuando no directamente de manipulación de datos, o la elección de métodos que arrojen un número menor de pobres,59lo que no viene sino a acentuar esta tendencia, y dificulta por ello advertir las violaciones de derechos asociadas a las situaciones de pobreza.
Podemos así advertir que la legislación laboral en Chile está perpetuando la pobreza sin mirar sus causas. En esta sentencia, en el Considerando 98, la Corte establece que el procedimiento administrativo seguido ante las autoridades del Estado “desconoció el plazo razonable consagrado en la Convención Americana. Además el Tribunal observa que este procedimiento se mostró abiertamente inefectivo para atender las solicitudes de reivindicación de las tierras que los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa consideran como su hábitat ancestral y tradicional”99. Nuevamente se advierte el abandono de las autoridades administrativas a sectores empobrecidos, postergando innecesaria y negligentemente la solución a sus problemas.
Ponemos especial atención a la situación de los niños en la Cañada Real, un barrio muy pobre ubicado al este de Madrid, en dónde se cumplen dos años desde que la tormenta Filomena dejó sin suministro eléctrico a la zona, afectando a más de 1000 niños, siendo estos los más vulnerables ante el duro frío de inviernos sin poder calentar sus hogares o ante las oleadas de calor sufridas en los veranos. Esta situación constituye una grave violación de los derechos humanos y un peligro para el interés superior del niño, al ser vulnerables que no pueden hacer nada para salir de la situación por ellos mismos, ya que carecen de los medios necesarios. La pobreza priva a los menores de dieciséis años de acceder a agua potable, a una vivienda digna, a servicios básicos como la educación o la salud y además los condena a sufrir malnutrición y hambre. La pobreza puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violación de los derechos humanos, en el sentido de que no solo un incumplimiento de estos puede causar la pobreza, sino también que en sí misma puede aumentar las violaciones de los derechos humanos. Los estados tienen obligaciones jurídicas sobre las personas que viven en la pobreza; todas ellas provienen de las esferas social, económica y cultural, de los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica que todos los derechos deben ser cumplidos “individualmente y mediante la asistencia y la cooperación internacional”.
La pobreza es una profunda vulneración los derechos humanos y de la niñez, puesto que aquellos que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad no logran gozar de manera plena del ejercicio de sus derechos y, por ende, no cuentan con igualdad de oportunidades para acceder a la salud, educación, vivienda, seguridad social y/u otras prestaciones esenciales para tener una vida digna. La Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos postula “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Los derechos fundamentales de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales, intelectuales.
El impacto se multiplica aún más en las comunidades y a través de las generaciones al empoderar a las mujeres, las niñas y los jóvenes. Tras décadas de avances, el ritmo de reducción de la pobreza mundial comenzó a disminuir en 2015, a la par de un crecimiento económico moderado. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza extrema para 2030 sigue siendo inalcanzable. Alrededor de 700 la riqueza y la pobreza de las naciones pdf millones de personas viven con menos de USD 2,15 al día (la línea de pobreza extrema).
Los datos, que abarcan desde información recopilada en encuestas de hogares hasta píxeles captados por imágenes satelitales, pueden orientar las políticas e impulsar la actividad económica, actuando como un arma poderosa en la lucha contra la pobreza. En la actualidad, hay más datos disponibles que nunca, pero su valor está en gran medida desaprovechado. Al mismo tiempo, los datos son una espada de doble filo; por eso se requiere un contrato social que genere confianza al proteger a las personas de los daños y el uso indebido, y que ayude a lograr la igualdad de acceso y representación.
Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más weak como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Y es entonces que se hace urgente la implementación de un Piso de Protección Social smart la pobreza y las desigualdades mundiales a los derechos de la niñez, que permita hacer frente a las brechas y desigualdades que existen en Chile, estableciendo condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno, que permita el desarrollo de sus potencialidades. En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social smart a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo debe asegurar acceso common a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo.
