Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. A niveles más desagregados, como grupos ocupacionales y sectores económicos, y analizando el comportamiento de las remuneraciones extraordinarias, se determina que la desigualdad salarial no es extensiva en todos ellos. Al llevar a cabo las mismas pruebas en el nivel de grupos ocupacionales (cuadro 2), los resultados muestran que para el caso de la remuneración ordinaria el estadístico asociado es alto y su nivel de significancia rechaza la hipótesis nula del 95% de confianza. Sin embargo, los resultados asociados a la remuneración extraordinaria dan cuenta de una brusca disminución del estadístico, esto sumado a que solo 4 desigualdad de los ingresos de los 9 grupos ocupacionales pueden rechazar la hipótesis nula del 95%, como es el caso de profesionales, trabajadores de servicios personales y de seguridad, operarios manuales y trabajadores no especializados. Para el resto de los grupos ocupacionales, no se puede rechazar la hipótesis de que las mujeres obtengan remuneraciones iguales o mayores que los hombres.
La tasa de participación en la fuerza laboral (PFL) de las mujeres en edad productiva (15 a sixty four años) en Chile pasó de 37.4% en 1996 a fifty five.7% en 2014. Para el caso de las remuneraciones ordinarias, que integran los pagos de carácter permanente o base que tiene el trabajador más las bonificaciones y otras regalías por desempeño y logro de resultados, se evidencia una fuerte disparidad salarial en desmedro de las mujeres, que en casos extremos puede alcanzar el 25%. Sin embargo, al integrar al análisis el número de horas que las personas dedican al trabajo, sistemáticamente se presenta que las mujeres dedican una menor cantidad de horas al trabajo.
Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos se encuentra presente, como también la dimensión ex-ante, que hace referencia al punto de partida sobre el cual los individuos podrán alcanzar los objetivos o calidad de vida que desean. Aun cuando no tenemos antecedentes específicos de una asociación entre orientación política y percepción de desigualdad, en la literatura existen referencias que relacionan posturas políticas con actitudes hacia la redistribución económica. En esta línea Gijsberts (1999) argumenta que «las personas que piensan que la distribución de ingreso debería hacerse más igualitaria (…) son más propensas a votar por un partido de izquierda que por un partido de derecha» (p. 111).
La Expoferia de Alimentos Innovadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile celebra su vigésima edición, consolidándose como una tradición de innovación y salud. Desde 2005, este evento ha permitido a los estudiantes de Ingeniería en Alimentos presentar propuestas alimenticias innovadoras, siendo evaluadas por un jurado y el público. Este año, bajo el lema «Smart Food por la Salud y el Planeta», la feria promete destacar por su interdisciplinariedad y conexión con la industria, ofreciendo un espacio para degustar, aprender y apoyar el talento joven en la creación de alimentos saludables. Esta realidad que no se refleja en las estadísticas de desempleo porque los criterios que se utilizan excluyen de forma exagerada a las mujeres. Las conclusiones ponen en evidencia una situación mucho más “desoladora” para las mujeres de lo que expresan las tasas de desempleo que se utilizan habitualmente.
Los mayores niveles de informalidad se dan en la rama de Otras actividades de servicios, con una informalidad femenina de sixty one,2% y masculina de forty one,3% y en Actividades de los hogares como empleadores, donde la informalidad de las mujeres alcanza un fifty seven,9% y la de los hombres es del sixty one,1%. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. Desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991, las políticas públicas para la equidad de género han tenido un desarrollo sostenible. Contar con el Ministerio significa que las necesidades y los derechos de las mujeres adquieren un espacio de mayor relevancia y son una preocupación de primera línea en el quehacer del Estado de Chile. Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número 11 del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público.
El año pasado, estimamos que al ritmo actual de progreso, una mujer de 18 años que entrara a trabajar en la OCDE no vería la paridad salarial en su vida laboral. Por si fuera poco, los últimos datos muestran que la brecha salarial de género en Chile aumentó 0,four puntos porcentuales entre 2021 y 2022. No solo nos enfrentamos a un estancamiento del progreso, sino que, sin una acción inmediata, corremos el riesgo de enfrentarnos a un lugar de trabajo aún más desigual en el futuro. Las mujeres se enfrentan a un doble golpe durante las recesiones económicas, ya que en esos momentos el riesgo de inacción hacia la consecución de la igualdad de género en el lugar de trabajo es mayor. Por consiguiente, sin una acción inmediata, corremos el riesgo de enfrentarnos a un lugar de trabajo aún más desigual en el futuro.
Estudios sobre percepción de desigualdad económica han conducido a dos hallazgos relevantes que contrastan con posibles supuestos del sentido común. Un segundo supuesto corresponde a la creencia de que aquellos más afectados por situaciones de desigualdad, como las personas de menor estatus social, perciben mayor desigualdad. Sin embargo, investigaciones de finales de los noventa en el área de prestigio profesional revelan que la capacidad de discriminar entre salarios para ocupaciones de alto y bajo estatus disminuye de acuerdo al estatus particular person (Wegener, 1987, 1990, 1992).
