Los fondos de pensiones –cuya administración debemos entregar por obligación authorized a empresas privadas que los invierten en el sistema financiero para “mejorar” la cantidad de dinero con la que contaremos al jubilar– están bajando vertiginosamente. Todos quienes cotizamos hemos perdido dinero, siendo desastroso para quienes están más cerca de la edad de jubilar. Las farmacias empiezan a subir los precios de medicamentos e insumos de higiene necesarios para las medidas de cuidado, que se transforman en bienes de lujo. Si no interviniera el Estado de manera excepcional, y se dejara operar al sistema tal como hoy está establecido, el resultado sería desastroso.
Las Encuestas de Necesidades Jurídicas indagan acerca de los problemas justiciables -aquellos para los cuales existe algún tipo de remedio legal (Genn, 1999)-, y lo hacen desde la perspectiva de quienes los experimentan (“bottom-up perspective”). En términos generales, y a pesar de los diversos enfoques metodológicos empleados, estas encuestas arrojan datos consistentes no solo sobre la ubicuidad de los problemas legales, sino también sobre la alta prevalencia que estos tienen en los grupos más vulnerables de la población. Necesitamos un amplio acuerdo social que nos comprometa a combatirla, derribando así uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y la dignidad. Es hora de mirar nuestras desigualdades con empatía, de ponerles rostro, nombre y vida, en lugar de reducirlas a meras estadísticas.
La incidencia de estos principios de justicia varía dependiendo de las posiciones sociales juzgadas y de las características socioeconómicas de los encuestados. Los datos provienen de una encuesta basada en viñetas, aplicada en el año 2016 a una muestra de 2.000 individuos estadísticamente representativa de la población chilena. Los problemas de salud pública del país son reflejo de las desigualdades sociales y económicas de Chile. Aún con varios subsidios del gobierno, todavía hay personas que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, una forma de injusticia que debe ser atendida. La desigualdad social es un problema en Chile, ya que según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 28.6% de las personas adultas en Chile carecen de educación primaria y secundaria y según la Encuesta Nacional de Hogares del INE, sólo el forty globalización y desigualdad seven.3% de las personas mayores de 18 años tienen educación universitaria. Por lo tanto, existe una brecha entre quienes tienen un nivel educativo bajo y las personas que cuentan con educación media o universitaria.
En el contexto de profundas desigualdades que se acentúan con las diferencias sociales, este grupo de investigación busca cuestionar las relaciones de poder, la colonialidad, la segregación y prácticas exclusoras con la finalidad de generar condiciones, propuestas y prácticas educativas para la justicia social. El libro, publicado originalmente en Francia en 2019 (“Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements”, de los editores/as Emmanuelle Barozet, Ivan Sainsaulieu, Régis Cortesero y David Mélo), analiza el alcance de la disaster de los modelos de justicia y, en particular, el principio de igualdad. A partir de actores ordinarios, movimientos sociales y contextos concretos, los autores cuestionan los fundamentos de la democracia social y política en nuestro tiempo, en el marco del aumento de las desigualdades sociales en Europa y en todo el mundo.
El acceso a la educación es uno de los factores más importantes para determinar el futuro de las personas. Una educación de calidad, genera mejores oportunidades de empleo y desarrollo personal. Invertir en educación mejora la vida de las personas, sus familias y la comunidad.
Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza. Lo que domina es un aumento de las desigualdades existentes que alimenta el sentimiento de injusticia. Por lo tanto, es importante observar no sólo la idea de justicia, sino también el sentimiento de injusticia, que se relaciona con una emoción experimentada en reacción a formas de opresión y abuso”. La igualdad de género en el Estado es una herramienta esencial para lograr la implementación de las necesarias y profundas transformaciones que permitan atender los problemas que afectan a las mujeres y mejorar sus condiciones de vida en el ámbito político, económico, social y cultural.
Reconocimos entonces las desigualdades arraigadas y exigimos reformas sociales. Las autoridades de la época declaraban que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza”. Para Chile, los seis meses entre octubre de 2019 y abril de 2020 han sido extraños, por decir lo menos. Pasamos de un estallido social y una efervescencia por salir a la calle, conectarse, conversar y reencontrarnos (aparejado de una reacción estatal que produjo una gravísima disaster de derechos humanos) a enfrentar una pandemia que nos obligó a replegarnos y alejarnos físicamente. De grandes aglomeraciones y abrazos, soportando el temor a la violencia, los perdigones y los gases lacrimógenos, pasamos a encerrarnos en nuestras casas todo lo que podemos, soportando el temor a un virus del que nadie sabe tanto todavía. Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación.
Este día, conmemorado a nivel internacional, nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y a renovar nuestro compromiso con la construcción de un mundo más inclusivo. A través de la colaboración y el trabajo conjunto, podemos avanzar hacia un futuro donde la justicia social sea una realidad para todas y todos. La disaster iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde 2007, cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. En un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad. En un escenario ideal, el crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible.
Esas concepts difieren fuertemente según cuál sea la posición social con la que se identifican las personas, por ejemplo, con un estrato social medio-alto, medio-bajo o bajo. Algo comparable ocurre con las ideas sobre la educación”, expresó el Dr. Óscar Mac-Clure. Utilizando modalidades de aprendizaje sincrónicas, se examinarán diferentes enfoques teóricos, metodológicos y prácticos acerca de la Justicia Social y su relación con las distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. A través de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de destrezas, se logrará abordar de manera integral los conceptos, fundamentos y principios de Justicia Social en las sociedades contemporáneas, prestando especial atención a la realidad latinoamericana. Es decir, Smith entendía el liberalismo económico como un juego en donde todos ganan. Si el resultado agregado de cada individuo persiguiendo su interés propio fuese que solo unos benefician y la mayoría se empobrece, el modelo pierde parte importante de su atractivo normativo.
Cuando un país tiene altas tasas de desempleo la sociedad en su conjunto se resiente. Por ello, el acceso a un trabajo en condiciones seguras y justas es esencial para las personas. Según explicó, la realidad del sistema “es muy dura”, ya que con $72.000 anuales por usuaria/o, “las y los funcionarias/os de las CAJs brindan atención social y jurídica en causas civiles, de familia, laborales y atención jurídica, social y psicológica a niñas, niños y adolescentes y víctimas de delitos violentos”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel essential en esta tarea, mediante la formulación de políticas, la investigación y la promoción de estándares laborales internacionales.
Agregó que, “también hay diferencias dependiendo del lugar donde residen las personas encuestadas. Por ejemplo, entre las personas que se identifican con un estrato social medio-bajo, hay una mayor disconformidad con sus ingresos por parte de quienes habitan en Puerto Montt en comparación con las personas del mismo estrato que viven en Santiago”. Por último, sostuvo que uno de los riesgos de la injusticia “es una fractura social que lleve a un debilitamiento de la democracia.
Las personas al no haber terminado su Educación Media no pueden acceder a muchas ofertas laborales y se les cierran muchas puertas laborales.
Y aun en este escenario, dependiendo del plan de salud, las personas podrían haber quedado obligadas a un pago altísimo, incluso por el check para detectar el virus (como de hecho sucedió para algunas de las primeras personas contagiadas, antes de que el gobierno regulara el precio del test). En los próximos meses las isapres, con utilidades millonarias, podrían subir el costo del plan a sus afiliados/as, probablemente incorporando los mayores costos asociados a la cobertura del virus (la decisión de postergar estas alzas por unos meses fue presentada como un “gran gesto”). Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. Así reflexiona en esta columna la directora ejecutiva de Aministía Internacional Chile, Ana Piquer. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, cube informacion de la pobreza. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”.