El objetivo de poner fin a la pobreza extrema va de la mano con el objetivo del Grupo Banco Mundial de promover la prosperidad compartida. En common, impulsar la prosperidad compartida se traduce en mejorar el bienestar de los segmentos menos favorecidos de cada país, e incluye un fuerte énfasis en combatir las persistentes desigualdades que mantienen a las personas sumidas en la pobreza generación tras generación. Cada año, millones de hogares caen en la pobreza o quedan atrapados en esta situación debido a los desastres naturales. Las temperaturas más altas ya están provocando una caída de la productividad en África y América Latina, y reducirán aún más el crecimiento económico, especialmente en las regiones más pobres del mundo. «No es porque tengamos una simpatía por el señor Zelenski, no es porque apoyamos la ampliación de naciones al este, o porque seamos parte de uno u otro bloque geopolítico; es porque nosotros como pequeño país del sur del mundo, con veinte millones de habitantes, somos conscientes de que solo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, puede garantizar la paz», agregó. Si la constitución y los tratados internacionales reconocen derechos sociales, estos no pueden “ser absolutamente neutral[es] en términos económicos”.139El reconocimiento no puede ser únicamente declarativo, debe tener consecuencias precisas respecto del resto del ordenamiento jurídico.
Actualmente, alrededor del diez por ciento de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas. Hoy en día, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada one hundred hombres del mismo grupo de edad, y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema en 2030. El enviado Luca Volonté informó a la Asamblea Parlamentaria en 2011 que la pobreza y la exclusión social han aumentado en los últimos tiempos en los Estados miembros del Consejo de Europa, lo que representa una amenaza para el pleno disfrute de los derechos humanos fundamentales de un número creciente de personas y para la cohesión social de las sociedades europeas.
“El Estado debe asumir un rol protagónico como garante y responsable de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional, donde sus causas y efectos se interrelacionan y, por lo mismo, deben ser abordadas a partir de políticas públicas integrales y sistémicas, que permitan un adecuado monitoreo y seguimiento de la trayectoria de niños, niñas y adolescentes”. La tortura busca silenciar a la población, más que obtener información de la persona torturada, como era anteriormente su objetivo.61Las personas en situación de pobreza también se ven silenciadas y excluidas de la sociedad. Si bien pueden, en lo formal, mantener intactos sus derechos políticos, la situación en que se encuentran dificulta enormemente su ejercicio, lo que hace más grave su marginación de la sociedad. En el segundo apartado revisamos algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la que no ha declarado, al menos en casos contenciosos, que la pobreza configura por sí misma una vulneración de derechos, pero sí se aproxima a lo que podemos catalogar como un enfoque de derechos humanos del fenómeno.
Son a menudo incapaces de obtener protección judicial, ya que no tienen suficiente dinero para pagar a un abogado. En los casos en que dispongan de asistencia jurídica, las personas pobres pueden todavía carecer de la información necesaria y de la confianza para la búsqueda de justicia ante los tribunales. Además de esto, la experiencia muestra que los pobres son más a menudo acusados de conductas criminales que otros y su garantía de presunción de inocencia es más probable que se incumpla. Además de experimentar problemas financieros, económicos y de inseguridad social, son a menudo objeto de amenazas de muerte, hostigamiento, intimidación, trato discriminatorio y violencia física por parte de agentes estatales y no estatales.
Las peticiones y observaciones del physician Ocasio Colón también fueron expuestas por otros reconocidos psicólogos, como el también physician Jaime Inclán McConnie, quien dijo que “la erradicación del colonialismo en Puerto Rico es urgente para la salud”. Esas políticas, junto con “la imposición de una Junta de Control Fiscal” y “la ocupación prolongada” desarrolla “en los colonizados un síndrome de Estocolmo colectivo que socava su propio proceso de desarrollar su identidad propia”. Chile vive una situación diplomática compleja, obligado por sus intereses económicos y mineros a mantener buenas relaciones con Estados Unidos, China y Rusia. Algo que también se estudió fue el impacto del estallido social y la pandemia en la construcción, sector que se vio afectado en 25 comunas, donde disminuyó esta actividad, y en 20, donde hubo retrocesos en el pago de las patentes comerciales dejando una pérdida de $80 mil millones.