Iniciativa país que integra a las empresas, instituciones de formación y gobierno para desarrollar nuevas capacidades en las personas, en sintonía con las demandas de la economía digital, generando más oportunidades para acceder a empleos de calidad. El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población. Igualmente, relevó que “los avances que podamos hacer en una relación más igualitaria entre hombres y mujeres, depende el que podamos decir, con razón, que vivimos en una sociedad verdaderamente democrática y equitativa; donde la niña que nace hoy, tiene las mismas condiciones y opciones de desarrollo, de bienestar y de crecimiento private que un niño”. “La equidad entre hombres y mujeres tiene una dimensión ética y también política, porque tiene una fuerte incidencia en el crecimiento económico. En otras palabras, ésta es una tarea que apunta integralmente a nuestro desarrollo”, aseguró la Gobernante al inicio de su discurso.
Es decir, al menos en términos de percepción de desigualdad salarial, a menor estatus menor es la desigualdad percibida. En common, los resultados de investigaciones nos señalan que la percepción de desigualdad posee variaciones relevantes en la población, las que serían afectadas por una serie de determinantes contextuales e individuales. Pese a que parte importante de la investigación científica sostiene que las diferencias salariales son determinadas por la constitución de los mercados desigualdad de hecho laborales y no por el sexo de los trabajadores, no resulta menos cierto que parte del diferencial de rentas radica en que las mujeres inician su vida laboral en funciones correspondientes a un menor nivel jerárquico que el sexo opuesto. Aun así, este subempleo inicial permite una mejora sustancial en las perspectivas de ascenso al momento de ser comparada con la que presentan los hombres, fenómeno que permite disminuir las brechas salariales a través del tiempo (Hersch y Kip Viscusi, 1996).
En ese sentido, es esperable que se observen avances y retrocesos en procesos que implican transformaciones profundas y redistribución del poder como es el caso de la igualdad de derechos”, indica Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Ipsos lanzó su último informe “Día Internacional de la Mujer 2023”, en el cual muestra la percepción de más de 22 mil personas en 32 países, con el objetivo de medir las diferentes posturas y experiencias de las personas ante la desigualdad de género, así como las acciones que están tomando. Es basic adoptar un enfoque integral y con ello, una perspectiva de género para comprender todas las problemáticas existentes y sus complejidades y, con ello, para comenzar un trabajo de prevención en futuras generaciones y en la existencia y desarrollo de desigualdades que puedan seguir afectando a diversos grupos de personas. Esto implica promover la equidad, la diversidad y la inclusión social en todos los aspectos de la vida de las personas, sin importar su género, condición de discapacidad, edad u otros factores, eliminando obstáculos, barreras y dificultades que se presenten en distintos ámbitos y niveles y que puedan impedir la participación plena de todas las personas en la vida social. Esto puede incluir la implementación de políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, así como la sensibilización y la educación para cambiar las actitudes negativas hacia las mujeres en el lugar de trabajo. También es importante fortalecer los mecanismos de protección y denuncia para que las mujeres puedan denunciar y combatir la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.
Asimismo, en términos del Coeficiente de Palma, Chile comparte el puesto 23 de los países más desiguales junto con Nicaragua y las Islas Seychelles, dentro de un grupo de 152 países ( Human Development Reports, 2019). De todos modos, el Banco Mundial ( 2016 ) indica que las cifras chilenas pue-den estar subvaloradas, por cuanto hay poca representatividad de los hogares con mayores ingresos en las encuestas que proporcionan la información necesaria para calcular estos índices. Es más, dentro de las consultas civiles que se realizaron para la definición de la Agenda 2030, uno de los temas que más destacó como una preocupación importante de las personas de diferentes países period el de la desigualdad. Como resultado del informe realizado por el United Nations Development Group (2013), se indicó que las personas percibían la desigualdad como una barrera estructural que no les permitía alcanzar su máximo potencial, creando sentimientos de frustración y exclusión.
En la versión 2021 del reporte del Banco Mundial, países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia lograron una puntuación de one hundred en el índice, lo que los sitúa muy por sobre Chile, que con eighty puntos se ubica en el lugar 91 de los a hundred ninety que componen el ranking. Cabe señalar que desde el año 2019 sólo 27 economías de todo el mundo han promulgado reformas que apuntan a avanzar hacia la equidad de género, siendo Chile una de ellas. El grupo también está compuesto por Portugal, Nueva Zelandia, Austria, Eslovenia y Brasil, entre otros países. De acuerdo con el informe, lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo establecido por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un acelerador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. La directora gerenta de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, Mari Pangestu, advierte que «si bien es alentador que muchos países hayan tomado medidas proactivas para ayudar a las mujeres a atravesar la pandemia, está claro que queda mucho por hacer, especialmente en materia de licencia parental e igualdad salarial».
